Más de 21 millones de hectáreas del territorio peruano se encuentra concesionado, es decir 16.73% del territorio.
El VII Informe del Observatorio de Conflictos Mineros (OCM) presenta un balance de la expansión minera en el Perú, con el nuevo mapa político regional y municipal -en las regiones que son mineras o donde pretende ingresar la minería- han sido elegido autoridades regionales que han cuestionado el rol de esta actividad, como: Cajamarca, Cusco y Junín, y en el caso específico de Piura, ha planteado dos temas: "no a la minería en cabecera de cuenca" y el "respeto a los resultados de las consultas ciudadanas".
Este nuevo escenario político coloca en el debate las competencias de los gobiernos regionales sobre el otorgamiento de concesiones mineras. Actualmente, son dos presidentes regionales electos (Piura y Cusco) que han pedido facultades sobre el tema de otorgamiento de concesiones, y que las regiones no pueden seguir al margen de decisiones de gran impacto local y regional.
El resultado de estas elecciones, justamente en lugares mineros, demuestra que los conflictos no sólo se deben a temas económicos (recaudación del canon), "lo social y ambiental son temas importantes para las poblaciones", señala Jose De Echave, Coordinador General del Observatorio.
En el caso de Cajamarca, con la victoria de Gregorio Santos, una de las regiones mineras más ricas de Perú, que alberga las principales reservas de oro, puso en guardia a las empresas que operan en la zona y que mantienen una relación tensa y conflictiva con las comunidades locales.
Así, se presenta un nuevo panorama político al presidente García para el último semestre que le queda por gobernar. El actual régimen es un gran impulsor y promotor de la actividad minera, bajo el slogan Perú país minero, las concesiones otorgadas a esta actividad se duplicaron entre el 2006 al 2010, pasando de 11 millones de hectáreas a más de 21 mil hectáreas de territorio concesionado. En los últimos seis meses estas concesiones han aumentado en aproximadamente 1,5 millón de hectáreas.
Según el informe OCM segundo semestre 2010, más de 21 millones de hectáreas del territorio peruano se encuentra concesionado, es decir el 16.73%, alcanzado un nuevo récord histórico de concesiones mineras que ocupan gran parte del territorio nacional, siendo Arequipa la región más concesionada por extensión (hectáreas) del país, con más de dos millones setecientos mil hectáreas. Puno ocupa el segundo lugar y le sigue Cajamarca.
"No pretendemos afirmar que la totalidad de las concesiones otorgadas en el Perú se vayan a convertir en operaciones mineras. Sin embargo, estas concesiones representan un derecho que se entrega a las empresas y que desde un inicio ejercen presión sobre los territorios y los recursos que existen. La evidencia demuestra que muchos conflictos mineros se gestan en la fase inicial de las actividades de las empresas", dice De Echave.
Las concesiones en las zonas que son materia de estudio para el Observatorio de Conflictos mineros, con cifras a noviembre de 2010, Apurímac es porcentualmente el más concesionado: 55%, Cajamarca: 45.5%, Piura: 28.5%, Junín: 24.6%, Cusco: 16.4%.
A mayor expansión más conflicto enfatiza De Echave, hace referencia al último reporte (noviembre) de la Defensoría del Pueblo, "se registraron 120 conflictos socioambientales, un 70% tenían relación con la actividad minera". Responde que eso se debe a que las poblaciones y comunidades tienen una mayor conciencia de sus derechos.
El informe OCM sostiene que una herramienta clave que permite prevenir este tipo de conflictos es el ordenamiento territorial, el proceso participativo de Zonificación Ecológica Económica y el uso de los recursos como el agua y la tierra. "El rol de las nuevas autoridades debe orientarse a garantizar que no se afecte el acceso al agua (en cantidad y calidad) de la población y que las negociaciones de tierras se den en condiciones equitativas y justas".
El informe concluye que la agenda pendiente en minería es promover un trabajo regional que implique el respeto de los derechos de las comunidades, el cumplimiento estricto de los estándares ambientales, y la ejecución eficiente de los recursos que provengan de una actividad minera que apunte al desarrollo sostenible de las poblaciones.
