Custodios de la ley

No les tembló la mano al tachar la candidatura de Alex Kouri al municipio de Lima. Tampoco titubearon al sacar de carrera a los aspirantes a presidente regional Absalón Vásquez (Cajamarca) y alcalde provincial Luis Cáceres Velásquez (Arequipa). Los miembros del Jurado Nacional de Elecciones saben aplicar la ley electoral con todo rigor. Sus fallos influirán de forma decisiva en los comicios del 3 de octubre. Aquí la radiografía de un grupo que, ajeno a las presiones del poder político, reivindica la institucionalidad y la transparencia.

Por Ghiovani Hinojosa

Son los actores más silenciosos de esta campaña. Desde sus despachos, toman decisiones que provocan berrinches, mítines desesperados y alegatos en cierta prensa. Los cinco abogados que integran el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tienen acaso la labor más incómoda en un proceso electoral: resolver las controversias que surgen en torno a la legalidad de las candidaturas. Lo hacen como instancia definitiva, es decir luego de que los cuestionamientos hayan sido ventilados en los tribunales descentralizados conocidos como Jurados Electorales Especiales (JEE). Las sentencias del JNE pueden, por ejemplo, sacar de carrera a un candidato a presidente regional que no ha residido los últimos tres años en la jurisdicción que pretende gobernar. Este es el caso del ex ministro fujimorista Absalón Vásquez, quien fue retirado de la contienda el 26 de agosto. Él postulaba a la presidencia regional de Cajamarca por la Alianza Cajamarca Siempre Verde-Fuerza 2011. Otra falta que motivó su salida fue mantener vigente una sentencia por delito de peculado (corrupción) dictada en febrero del 2007. Como en muchos otros casos, fueron los ciudadanos los que alertaron de estas triquiñuelas.

Casos similares fueron los del Luis Valdez, ex alcalde provincial de Coronel Portillo (Ucayali), y Luis Cáceres Velásquez, ex alcalde provincial de Arequipa, tachados por el JNE en la quincena del mes pasado. Ellos buscaban repetir el plato de una gestión anterior, pero no pudieron acreditar que domiciliaban los dos años previos a la presentación de sus candidaturas en los ámbitos geográficos que buscaban representar. El primero, procesado por sus presuntos vínculos con el narcotráfico, estuvo recluido en el penal Castro Castro mientras era investigado por su participación en el asesinato del periodista Alberto Rivera. El segundo estuvo prófugo de la justicia cuando debía cumplir una condena de cuatro años de prisión por “cohecho pasivo impropio”, un eufemismo jurídico de la palabra corrupción. Y es que no es un secreto que Cáceres Velásquez, cuando era congresista, recibió 20 mil dólares de Vladimiro Montesinos para cambiarse de la bancada del FREPAP a la del fujimorismo. “Estas dos resoluciones (las que tachan a Cáceres y Valdez) están fundamentadas impecablemente en aspectos formales como el tema del domicilio, pero atienden a problemas de fondo que, aunque no están señalados en la demanda, han sido de preocupación de la ciudadanía. Se trata de la conducta delictiva de estos candidatos”, ha dicho al respecto el secretario técnico de la asociación civil Transparencia, Percy Medina.

Pero fue el retiro forzado de Alex Kouri, postulante a la alcaldía de Lima por Cambio Radical, la decisión que puso de cabeza la campaña edilicia. Kouri, entonces rival principal de Lourdes Flores, fue tachado por el JNE el 20 de agosto por no haber demostrado que residió en Lima los últimos dos años previos a la inscripción de su candidatura. “Se nota que este Jurado está bastante más enfocado en el rol fundamental que le da la Constitución: administrar justicia electoral. Antes, esta institución, frente a figuras muy influyentes, solía ser permisiva. Este Jurado, en cambio, ha demostrado que no les teme a los grandes actores políticos”, reflexiona el sociólogo Carlos Reyna. La alusión al pasado no es gratuita: hace solo 10 años el Perú tenía un JNE en forma de títere.

“Te entrego un sobrecito”

¿Quiénes llevan la batuta en el JNE? El Pleno lo encabeza Hugo Sivina Hurtado, ex presidente de la Corte Suprema y ex presidente de la comisión del Poder Judicial que investigó la corrupción durante el fujimorismo; y lo integran Greta Minaya Calle, ex decana del Colegio de Abogados de Lima; Ulises Montoya Alberti, ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Marcos; José Pereira Rivarola, ex fiscal supremo; y José Luis Velarde Urdanivia, ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Néstor Cáceres Velásquez. Los miembros de este grupo han sido elegidos en distintos momentos. Así, Sivina fue nombrado en noviembre del 2008. Según una fuente electoral consultada, a partir de este momento se logró consolidar un criterio común en el Jurado. “Este grupo no tiene comparación alguna con el que fue coaptado por Montesinos el 2000”, enfatiza Carlos Reyna.

Y es que en la memoria colectiva del país está la indignante actuación del JNE en la época de Alberto Fujimori. Basta recordar esta frase dicha en un ‘vladivideo’: “Yo aparte del sueldo te voy a dar diez mil dólares, no va a haber ni recibo, o sea tienes que apoyarme porque tú tienes un hijo, familia, esas cosas. Ahora, ese dinero ya tú lo manejas como te dé la gana. No hay ningún problema, para mí tú no vas a firmar ni nada por el estilo. Vienes todos los meses, yo te entrego un sobrecito y se acabó”. Era el “Doc” Vladimiro Montesinos persuadiendo a Alipio Montes de Oca, entonces vocal supremo titular, para que sea presidente del Jurado Nacional de Elecciones. También participó en la reunión Luis Serpa Segura, nada menos que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones en ese momento. La mafia planeaba así una sucesión controlada en el órgano electoral.

Esto tiene sentido si se considera que el 2000, cuando Fujimori postulaba a la segunda reelección, el JNE declaró improcedente una serie de tachas que se plantearon contra su candidatura. Además, como recuerda Reyna, “en todos los meses de la campaña electoral de ese año se excluyó de la aparición en los medios a los candidatos opositores, algo que el Jurado de entonces dejó pasar”. De hecho, hoy pesan condenas contra los ex magistrados del JNE Rómulo Muñoz Arce, José Bringas, Ramiro de Valdivia y Walter Hernández. Se comprobó que actuaron por encargo de Fujimori y Montesinos. Con un pasado como este, ¿cómo no reconocer la probidad del actual JNE? Omar Sar Suárez, abogado de Alex Kouri para algunas causas, hace un interesante deslinde: “Yo no estoy de acuerdo (con la tacha a Kouri), pero, vamos, esto no obedece a una campaña política de los magistrados o a una persecución política. Que yo no comparta sus razonamientos no quiere decir que ellos sean unos delincuentes”.

El Jurado Nacional de Elecciones es uno de los pilares de la democracia, el cuarto Poder del Estado,

según la Constitución de 1933. Su independencia garantiza la transparencia necesaria en todo proceso electoral. Valorar la labor destacada de una institución pública es necesario para replicar las buenas prácticas. Que la mezquindad no nos impida reconocer que estos cinco magistrados actúan con firmeza y apego a la ley.

EL Congreso obstructor

El JNE presentó en mayo último un proyecto de ley para modificar la Ley de Partidos Políticos en el sentido de adoptar facultades para fiscalizar el funcionamiento de los comités de los partidos políticos. Se trata de la reforma legal que permitiría que esta institución verifique la existencia real de los locales partidarios. Pero el Congreso, en vez de respaldar esta iniciativa, la ha rechazado extrañamente. “La hemos archivado porque consideramos que el Jurado tiene suficiente competencia y no necesita una norma más para fiscalizar. Además, el JNE si va a fiscalizar un local quiere ver una sala con aire acondicionado, mesas de reuniones, escaleras para ciegos y extinguidores. No pues, no es así. La política en el Perú es pobre, de baja densidad”, dice el congresista Raúl Castro con tono justificatorio. Para otorongos, solo ellos.

Opinión

El Jurado ha recuperado ya la confianza de la ciudadanía. Hoy tenemos una independencia absoluta frente a cualquier presión. Los miembros somos personas de avanzada edad; el que habla va a cumplir 70 años. Yo no voy a malograr mi currículum vitae por una presión política en estas elecciones. ¿Qué interés podemos tener en esta etapa de nuestra vida? Nuestros problemas económicos ya están solucionados.

ULISES MONTOYA

Magistrado del Jurado Nacional Elecciones

De cómo la mediocridad e irresponsabilidad (casi) mandan inocentes a prisión

Por Marlene Román (*)

Una mezcla de satisfacción y desazón me genera la necesidad de poner en limpio algunas reflexiones sobre mis primeras andadas como defensora de derechos humanos y abogada litigante a la vez. No es mi intención hacer un auto halago de mi labor, mis amigos/as saben que soy enemiga del “autobombo”; en su lugar busco compartir y denunciar las injusticias que a diario se pueden cometer, no solo por la corrupción enquistada en los distintos órganos encargados de velar por el cumplimiento de las leyes, sino también a la mediocridad, la falta de responsabilidad, la desidia y la insensibilidad de los funcionarios que tienen sobre sus hombros la delicada tarea de hacer justicia.

Asumí el reto de defender a los dirigentes sindicales y trabajadores sindicalizados de la minera Casapalca prácticamente forzada por colegas que veían en mí solidez profesional, pero sobre todo capacidad para la pelea cuando de buscar justicia se trata. Nunca antes había litigado, ni siquiera practicado; y, ciertamente, no es lo mismo “litigar” casos hipotéticos y ante “tribunales internacionales” en competencias estudiantiles, que enfrentarte al Poder Judicial peruano y a todo lo que ello implica. Pero tuve la suerte de cruzarme con quien hoy es mi gran amigo y maestro, quien me guió y enseñó lo necesario para enfrentarme a lo que se me venía por delante.

Hoy, después de varias idas y venidas, frustraciones, sentimientos de impotencia, de esperanza, de pequeñísimas batallas ganadas y perdidas, puedo decir que me siento contenta con el primer caso ganado; y mi alegría es fundamentalmente por aquellos siete mineros absueltos y su familias pobres, a quienes literalmente se salvó de una condena inminente, pese a la inexistencia de pruebas de su responsabilidad. Aunque, como decía al inicio, esta primera victoria palpable me genera más preocupaciones que satisfacciones pues he confirmado, en la cancha, que – además de la presión que ejerce el poder político y económico en algunos casos - en casos “comunes y corrientes” (aquí no se trataba del caso de dirigentes incómodos para una poderosa minera – como el de Pedro Condori, Secretario General del Sindicato de Casapalca, al cual también patrocinamos - sino de simples obreros, algunos incluso no sindicalizados)-, la mediocridad, la desidia, la falta de seriedad y responsabilidad de los funcionarios encargados de hacer justicia, terminan mandado a la reja a un gran número de inocentes cuando éstos no tienen la suerte de poder acceder a una seria y responsable defensa.

Las personas procesadas tenían ya un pie en prisión, y no es retórica. Asumí el caso con notificación para lectura de sentencia en mano (a quienes no son abogados, únicamente citan a lectura cuando la sentencia es condenatoria). El Fiscal había pedido entre 7 y 8 años, nada más y nada menos, por supuestamente haber éstos bloqueado “en forma violenta y tumultuaria con piedras, palos y otros objetos la Carretera Central y en circunstancias que los efectivos policiales a cargo de la USE-Chosica procedía a limpiar las carreteras, los imputados del Sindicato procedieron a arrojar piedras desde la altura de los cerros impactando una de ellos en el policía, Giuliano Villareal, cegándole la vida, motivo por el cual se intervino a los procesados, incautándoseles a los mismos en poder de piedras y algunas mascarillas” (sic).

A poquísimos días de la lectura de sentencia, me apersoné al proceso y luego de una minuciosa revisión de los dos tomos del expediente llegué a la conclusión de que una condena era más que absurda; “el mundo patas arriba” ironicé frente al Secretario del 49 Juzgado Penal, luego de plantearle mis principales cuestionamientos tras terminar mi revisión, a lo cual asintió sin poder evitar mostrar un rostro avergonzado, y tratando de justificarse a sí mismo y a sus superiores con un “doctora, pero usted es la primera que viene a revisar el expediente”. O sea, “si el abogado no se mueve, no espere mucho de nosotros”, entendí.

Terminé de leer la acusación fiscal haciendo esfuerzos por entender cómo un profesional que tiene mucha más experiencia y conocimiento penal y procesal que yo había podido formular acusación sin existir ni una sola prueba sólida que determinara responsabilidad penal en alguno de los procesados; se supone que había revisado el mismo expediente que yo. Ese “profesional” se llama Edmundo Pedro Calderón Cruz, y es el Fiscal Titular de la 49 Fiscalía Penal de Turno. Salí del lugar indignada con medio mundo, con la jueza por no haber estudiado con seriedad el caso, con el asistente por tampoco haberlo hecho (en la práctica, son éstos quienes conocen más los expedientes), con el Fiscal quien no aplicó ni una pizca de rigor al momento de decidir si acusaba o no, con el Secretario quien por una mera formalidad de trámite por poco y no me permite acceder al expediente a tiempo, con el Juzgado y la Fiscalía de Matucana por su nula aplicación del Derecho cuando de los mineros y dirigentes de Casapalca se trata (habrán sucumbido a la tentación del dinero de la Minera, me pregunto con harta, pero harta, ingenuidad), con la policía de Casapalca (idem), con los abogados anteriores a cargo del caso.

Pero bueno, había que transformar toda esa indignación en argumentos contundentes para tratar de convencer a la jueza – un día antes de la lectura de sentencia, por cierto – de la inocencia de estas personas.

En efecto, no existía ninguna prueba sólida contra los obreros mineros detenidos por la Policía de Casapalca, acusados de haber bloqueado la carretera y de haber causado la muerte del efectivo policial. El relato de los procesados era uniforme y coherente; algunos de ellos ni siquiera se enteraron en el momento de su (violenta) detención de los motivos de la misma, solo vieron aparecer de repente a la policía tirando bombas lacrimógenas y deteniendo a todos los que encontraba a su paso – una piedra acaba de matar a su colega, y era evidente que querían “encontrar” responsables a toda costa. Fueron 17 los detenidos, pero finalmente terminaron acusando solo a 7, pues el resto ni siquiera trabajaba para la minera Casapalca, eran simples pobladores que estuvieron en el lugar y momento equivocados. Los procesados narraron cómo fueron fuertemente golpeados, como les introdujeron piedras entre sus prendas y cómo les hicieron firmar papeles (las actas de registro personal) sin leer el contenido y sin presencia del Fiscal, mucho menos de abogados. En el expediente pude constatar con sorpresa que algunas actas habían incluso sido burdamente adulteradas, añadiendo con tinta distinta y sobre las líneas punteadas la existencia de piedras en bolsillos. No existía registro fotográfico, físico ni de ningún otro tipo de esas piedras (con las que supuestamente se llevó a cabo el bloqueo; sí, se bloquean carreteras con piedras que caben en bolsillos de pantalones y casacas, en opinión de estos entendidos en la materia). Los policías que llevaron a cabo las detenciones, pese a haber sido citados por la Jueza, nunca se presentaron a declarar. No había testigo alguno. El video cuya acta de visualización estaba en el expediente, solo registraba el momento de la detención de uno de los procesados cuando se encontraba sentado en la Plaza de Casapalca, y los golpes que la policía le propina al momento de intervenirlo. Uno de los procesados había señalado incluso que no era miembro del Sindicato y que no tenía motivos para participar de la protesta pues “ganaba bien”, y presentó como prueba su boleta por 1,600 soles (la gran mayoría gana en promedio de 400 a 600 soles). A este trabajador también le notificaron para la lectura de su sentencia; o sea, con boleta de pago y todo, iba a parar tras las rejas.

Pero el panorama no era nada sencillo. Cabía la posibilidad de que la Jueza (a todo esto, se llama Tania Parra Benavides) no aceptara nuestro escrito arguyendo que ya había precluido la etapa de alegatos finales, y que en todo caso planteemos nuestros argumentos en vía de apelación. Nos ubicamos entonces en ese hipotético escenario; de ser así, tendríamos que “sacrificar” a uno de los procesados para que recibiera su condena y permaneciera privado de su libertad mientras nos “tumbamos” el proceso en segunda instancia. Sin duda era duro, pero teníamos que sondear todas las posibilidades; así que comenzamos con la más cercana: presentar nuestros argumentos al juzgado e intentar hablar con la jueza, así fuera a 24 horas de la lectura de sentencia.

Al comienzo la jueza no quiso recibirme; me mandó decir con su asistente que regresara al día siguiente, que entonces se me notificaría la sentencia, que ella no adelantaba opinión. Luego de insistir directamente con la magistrada y de dejarle en claro que no quería conocer de antemano el contenido de su resolución sino que me acaba de apersonar al proceso, me dejó entrar, pero era tan poca su receptividad que consideré prudente limitarme a invocarle que leyera el escrito presentado en mesa de partes, que quizá estaba por mandar a la cárcel a gente inocente y que estaba segura que no se había analizado el expediente con rigurosidad. De manera cortante, la jueza Parra me contestó que no me preocupara, que ella siempre solía leer “todo lo que se presentaba antes de emitir sentencia”.

Y parece que así lo hizo, recién; el día de la lectura de sentencia ninguno de mis patrocinados se presentó; por supuesto, tampoco yo (era la primera vez que citaban, así que no había riesgo de que los declarasen reos contumaces). Al día siguiente, cuando fui a indagar qué había pasado, el Secretario me contó que la jueza había decidido cancelar la diligencia y que solo quedaba esperar a ver si volvía a citar o “quizá de frente nomás notifica la sentencia”. Salí contenta; sin duda era una buena señal, pero había que ser pacientes y esperar. (Aunque no es parte del relato que ahora quiero presentar, debo contarles que la satisfacción me duró poco; al rato me entero que acababan de detener a Pedro Condori, Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la minera Casapalca, por otro proceso iniciado en su contra, esta vez por bloqueo de carretera. Era de nunca acabar; hacía apenas quince días acabamos de lograr su libertad en otro proceso por el cual permaneció más de siete meses injustamente preso acusado de la muerte de un policía, y ahora lo volvían a encerrar. La minera no descansa, pero tampoco nosotros, pensé).

La siguiente noticia que tuvimos del proceso fue que – a raíz, al parecer, de que esta vez sí se pusieron a revisar el expediente con la responsabilidad requerida – se percataron que la parte civil nunca fue notificada para la presentación de sus alegatos finales. Así que para subsanar ese (grave) error, emitieron una resolución en donde llamaban la atención “al cursor para que ponga mayor cuidado en sus funciones”, se notificaba al procurador público del Ministerio del Interior a presentar sus alegatos, y se dejaba sin efecto la resolución por la cual se había citado a la diligencia de lectura de sentencia.

Un mes después, el Secretario celebra conmigo que hayan absuelto a todos los encausados. Yo, con la mezcla de sentimientos ya descrita, solo atino a decirle que ojalá y tengan más cuidado con los casos en adelante, que detrás de los expedientes hay personas, hay familias, hay dramas, y que un poco más de seriedad y responsabilidad en su trabajo puede hasta salvar vidas.

En términos personales, he descubierto que esto del litigio es, para mí, ya una obligación moral. La administración de justicia está mayormente en manos de corruptos, mediocres e insensibles (y testigo soy a cada rato; ya compartiré mis andadas por los procesos que Pedro Condori y otros dirigentes tienen abiertos, y la persecución de la que son víctimas hace buen tiempo); no podemos dejarlos solos. Hay que entrarle a ese charco y hacer hasta lo imposible por limpiarlo; vale la pena.

(*) Periodista y abogada con tesis suma cum laude por la USMP. Investigadora de la Facultad de Derecho de la USMP, y consultora de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos. Ex visitante profesional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

http://www.unav.es/penal/delictum/lecciones.html

http://www.unav.es/penal/delictum/lecciones.html

¿Y si estuvieran los congresistas en el CAS?

Por Carlos Castro

El Ministerio de Trabajo ha desarrollado una intensa campaña para que las empresas cumplan con los derechos laborales de los trabajadores. Esto nos parece bien, pero los inspectores de la ministra Manuela García se hacen de la vista gorda con el régimen laboral de Contratación Administrativa de Servicios, CAS, en el que se encuentran más de 80 mil servidores públicos. Un régimen injusto y discriminatorio y que los especialistas califican de ilegal e inconstitucional. El CAS es fruto de este gobierno que irónicamente se presenta –si nos atenemos a los discursos del presidente García– como defensor de los derechos de los trabajadores.

El CAS fue creado en junio de 2008 , vía el DL 1057 y bajo el sombrero de las facultades legislativas que el Congreso otorgó al Ejecutivo para legislar en materias vinculadas al TLC con los EEUU. El Ejecutivo lo metió de contrabando. Igual lo hizo con los decretos de la llamada Ley de la Selva que fueron derogados tras el ‘Baguazo’. El CAS, sin embargo, no siguió la misma suerte y se mantiene hasta ahora.

¿El presidente García estaba autorizado a emitir decretos que estaban al margen del mandato de las facultades legislativas? No, señalan quienes han estudiado la norma. El artículo 1ro. de la Constitución, recuerdan, establece que el Ejecutivo sólo puede legislar sobre lo encargado por el Legislativo. Son diversos los derechos que violenta esta norma.

Los más de 80 mil servidores del CAS sólo tienen derecho a 15 días de vacaciones: no reciben gratificaciones en Navidad ni en Fiestas Patrias, tampoco el bono de escolaridad, uniformes, la Compensación por Tiempo de Servicios, CTS. No tienen acceso al CAFAE y están vetados para acceder a becas o al pago de cursos de especialización en universidades o institutos, pago de horas extras y cuando van a los centros médicos de la seguridad social deben llevar sus contratos. Serán atendidos recién cuando se realicen las verificaciones del caso.

Son, irónicamente, para el Estado y este gobierno, ciudadanos de segunda clase. El despido o la resolución del contrato pende como una espada de Damocles y puede darse en cualquier momento, sin derecho a reclamo y sin ninguna explicación. El DL 1057 viola la Constitución al establecer un régimen discriminatorio entre trabajadores que cumplen similares funciones. Violenta –advierten los que han estudiado el dispositivo y su reglamentación– el principio de igualdad al que tienen derecho todos, y en este caso los trabajadores.

El 1057 está al margen de lo que mandan los decretos vinculados a las carreras administrativas y remuneraciones del sector público y a los de productividad y competitividad laboral. Una ilegalidad que se consuma cada día y frente a la cual el Ministerio de Trabajo se cruza de brazos. La situación es tan absurda y abusiva que el congresista Luis Negreiros, del APRA, ha pedido terminar con esta situación. “Tienen en sus hombros la mayor carga laboral, pero ganan menos, trabajan más, reciben 15 días de vacaciones y sus beneficios están restringidos”, ha dicho el legislador. ¿Qué hacer frente a esta injusticia que poco importa a los legisladores? Las organizaciones gremiales deben acudir al TC para exigir la derogatoria del DL 1057. Es inaceptable que un Estado democrático viole los derechos de los trabajadores. Al contrario, debe ser el primero en respetarlos. Mientras tanto, como nos dice un servidor público en su carta, habría que preguntarse, ¿cuál sería la reacción de los congresistas y ministros si en Navidad o en Fiestas Patrias solo recibieran una tarjeta de saludo como gratificación