Existe un Proyecto de Ley en el Congreso que tiene dictamen favorable para su aprobación hace 18 meses y que, sin embargo, no ha sido debatido en el pleno hasta la fecha.
Si bien este proyecto de Ley ha tenido “prioridad” en el debate varias veces, sucede que ha sido muy escurridizo. En efecto, estuvo en la Orden del Día del Pleno del 29 de octubre del año pasado. Luego, el 22 de abril de este año, la Junta de Portavoces le dio “prioridad” para que lo debata la Comisión Permanente. Tres meses después, el 14 de julio estaba en la Agenda de Orden del Día pero, misteriosamente, desapareció de la Agenda ese mismo día.
El 2 de setiembre, el Presidente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, Rafael Yamashiro, solicitó que, por acuerdo de esa Comisión se le priorice en el debate del Pleno del Congreso. Pero nada.
El 16 de setiembre el Congresista Víctor Andrés García Belaunde solicitó al Presidente del Congreso, César Zumaeta, que se le dé, otra vez, prioridad. Esta vez el Proyecto de marras sí entró a debate del pleno pero no pudo ser discutido porque el Presidente de la Comisión de Economía, Rafael Yamashiro, no asistió a la sesión del Congreso.
El escurridizo proyecto de ley es ni más ni menos aquel que plantea que las empresas peruanas que se venden en el extranjero paguen el impuesto a las ganancias de capital en el Perú. El proyecto engloba tres iniciativas con el mismo objetivo: el PL-2901, el PL-3088 y el PL-3092 de Rosario Espinoza, Víctor Andrés García Belaunde y Luis Carranza (entonces Ministro de Economía), respectivamente.
La cuestión es la siguiente: en una operación de compra-venta de una empresa, el vendedor tiene la obligación de pagar el impuesto a la ganancia de capital. Si esa venta se realiza en el Perú, no hay problema y la cosa está clara.
No sucede lo mismo cuando la empresa peruana se vende en el extranjero, pues esos casos no están previstos por la legislación tributaria vigente. Es ese “vacío” en la ley que se pretende cerrar con las iniciativas antes mencionadas, modificando la Ley del Impuesto a la Renta. El problema es que, en esta época de globalización, hay un montón de empresas peruanas que se han vendido afuera y no han pagado impuestos en el Perú. Entre ellas la minera china Zijin que compró Majaz a la inglesa Monterrico Metals por US$ 179 millones; Chinalco que compró Toromocho a la canadiense Peru Copper por US$ 792 millones; la petrolera francesa Perenco compró a Barrett el Lote 67. Y, hace poco, la brasileña Vale do Río Doce vendió un paquete de sus acciones de Bayóvar a Mosaic y Mitsui en Holanda, con lo que dejamos de recaudar US$ 112 millones.
Y, en esta época de globalización, las ventas de empresas peruanas en el exterior van a seguir, por lo que deben pagar el impuesto en el Perú. Ojo: no se trata de un “impuesto nuevo” porque ese impuesto lo van a pagar de todas maneras en algún otro país. Pero si la renta proviene de una fuente peruana, ¿por qué no se paga aquí?
Porque hay intereses empresariales que prefieren que se pague afuera, porque en algunos países la tasa del impuesto es menor a la peruana (por ejemplo en Holanda). También hay intereses de estudios de abogados y “lobbies” que cobran para que ello suceda. Y así.
Son estos intereses, contrarios a los nacionales, los que convierten a este proyecto de ley en inalcanzable, como el correcaminos que se le escapa siempre al coyote. ¡Qué vergüenza
