¿Quiénes son los conspiradores?

Por Alberto Adrianzén M. (*)
Luego de la protesta social el gobierno ha optado por lo peor: decir que ha sido un fracaso y acusar a la CGTP de ser una cúpula sindical. Sería bueno que los actuales dirigentes apristas que manejan este gobierno y que sí son una verdadera cúpula, lean el último comunicado del Buró Nacional de Conjunciones de su partido para que entiendan cuan lejos están de la realidad. Lo mismo se puede decir de algunos medios que hoy vuelven a proponer el macartismo. Los días 8 y 9 de julio El Comercio, coincidiendo con las protestas sociales, ha publicado un informe sobre la supuesta “penetración bolivariana” en el país. La nota periodística que se basa en un informe de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin) señala “que un grupo de 15 alcaldes provinciales y distritales, que pertenecen a las filas del Partido Nacionalista del Perú (PNP), (están) en la lista de autoridades ediles de diferentes departamentos de nuestro país que mantuvieron vínculos políticos con el gobierno del presidente venezolano Hugo Chávez Frías”.
El informe de la DIGIMIN menciona como prueba de estas vinculaciones con el “chavismo”, un viaje que realizaron estos alcaldes hace dos años (octubre de 2007) a Venezuela. Según la Digimin y El Comercio, estos alcaldes “habrían sido invitados (subrayado nuestro) por el presidente venezolano para participar en reuniones de coordinación sobre la posible instalación de oficinas del ALBA (hoy Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América) en sus respectivas jurisdicciones”. Como se sabe, la palabra HABRÍAN es un condicional que se emplea cuando se propone una hipótesis. Sin embargo, en los documentos publicados por El Comercio (incluyo los de la Digimim) no hay ningún hecho que demuestre que estas autoridades locales están comprometidos en acciones de “infiltración chavista”.
Pero el informe adquiere rasgos cómicos cuando se señala que dos alcaldes “en los últimos tres años han incrementado de forma sospechosa sus viajes al vecino país de Bolivia, que es parte del ALBA…”. Estos son: Eugenio Barbaíto Constanza, alcalde de Juliaca por el PNP (registra más de 10 salidas a Bolivia en el 2007) y Luis Buitrón Castillo, alcalde de Puno (registra 4 salidas ese mismo año). Cualquier persona con un poco más de información y, sospecho, con un mínimo de inteligencia y menos malicia, sabe que la gente que vive en Puno viaja constantemente a Bolivia por una sencilla razón de vecindad. Lo mismo hacen los bolivianos que viven cerca de la frontera con el Perú. En todo caso, lo que habría que probar es que tanto Barbaíto y Buitron, como el resto de alcaldes, realizan actividades ilegales. Viajar a Venezuela o Bolivia no es un delito.
Además sería bueno preguntar quién ordenó el seguimiento de estos alcaldes. Ello constituye un atentado a la democracia y sospecho que un delito. Ningún servicio de inteligencia puede seguir a un político si este no está comprometido en actos que atentan contra la seguridad del país. Viajar a Venezuela, Cuba o Bolivia, insisto, no es un delito y, por lo tanto, no hace a nadie sospechoso. Si el gobierno cree que viajar a esos países constituye un delito porque conspiran políticamente, debería romper relaciones con los mismos acusándolos de intervenir en asuntos internos.
Como sabe el gobierno, hasta ahora no ha pasado a los hechos y menos se ha podido probar esta “penetración bolivariana”. Por lo tanto, este tipo de actividad que realiza la DIGIMIN u otro organismo similar contra cualquier ciudadano nacional es una violación de los derechos políticos y civiles. Los aparatos de inteligencia no tienen que realizar este tipo de actividades, es decir, no deben espiar las actividades políticas de los partidos y de sus militantes. No solo porque esa práctica fue usual en el fujimorismo sino también porque destruye la democracia. Si el poder sabe todo lo que hace su competidor político la democracia no tiene sentido. Esa fue la razón última para que en EEUU se sancionara al presidente Nixon por el asunto de Watergate.
Por eso lo que viene sucediendo, incluyo lo que publican El Comercio y otros medios, puede ser calificado como de una verdadera conspiración contra la democracia, ya que el objetivo de todos estos conspiradores es perseguir y excluir a los opositores políticos como Ollanta Humala y a líderes sociales como Alberto Pizango y Mario Huamán, además de acallar la protesta ciudadana. Esa es la intención del gobierno, de la derecha y también de El Comercio que afirma macartistamente que “la información que contiene (se refiere al informe de la Digimin) puede ser perfeccionada y podría servir para una investigación de tipo penal”. Dicho en otras palabras, pasar del espionaje a la persecución política y de ahí al Comité de Actividades Antiperuanas, presidido, seguramente, por el “incorruptible” congresista Walter Menchola