Por Diego García-Sayán
“Deberíamos darle un cuchillo para que se haga el harakiri” le espetó en Washington al mandamás de British Petroleum un congresista (¡republicano!). Horas después Obama pronunció su primer discurso desde el Salón Oval, el mismo desde el cual Bush lanzó su “guerra contra el terrorismo” el 11 de setiembre. Pero ahora lo hace Obama no para hablar de esa “guerra” ni de la crisis financiera sino para enfrentar el desastre causado por BP, demoler la corrupción y la debilidad regulatoria existente y proponer nuevos modelos energéticos. Se fue, pues, con todo. Si el harakiri propuesto por el republicano Joseph Cao era un recurso retórico, lo planteado por Obama pisa callos de muy grandes intereses y señala una ruta a seguir muy distante del “laissez faire” ultraliberal.
La magnitud del desastre no deja de asombrar. Ya no son los mil barriles que reportaba BP hace algunas semanas ni los 25 mil barriles diarios tirados al mar que se evaluaba hace una semana. Se estima que ahora el volumen es de más de 60,000 barriles diarios. Eso equivale al 60% de la extracción diaria de petróleo en el Perú. Como dijo Obama, lo que queda por delante es cortar el derrame, limpiar el desastre y compensar a los afectados. Ya le impuso una meta muy clara a BP: aportar US$ 20 mil millones que, además, no serían administrados por la transnacional que causó la tragedia.
Obama ha ido, sin embargo, más allá identificando a sus “enemigos”. Ya no condensados en un oscuro personaje como Bin Laden, sino en los lobbistas, reguladores estatales corruptos y políticos conservadores representantes todos de poderosos grupos petroleros. No es, pues, poca cosa. La gran pregunta es si esta dura ofensiva verbal será seguida de efectivos cambios de rumbo.
El presidente de Greenpeace ha preguntado si ese “discurso grandioso” enrumbará o no a los EEUU en una nueva dirección.
Es un hecho que el mundo no es ni será distinto luego del desastre en el Golfo de México. Las explicaciones técnicas de por qué pasó lo que pasó son variadas. Pero es evidente que la debilidad de la acción pública y la timidez de las normas regulatorias están detrás. Gran lección para países en los que la exploración y explotación petrolera plantean más graves amenazas. Como en el Perú, en donde la actividad petrolera se da no sólo en el zócalo continental sino en la mucho más frágil región amazónica. No es ningún secreto que las normas y capacidades reguladoras en el país son bastante “light”. Y que algunos en el Ejecutivo aún no llegan a comprender por qué este asunto interesa a todos o por qué los pueblos indígenas exigen ser consultados antes de inversiones de este tipo. Valdría actuar para no lamentar.
