por qué Ollanta logró 6.5 veces más que Alan; en regalias mineras...

La sorpresa principal de la presentación del gabinete Lerner en el Congreso no solo fue el cierre de la negociación con el sector minero sobre un aporte extraordinario de sus empresas, sino el monto pactado, superior en 6.5 veces al conseguido durante el gobierno aprista.

Ello se logró gracias al establecimiento de “un gravamen adicional al sector minero –que incluye empresas con y sin convenio de estabilidad– que incrementará la recaudación en S/.3,000 millones anuales”, es decir, unos S/.15,000 millones que hacen que lo conseguido por el gobierno de Alan García –S/.2,283 millones en el lustro– parezca, por comparación, un ‘óbolo’.

Según las partes, el acuerdo genera mayores ingresos para el fisco sin perjudicar la competitividad de la minería peruana; ni afectar la inversión del sector –prevista en US$ 30,000 millones en el lustro–; y respetando los convenios de estabilidad.

Es decir, todo lo que el aprismo puso como excusa para no conseguir un monto mayor. ¿Cómo explicar la gran diferencia? Hay varias hipótesis no necesariamente excluyentes.

Según Mauricio Mulder, los mineros cedieron porque el gobierno les puso una pistola en la cabeza. Quizá pueden haberse apurado en cerrar el pacto cuando ofrecían S/.2,500 millones al año y el gobierno pedía S/.3,000 millones y, ante la falta de acuerdo, el presidente Ollanta Humala propuso enviar el tema al Congreso. Entonces, los mineros deben haber pensado que eso equivalía a poner el tema a consideración del Larco Herrera. Eliminar ese riesgo bien valía los S/.500 millones adicionales, pero eso no parece chantaje sino habilidad negociadora.

Segunda explicación: la visión de los negociadores del gobierno, con una posición más independiente que los que ponía el gobierno aprista, y que no estuvieran a la caza de un acercamiento con la empresa privada para buscar algún beneficio.

Tercera hipótesis: el enfoque aplicado para la negociación. Mientras García solo buscó un monto que había fijado previamente, esta vez se trabajó una fórmula atada a resultados, lo cual volvía a las empresas y el gobierno en aliados. Asimismo, debe tenerse en cuenta que hoy la minería peruana es mucho más grande y tiene mejor perspectiva que hace cinco años.

La cuarta hipótesis es que hoy existe una mayor consciencia en el sector empresarial que opera en el país –nacional y extranjero– sobre la necesidad de la inclusión social.

Quinto, el hecho destacado por Carlos Castro ayer en su columna: la voluntad política del gobierno de Humala para obtener esos recursos.

Son hipótesis y explicaciones no necesariamente excluyentes y, eventualmente complementarias. Lo importante ahora, sin embargo, es que el gobierno use bien esos recursos. Ojalá que, entonces, tenga la misma destreza que tuvo para conseguirlos.

Sepa cómo será la nueva forma de pago de las regalías mineras

Se aplicará sobre la base de la utilidad operativa con tasas de 1 % a 7%. Mineras con convenios de estabilidad tributaria firmarán un contrato para pagar impuesto. Tasa del gravamen minero se definirá entre esta y la próxima semana.

Enrique Larrea.

El acuerdo al que llegó el gobierno con la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) para gravar las ganancias extraordinarias de las mineras implica el anunciado gravamen minero, cuya tasa debería definirse entre esta y la siguiente semana, así como la modificación del actual sistema de regalías.

Fuentes del gobierno y del sector empresarial revelaron a La República que ahora las regalías se cobrarán sobre la base de la utilidad operativa con una escala de tasas de 1% a 7%. Hasta la fecha las regalías se cobraban sobre las ventas con tasas de 1% a 3%.

Como las regalías son recursos que se destinan a las regiones, se ha cuidado de que las nuevas tasas procuren un nivel de ingresos similares a los actuales. “Esta nueva regalía recaudará lo mismo que la anterior para no afectar los recursos de los gobiernos regionales”, afirmó una fuente del gobierno.

Gravamen y convenios tributarios

Asimismo, revelaron que el proyecto que prepara el Ejecutivo para aplicar el nuevo gravamen minero no afectará a las empresas que cuentan con contratos de estabilidad jurídica.

Por ello, se acordó que con estas empresas se firmará un contrato en el que se plasme el pago voluntario del nuevo tributo. No será en estricto un impuesto, pero en la práctica actuará como tal.

Este contrato significa una solución alterna para no colisionar con convenios de estabilidad y no crear distorsiones en la relación con los inversionistas, se afirmó.

Además, precisó que como estas mineras no pagan regalías, el gobierno busca una tasa que permita recaudar de estas empresas un monto similar al que se obtendrá de las empresas extractivas sin convenios de estabilidad.

Sin embargo, la fuente gubernamental sostuvo que el monto que se obtenga de estas mineras de todos modos será “ligeramente menor a las empresas sin convenios”.

“No será exactamente equivalente (al que pagarán las empresas sin convenios de estabilidad tributaria), pero se acercará mucho a la regalía que no pagan y a este impuesto específico a la actividad minera (gravamen minero)”, indicó la fuente.

Estas empresas mineras, entre las que se cuentan Antamina, Cerro Verde, Barrick, Yanacocha o Tintaya, que representan el 60% del Impuesto a la Renta (IR) del sector minero que ingresa al fisco, son las más grandes y las que poseen mayores ingresos.

“Lo que se quiere es que todas las empresas extractivas con o sin convenios paguen un monto similar para que no haya arbitrariedades”, afirmó la fuente del sector empresarial.

Obras del óbolo

Otro acuerdo al que llegaron los equipos técnicos del gobierno (miembros del Ministerio de Economía y Finanzas y la Sunat, básicamente) y de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), entre quienes destacan el gerente financiero de Buenaventura, Carlos Gálvez y Hugo Santa María, de Apoyo, es destinar S/. 300 millones anuales –de los S/. 3,000 que se calcula recaudar, si no cambian los precios de los metales, claro– para concluir las obras solventadas con el dinero del óbolo minero. La ejecución de esta partida continuará en manos de las empresas mineras.

Impuesto desde setiembre

Un punto que está por definirse es desde cuándo se aplicará el nuevo tributo. Desde el gobierno, la intención, como lo expresó el propio ministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzí, es que rija desde setiembre. Pero se habría optado por una periodicidad anual, con lo cual el impuesto empezaría a regir desde el próximo año.

“Esto es algo que no se sabe cómo se hará. La alternativa sería que se firme hasta diciembre un contrato con todas las empresas mineras para que se pague el monto calculado como si fuera el gravamen, pero eso aún está en estudio”, comentó la fuente.

Entre hoy y mañana se reiniciarán las conversaciones entre los equipos técnicos de ambas partes para ultimar los detalles del nuevo gravamen minero.

Habrá nuevas inversiones mineras

El ministro de Economía y Finanzas, Miguel Castilla, adelantó que en breve se anunciará nuevas e importantes inversiones en el sector minero.

“Se ha asegurado un flujo de US$ 30 mil millones en inversiones para los próximos cinco años. Hay otros factores que inciden en la decisión de ingresar al sector minero más allá de la carga tributaria. Esperamos importantes anuncios de nuevas inversiones adicionales aparte del proyecto Conga. Se estaba esperando una definición del gobierno y ya se definió y esto quita una fuente de incertidumbre importante”, afirmó.

Asimismo, indicó que por el momento aplicar una política expansiva del gasto público es “riesgoso” puesto que aún se desconoce si los problemas de las economías de Estados Unidos o Europa generarán una recesión.

Cifras

39 empresas mineras pagaban el óbolo minero.

40% de los ingresos aproximadamente del Estado dependen del sector minero



UNA LECCION SOBRE RELAVES PARA TICAPAMPA Y CATAC

Mientras que estamos atentos al aún irresuelto derrame producido en el Golfo de México, se produce en Perú la pérdida de alrededor de 400 barriles de petróleo de la compañía Plus Petrol en las aguas del río Huallaga y la ruptura del dique de una poza de relave de la mina Caudalosa Chica, en Huancavelica, vertiendo cerca de 50 toneladas de desechos tóxicos al río Escalera.

En el caso peruano, no es el primer incidente en el que Plus Petrol se halla involucrado y en el caso de Caudalosa Chica, según información de la propia OSINERGMIN, este organismo en 2009 realizó una supervisión, paralizando uno de los depósitos de relave y planteando medidas correctivas al que recientemente ha causado los daños mencionados. OSINERGMIN sostiene que la verificación del cumplimiento de las observaciones se debía realizar durante el presente mes.

Del informe de OSINERGMIN podría concluirse que la empresa no habría cumplido con las observaciones planteadas. Si así fuera, y se demostrara que se ha producido la contaminación de las aguas, la más alta sanción administrativa que podría recibir la empresa es una multa ascendiente a 600 UIT que actualmente asciende a la irrisoria suma – en comparación a los posibles daños causados- de S/.2'160.0000.

Por otro lado, en estos casos mencionados los representantes de las empresas han coincidido en minimizar los daños y afirmar que tienen controlada la situación. Pasados los días y según declaraciones de autoridades y pobladores esto no sería cierto.

Se requiere extraer lecciones de estos acontecimientos para prevenir situaciones similares en el futuro. Queda claro que ni la tecnología más avanzada es infalible ni que la autorregulación que las empresas propugnan es suficiente.

Además, existe información que demuestra que muchas empresas sancionadas en el Perú han preferido ser multadas antes que cumplir las observaciones, debido a que les resulta más barato pagar las multas. Peor aún, empresas sancionadas han recurrido hasta el Poder judicial para evitar este pago.

Por otro lado habría que preguntarle a OSINERGMIN por qué recién en julio se iba a realizar la supervisión del cumplimiento de las observaciones realizadas a Caudalosa Chica.

Lo que nos queda claro es que se deben fortalecer los organismos y mecanismos de control y supervisión, así cómo el involucramiento activo de las comunidades en estas actividades. Se requiere también el incremento de las sanciones, ya que las actuales no corresponden con los daños causados, y el establecimiento de una normativa que establezca que las empresas que causan estos desastres aporten a un fondo dirigido a resarcir los impactos. De este modo se incentivará a las empresas a incrementar sus políticas de prevención y ser mucho más cuidadosas en su desempeño.

MINERAS PRETENDEN AMPLIAR 5 MAS EL OBOLO MINERO

Sin redistribución. Rechazan que este aporte se convierta en impuesto. Sociedad Nacional de Minería anunció que esta semana ratificarán junto al gobierno la renovación del aporte voluntario por 5 años.

El presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Hans Flury, rechazó la posibilidad de que el aporte voluntario se convierta en un nuevo impuesto. Más bien precisó que solo buscan renovar periódicamente estas entregas al Estado, de acuerdo con la disposición de las compañías del sector.

“El Estado ya se está beneficiando con los mejores precios de los minerales. El problema de crear impuestos absurdos en un momento determinado es que estos no desaparecen cuando deberían. Por lo tanto, se devienen en una tributación antitécnica, confiscatoria y que a la larga dañan los procesos de la vida de las empresas, y al final nos quedaríamos sin empresas y otra consecuencia sería reducir el nivel de empleo”, afirmó Flury, quien además recalcó que la tributación minera debe tener una base técnica y no ser un capricho político.

Por el contrario, el experto en temas mineros José De Echave señaló que el aporte voluntario debería convertirse en un impuesto aplicado a las sobreganancias mineras ya que ayudaría a que la recaudación del Estado sea mayor.

“Hasta el momento, los montos depositados por las mineras ascienden a S/.1376 millones, pero cuando se inició el aporte se acordó que por los cinco años se alcanzarían los S/.2,500 millones. Pero parece que eso no se va a lograr, por lo que el Estado debería evaluar ello”, manifestó.

Se reunirán esta semana

Por su parte, Flury informó que en esta semana las empresas mineras se reunirán con el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, para ratificar la ampliación por cinco años del aporte voluntario.

“Ha sido un mecanismo extraordinario de inversión social con el que se han ejecutado obras importantísimas”, señaló ayer tras la instalación del nuevo Consejo Consultivo Empresarial de CENTRUM Católica.

Datos

Aporte 2009. El gremio minero informó que el aporte voluntario correspondiente al 2009, que se desembolsará este año, será de S/.400 millones.

Acumulado. Sumando los S/.1,300 millones que ya se han entregado a lo largo de los años anteriores, hay una cifra total cercana a los S/.1,700 millones.

“Southern Perú tiene muy malos antecedentes”

Lleva veinte años como gestor en la resolución de conflictos mineros. Miembro de la Asociación Civil Labor, consultor de la ONG Care Perú y coordinador del Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible, López Follegatti cree que la suspensión del proyecto minero Tía María marca un momento crucial para las empresas que no se han adaptado al modelo de responsabilidad social y ambiental.

Por María Isabel Gonzales

Una vez más se tomó una carretera para protestar contra un proyecto minero. Si según Southern y el ministro Pedro Sánchez se propuso el diálogo reiteradamente ¿por qué la comunidad tomó una medida de fuerza?

–Para entender a los habitantes de Cocachacra y a su alcalde Juan Alberto Guillén, hay que remontarse a unos quince años atrás.

Cuando se les dio libertad a las mineras para que ellas trancen con los comuneros. Se les dijo que hicieran estudios ambientales y que los expusieran en audiencias públicas para que la gente emita opinión. Pero en esas audiencias se dan a conocer informes técnicos que nadie entiende, la población desconoce sus derechos y se cometen muchos abusos como la contaminación. Por eso no pueden decir que ellos ya informaron y listo. Southern Perú tiene muy malos antecedentes y la población de Cocachacra lo sabe. Tienen 50 años en Toquepala (Tacna) y 40 en Cuajone (Moquegua), entre ambas minas se desperdician unos 800 litros de agua por segundo.

Llevan el agua contaminada a unas canchas de relave –grandes represas– donde esta se evapora y se va a la atmósfera. Esto podría evitarse si la reciclaran. Y encima muchas veces sucede que esta agua ya contaminada se filtra a manantiales con los que se riegan hortalizas. Las mineras modernas y responsables reciclan el agua y solo desechan un 10%. Y esto no se me ha ocurrido a mí, lo dice Osinergmin en el Informe Conservación y Protección del Ambiente del 2008.

–Entonces el alcalde de Cocachacra, Juan Alberto Guillén, tiene razón cuando dice que Tía María sí afectará la agricultura y el Valle del Tambo.

–La zona del proyecto es ecológicamente conocida como parte del desierto de Atacama. Es un lugar ideal para la minería. Una zona árida donde es bastante improbable que se den lluvias ácidas como dice la población de Cocachacra. No tendría por qué afectar la agricultura si usan agua de mar y es totalmente factible en este caso. Ya hay una experiencia en Chincha, con el proyecto Cerro Lindo de la empresa Milpo. Ellos desconfían de Southern, pero si les explican los beneficios y les garantizan que no utilizarán agua del valle y que les harán una represa como recién han hecho, los resultados son diferentes. Hace un año, Juan Alberto Guillén, alcalde de Cocachacra, era el más entusiasmado con este proyecto. Le dijeron que se utilizaría agua de mar y hoy le hablaban de agua del subsuelo. Entonces cómo no sentirse burlado por la empresa.

–Usted explicó que la zona donde Tía María desarrollaría sus actividades cupríferas es ideal. Sin embargo, hay un grupo de los habitantes de Cocachacra que aún con los beneficios y garantías se resisten a cualquier tipo de actividad minera.

–Es cierto. Hay dos actitudes en la población. Unos están a la espera de garantías de no ser afectados y con la noticia de la represa de Paltiture se muestran muy optimistas. Y más aún cuando el mismo premier Velásquez Quesquén les ha garantizado que no dará licencia para que se extraiga agua subterránea. La otra actitud es ideológica, quieren demostrar que la minería es inviable en la zona.

El argumento es que se va a generar lluvia ácida, y eso, como ya te dije, es improbable porque en esa zona no llueve. Aunque su derecho a reclamar me parece legítimo, la posición de “no a la minería porque no”, me parece que va en contra de la visión del país.

–Si los antecedentes de Southern son negativos por qué el Gobierno no emitió opinión antes de que se desate el conflicto social.

–Es por las reglas del juego. Es decir, las mineras deben hacer un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que encargan a una empresa particular. Desde ahí ya las interpretaciones se prestan a la especulación. Pero el Gobierno no se mete porque el modelo de concesión está diseñado para que las mineras se encarguen de negociar con las comunidades las condiciones de su ingreso. En muchos casos no se ha respetado los derechos de la gente, pero hay que decir que un 50% de los proyectos mineros que están actualmente en ejecución tienen muy buenos resultados, como en Áncash, donde la población crea empresa para brindar servicios a las mineras. O en Celendín, Cajamarca, donde les han prometido cuatro represas. Pero definitivamente el modelo debe cambiar. La lección de Tía María es que se necesita una Mesa Técnica conformada por el Gobierno Central, el Gobierno Regional, técnicos, asesores, representantes de la minera y de la comunidad donde se revise el EIA. El modelo de audiencias públicas donde un ingeniero habla en difícil a cuatro mil personas ya está desfasado. Me parece un gran paso que hayan detenido el proyecto por 90 días, aunque aún se debe esperar el resultado de la mesa. Y no hay que olvidar el papel que ha desarrollado el Gobierno Regional, eso también es un indicador para que se generen competencias en temas mineros.

–¿Cuáles son los compromisos que el gobierno y Southern deberían asumir y qué beneficios obtendrá la población?

–La represa para los agricultores es vital, además Southern debería apoyarlos con un sistema de riego tecnificado porque ellos en su mayoría cultivan arroz. Además se deben conformar comités de vigilancia ambiental para evaluar los efectos que tenga la actividad minera. La población de Cocachacra son 8 mil personas, pero no solo ellos obtendrán beneficios sino también Mollendo e Islay. Con la actividad comercial en el puerto de Matarani, la nueva carretera entre Ilo y Punta Bombón. La mina hará compras a las empresas locales y eso definitivamente va a aumentar los ingresos de la gente. Pero no hay que sacar la vista de Southern, que ya tiene más proyectos en camino como la ampliación de Cuajone y Toquepala. Necesitan más agua y quieren usar más pozos subterráneos para extraerla. Podrían afectar a la provincia de Candarave en Tacna y en vez de modernizar su tecnología optan por ofrecerle obras a la población.

Perfil

• Nombres: José Luis López Follegatti

• Profesión: Educador

• Consultor y asesor en : Asociación Civil Labor, Care Perú, Grupo para el Diálogo Minería, Medio Ambiente y Desarrollo, Ministerio de Educación entre otros.

• Ensayos y estudios: “Ilo: Los sueños de una ciudad” (2000), “Liderazgo compartido” (2001), “Plan de gestión ambiental urbana de Arequipa” (2002).

• Libro: “Medio ambiente, minería y sociedad: Una mirada distinta” (2002).

¿A dónde van los precios de los minerales?

.Por Humberto Campodónico

El banco de inversión Natixis pronostica que en el 2010 los precios del cobre, zinc y plomo superarán a los del 2009 en 53%, 69% y 49%, respectivamente (ver cuadro). Dice que esto se debe, en buena medida, a que el crecimiento de la economía china permitirá mitigar el “paso de tortuga” de los países industrializados.

Por tanto, recomienda a sus clientes invertir en “commodities”: “los metales siguen ganando aceptación como activos de inversión y son cada vez más usados por los fondos de inversión para diversificar sus portafolios”. Y agregan: “la única razón para temer algún peligro son las ganancias excepcionales del 2009, que han dejado los precios muy por encima de los costos marginales de producción. Esto podría llevar potencialmente a algunas “tomas de ganancias”, pero, con todo, eso no debiera llevar a un éxodo masivo del sector” (www.mineweb.com, 24/02/2010).

El súper optimismo de Natixis contrasta con la visión del conocido analista David Threlkeld: “una catástrofe acecha al precio del cobre, que podría bajar hasta menos de 1 dólar la libra porque fueron especuladores los que compraron el año pasado más del 90% del cobre. No importa si fueron fondos especulativos en las bolsas o los especuladores chinos criadores de chanchos, la cuestión es que ese cobre va a regresar al mercado y el precio se va a caer” (www.bloomberg.com, 02/02/2010).

Agrega: “China tiene 3 millones de toneladas de cobre comprado, pero del cual no ha informado. Como China consumió cerca de 5 millones de toneladas el 2009, eso significa que el cobre no reportado equivale a 7 meses de su demanda”. Demasiado.

Dicho esto, si bien ambos análisis difieren en su pronóstico, están de acuerdo en un hecho central: que el alza del precio del cobre de los últimos años tiene un componente real y otro especulativo.

A mediados del 2008 estalló la burbuja especulativa y comenzó la recesión mundial, con lo que los precios cayeron y, en el Perú, la recaudación por impuesto a la renta de las empresas mineras bajó 57%, pasando de S/. 6,700 a 3,000 millones del 2008 al 2009. Pero desde mediados del 2009 los precios del cobre, zinc y plomo han vuelto a subir (el oro nunca cayó) y en el 2010 y el 2011 seguirían súper altos (con optimistas y catastrofistas de por medio).

Por eso Natixis dice bien claro que “los precios están muy por encima de los costos marginales de producción”, lo que quiere decir que las empresas mineras vuelven a tener ganancias extraordinarias.

¿Qué nos debiera interesar a los peruanos? El efecto fiscal del alza del precio del cobre y los demás minerales. La cuestión es que como el gobierno aprista rehusó plantear el impuesto a las sobreganancias mineras que prometió en la campaña electoral del 2006, la recaudación fiscal fue solo el impuesto a la renta, mientras las empresas mineras tuvieron utilidades netas por US$ 12,500 millones del 2007 al 2009. Con impuesto a las sobreganancias no hubiéramos tenido déficit fiscal. Enorme oportunidad perdida.

Vamos a seguir, entonces, con una presión tributaria mínima (13.7% del PBI), lo que nos llevaría a otro déficit fiscal en el 2010.

Justo cuando las presiones sociales están poniendo sobre el tapete la necesidad de mayores recursos para inversión y una pugna distributiva. Pero el gobierno no quiere saber nada sobre el impuesto a las sobreganancias y, más bien, está planteando que nos endeudemos en el exterior hasta por US$ 5,000 millones. Así vamos.

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