El Caso León Alegría y la lucha anticorrupción
Es sumamente polémica, y hasta enervante, la decisión de la Tercera Sala Penal Especial de la Corte Superior de Lima que ordena la excarcelación y el arresto domiciliario del principal involucrado en el caso de los “petroaudios”, Rómulo León Alegría.
Se trata de una mala señal en la lucha anticorrupción, que se da justo cuando el país espera del Poder Judicial una actuación más firme, severa e imparcial en casos tan emblemáticos como este, que motivaron la caída del Gabinete Del Castillo.
Ello explica la reacción de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) que ha abierto una investigación preliminar a los integrantes de dicha sala (Manuel Carranza Paniagua, Carlos Manrique Suárez e Iván Sequeiros) para verificar si hubo alguna irregularidad en la resolución y decidir la apertura de un proceso disciplinario. A su turno la Tercera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios interpuso un atendible recurso de nulidad contra la mencionada resolución por supuestamente haber vulnerado las normas procesales vigentes y no haberse aportado nuevos elementos que justifiquen la excarcelación.
La decisión ha merecido incluso el pronunciamiento del jefe del Gabinete, Yehude Simon, quien ha señalado que el gran perdedor es el Poder Judicial, por cuanto se resta fuerza a los anuncios de reforma y mejora de su imagen. Pero la verdad es que pierde el país, por la incertidumbre que se crea en cuanto al compromiso de los poderes públicos en lo que debe ser una causa nacional para erradicar y castigar la corrupción.
Efectivamente, de modo reiterado hemos llamado la atención sobre la pasmosa lenidad de los juzgados que ven los casos de los “petroaudios” y del “chuponeo” telefónico, en que pasados ochos meses de las gravísimas denuncias ni siquiera se ha examinado el contenido de los discos duros de las computadoras incautadas.
Los pretextos son realmente indignantes e inverosímiles, pues van desde la inexplicable falta de peritos hasta absurdas contiendas de competencia entre jueces. Lo cierto es que mientras el Ministerio Público ha insistido en actuar con más eficiencia y fluidez en estos casos, los jueces lo han hecho con una sospechosa lentitud, dando vueltas al asunto y evadiendo responsabilidades.
En tal contexto exento de celeridad y de jueces expeditivos es que se da esta controvertida decisión de excarcelar al ex ministro aprista, Rómulo León Alegría. Señalar ahora que no hay peligro de fuga no se condice con el hecho de que estuvo prófugo por más de un mes antes de entregarse y de que se trata del principal sospechoso del escandaloso tráfico de influencias denunciado por la prensa independiente.
¿Si esto pasa con León Alegría, qué se puede esperar que se haga con el resto de involucrados con mayor o menor responsabilidad? ¿Por qué hasta ahora no se conoce el contenido de las computadoras y el alcance de la supuesta red de tráfico de influencias? ¿Y qué se ha hecho para investigar y desbaratar la red ilegal de “chuponeo” que atenta contra derechos fundamentales a la intimidad y la privacidad?
En tan delicada coyuntura, se espera que la OCMA investigue y deslinde responsabilidades en el tema de la excarcelación. Pero, dicho esto, no podemos olvidar que sigue pendiente la tarea de desentrañar el fondo del asunto, es decir, quién está detrás de las mafias involucradas en el tráfico con bienes del Estado y en la violación de las comunicaciones.
Ante esto, lo que corresponde no es reaccionar con un falso espíritu de cuerpo, sino exigir a los jueces y magistrados que, ahora sí, se aboquen a su función de procesar y sancionar de modo severo e imparcial, conforme a la ley y al ordenamiento constitucional. Está de por medio no solo el saneamiento ético y moral de la nación, sino también el prestigio del mismo Poder Judicial.
Es sumamente polémica, y hasta enervante, la decisión de la Tercera Sala Penal Especial de la Corte Superior de Lima que ordena la excarcelación y el arresto domiciliario del principal involucrado en el caso de los “petroaudios”, Rómulo León Alegría.
Se trata de una mala señal en la lucha anticorrupción, que se da justo cuando el país espera del Poder Judicial una actuación más firme, severa e imparcial en casos tan emblemáticos como este, que motivaron la caída del Gabinete Del Castillo.
Ello explica la reacción de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) que ha abierto una investigación preliminar a los integrantes de dicha sala (Manuel Carranza Paniagua, Carlos Manrique Suárez e Iván Sequeiros) para verificar si hubo alguna irregularidad en la resolución y decidir la apertura de un proceso disciplinario. A su turno la Tercera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios interpuso un atendible recurso de nulidad contra la mencionada resolución por supuestamente haber vulnerado las normas procesales vigentes y no haberse aportado nuevos elementos que justifiquen la excarcelación.
La decisión ha merecido incluso el pronunciamiento del jefe del Gabinete, Yehude Simon, quien ha señalado que el gran perdedor es el Poder Judicial, por cuanto se resta fuerza a los anuncios de reforma y mejora de su imagen. Pero la verdad es que pierde el país, por la incertidumbre que se crea en cuanto al compromiso de los poderes públicos en lo que debe ser una causa nacional para erradicar y castigar la corrupción.
Efectivamente, de modo reiterado hemos llamado la atención sobre la pasmosa lenidad de los juzgados que ven los casos de los “petroaudios” y del “chuponeo” telefónico, en que pasados ochos meses de las gravísimas denuncias ni siquiera se ha examinado el contenido de los discos duros de las computadoras incautadas.
Los pretextos son realmente indignantes e inverosímiles, pues van desde la inexplicable falta de peritos hasta absurdas contiendas de competencia entre jueces. Lo cierto es que mientras el Ministerio Público ha insistido en actuar con más eficiencia y fluidez en estos casos, los jueces lo han hecho con una sospechosa lentitud, dando vueltas al asunto y evadiendo responsabilidades.
En tal contexto exento de celeridad y de jueces expeditivos es que se da esta controvertida decisión de excarcelar al ex ministro aprista, Rómulo León Alegría. Señalar ahora que no hay peligro de fuga no se condice con el hecho de que estuvo prófugo por más de un mes antes de entregarse y de que se trata del principal sospechoso del escandaloso tráfico de influencias denunciado por la prensa independiente.
¿Si esto pasa con León Alegría, qué se puede esperar que se haga con el resto de involucrados con mayor o menor responsabilidad? ¿Por qué hasta ahora no se conoce el contenido de las computadoras y el alcance de la supuesta red de tráfico de influencias? ¿Y qué se ha hecho para investigar y desbaratar la red ilegal de “chuponeo” que atenta contra derechos fundamentales a la intimidad y la privacidad?
En tan delicada coyuntura, se espera que la OCMA investigue y deslinde responsabilidades en el tema de la excarcelación. Pero, dicho esto, no podemos olvidar que sigue pendiente la tarea de desentrañar el fondo del asunto, es decir, quién está detrás de las mafias involucradas en el tráfico con bienes del Estado y en la violación de las comunicaciones.
Ante esto, lo que corresponde no es reaccionar con un falso espíritu de cuerpo, sino exigir a los jueces y magistrados que, ahora sí, se aboquen a su función de procesar y sancionar de modo severo e imparcial, conforme a la ley y al ordenamiento constitucional. Está de por medio no solo el saneamiento ético y moral de la nación, sino también el prestigio del mismo Poder Judicial.
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