el comentario pasado

Iniciamos octubre en medio de una gran turbulencia política provocada por los audios de altos cuadros apristas descubiertos infragante negociando con nuestros recursos petroleros, qué nos confirmaría las sospechas de como tras tanto entreguismo y” promoción a la inversión privada" habría mas de un echo por investigar, ahora nos siembra la desconfianza no solo por la manera como se efectuado las ultimas licitaciones petroleras, sino también las licitaciones mineras, un caso emblemático es el caso de toromocho. Proyecto minero adjudicado a capitales chinos. una inversión de mas de 2000 millones de dólares, superior a la de Antamina, pero con la singularidad de que ha sido otorgada en las mismas situación que fueron dadas los anteriores contratos mineros, cuando a raiz de la experiencias anteriores pudimo haber negociado u mejor contrato sin convenios de estabilidad tributaria que mediante argucias legales, evaden pagar los impuestos como regalías que nos corresponderían.Así mismo entramos a un mes donde la situación financiera mundial entra en pánico, por la quiebra de los bancos mas grandes del mundo, donde el gobierno ha dicho que el Perú saldrá inmune, pero cuyos efectos ya lo estamos sintiendo en la subida del dólar como en la caída del precio de los minerales que representan el 80% de nuestras exportaciones.Así como en la reducción del consumo en EE.UU que es la plaza fuerte de nuestras exportaciones.Por otro lado con una huelga medica que amenaza con entregar los hospitales, reclamos que han pasado a segundo plano por la situación política que vive el paísAsí también expresamos nuestra solidaridad para los campesinos de la comunidad campesina de Vizcatan en Ayacucho , donde han muerto 11 comuneros acusados de ser terroristas en el operativo militar que lleva a cabo el ejercito para terminar con los últimos remanentes de sendero.Finalmente saludar a la comunidad campesina de Catac por su aniversario, y la memoria de aquellos dirigentes históricos y anónimos que durante las luchas por la reivindicación de tierras dieron su vida y hasta su libertad, ya que muchos fueron encarcelados, tiempos muy distantes en que el que era dirigente lo hacia también con sus propios recursos es en memoria de aquellos héroes anónimos que nosotros la generación joven y quienes ingresan a ser comuneros tenemos el compromiso de emular con la renovación en los objetivos de la Comunidad campesina de catac, mayor transparenia en el manejo de los fondos económicos , como mayor compromiso de apoyo a iniciativas que merezcan el apoyo de la ccc.Ser competitivos y generar desarrollo social es el compromiso. Señores.

Fujimori está de fiesta

La Primera, Lima, 05/12/2008

Por César Hildebrandt

Javier Villa Stein ha llegado a la presidencia de la Suprema. Es, por lo tanto, el flamante jefazo del Poder Judicial. Alberto Fujimori debe de estar más que feliz. Su malevaje congresal brinca de alegría. Montesinos debe de estar guiñándole el ojo a algún secuaz.Leyendo el blog “Útero de Marita”, recuerdo:Villa Stein ha opinado que los vladivideos no debieron de ser considerados como pruebas porque fueron obtenidos sin la autorización de un juez.Villa Stein ha señalado que los hermanos Wolfenson fueron víctimas de una politización de su caso cuando el tribunal anticorrupción respectivo los condenó a la cárcel por haber sido las jetas y el drenaje del SIN fujimontesinista.Villa Stein también defendió a sujeto tan pringado como Eduardo Calmell del Solar, (a) “Chapulín”, director de “Expreso” cuando ese diario competía con los mayores vertederos de Lima.Villa Stein ha asesorado a José Villanueva Ruesta, uno de los generales ladrones del fujimorismo.Villa Stein ha asesorado a Blanca Nélida Colán, la “mami” del ministerio público, cuando ministerio público se escribía con minúsculas por públicas razones.Villa Stein ha asesorado a Alberto Kouri, el baboso de los quince mil dólares y el camioncito refrigerado con el que iba a repartir pejerreyes y lornas.Villa Stein es, aunque no venga al caso, orgulloso papá del abogado Ernesto Villa Morán, que trabajó hasta hace poco para el estudio Nakazaki y que actualmente es asesor del congresista fujimorista Rolando Sousa.Villa Stein es gran amigo de Robinson González, el supremo rabiosamente fujimorista que espera hacerse con el “caso Fujimori” apenas llegue a esa instancia (y por encargo, por supuesto, de Villa Stein).A esta ayuda-memoria se suma lo que Villa Stein ha declarado ayer en “Caretas”:-Que los vladivideos siguen siendo pruebas prohibidas.-Que el dinero encontrado en las cuentas de Montesinos “no prueba necesariamente” que se haya cometido un delito (con lo que Villa Stein pasa de jurisperito fujimorista a potencial secuaz de la banda que secuestró al Perú durante una década).-Villa Stein sigue insistiendo en que Calmell del Solar fue víctima de “una cacería de brujas”. Lo probaría el hecho de que la justicia de Chile se negó a extraditarlo.-Sigue diciendo que “hubo mucha beligerancia y mucho encono” en el caso de los hermanos Wolfenson, olvidando las simas de miseria moral que las publicaciones de los hermanos Wolfenson alcanzaron.Y ahora, siempre según la entrevista concedida a “Caretas”, Villa Stein ha incorporado a su agenda dos ambiciones que coinciden también con las del Apra que gobierna y las del alanismo sin escrúpulos:-revisar la estructura legal que permite al Consejo Nacional de la Magistratura nombrar y ratificar a los jueces;-y tumbarse el Tribunal Constitucional, convirtiéndolo en una sala de la Corte Suprema.De modo que estamos advertidos.La alianza apro-fujimorista, que ya controlaba la Corte Superior de Lima, acaba de tomar el mando supremo del Poder Judicial.Y todo esto sucede mientras la atención pública disfruta del espectáculo menor de un sinvergüenza que se ríe de unos congresistas venidos a menos.El Apra tiene vocación de arrasadora neoplasia.No necesitamos a la oposición. Necesitamos a un ejército de oncólogos.Sólo el INEN salvará al Perú.

PREUCUPA LA ELECCION DE VILLA STEIN

Ernesto de la Jara BasombríoConsorcio Justicia Viva
En esta oportunidad, el Vocal Supremo Javier Villa Stein logró salir elegido presidente de la Corte Suprema. En las elecciones del 2006 también lo quiso, pero no lo consiguió debido a una serie de cuestionamientos hechos de manera pública por diversos medios de comunicación, y, en privado, por varios magistrados de la misma Corte Suprema y otros jueces. Dos años después, la mayoría de estos medios de comunicación y jueces decidieron apoyar – o por lo menos no hacer campaña en contra - y votar, respectivamente, por Villa Stein, convirtiéndolo en el nuevo presidente del Poder Judicial, uno de los tres Poderes del Estado. ¿Quién cambió? ¿Villa Stein? ¿O cambiaron los medios y los jueces que antes estaban contra él y ahora están con él? Imposible que sea él, ya que los cuestionamientos en su contra tenían y tienen que ver con hechos y puntos de vista del pasado, cuando todavía no era vocal supremo, o apenas fue nombrado como tal, y, en la vida real, como en la serie “El Túnel del Tiempo” el pasado no se puede cambiar. En esto, quienes han cambiado, entonces, son los medios y los jueces. ¿Quiere decir que la elección de Villa Stein es otra señal de la evolución que en general esta habiendo en el país y no para bien?Pero la elección de Villa Stein como el número uno del Poder Judicial es un hecho consumado, pues se ha realizado de acuerdo a ley: después de dos años, el primer jueves de diciembre, la mayoría de vocales supremos titulares votaron por él. También hay que reconocer que esta vez, nuevamente, se informó oficialmente quiénes eran los aspirantes y cada uno cumplió con presentar un plan de trabajo, algo que, años atrás, cuando Justicia Viva pidió por primera vez que se hiciera, dicho consorcio fue acusado de pretender controlar al Poder Judicial. Se trata de un avance sin lugar a dudas. Pero también hay que decir, que este gesto mínimo de transparencia debió producirse mucho antes, y no a último momento, como ocurrió esta vez. Es por eso que insistimos en que debería aprobarse un reglamento que disponga la obligación de dar a conocer con un mínimo de tres meses de anticipación la siguiente información: nombres de los aspirantes; hojas de vida completas y actualizadas; propuestas; declaración patrimonial; casos patrocinados antes de ser magistrado (cuando corresponda); lista de los principales casos y sentencias en las que participó como magistrado. ¿Por qué no?No puede ser que los jueces, tan formales para otras cosas, continúen siendo tan informales para elegir a sus máximas autoridades, al punto de no contra para ello de un reglamento propiamente dicho. Una mayor transparencia, junto con reglas preestablecidas y un debate público bien informado, terminaría con todo el “toma y daca“ que hay por debajo de la mesa y que se sabe ocurre siempre en estas elecciones.El actual presidente de la Suprema, Francisco Távara, también perdió la oportunidad de marcar un antes y un después en la manera de hacer las elecciones de la Suprema, convirtiéndolas en un acto público, para que el país pueda ver quiénes son sus vocales supremos, qué ofrecen, cómo y por qué votan. Nuevamente se prefirió hacer todo en las catacumbas del Poder Judicial.Como seguimos pensando que Villa Stein no debió ser elegido Presidente de la Corte Suprema, ni la vez pasada ni esta, responsabilizamos a los integrantes de la Corte Suprema de lo que suceda: ustedes lo eligieron, pues entonces se hacen responsables frente al país de lo bueno y lo malo que haga Villa Stein. Responsabilidad por partida doble, porque sabían perfectamente de los cuestionamientos que existían en relación a él.Y para recordar esos cuestionamientos y ver que no es él quien ha cambiado, basta leer la excelente entrevista que Roberto More le hace en el último Caretas, la misma que salió oportunamente el mismo día de la elección. En ella, queda claro que, por ejemplo, Villa Stein no discute que fue asesor de Blanca Nélida Colán, durante el fujimorismo (esperamos que las cosas no hayan llegado a un punto en el que sea necesario recordar quien fue la fiscal en la piscina). Frente a los vladivideos, sus esfuerzos de construcción jurídica no van para reforzar su valor probatorio, sino para relativizarlo; se ratifica asimismo en que las tres cuentas que por un millón de dólares se le encontraron a Montesinos en realidad no son prueba suficiente de un delito. Y, preguntado por los casos de Calmell y nada menos que de los Wolfenson, afirma que no se acuerda bien de esos casos (¿?), y en relación al segundo se ratifica que estuvo bien haber declarado que en un momento hubo frente a ellos “beligerancia y encono”, aunque después afirma que esclarecidos los hechos “pareciera” que se cumplió con la ley.Sobre las infelices declaraciones que hace un tiempo hizo sobre la supuesta “politización” del caso de Fujimori, sale del paso diciendo que siempre el juzgamiento de un ex - presidente tiene un componente político, y que trae “apasionamientos de uno y otro lado”, olvidándose que desde el punto de vista jurídico formal, y menos para todo un vocal supremo, ya no es lo mismo defender la inocencia de Fujimori que defender su responsabilidad penal, ya que ha sido la Corte Suprema – la que dentro de poco presidirá- la que solicitó su extradición de Chile por 12 delitos, y la que ha ratificado una primera condena de 6 años contra él. En esa misma entrevista tiene planteamientos francamente discutibles sobre carrera judicial, ratificación, aplicación inmediata en Lima del nuevo Código Procesal Penal, pero hay dos puntos para preocuparse. Uno primero, consiste en que niega que haya corrupción judicial (hay que buscar la gran corrupción “si es que hubiese”), reconociendo solo “corruptela” (“cutrita”). ¿Quiere decir entonces que cerca del 90% de peruanos que descalifica al Poder Judicial debido, en primer lugar, a la corrupción judicial están viendo fantasmas?Y lo segundo, es que anuncia que si fuera por él (gracias a Dios no depende de él), el Tribunal Constitucional (TC) dejaría de existir como un órgano constitucional autónomo y pasaría a ser una Sala más de la Corte Suprema. ¿Y por qué? Según él, para que haya eficiencia y racionalidad, y para evitar la incoherencia y duplicidad.Creer que el Poder Judicial (PJ) puede darle clases al TC de eficiencia y racionalidad, ¿es una señal de que Villa Stein no está dispuesto a asumir la necesidad de cambios profundos en el Poder Judicial para superar la profunda crisis en que está? Por algo el TC (por lo menos con su composición anterior) tiene un mucho mayor nivel de aprobación que el PJ. ¿Por qué darle nuevas atribuciones al PJ, cuando éste – especialmente a nivel de la Corte Suprema - no puede cumplir con las que ya tiene? Entonces, señores vocales supremos que votaron por Villa Stein, son ustedes los que tendrán que rendir cuentas al país si el nuevo Presidente de la Corte Suprema termina de una u otra manera favoreciendo a quienes están procesados o condenados por los hechos de corrupción ocurridos durante los 90, incluido el mismísimo Fujimori, o destruyendo el TC.Más aún, si resulta indiscutible que, sorprendentemente, Villa Stein tuvo un aval explícito por parte del actual presidente de la Corte Suprema, Francisco Távara, quien lo derrotó la vez pasada, y de – nada menos - quien preside la sala que está juzgando a Fujimori, el vocal César San Martín. Aval expresado no solo en el hecho de que ambos habrían votado por él, sino porque hace tan solo unas semanas le expresaron su respaldo al ser ellos quienes presentaron un libro escrito por el recientemente elegido Presidente de la Suprema.No queremos ser “más papistas que el Papa”, pero les volvemos a preguntar a ambos: ¿no les preocupa la elección de Villa Stein por las razones explicadas?Lo que corresponde es ponerle todos los reflectores posibles a la gestión de Villa Stein, desde ahora y hasta el último momento. Siempre hay que estar muy atentos de lo que hagan las autoridades judiciales, pero en este caso hay razones adicionales, no solo por lo dicho, sino sobre todo porque durante su gestión Fujimori será juzgado en segunda instancia, al igual que muchos otros casos vinculados a la corrupción de los 90, que llegarán a la Suprema en los próximos meses. Para comenzar hay que tener mucho cuidado sobre cómo se integran las salas penales, porque una de ellas será inexorablemente la segunda instancia que juzgue a Fujimori. En esto, hay que tomarle la palabra a Villa Stein, de acuerdo a lo que le dijo a Caretas: “tendríamos que poner a una persona que suscite confianza, pero hay unos que puede suscitar más confianza que otros. En pro de la paz y de la aceptación mayoritaria de los fallos, es importante que se busque a las personas que no se vayan a suscitar dudas sobre su imparcialidad”. Si lo que se busca es confianza e imparcialidad, sería el colmo, por ejemplo, que terminaran juzgando a Fujimori, en segunda y última instancia, vocales como Robinson Gonzáles o Almenara Bryson ¿O no? Y frente al argumento que son de los pocos titulares que tienen la especialidad penal, habría que recordar que también existe la posibilidad de completar la sala con provisionales que efectivamente garanticen confianza e imparcialidad.El nombramiento de los integrantes y presidentes de sala a nivel de la Suprema esta vez debería ser por consenso y no solo por decisión del presidente; y antes de ser un hecho consumado, debería informarse al país, cuál es la propuesta de los jueces, para que pueda ser discutida por todos. Es mucho lo que en esta oportunidad está en juego para el país. Se dice que ya hubo un compromiso de los candidatos en este sentido ¿Se cumplirá?¿O qué hará Villa Stein frente al subsistema anticorrupción, especialmente respecto a la Sala presidida por Inés Villa Bonilla, a la que criticó y cuestionó injustamente antes de ser Supremo? ¿Lo fortalecerá como corresponde, o lo terminara por desaparecer?Ha dicho que frente a la corrupción judicial es mejor prevenir que destituir jueces: ¿es un mensaje contra la labor que está haciendo Elcira Vásquez en la OCMA?Conclusión sobre la elección de Villa Stein: reconocemos que habemus nuevo presidente del Poder Judicial legítimo, porque su elección se ha realizado conforme a ley, y no queremos ser “más papistas que el Papa”, en el sentido explicado, pero aún así “nos preocupa” y muchísimo. Más, si como Presidente de la Corte Superior de Lima tenemos a César Vega Vega, frente a quien se ha hecho también serios cuestionamientos, además de estar demostrada su cercanía al Apra, partido de gobierno que mantiene una visible alianza con el fujimorismo. Un presidente de Corte elegido por una Corte Superior - la de Lima – que tiene , además, el impresionante record de haber elegido previamente a dos presidentes que fueron al poco tiempo separados por inconducta funcional. ¿Si la Corte Superior de Lima no tiene la capacidad de elegir a su presidente sin equivocarse, qué garantías ofrece al país de resolver miles de casos muchos más complejos sin incurrir en error? Sin embargo, dicha Corte, en lugar de curarse en salud, eligiendo a un vocal absolutamente seguro, en términos de idoneidad, ha vuelto a optar por elegir nuevamente a uno controversial. Si su record de error pasa de dos a tres, será la propia Corte la que pase a estar en cuestión. Señores y señoras, comienza el período de una administración de justicia con Javier Villa Stein como Presidente de la Corte Suprema, y César Vega Vega como presidente de la Corte Superior de Lima. A seguir las medidas y nombramientos que adopten. Si pasa algo negativo, ya sabemos a quiénes tenemos que tomar cuentas, y si lo hacen bien, seremos nosotros los que reconoceremos – y hasta celebraremos – nuestro error, por la desconfianza y preocupaciones expresadas.

Tribunal Constitucional en cuidados intensivos

Justicia :::: Tribunal Constitucional en cuidados intensivos. Mesía da un paso al costado, Vergara asume la “conducción del proceso”, Beaumont arremete con todo.
Entripado en el Tribunal

Lunes 1. Mesía , Vergara y Eto sin quorum en la Sala Plena que debió elegir al nuevo presidente del TC. Los tres disidentes retornarían a sus puestos a las 48 horas.Las rivalidades en el interior del Tribunal Constitucional (TC) tocaron fondo el último lunes 1, cuando se frustró la elección de su nuevo presidente. Los magistrados Fernando Calle, Ricardo Beaumont y César Landa no asistieron a la convocatoria y, a falta de quórum, la elección volvió a fojas cero. La reacción de Calle, Beaumont y Landa fue en protesta a la repentina candidatura de Carlos Mesía, actual presidente interino, pese a que, semanas antes, él mismo la había desestimado. Calle y Beaumont también aspiraban al cargo.
“Ante el desconcierto, la falta de transparencia, bravuconadas y graves dificultades irresueltas que lindan con la incapacidad moral (…) preferimos con nuestra inasistencia a la sesión no dar quórum al pleno y que se proceda al reglamento, asumiendo la presidencia el magistrado más antiguo, Juan Vergara Gotelli, de modo tal que él convoque a elecciones “, manifestaron en un comunicado.
A la reunión sólo asistieron Carlos Mesía, Juan Vergara, Gerardo Eto y Ernesto Alvarez, pero la elección del nuevo presidente requiere un quórum de cinco integrantes. Ante el entrampamiento, Mesía renunció al cargo y asumió Vergara, quien convocó a elecciones para el miércoles 3.
Al cierre de edición, los magistrados buscaban la conciliación, aunque Landa advirtió que la segunda convocatoria era inválida. “Tampoco tenían quórum para hacerla”, explicó. Calle, sin embargo, confió en que se alcance la armonía. Pero remarcó: “No debe haber aún una reunión para candidaturas, primero debemos lograr la concordia”.
Quedó clara la confrontación entre dos sectores: Mesía, Vergara, Eto y Álvarez, por un lado, y Landa, Beaumont y Calle, por el otro. La elección del presidente requiere cinco votos, de modo, que se avizora una segunda vuelta entre Mesía y Beaumont, que confirmó su postulación, mientras Calle lo estaba evaluando el martes por la noche.
Las conversaciones entre estos flancos buscaban una candidatura de consenso. Mesía no ha renunciado a su pretensión al cargo. La negociación tomaría varios días.
Mesía asumió la presidencia interina en julio pasado, cuando renunció el titular César Landa. Entonces, el TC había aceptado una queja constitucional presentada por el IDL (Instituto de Defensa Legal) contra el habeas corpus del marino Teodorico Bernabé Montoya, acusado en el caso de El Frontón. Mesía, de confesa filiación aprista, votó a favor del IDL. De pronto, los directivos administrativos del TC fueron cambiados, según fuentes enteradas, por no haber advertido la papa caliente. Éste habría sido el detonante para la dimisión de Landa.
Beaumont, Calle, Eto y Álvarez llegaron al TC en setiembre del 2007 y dejaron a Landa y Vergara en minoría, con Mesía al centro. Luego se dieron los reacomodos.
El martes 25 de noviembre, Mesía aseguró a Ideele Radio que no iba a postular. Pero sus colaboradores confiaban en su próxima elección. Con cinco meses en el cargo como interino, tenía el derecho de postular para los dos años que dura el mandato. Sus tirrias con Calle y Beaumont, empero, le pasaron la factura, frustrando la votación.
En los últimos años, el TC ha sumado a sus activos la eliminación del “ruleteo” de demandas judiciales por parte de los casinos y tragamonedas. Asimismo, la celeridad de sus procesos le ha valido la admiración del presidente del Poder Judicial, Francisco Távara. Solo en el 2007, el TC resolvió 9,000 expedientes de temas constitucionales.
El próximo presidente de este Tribunal deberá resolver la queja constitucional sobre el caso El Frontón, programada para el 20 de diciembre, postergada desde agosto pasado. El IDL espera que el TC revoque el fallo de la Tercera Sala Penal para reos libres de Lima, que archivó el caso. Pero aclara que ni el presidente Alan García ni el vicepresidente Luis Giampietri se sentarán en el banquillo de los acusados, sino meramente el de testigos.
Las movidas partidarias no están al margen en este pleito. Mesía y Calle tienen vinculación aprista. Landa y Vergara, en tanto, ingresaron apoyados por el “toledismo”. Eto lo hizo con la anuencia de la bancada “humalista”. Beaumont y Álvarez fueron promovidos por Unidad Nacional.
Calle ha pedido 10 días “para pensar bien el tema”, y si nos atenemos a sus palabras el pleito tiene para largo en el TC, un ente que en los últimos sondeos tenía un 27% de aceptación ciudadana, pero a raíz de los últimos acontecimientos ese porcentaje podría caer. (David Pereda

‘No Soy Fujimorista’

Entrevistas :::: A puertas de elección en la Corte Suprema, vocal Javier Villa Stein responde a cuestionamientos.
‘No Soy Fujimorista’
De ser electo presidente del Poder Judicial, Villa Stein habrá coronado una meteórica carrera judicial con cuatro años en la Suprema.De ser electo presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein habrá coronado una meteórica carrera en la Corte Suprema, este jueves 4.
Villa Stein es presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria y se afirma que lleva todas las de ganar.
La presencia de Francisco Távara, presidente del PJ, y de César San Martín, presidente de la Sala Penal Especial que juzga a Alberto Fujimori, en la presentación del libro ‘Derecho Penal Parte General’ de Villa Stein, fue interpretado como un tácito reconocimiento a su candidatura, el pasado martes 18.
El futuro presidente del Poder Judicial tendrá la enorme responsabilidad de elegir al Tribunal que vea la posible apelación de Fujimori y, sobre todo, deberá tratar de recobrar la confianza de la opinión pública en el PJ, que cuenta con un 78% de desaprobación, según la última encuesta nacional de Apoyo.
Las opiniones de Villa Stein sobre los “vladivideos” y la creación de los juzgados ad hoc anticorrupción, en el 2001, lo tiznaron como fujimorista. El magistrado admitió a CARETAS haber asesorado a la ex Fiscal de la Nación, Blanca Nélida Colán, durante el régimen de Fujimori. En la década de los 90’s., postuló al decanato de Derecho de San Marcos y a la Defensoría del Pueblo, sin que las fichas lo favorecieran.
Ahora confronta tres candidaturas rivales, la de Manuel Sánchez Palacios, Luis Almenara y Elcira Vásquez. El lunes 1, Villa Stein concedió una amplia entrevista a CARETAS y respondió a cuestionamientos en su contra. Aquí sus declaraciones.
–De ser elegido presidente de la Corte Suprema, ¿qué cambios realizará? –En el ámbito jurisdiccional, procurar el mayor acceso a la justicia con rapidez y transparencia. Propongo formar una comisión de coordinación con el Congreso de la República para propiciar una legislación procesal en los ámbitos involucrados que resuelvan este asunto.
–Hace dos años el Dr. Távara hablaba de conversar con el Congreso... –No es un tema de hablar con el Congreso, sería una declaración vacía de contenidos, yo hablo de formar una comisión, así como la comisión de coordinación presupuestal...
–Que no funciona. –Sí funciona.
–¿Hace cuánto? –Yo la he integrado con Lecaros.
–Recién. –Este año, sí, con el Dr. Távara. Nos hemos puesto bravos y ha funcionado.
–¿Cómo lidiar con la carga procesal? –He presidido una Sala Constitucional y tres Salas Penales. Hay cosas que se pueden resolver mejor usando nuestros propios recursos, una de ellas es bajar de un solo plumazo cientos de miles de expedientes en la Sala Provisional en coordinación con el Congreso y el Ejecutivo porque sabemos de antemano cómo van a fallar las causas en esa materia.
–¿Qué esperan del Congreso y el Ejecutivo? –Por ejemplo, en los casos jurisdiccionales existen 8 mil a 10 mil expedientes cuyas soluciones son exactamente iguales y, sin embargo, el Ejecutivo sigue apelando, la ONP sigue interponiendo recursos.
–¿El Estado es el principal enemigo de la reforma del PJ? –No es un tema de enemigos, es parte de la ineficiencia general del Estado. He dicho y lo ratifico: la reforma del Poder Judicial tiene que darse dentro del marco de una reforma general del Estado. He escuchado la propuesta de multiplicar el número de jueces. El principio de Peters nos dice que no es cuestión de multiplicar empleados para resolver problemas, hay que racionalizar los existentes y establecer los mecanismos de flujo.
La Apelacion De Fujimori–Vamos a los temas polémicos. Hace dos años lo entrevisté y me dijo que los vladivideos eran pruebas prohibidas. ¿Aún piensa igual? –Lo dice la Constitución. Toda prueba obtenida en violación de derechos fundamentales es ilegal. A partir de una determinada prueba prohibida, el fiscal no puede cruzarse de brazos, puede empezar a obtener pruebas directas. Si esto se hace, no hay ningún problema.
–Dos vladivideos están siendo utilizados en el juicio a Fujimori. –No todos los valdivideos eran pruebas prohibidas. Por ejemplo, hay vladivideos puestos en autograbación y ocurridos en recintos del Estado, públicos, con el consentimiento por lo menos de uno de los protagonistas, ese es un tema que no tiene por qué servir como prueba prohibida.
–Hace cinco años usted dijo lo siguiente: “Si bien se encontró tres cuentas bancarias de Montesinos, no se concluye que el dinero se haya originado de un delito”. ¿Por qué? –Es muy sencillo. Uno puede encontrarle cuentas bancarias a Satanás y eso no necesariamente prueba que se haya generado delito. Cuando comienzan las cosas, eso no probaba nada. ¿Acaso prueba algo? ¿Si yo tenga tres cuentas bancarias acaso prueba que soy coimero?
–Pero si uno tiene un sueldo de S/ 16,000 y se le descubre cuentas por US$ 1 millón, ¿eso no es algo sospechoso? –Yo no he dicho que no es delito, a priori no es delito, tiene que explicar sí porque es funcionario público. Se invierte la carga de la prueba y tiene que probar. Y él declaró una serie de cosas que podrían explicar perfectamente por qué tenía dinero. Si no lo explica, allí le aplican el rigor. Pero a priori, decir que una persona tiene tres cuentas corrientes comete delito...
–También dijo: “Para mí el tema (Calmell del Solar) es atípico. Creo que hay una cacería de brujas”. –No me acuerdo bien el caso, pero que yo sepa en Chile no le quisieron conceder la extradición porque consideraron que es atípico, y la legislación peruana en esa materia es similar a la suya.
–Otra frase suya: “En el caso de los hermanos Wolfenson veo una vendetta que busca castigar a los medios incómodos al gobierno”. –No recuerdo el caso concreto pero el esclarecimiento de los delitos y de las ideas de los actos de corrupción tienen que hacerse con dignidad. Yo apelo a eso. Yo noté en ese momento mucha beligerancia, mucho encono.
–¿Sigue viendo una vendetta? –No, en el caso concreto y después de esclarecidos los hechos pareciera que se cumplió la ley como corresponde.
–Sobre el caso Fujimori, opinó: “Es un tema complicado que creo se ha politizado”. –No podemos negar que en un juicio a un ex presidente de la República necesariamente tiene un componente político y eso trae consigo apasionamiento de uno y de otro lado. Felizmente el juzgamiento está en muy buenas manos.
–¿Quién presidiría la Sala que verá la apelación del proceso a Fujimori? –Todos los jueces supremos en principio reúnen las condiciones, tendríamos que ver primero la especialidad. No podemos prejuzgar ni suponer que alguno es mejor que el otro porque eso sería una falta de respeto para los magistrados y para la presidencia del PJ. Eso demostraría que el presidente es un titiritero, y si salgo elegido, no lo seré. Elegiré a quien tenga que elegir, cuidando que sea un tribunal que despierte aquerencia, confianza en la opinión pública, eso desde luego.
–¿Elegiría a su amigo Robinson Gonzales? –No, no me dé nombres.
–La percepción pública ve a Robinson como fujimorista. –No podemos descalificar de antemano a nadie. Lo que digo es que tendríamos que poner a una persona que suscite confianza, pero hay unos que pueden suscitar más confianza que otros. En pro de la paz y en pro de la aceptación mayoritaria de los fallos, es importante que se busque a las personas que no vayan a suscitar dudas sobre su imparcialidad. Lo que sí debe quedar claro en tanto el juicio actual (a Fujimori) como el que viene –si es que viene– es que tiene que ser imparcial.
–El temor de la opinión pública es que usted llegue a la presidencia y luego... –Yo tengo una virtud que no tienen otros, jamás milité en el fujimorismo.
Cutras Y Corruptelas–¿Qué cuestiona de la nueva ley de Carrera Judicial? –La ratificación es un instrumento anacrónico, es un vejestorio.
–Está chocando contra el CNM. –Está bien, a mí no me preocupa chocar, primero que ellos no me van a elegir y, segundo, la ratificación es cada siete años, así que no hay problema.
–¿Peleará para que el CNM cambie su conformación? –Diría que voy a debatir. Además, el tema es un acuerdo de la Sala Plena. El juez va a tener que trabajar en pindinga y cada tres años será evaluado. Es un ataque frontal a su autonomía, a partir del supuesto que el juez es un corrupto, un bandido, un facineroso. Me resisto totalmente a esa percepción de culpabilidad crónica. Aquí hay jueces de una calidad magnífica, que con sólo insinuarles la ratificación, ya los están ofendiendo. Si la ratificación tiene que darse, que se dé, pero no apurando los plazos. Es peligroso ponerse a merced del evaluador de turno.
–¿Es peligroso? –Muy peligroso. Al corrupto hay que botarlo al toque, no hay que esperar siete años. Hay que activar mecanismos más bien de separación instantánea, no por criterio jurisdiccional, sino por actos de corrupción.
–¿Cada cuánto tiempo debería ratificarse a los jueces? –Siete años está bien. Usted no sabe la cantidad de presiones que pueden surgir por el tema de la ratificación.
–¿Qué más plantea? –Que se reactive el Consejo de Estado, integrado por los presidentes de poderes del Estado y algunos organismos autónomos, por ejemplo, el TC. La división de poderes no significa que cada quien vaya por su lado.
–¿El TC y el PJ están enemistados? –No, pero eso podría resolverse con una sala dentro del PJ y dentro de la Corte Suprema, que la Sala Plena se autocomponga como Tribunal Constitucional Supremo, o que se haga una Sala Constitucional con todos sus recursos.
–¿Y desaparecer al TC? –No, simplemente lo convertimos en parte de la Corte Suprema por un tema de eficiencia y racionalidad en el Estado,
–¿Propondrá eso? –Ya la hice como vocal de la Corte Suprema. Para evitar incoherencias, para evitar la duplicidad de gastos yen beneficio de la racionalidad, se integren a la Corte Suprema, que vengan con sus pertrechos.
–¿Cuál es su postura ante la labor de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA). –La OCMA es muy importante, pero se debe insistir en la prevención. No creo que el índice de corrupción se mida por el número de jueces destituidos. El día que no haya jueces destituidos estaremos por buen camino.
–¿Hay mucha corrupción en el PJ? –Más hay corruptela. –¿Cuál es la diferencia? –La “cutrita”, la corrupción menor.
–Pero ambas son dañinas. –Sí, pero hay que buscar a la gran corrupción, a la megacorrupción, si es que hubiese. Y además habría que reunirse con los Colegios de Abogados. Si se investiga al milímetro a los jueces sería interesante que a todo abogado que litiga y firma escritos en el Poder Judicial se le dé el tratamiento que se le da a todo funcionario público.
–El Nuevo Código Procesal Penal, que está siendo implementado, nos deja en una situación de no estar todos iguales ante la ley. –Planteo que el Código se implemente de inmediato y para todos los distritos empezando por Lima. Esa propuesta ya se la hice al ministro de Economía. Tenemos que sentarnos con la Fiscalía y ver la forma de implementarlo en el más breve plazo. (Roberto More)

Premio Nobel de Economía brindará una conferencia y premiará 32 investigadores peruanos

Premio Nobel de Economía brindará una conferencia y premiará 32 investigadores peruanos

El economista noruego Finn E. Kydland por su contribución a la macroeconomía, llegó esta madrugada al Perú acompañado de su esposa Tonya.
Kidland llegó invitado por el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES) para inaugurar el XIX Seminario Anual CIES 2008 “Perú frente al escenario global 2009: retos y opciones de política”, el evento anual más importante de la academia peruana en el que se dan a conocer los estudios sobre empleo, salud, macroeconomía y otros recientemente culminados.
Tras su ponencia, Kydland premiará a 32 investigadores sociales (economistas, sociólogos, antropólogos) procedentes de todo el país, ganadores del Concurso de Investigación CIES 2008 quienes desarrollarán sus propuestas con aportes de políticas públicas a favor de diversos sectores: empleo, salud, educación, pobreza, finanzas públicas, análisis sectorial, macroeconomía y economía internacional. El año pasado para esta misma ocasión, el CIES invitó al Perú al Premio Nobel de Economía 2001, Joseph Stiglitz.
De este modo, el CIES cumple con su propósito de fortalecer capacidades de la comunidad académica peruana, producir y diseminar conocimiento útil para los analistas y agentes de decisión en el sector público y la sociedad civil.

POR LA PROMULGACIÓN DE LA LEY DE CARRERA JUDICIAL: ESPERANDO AL PODER EJECUTIVO

Gran responsabilidad entre manos. El Congreso de la República, luego de largas sesiones en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, y en el Pleno, dejó expedita al Poder Ejecutivo (y por segunda vez) la autógrafa de la Ley de Carrera Judicial. Así, está en manos del Ejecutivo, no sólo dar el paso histórico de terminar de gestar la ansiada Ley de Carrera que dote de mejores garantías jurídicas a nuestros jueces; sino que además, este poder del Estado tiene ante sí la más clara oportunidad de demostrar una clara apuesta (o el más claro entrampamiento) por la reforma institucional de la Justicia. ¿La perderá?
Los motivos, para promulgar la autógrafa de la ley, además de la extensa espera en el tiempo y la conveniencia de no perder esta oportunidad, son muchos (ver: La carrera judicial y la responsabilidad del ejecutivo por promulgar una ley que cae de madura). Cierto es que la ley no es perfecta, pero en relación a la inidónea y desordenada regulación con la que contamos (y de la que dependemos ahora, sólo por la voluntad del Ejecutivo), la autógrafa representa una norma superlativamente superior. Entre sus bondades está no sólo el ser la primera normatividad ordenada, coherente y sistemática sobre el estatuto del magistrado; sino también, la consolidación de los avances significativos en materia de selección de magistrados realizados por el CNM; la superación del inicial mecanismo de las ratificaciones y la mejora del sistema de faltas y sanciones del control disciplinario.
Es tiempo, pues, de culminar este estructural paso en la reforma de la justicia en el país. Mucho se hizo desde la sociedad civil, los propios poderes del Estado como el Congreso de la República y el mismo Poder Judicial, para perfilar el consenso alcanzado. La marcha no fue fácil, y por ello mismo crece la responsabilidad del Poder Ejecutivo. Se han indicado ya algunas contadas y presuntas inconstitucionalidades de la regulación aprobada, las mismas que bien pueden ser el siguiente paso a llevarse a cabo (es decir, modificarse), una vez aprobada la tan esperada Ley de Carrera Judicial; de lo contrario, cabe el riesgo (casi certero) de volver todo el esfuerzo a cero por quién sabe cuánto tiempo más. Esperamos, por el avance de la reforma, que el Ejecutivo culmine esta reforma estructural, al dar cuenta que realmente hay muy poco que perder, y mucho, mucho más que ganar.(Cruz Silva Del Carpio)

POCO POR FESTEJAR, MUCHO POR HACER:DÍA MUNDIAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

Por cada derecho que, a pesar de estar por todo lo alto reconocido, se haya paradójicamente violado, nace un día para celebrarlo; o quizá mejor sea decir recordarlo, a fin de remembrar su importancia y, como correlato, concientizar a las personas, algunas serán las que detentan el poder (los que tienen el deber de cumplir con el derecho). Pero antes que nada, será para llamar la atención de aquellas que son sus titulares, la población, pues es necesario que sepan qué ostentan, y por qué es relevante que se organicen para que lo exijan. Eso es lo que sucede, consideramos, con el Día Mundial de Acceso a la Información, conmemorado cada 28 de setiembre.
En el tema del acceso a la información, qué duda cabe, subyace un conflicto político. Poniendo por un momento en suspenso las posiciones más optimistas, es claro que a los políticos y funcionarios deshonestos les conviene que se conozca lo menos posible sobre sus actividades. Y al revés: mientras más informada esté la población, existe más presión para el cumplimiento de los mandatos públicos, y menos probabilidades de que las funciones públicas se tuerzan. De ahí que se haya dicho, con razón, que la información es un bien, que por su importancia es muy costoso, y como tal, tienda a ser monopolizado por los que tienen el poder para hacerlo. Conscientes de ello, el 28 de septiembre del 2002, distintas organizaciones dedicadas a promover el derecho de acceso a la información en todo el mundo, se encontraron en Sofía, Bulgaria; y crearon una red de promotores y defensores de este derecho con el objeto de generar gobiernos más transparentes y ciudadanía mas informada. La consigna entonces, es romper con el monopolio de la información.
El Perú tiene las mejores condiciones para que esta democratización de la información no se lleve a cabo. Kahhat nos dice por ejemplo que, cada nuevo gobierno, hereda no un poder institucionalizado, sino, al parecer, un mandato amplísimo, donde la población da la misión para solucionar sus problemas, y las formas no importan mucho[1]. En ese escenario, pues, andar dando cuentas sobre lo que se hace o deja de hacer, no parece ser lo más eficaz.
Pero esa idea se rompe cuando tomamos conciencia de que lo importante para la gobernabilidad de un país, pasa por evitar que el Estado gobierne de espaldas a la Sociedad Civil, o peor aún que la confronte, como parece estar sucediendo hoy en día. Al contrario, la Sociedad Civil, no sólo cumple un rol puramente fiscalizador, sino que al hacerlo, en realidad sienta las bases para que el Estado decida con democracia, con inclusión y justicia.
El contexto actual, sobre todo el de hace algunas semanas, pinta un panorama angustioso. Desde el Estado, vemos que en el Congreso está en todo su apogeo una cultura del secreto. Y cómo no pensar eso cuando ante la demanda legítima de la población a fin de que los parlamentarios hagan público las justificaciones de sus gastos operativos, nos encontramos con una pared, actitud que da entender que los referidos gastos se están usando como un “complemento” a su remuneración mensual. El Ejecutivo tampoco se queda atrás. La Defensoría del Pueblo ha criticado que la Presidencia del Consejo de Ministros no cumple con el encargo, establecido en la Ley de Transparencia, de informar al Parlamento sobre la cantidad y el estado de las solicitudes de información hechas a las entidades estatales. Ahora bien, si el Congreso no da muestras de que la ley se cumple en la propia casa, cabe preguntarse qué sentido tiene que se le dé cuentas a este desprestigiado Poder. Y los ejemplos pueden seguir.
Olvidado, como decíamos, está el derecho de acceso a la información, a pesar de encontrarse expreso en la ley N° 27806 de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuyo artículo 3 dice:
"Artículo 3º.- Principio de publicidad
Todas las actividades y disposiciones de las entidades comprendidas en la presente Ley están sometidas al principio de publicidad.Los funcionarios responsables de brindar la información correspondiente al área de su competencia deberán prever una adecuada infraestructura, así como la organización, sistematización y publicación de la información a la que se refiere esta Ley. En consecuencia:
Toda información que posea el Estado se presume pública, salvo las excepciones expresamente previstas por el Artículo 15º de la presente Ley.
El Estado adopta medidas básicas que garanticen y promuevan la transparencia en la actuación de las entidades de la Administración Pública.
El Estado tiene la obligación de entregar la información que demanden las personas en aplicación del principio de publicidad."
Desde nuestra tribuna, nos interesa sobremanera que esta ley sea cumplida de cara a la elección del nuevo Presidente del Poder Judicial. Contamos con que el valor y la utilidad que entraña esta norma, sea el ánimo con que se lleve a cabo tan importante proceso de selección. Estaremos atentos a su desarrollo. (Julio Avellaneda Rojas)
[1] KAHHAT, Farid. “Sociedad Civil y Gobernabilidad Democrática”. Lima: PUCP. Departamento de Ciencias Sociales. 2000.

EJECUTIVO VS LEGISLATIVO

A caso recordando el dicho que la mejor defensa es el ataque, el gabinete ministerial en pleno acudió al Congreso el día de ayer a dar su versión de los hechos de corrupción que han ocasionado la peor crisis política desde el derrumbe del fujimorismo. Sin embargo, en pleno uso de sus atribuciones, los congresistas se negaron a recibirlos, argumentando la independencia de poderes y que había una invitación pendiente para el próximo martes.
La posición del Congreso es defendible, puesto que el artículo 129 de la Constitución, que autoriza a los ministros en pleno o individualmente a intervenir en el debate, se refiere, obviamente, al tema que se trata en agenda, la cual es fijada previamente por la Junta de Portavoces. Esta agenda solo puede ser variada previo acuerdo de la misma Junta y no a voluntad o capricho de los ministros, de lo contrario el Legislativo quedaría subordinado a lo que el Ejecutivo decidiera, y no hay tal.
La negativa motivó que el premier Del Castillo diera una conferencia de prensa en el Legislativo denunciando la actitud del pleno, la misma que fue respondida por la oposición, cuyos dirigentes sostuvieron que el gabinete había intentado sorprender al Legislativo y que había que respetar la relación entre poderes del Estado, ya que si se hubiera admitido el cambio de agenda el gabinete habría procedido a exponer su punto de vista sin intervención de los parlamentarios, con lo cual la sesión de interpelación del martes 14 quedaba sin objeto.
Hay que agregar que el doctor Del Castillo ha empleado la táctica, para muchos equivocada, de colocar a los dirigentes de la oposición en el mismo saco, argumentando que por haber pedido la renuncia del gabinete, la lideresa del PPC Lourdes Flores se ha vuelto tan radical como el nacionalista Ollanta Humala, y que ambos se encuentran ya en temprana carrera electoral. Este hecho es discutible, puesto que medios e instituciones que nada tienen que ver con lo electoral han demandado lo mismo.
Como sea, y actuando en coherencia con lo ocurrido, el premier Del Castillo anunció que el gabinete se dirigía a Palacio a poner sus cargos a disposición del presidente García, un gesto en el que ya habían sido precedidos por el ministro de Salud Hernán Garrido-Lecca, quien horas antes había hecho renuncia al cargo, siguiendo el camino tomado días antes por el ministro Valdivia, aunque no por las mismas razones.
Con lo cual la crisis política suscitada llegó a su punto culminante y a manos de quien debe tomar la máxima decisión. Corresponderá al Presidente evaluar si de algún modo puede continuar con este gabinete desgastado y prolongarle artificialmente la vida hasta la cita del APEC o, por el contrario, aceptar las renuncias presentadas y proceder a nombrar un nuevo presidente del Consejo de Ministros y un Ejecutivo renovado.

el comentario del mes que paso

Empesamo el mes de setiembre con mas de 160 conflictos sociales y tambien con un aumento de 0.20 centimos de pasaje en los colectivos y de 0.50 en las combis lo que hace que si uno antes gastaba 6 soles ahora tendra que hacerlo con 7.40 centimos lo cual equivale a una inflacion de casi 25% . alguien puede decirnos ahora que existe una seriedad en las ultimas cifras de pobreza que tan ponposamente anuncia Garcia, cuando nos dicen que tenemos una inflacion de de entre 3 y 4 puntos porcentuales cuando tal y como lo demuestra la realidad estamos en casi 25 %, es decir si nos mienten en algo tan evidente que podemos esperar de las cifras del Inei que por medio de metologias inadecuadas pero buenas en el maquillaje politico nos colocan en el mejor de los escenarios.BASTA, ca ves me convenzo de la ineptitud de este gobierno y de su clase politica, que claro en complicidad con nosotros se hizo del poder. por si ps aunque nos duela admitirlo somos nosotros quiens elegimo a esa satrapa de transfugas y politicos que nos gobiernan,y que decir de la maxima autoridad eclesiastica, quien en plena misa de Santa Rosa de Lima se mando con todo contra la comision de la verdad , cuyo error fue enrostrarnos en la cara el pais que fuimos y que no debemos seguir siendo, a 5 años del imforme poco se ha discutido este tema tan importante para el pais, pues solo viendo lo que hemos sido podemos aspirar un cambio.Bueno nada mas por ahora, ya que le are caso a mi recordado ex compañero de la facultad de ciencias de la comunicacion, quien me dijo que seamos mas positivos, haciendole extensivo mis felicitacion por hallarse laborando en radio Yanacancha nada mas y nada menos la radio de Antamina.Bueno ps a ponerse las pilas

SE VIENE UNA NUEVA AMNISTÍA?EL PROCESO DE JUSTICIA EN LOS CASOS DE VIOLACIONES A LOS DDHH

Si bien el escándalo de los negociados del petróleo marcó los énfasis del discurso presidencial en el aniversario del Combate de Angamos, no menos importante resultaron los términos en los que el doctor García se refirió al proceso de judicialización de violaciones a los derechos humanos, al que calificó de una “persecución política contra los que defendieron la democracia”.
Sinceramente, no debería extrañarnos este discurso del Presidente de la República, ya que desde el inicio de su segundo mandato ha definido muy claramente una agenda política contraria al proceso de judicialización de violaciones a los derechos humanos, cometidas años atrás. De hecho, la presencia del almirante Giampietri y su alianza con el fujimorismo han sido dos soportes fundamentales de esa agenda política.
Lo nuevo no ha sido la calificación de persecución política a las investigaciones o procesos judiciales en curso contra efectivos de los institutos armados, sino algo que pone en evidencia una decisión política que habría sido asumida en las más altas instancias del gobierno. El Presidente en su discurso del 8 de octubre último ha solicitado públicamente al Congreso de la República trabajar conjuntamente para resolver el problema de “esa persecución” contra los militares.
No hay que ser muy perspicaces para concluir que el Presidente de la República está proponiendo al Congreso interferir en las investigaciones y los procesos judiciales, porque desde su particular perspectiva eso no lo pueden seguir permitiendo. ¿Para qué quiere interferir? Muy simple. Para cerrar esas investigaciones.
En la actualidad existen varias decenas de casos de graves violaciones a los derechos humanos, en los cuales el Poder Judicial ha decidido abrir proceso penal contra efectivos de las FFAA y de la PNP, como consecuencia de que las investigaciones dan cuenta de la existencia de pruebas suficientes que determinan diversos niveles de responsabilidad penal, en quienes perpetraron materialmente los crímenes y quiénes dieron las órdenes para cometerlos. Por lo tanto, no estamos ante un abuso, sino ante una acción de la justicia.
Si ésa es la decisión del Presidente de la República es evidente que la amnistía para militares acusados de violar los derechos humanos, sistemáticamente exigida por Giampiteri y el diario La Razón, es un proceso político que se ha puesto en marcha, porque consideran que las circunstancias políticas lo permiten. Ciertamente, no estamos ante un exabrupto del Presidente. Se trata de la puesta en marcha de una estrategia política en la cual sectores del APRA y el fujimorismo coinciden de manera absoluta, y que tiene al Presidente y al Vicepresidente como sus principales promotores (coincidentemente, ambos relacionados al caso de la matanza de El Frontón).
Recordemos que este gobierno creó un mecanismo para que el Estado pague la defensa legal de militares involucrados en este tipo de casos, las permanentes críticas a los fiscales y jueces encargados de las investigaciones de derechos humanos, las declaraciones presidenciales en clara defensa de Fujimori, la sistemática negativa de información de parte del Ministerio de Defensa en casos como la matanza de Putis, así como la reciente exigencia de la Comisión de Defensa del Congreso al Poder Judicial y a la Defensora del Pueblo para que explique qué están haciendo con los procesos de casos de derechos humanos.
Si todo ello ha tenido como objetivo presionar políticamente a las instancias del Ministerio Público y del Poder Judicial para que las investigaciones no avancen, y a pesar de todo esto han avanzado, entonces el Presidente ha tomado la decisión de impulsar un mecanismo que interfiera en la continuidad de esas investigaciones y que cierre definitivamente el proceso de judicialización.
El hecho es particularmente grave, toda vez que significa una descarada expresión de interferencia política en la acción legítima de un poder del Estado, alentada por el mismísimo Presidente de la República. También significa un evidente desprecio por la justicia y por las miles de víctimas, y una inmensa voluntad de impunidad desde las más altas esferas del régimen.
Habrá que preguntarle al presidente García si su iniciativa comprenderá al acusado Alberto Fujimori, o tal vez a los miembros del destacamento “Colina”, o quizás a Telmo Hurtado, a los militares responsables de la matanza de Cayara, o de la matanza de El Frontón, o de la matanza de Putis. ¿A quiénes?
Nuestra historia reciente nos demuestra que la vigencia del Estado de Derecho en el Perú tiene en la justicia y en la eliminación de toda forma de impunidad una pieza clave que, bajo ninguna circunstancia, pueden ser desconocidas o sometidas a intereses políticos o personales. (Carlos Rivera Paz

EDITORIAL DE AGOSTO

EDITORIAL DE AGOSTO

Ya esta llegando el 30 y nos preparamos para otra fiesta patrona en honor a Santa Rosital, mas cabe preguntarse, si nuevamente la juventud será el gran ausente, en estas festividades, si nuevamente estaremos todos en la discoteca.A Catac ya nadie lo detiene en su desarrollo económico como el abanderado del de desarrollo pecuario y comercial, pero también es pertinente preguntarse ¿que tipo de sociedad estamos desarrollando?, y es que aunque nos duela admitirlo somos participes de una generación alienada, sin conciencia social, ni histórica, entrados al día a día sin mas ni mas.De quien es la responsabilidad? vamos a seguir con la frase trillada y en verdad retrograda, de seguir pensando que la educación viene de casa y nada mas . Pues creo que no, ya que la sociedad, el medio en el que nos desarrollamos , nos condiciona y no somos mas que el reflejo de una sociedad que no ve en su juventud , ni en su niñez su real futuro,En autoridades ediles que lo dejan todo en el ejemplo de García la tan mentada reforma del alma, pero creen ustedes que la Francia de la revolución y cuna del constitucionalismo se desarrollo solo por la voluntad individual, carente de ideología y conocimientos, no. fue gracias al iluminismo, que llevo la enciclopedia al pueblo y creo conciencia humanista, acaso alguien cree que puede ver reforma del alma. En medio de una crisis educativa como la nuestra, de salud y de justicia que contrasta con nuestra "bonanza" económica. En medio de grandes ejemplos cívicos como Velásquez Quesquen, Torres caro el tal Gutiérrez de UPP con partidos políticos como el APRA, UPP , Y EL FUJIMORISMO. Con representante dizque de la juventud en el congreso como Luciana león que hace poco en el colmo de la soboneria dijo: que sin lugar a dudas Garcia era el presidente de la juventud alguien con un mínimo de raciocinio puede creer esto.Alguien puede entender tanta pobreza y exclusión social en medio de un modelo desastroso para las grandes mayorías pero “exitoso para las minorías empresariales “amparada en una constitución ilegitima. Creo que no.Mientras se nos dice que Ancash tiene mas canos que cualquier otra región. Y no vemos ni un juzgado nuevo, ni mucho menos un hospital nuevo alguien puede entender esta riqueza que nos cuenta como nuestro los miles de millones de dólares que exportan las empresas mineras cuyos montos no se gastan acá,Bueno amigos compañeros de la facultad de derecho, amigos cataquinos, espero reanimar el debate, aunque ya me acostumbre a escribir y responderme solo y es que la conciencia social y la ideología no existe ya casi en esta juventud indiferente y pacata de la que debemos escapar.No hacerlo es simplemente optar por el anonimato y el silencio complice,de lo que las generaciones futuras nos pediran cuentas.atte.wilmer esteban

CURRICULUM VITAE DE WILMER

CURRICULUM VITAE DE WILMER

I. DATOS PERSONALES:

Apellidos y Nombres: Castillo Gamarra Wilmer Esteban.
Fecha de Nacimiento: 17 de Setiembre de 1985
Lugar de Nacimiento: Provincia de Recuay - Ancash
DNI. Nº:

Estado Civil: Soltero
Dirección: Av. 31 de Mayo Nº 1401
Teléfono: 043 444559
Celular: 043 943077184 (movistar)
043 943578014 (claro)
E- mail: wilmercastillo4@hotmail.com

II. ESTUDIOS:

- Primaria: I.E. “César Vallejo Mendoza” – Cátac.(1992 -1997)
- Secundaria: I.E. “César Vallejo Mendoza” – Cátac.(1998 – 2002)
- Estudios Pre Universitarios en el área de Humanidades de la academia ADUNI- Lima .(2003)
- Estudios en la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Educación Y Ciencias De La Comunicación de la Universidad Nacional de Ancash Santiago Antunez de Mayolo- Huaraz.(2004 -2005)
- Estudios de ofimática en el Instituto superior tecnológico CESCA- Lima .(2006)
- Estudios de Derecho en la Escuela de Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Ancash Santiago Antunez de Mayolo- Huaraz.(2007 a la fecha)

III. EXPERIENCIA LABORAL:

- Editorial hílder: área de producción: – 2002 (febrero –abril).
- Editorial hílder: área de producción: – 2003 (enero –diciembre).
- Editorial hílder: área de distribución: – 2004 - 2005 (noviembre–mayo).
- Editorial hílder: área de ventas: - 2005 -2006 (diciembre – Mayo).
- Editorial hílder: área de ventas: – 2006 - 2007 (diciembre – mayo).
- Levantamiento topográfico de los tramos Catac – Túnel de Cahuish- ; Túnel de Cahuish–Huari, para el plano elaborado por la empresa TOPOMATIC.S.R.L.para la elaboración del expediente técnico de dicha obra. 2008 (mayo – Junio).
- Propietario y Administrador de “MWJ” INTERNET - LOCUTORIO. En Catac desde marzo del 2006 a la fecha.

IV. CERTICICADOS:

- Censos Nacionales 2007 XI de Población y VI de Vivienda: Instituto Nacional de Estadística e Informática.(Censador rural)

- I Congreso Nacional de Derecho Procesal Penal realizado por la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión de Huacho. Con un valor de 51 horas académicas, donde se analizo la puesta en marcha del nuevo código procesal del 2004 que paulatinamente se viene implementándose en todo el Perú.

-Congreso Latinoamericano , Iberoamericano Y Nacional de Derecho Penal organizado por la Universidad Mayor de San Marcos, en el Centro de convenciones del Hotel del Maria Angola con un valor de 60 horas academicas.Donde se analizaron por ponentes nacionales como extranjeros los retos y desafios del Derecho Penal.



Cátac, 17 de septiembre del 2008

LA IMPRESCRIPTIBILIDAD DEL CASO FRONTON

El día miércoles 27 de agosto del 2004 se llevó a cabo la vista de la causa convocada por el Tribunal Constitucional (TC) para estudiar el Recurso de Agravio Constitucional presentado por el IDL a favor de los familiares de Nolberto Durand Ugarte y Gabriel Ugarte Rivera, víctimas de los hechos ocurridos en el Penal “El Frontón”, contra la decisión de la Tercera Sala Penal con Reos Libres, en la cual se declara que el delito (asesinato) ha prescrito.
Como se recuerda, Teodorico Bernabé Montoya, uno de los 24 marinos denunciados por el Ministerio Público en su denuncia ampliatoria por los hechos de “El Frontón”, presentó una demanda de hábeas corpus alegando que la referida denuncia violentaba su derecho a la libertad y seguridad personal, argumentando que era denunciado por un delito prescrito. Este hábeas corpus fue declarado infundado en primera instancia. Sin embargo, la Tercera Sala Penal con Reos Libres –actuando en calidad de segunda instancia– declaró fundado el hábeas corpus y dejó sin efecto la denuncia penal.
EL IDL participó en el informe oral que se desarrolló ante el Pleno del TC señalando que la evaluación del caso debía centrarse en el tema de fondo: los hechos en el Penal “El Frontón” son imprescriptibles.
El IDL manifestó que la resolución de la Tercera Sala Penal con Reos Libros violenta los derechos a la verdad y al acceso a la justicia de los familiares de Nolberto Durand Ugarte y Gabriel Ugarte Rivera, toda vez que deja sin efectos la denuncia ampliatoria del 12 de marzo del 2007. Asimismo, señaló que esta decisión contravenía los alcances de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Durand y Ugarte”, la misma que es vinculante para el Estado Peruano.
En el informe oral se recordó sendos pronunciamientos del TC, en el sentido que los tratados internacionales en materia de derechos humanos y la jurisprudencia de los tribunales internacionales constituyen el bloque de constitucionalidad y, por lo cual, deben ser observados y respetados por las cortes nacionales. En esa línea el TC también ha reconocido de forma fructífera, siguiendo lo señalado por la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Barrios Altos, que no pueden admitirse recursos procesales nacionales para colocar en estado de indefensión y obstruir el derecho a la verdad de las víctimas y de sus familiares afectados por un crimen de esa magnitud.
El IDL hizo hincapié en que los hechos de la Matanza en el Penal “El Frontón” constituían un crimen de lesa humanidad en los términos que lo define el derecho internacional, pues fue un acto perpetrado de forma sistemática, dado que de las investigaciones se evidencia una serie de actos que partieron de decisiones políticas y que culminaron en órdenes dadas a los efectivos de la Marina que participaron tanto en la demolición, como en los asesinatos de los internos del Pabellón Azul.
Sosteniendo precisamente que la naturaleza de los hechos constituye un crimen de lesa humanidad, con independencia a la tipología adoptada por las normas penales internas (como es el caso de las ejecuciones extrajudiciales consideradas como homicidio calificado), determinan el carácter de imprescriptible de estas conductas, consideración que fue adoptada por la costumbre internacional como una norma de jus cogens, por lo que ésta consideración es imperativa a todos los Estados.
Además, el IDL sostuvo enfáticamente que aceptar la prescripción en este tipo de delitos constituiría un mecanismo de impunidad, ya que no solo la sentencia de la Tercera Sala Penal con Reos Libres ha generado que se tenga por no presentada la denuncia ampliatoria, sino que además la defensa de los marinos ha presentado la misma sentencia al proceso penal abierto en enero del 2005, que se ventila ante la Sala Penal Nacional solicitando el archivamiento del proceso judicial. O sea, “dos pájaros de un tiro (de impunidad)”. Estos actos se verían concretados si es que el Tribunal Constitucional decidiera desestimar el Recurso de Agravio Constitucional presentado por el IDL, y declarar fundado el hábeas corpus.
Consideramos que en los actuales momentos, la decisión que emita el TC en el presente caso debe marcar un punto de inflexión en la relación de este organismo con la justicia y los derechos humanos, pero sobre todo en su relación con el poder. Resultan innegables los intereses políticos (de ciertas personalidades involucradas en el caso) que están detrás de este asunto. Por ello la única expectativa que el IDL tiene, y seguramente el país, es que el TC reafirme el sentido de su reiterada jurisprudencia a favor de la tutela y garantía los derechos humanos.El proceso de justicia y de verdad que vive el país determina que no cabe otra alternativa que el pronunciamiento del TC sobre el fondo de la demanda. No caben respuestas o decisiones mediatizadas en argumentos procesales que simplemente busquen evadir el fondo del asunto. La justicia constitucional tiene ahora esta gran responsabilidad.(Mariella Várcarcel Angulo)

¿CVR +5OCVR –5?

¿A qué alude el título? De ninguna manera a que no se ha avanzado nada en el cumplimento de las recomendaciones de la CVR, pues de hecho hay algunos ámbitos en los que han habido avances e importantes.
Hay, por ejemplo, sentencias muy significativas recaídas en delitos de terrorismo, cometidos por Sendero Luminoso y por el MRTA, y también en relación a violaciones de derechos humanos desde el Estado. Ejemplos de las primeras son todas las que la sala antiterrorista, presidida por Pablo Talavera e integrada por magistradas de la talla de Jimena Cayo, han expedido contra los principales mandos de las organizaciones referidas, entre los que están sus jefes máximos Abimael Guzmán y Víctor Polay.
Doble mérito de estos jueces, porque lo han hecho con rostro descubierto y respetando las garantías del debido proceso. Se puede discrepar con el número de años impuesto como pena en uno u otro caso, pero eso es parte de la discrecionalidad jurisdiccional.
Como condenas de violaciones de Derechos Humanos están los casos de Castillo Páez (la primera condena en un país que reporta más de 14000 casos de desaparecidos, y siguen descubriéndose) y la expedida por Inés Villa e Inés Tello respecto al crimen de La Cantuta.
Sin embargo, en este ámbito de la judicialización habría que decir también que últimamente, sobre todo a partir del inicio del Gobierno del Presidente García, las cosas van mucho más lentas, y hasta se podría decir que se han detenido; sobre todo por la poca buena disposición o colaboración de un conjunto de autoridades, como son los casos del actual Ministro de Defensa y ciertos fiscales.
Que Fujimori haya sido extraditado, esté sentado en el banquillo de los acusados y sea esperable su condena por los casos de Barrios Altos, La Cantuta y Secuestros en los sótanos del SIE, después de un impecable proceso en términos de actuación jurisdiccional, fiscal y garantías del debido proceso, es un triunfo que va en la dirección del cumplimiento de las recomendaciones de la CVR. Ello, tomando en cuenta que esta Comisión concluyó que en el caso de Fujimori había encontrado una responsabilidad penal en cuanto a las violaciones de derechos humanos ocurridos durante los 11 años que duró su gestión.
Un triunfo que obviamente nada tiene que ver con la voluntad política del actual régimen que, como ha sido público y notario, en todo momento ha remado en contra. Qué más prueba de ello, que faltando muy poco para sentenciarse en primera instancia, se les haya dado la Primera Vicepresidencia del Congreso y la Presidencia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (esta última tiene entre sus funciones la posibilidad de proponer un antejuicio contra jueces y fiscales supremos) a –respectivamente– el actual médico de cabecera de Fujimori y a alguien como la congresista Moyano, quien nada sabe de la materia pero destaca por ser incondicional con el fujimorismo.
En reparaciones se han creado varias comisiones, cuyos resultados habrá que ver, porque hasta ahora poco se sabe sobre lo que han hecho, ya que sus integrantes han optado por el trabajo en reserva, y algo de plata se ha entregado a algunas comunidades. Esto es parte de lo avanzado pero, salta a la vista, que los hechos y no palabras son absolutamente insuficientes y que el proceso marcha a paso de de tortuga, sobre todo si recordamos la gravedad de lo ocurrido, el tiempo que ha pasado desde el fin de la CVR y desde que ocurrieron las violaciones de derechos humanos.
Pero si bien han habido avances como los mencionados, al referirnos a la “CVR menos - 5”, lo que queremos enfatizar es que en relación a lo esencial del contenido del Informe Final de la CVR , hace ya un buen tiempo que estamos retrocediendo , en el sentido de que vamos en sentido contrario a lo que fueron sus recomendaciones Y este ir como el cangrejo, para atrás, va siendo cada vez más peligroso, puesto que la viada que se va acelerando, al punto que pronto podríamos estar de nuevo en un estado de pre-CVR. Viene la explicación.
Compartimos la opinión de quienes dicen que lo más importante que hizo la CVR fue asumir como verdad una versión completamente distinta, y hasta opuesta, a la que había acuñado y difundido hasta la saciedad Fujimori y Montesinos durante muchos años, sobre 1) lo que había permitido que Sendero Luminoso avanzara; 2) acerca de lo que cambió el curso de la guerra hasta la derrota de SL y el MRTA; y 3) sobre la agenda pendiente de esos años de violencia.
La CVR planteó así que el haber permitido que SL se aprovechara de las grietas políticas, económicas, sociales, raciales y culturales realmente existentes del país, además de las equivocadas estrategias antisubversivas, fue lo que permitió que un grupo terrorista como aquél pusiera en cuestión la viabilidad del país. Y que la derrota de este grupo, y la del MRTA, no fue producto de la mano dura que supuestamente se pudo implementar una vez liberado el país de sus obligaciones democráticas y de derechos humanos a partir del autogolpe 5 de abril de 1992, sino que se debió a la captura de Guzmán, al papel que cumplió la misma población local organizada y al hecho de que los pobres de las ciudades se opusieran también activamente a SL.
Versión que, asimismo, reconoce que SL, con sus actos terroristas, había sido la principal fuente de violencia, pero que las violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado habían sido también sistemáticas por lo menos en algunos periodos y algunas zonas del país.Y esta versión de lo que sucedió durante las décadas de los 80 y 90, opuesta a la que por conveniencia levantaron y sedimentaron en la población Fujimori y Montesinos, constituye el aporte más importante de la CVR, debido a que se trata de una relectura de la historia del país y, en base a ella, de lo que tenemos que hacer, tanto para que no se repitan otros procesos de violencia igualmente de dañinos, como para sanear el legado de la guerra interna que vivimos.
Y es por eso que, transcurridos cinco años desde que la CVR concluyó con sus labores, la pregunta central debe ser: ¿qué tanto los peruanos hemos internalizado esa reinterpretación del proceso que vivió el país y de lo que hay que hacer?
¿Es ésa o no la pregunta principal, en términos políticos, económicos, sociales, culturales y raciales? Lo es. Porque sólo así, asumiendo esta nueva interpretación del país, podemos llegar a la conclusión de que las prioridades de nuestra incipiente democracia deberían ser –tal como coherentemente recomienda la CVR y la realidad nos lo demuestra a diario- el enfrentar la exclusión, la impunidad, la corrupción, la inexistencia de institucionales representativas y eficientes, etc.
Y si asumimos que es ésta la pregunta principal, lamentablemente poco o nada tenemos que celebrar a los 5 años de haberse entregado el Informe de la CVR, pues el país parece encaminarse de nuevo en una dirección contraria a lo recomendado por ella.
Veamos, si no, quién gobierna actualmente el país. Una alianza integrada por apristas (bajo el liderazgo del presidente García); fujimoristas (los que increíblemente ya están cogobernando); el sector del poder económico más alto, conservador y excluyente, el sector de la Iglesia vinculado al Opus Dei; el sector de las Fuerzas Armadas comprometidos con violaciones de derechos humanos y actos de corrupción, y que, por lo mismo, no están dispuestos a ningún tipo de autocrítica; y, un conjunto de medios de comunicación y periodistas que nuevamente han vendido su alma al diablo a cambio de prebendas y privilegios.
Y de una alianza así nada realmente significativo se puede esperar en cuanto cumplimiento de las recomendaciones de la CVR, sino todo lo contrario, tal como lo estamos viendo. Y cada vez son más los analistas que lo señalan: más exclusión, autoritarismo, intolerancia, persecución de los organismos de derechos humanos, cooptación y manipulación de las instituciones, represalias contra periodistas y medios de comunicación independientes, corrupción y fin de la lucha anticorrupción. Y todo esto, pese a que estamos en un momento excepcional en cuanto a crecimiento económico y capacidad de gasto.
Por otra parte, las alternativas políticas que se perfilan hasta ahora para el 2011 tampoco representan concepciones e intereses compatibles con el diagnóstico y recomendaciones de la CVR; comenzando por lo paradójico que resulta que, mientras Fujimori ha sido extraditado y está siendo juzgado, a la vez la fuerza política de su hija, KeiKo Sofía (primera dama durante casi todos los años en los que gobernó su padre, salvo los que estudió en universidades de Estados Unidos, igual que sus hermanos, sin quedar claro con qué fondos) está adelante en las encuestas.
Pero el asunto trasciende al fujimorismo. En efecto, más allá de las palabras o declaraciones sueltas, lo cierto y objetivo es que hay razones para sostener que ninguno de los principales partidos o sectores políticos han asumido lo central de lo dicho y recomendado por la CVR.
Entonces, si no nos queremos engañar, o vivir del cuento, es ésta la situación que hay que asumir a los 5 años de haberse presentado el informe de la CVR: el país, lejos de estar yendo en la dirección que ella marcó, va en sentido opuesto.
Qué más prueba de ello que constatar que 7 años atrás el presidente Paniagua creó la CVR, con el visto bueno de todos los principales sectores políticos y de la opinión pública en general, mientras que hoy, la Comisión de la Verdad y Reconciliación, y los defensores y organizaciones de los derechos humanos son víctimas de una feroz campaña por parte de esa alianza ya mencionada, política y económicamente poderosísima. Una alianza anti-derechos humanos, que todavía no tiene en frente a la alianza democrática que debería existir nuevamente para impedir que el deterioro de la situación política continúe.(Ernesto de la Jara Basombrío)

EL ACCESO A LA JUSTICIA Y LAS UNIVERSIDADES

Una de las preocupaciones más sentidas en torno a la reforma del sistema judicial es el papel que debieran desempeñar las universidades, especialmente las facultades de Derecho, respecto a la falta de acceso a la justicia de sectores significativos de la población que no pueden ver plasmado este derecho fundamental. En este sentido, en los últimos años se han dado algunas propuestas que han intentado acercar los centros de estudios a estos problemas, de manera que puedan formularse diagnósticos adecuados y alternativas de solución que contribuyan a superar las barreras que obstaculizan este derecho.
Una de las omisiones más importantes en los intentos reformadores que se han planteado en los últimos años ha sido el tema del acceso a la justicia, especialmente de la población en situación de pobreza, lo que desde nuestro punto de vista no habría ayudado a legitimar a las instituciones del sistema, varias de ellas desvinculadas de las demandas ciudadanas de un servicio accesible y de calidad.
Precisamente, atendiendo a esta necesidad es que algunas universidades del país, convocadas desde la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el Instituto de Defensa Legal (IDL) y el Consorcio PROJUR, han organizado un encuentro de autoridades, profesores y alumnos de facultades de Derecho de Apurímac, Cajamarca, Cusco y Puno. Los mismos, han manifestado su interés en reformar los planes de estudio en sus respectivas sedes, de manera que se amplíen los enfoques acerca de lo que se entiende por acceso a la justicia, se preste una mayor atención a las barreras que impiden el acceso de la población rural y urbano marginal, y se presenten algunas experiencias de buenas prácticas.
Creemos que estas iniciativas ayudarán a reformular diversas visiones acerca de lo que es el diseño y la práctica del Derecho, buscando acercarlo a reales necesidades de la población, influyendo en la formación de los futuros abogados de manera que contribuyan a resolver de veras los conflictos de los ciudadanos (Ver

La Guerra de los Peritos

Justicia :::: Declaración en la corte de juristas internacionales e informes amicus curiae ponen a la defensa de Fujimori contra las cuerdas de la jurisprudencia.

Juan Méndez, ex presidente de la Comisión Interamericana de DDHH que presentó comprometedor informe sobre casos similares en la región.
Es como si luego del partido de locales viniera una selección visitante con ganas de arrasar. Tras ocho meses en el largo desfile de testigos en el histórico juicio contra el ex presidente Alberto Fujimori, ahora los peritos foráneos describen un contexto de jurisprudencia internacional que muy poco le favorece. La cuestión de fondo es si Fujimori será sentenciado como autor mediato de los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta. Y los invitados al tribunal se han dedicado a trazar varios caminos posibles para llegar a ese punto.
Rompió fuegos el jurista colombo-francés Federico Andreu-Guzmán, actual Consejero General de la Comisión Internacional de Juristas, que declaró a pedido de la Asociación Pro Derechos Humanos.
Para Andreu se puede inferir que una orden criminal efectivamente se dio a partir de determinados elementos como el apoyo o respaldo que se da a los ejecutores.
CARETAS ENTREVISTÓ a Andreu y a José Antonio Martín Pallín. El último es un magistrado del Tribunal Supremo de España reconocido por su larga carrera en materia de Derechos Humanos, quien este miércoles 27 también declaró en la sala de la Diroes.
Lo que más le llamó la atención a Andreu es aquello que calificó de la falta de argumentos del abogado defensor, César Nakazaki. “Me pareció que no había una estrategia de defensa, salvo la de golpear a los peritos y testigos de cargo. En realidad no noté argumentos ni tampoco ningún contenido, lo que debería preocupar a Fujimori”, dijo.
Pallín considera débil la posición de Nakazaki, que basa la inocencia de Fujimori en la falta de orden escrita o testigo directo acusador. “Algunas veces los teóricos del Derecho ignoran la práctica del Derecho”, dice. “Nos encontramos ante lo que se conoce históricamente, más que penalmente, como un crimen de Estado. Lo que se produce necesariamente cuando hay un crimen de este tipo es lo que podríamos llamar la cadena o sucesión de eslabones que necesariamente se van uniendo uno al otro hasta llegar a un punto en el que te encuentras con que la única persona que ha podido conocer, orientar, diseñar, aprobar, favorecer todo eso es quien tiene el dominio, que además en este caso reúne la doble condición de jefe de Estado y jefe de las Fuerzas Armadas”.
Pallín agrega que “lo que se está buscando en el proceso es establecer esa ligazón. Las reglas del análisis de la prueba no son reglas escritas ni normas matemáticas sino una valoración lógica, racional de los hechos”.
ANDREU TAMBIÉN CRITICA la estrategia de Nakazaki que busca rebatir las acusaciones de guerra sucia argumentando que Fujimori buscó proteger los derechos humanos mediante la Directiva 003 de 1991 que fija el marco general para luchar contra el terrorismo. “Es un problema de esquizofrenia”, compara. “El presidente de Ruanda preparó el genocidio, compró miles de machetes a China, preparó a sus soldados, pero por otro lado nunca Ruanda había tenido tantos puestos de salud, carreteras, escuelas y préstamos. Esto no tiene nada que ver con su responsabilidad penal”. Pallín considera “el argumento del abogado Nakazaki” como “no jurídico, sumamente ligero y político”. Recuerda que durante la dictadura de la Junta Militar de Argentina y el gobierno de facto de Augusto Pinochet en Chile no se dejaron sin efecto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ni los tratados de Derechos Humanos.
En casos como Barrios Altos y La Cantuta, explica el español, “se utiliza lo que se llama las alcantarillas del Estado. Un presidente no se puede levantar por la mañana y dirigirse a la nación diciendo: hoy he decidido asesinar a unos estudiantes. La experiencia histórica nos enseña que a continuación se va a negar la existencia del hecho y se va a dificultar y poner toda clase de impedimentos a que se pueda descubrir. Incluso invocando el secreto de Estado para no dar documentos comprometedores. En un sistema totalitario no hace falta hacer demasiado”.
Nakazaki insistió el martes 26 que “de acuerdo a los términos de acusación, Fujimori hizo una política de guerra sucia y cambió la legislación para (ejecutar) esa política”. Para los peritos, esa crítica a la acusación fiscal es claramente insuficiente.
Ambos juristas coinciden en señalar que en casos donde los crímenes se cometen dentro de aparatos de poder encabezados por gobernantes, es en extremo difícil encontrar lo que se llama ‘la pistola humeante’.
Martín Pallín finaliza al sostener que “el aparato del Estado está en situación inmejorable para no dejar huellas. Todos los asesinos procuran no dejarlas, pero el aparato del Estado tiene una posición privilegiada para poder ocultarlas”.
EL ROL DE LOS PERITOS internacionales se suma al de los informes en derecho, amicus curiae, presentados por organizaciones internacionales como el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ por sus siglas en inglés). La semana pasada pasó por Lima su principal firmante, Juan Méndez. Este ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es lo suficientemente cuidadoso como para no emitir públicamente su opinión sobre el destino de Fujimori. Pero en verdad no hace falta. Para eso basta leer el documento.
El mencionado amicus repasa “los alcances de las figuras penales del derecho internacional que podrían resultar aplicables al caso de un superior jerárquico acusado por crímenes perpetrados por sus subordinados”.
La historia de la responsabilidad del superior como fundamento legal se remonta al siglo XV (“Ordenanza del rey Carlos VII de Francia”) y llega hasta el estatuto del Tribunal ad hoc para la ex Yugoslavia en 1993, “que podría considerarse un reflejo de la costumbre internacional”, y que “indica que quien ha planificado, incitado a cometer, ordenado, cometido, o ayudado y alentado de cualquier forma a planificar, preparar o ejecutar los crímenes es individualmente responsable de dicho crimen”.
En resumen, el documento despliega cinco posibilidades de responsabilidad de superior reconocidas por el derecho internacional: planificación, comisión (por sí, con otro, o por medio de otro), orden, inducción o instigación, colaboración o ayuda y responsabilidad del superior.
En lo que respecta a la región, la práctica judicial suele recurrir a: “a) El análisis de la estructura jerárquica, a través de la cual puede llegar a atribuirse responsabilidad a un superior por el hecho de un subordinado, b) La planificación, c) La emisión de órdenes, o d) El dominio del suceso”.
Los casos tomados como referente en el amicus son sobre todo los de las juntas militares argentinas, el del ex presidente boliviano Luis García Meza, el del asesinato de la activista guatemalteca Myrna Mack y el de Augusto Pinochet.
LOS PARALELOS ENCONTRADOS con el juicio a Fujimori son muy ilustrativos. En la situación argentina, “las características de una estructura militar conformaron la base sobre la cual los jueces dieron por acreditada tanto la existencia de órdenes por parte de la cúpula militar de cometer los hechos como el dominio necesario propio de la autoría mediata”. Contra los comandantes jugó el hecho de que reconocieran el control efectivo sobre sus fuerzas, así como solía hacerlo Fujimori públicamente. Durante el juicio también se “entendió que la falta de intervención de uno de los imputados frente al conocimiento de los delitos implica su intención de que éstos continuaran”.
Con García Meza la Corte Suprema de Bolivia “valoró oficios reservados sobre el funcionamiento de las Fuerzas Armadas y de los ‘grupos armados’ y una serie de oficios administrativos que demostraban la dotación de estos grupos especiales”. Por allí cerca quedan los decretos secretos de desvíos de fondos, firmados por Fujimori, para financiar las “operaciones especiales” del Servicio de Inteligencia que, según las declaraciones iniciales del general Luis Salazar Monroe, sirvieron para aceitar al grupo Colina.
Del mismo modo, la sala que condenó a García Meza concluyó que éste fue determinante en los ascensos y reconocimientos hechos a los paramilitares. Inevitable el símil peruano. Esto reforzaba el vínculo.
Parecido ocurre con la relación entre los procesados y sus telones de fondo: las instalaciones oficiales donde se perpetraron crímenes. En el caso de un secuestro en Chile el tribunal concluyó que “el acusado debió a lo menos conocer los nombres y circunstancias por las cuales diferentes personas se encontraban privadas de libertad en dicho recinto, como asimismo el trato que recibían y su destino final”. Un espejo para el proceso por el secuestro del periodista Gustavo Gorriti, el empresario Samuel Dyer y el entonces congresista Jorge del Castillo.
En el juicio contra el dictador argentino Juan Videla, “el juez tuvo particularmente en cuenta que los centros clandestinos de detención donde ocurrieron los hechos dependían operacionalmente del Ejército y que los Comandantes en Jefe tenían poder de disposición sobre ellos… Más aún, la impunidad que sólo los procesados pudieron proporcionar fue de vital importancia para el éxito de los planes ilegales”.
NO TODAS LAS EXPERIENCIAS son referentes de condenas al más alto nivel. En el asesinato de Mack, por ejemplo, los jueces “aceptaron la existencia de un plan elaborado previamente para eliminar a la víctima… gestado en el Departamento de Seguridad del Estado Mayor Presidencial”. El objetivo del juicio fue determinar “quién en la cadena de mando había tenido conocimiento” pero finalmente se aceptó el testimonio del autor material, que esencialmente libró de responsabilidad a sus superiores.
El informe subraya que “la prueba directa de órdenes es poco común”. Estas son casi siempre verbales y la práctica determina que “es admisible el uso de inferencias para demostrar que existían órdenes… Ni siquiera resulta necesaria una orden específica de cometer los hechos tal como exactamente resultaron”.
Acreditar planificación de estrategias también puede equivaler a un indicio de que las órdenes se dieron. Por eso se entiende que el abogado Nakazaki sea tan vehemente en alejar a su patrocinado de los círculos del Servicio de Inteligencia Nacional y el Servicio de Inteligencia del Ejército. El martes 26, luego de la intervención de Andreu, reconoció a la prensa que “el destino de este caso depende de la prueba indiciaria”.
A propósito del quinto aniversario del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el amicus recuerda que en Chile, Argentina y Guatemala se tomaron en cuenta los textos equiparables producidos por comisiones de esos países.
Este documento, y otros como el que presentó la Universidad George Washington (CARETAS 2034), estrechan un cerco de jurisprudencia internacional sobre la defensa de Alberto Fujimori. La respuesta del abogado César Nakazaki es que los peritos “no conocen el expediente”. De hecho, el jurista viene repitiendo desde el principio del juicio que es en esos confines donde el caso empieza y acaba. Pero la naturaleza de la propia extradición de Fujimori demostró que los juicios por crímenes contra los Derechos Humanos trascienden hoy el mero expediente. Y en tal dirección Nakazaki no parece contar, hasta ahora, con voces que lo secunden. (Enrique Chávez- Patricia Caycho)

TC evalúa prescripción sobre caso El Frontón

Sostienen que hay presiones del gobierno sobre el caso El Frontón porque involucra al presidente García.
DETALLELos abogados del consorcio Justicia Viva, del IDL, Juan Carlos Ruiz y Carlos Rivera, han dicho que el Tribunal Constitucional deberá revocar la sentencia del Poder Judicial; de lo contrario, estaría actuando contra la Constitución, que le otorga el rol de garante de las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado, pues desconocería la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El Tribunal Constitucional (TC) escuchará hoy los argumentos de las partes involucradas en el juicio por la matanza del penal El Frontón. Por un lado, están los abogados del Instituto de Defensa Legal, en representación de las víctimas de la masacre, quienes solicitarán la no prescripción del caso; y por el otro, el procurador del Poder Judicial, quien defenderá la posición de la Tercera Sala de Reos Libres, instancia que declaró fundado el hábeas corpus interpuesto por Teodorico Bernabé, uno de los acusados de la matanza, para que el caso prescriba.La Tercera Sala admitió el hábeas corpus de Bernabé y dispuso el archivo de la denuncia fiscal, pese a que un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó investigar, procesar y sancionar a los responsables la matanza, en la que fueron asesinadas más de 100 personas, muchas de ellas acusadas de terrorismo, mas no sentenciadas. El presidente de la Sala Penal Nacional, Pablo Talavera, dijo que el Tribunal Europeo fortaleció la jurisprudencia internacional para casos similares, al declarar imprescriptibles ese tipo de crímenes. “El Tribunal Constitucional tiene varios caminos, puede confirmar la resolución que declara fundada la prescripción del caso, puede declararla infundada y mantener el criterio de que estos casos son imprescriptibles o puede dictaminar la nulidad”, apuntó. Una sentencia a favor del hábeas corpus marcaría, sin duda, un nefasto precedente, pues significará determinar que los casos de violaciones de lesa humanidad, como el de El Frontón, son prescriptibles. Entonces, las personas implicadas en delitos de esta naturaleza podrían presentar hábeas corpus para lograr la misma sentencia a su favor.Caso alcanza altas esferas del gobiernoJuan Carlos Ruiz Molleda, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), sostuvo que en el caso El Frontón hay presión del gobierno porque el presidente Alan García y el vicepresidente Luis Giampietri son parte del caso como testigos, aunque no están comprendidos en el proceso como responsables. Ruiz comentó que el IDL considera que la renuncia del ex presidente del Tribunal Constitucional, César Landa Arroyo, está estrechamente vinculada al caso. Landa nunca explicó su retiro y este diario informó que antes de dimitir se reunió con el premier Del Castillo a puerta cerrada. La matanza de El Frontón, donde fueron ultimados más de 100 presos, fue perpetrada durante el debelamiento de un motín de reos acusados o condenados por terrorismo, los días 18 y 19 de junio de 1986, durante el primer gobierno de Alan García. Fiscalía puede denunciar a García El abogado de IDL Carlos Rivera sostuvo que, en caso que el Tribunal Constitucional declarare la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad por la matanza de presos del penal El Frontón, quedará abierto el camino para que la Fiscalía investigue de oficio el caso y formule denuncia penal contra el presidente Alan García, el vicepresidente Luis Giampietri y el ex ministro del Interior, Agustín Mantilla, como presuntos responsables de la matanza, quienes hasta el momento sólo son considerados como testigos.TC es dirigido por apristaTras la renuncia de César Landa a la presidencia del Tribunal Constitucional, el aprista Carlos Mesía asumió el cargo, en medio de cuestionamientos de diversos sectores. Este diario reveló que, antes de renunciar, César Landa se reunió con el premier Del Castillo, lo cual fue motivo de críticas.Los otros integrantes del tribunal son Juan Vergara (independiente), Carlos Rojas (filo aprista), Ricardo Beaumont (militante del Partido Aprista), Fernando Calle (aprista), Gerardo Eto (a quien se atribuyen vínculos con el Partido Nacionalista) y Ernesto Álvarez (independiente).

chocan el TC y el Congreso

Es muy lamentable el entredicho que se ha suscitado entre el Tribunal Constitucional y el Congreso, en torno a la Ley 29182 o Ley de Justicia Militar, pero se veía venir. Es que hace años los magistrados del TC se encuentran empeñados en un esfuerzo de modernización de la justicia castrense, el mismo que es bloqueado sistemáticamente en el Congreso, cuyos miembros ceden a las presiones de las FFAA para dejar las cosas tal cual.
Con motivo de la promulgación de la Ley 29182, una serie de instituciones recurrieron ante el TC, el cual el pasado mes de junio declaró inaplicable en parte dicha ley, especialmente por su insistencia en nombrar oficiales en actividad en funciones de impartir justicia y nombrar vocales y fiscales supremos de uniforme, lo que en su momento provocó una reacción de rebeldía de la propia Corte Suprema, que se negó a aceptarlos.
Es que sería absurdo que el presidente de la Corte Suprema o el Fiscal de la Nación fuera un uniformado, posibilidad que podría darse si el TC no hubiera invalidado el articulado respectivo de la 29182, tal como lo hizo con aquel que permite el nombramiento de oficiales en actividad en el Consejo Supremo de Justicia Militar, pues existe una relación de subordinación con los altos mandos castrenses, y ello viola la autonomía que debe tener un juez.
Es debido a estos argumentos, que nos parecen irrefutables, que el TC declaró la inaplicabilidad parcial de la Ley 29182, y ahora que llegó a su fuero el primer caso de demanda de un ciudadano contra un juez militar ha dado la razón al demandante, argumentando que dicho oficial ejercía funciones judiciales sin haber sido nombrado –como lo establece la Constitución– por el CNM.
Yendo aún más lejos, el presidente del TC Carlos Mesía ha declarado que tal será la línea que seguirán todos sus fallos futuros, pues no podían contradecirse. Es decir, que todo ciudadano que presente acción en el TC contra una sentencia de la justicia castrense la ganará. Este anuncio ha sido muy mal recibido por la congresista Mercedes Cabanillas, que fue una de las autoras de la ley de justicia militar, la que argumenta que "tiene que respetarse", y que si eso implica declararse "en rebeldía" ante el TC, pues lo harán.
Ante lo cual el presidente del TC ha dicho que las resoluciones de este alto tribunal, gusten o no, son de acatamiento obligatorio por el Parlamento. Creemos que el magistrado Mesía tiene razón. No hay más que recordar el nido de corrupción y arbitrariedad que fue el CSJM durante la dictadura fujimorista para concluir que requiere una reforma. Y hay suficientes oficiales en retiro con formación jurídica como para que sean ellos los que integren el CSJM, nombrados por el CNM. Decir que con ello se busca que no exista la justicia militar no es exacto. Que exista, pero en buena y debida forma


Es muy lamentable el entredicho que se ha suscitado entre el Tribunal Constitucional y el Congreso, en torno a la Ley 29182 o Ley de Justicia Militar, pero se veía venir. Es que hace años los magistrados del TC se encuentran empeñados en un esfuerzo de modernización de la justicia castrense, el mismo que es bloqueado sistemáticamente en el Congreso, cuyos miembros ceden a las presiones de las FFAA para dejar las cosas tal cual.
Con motivo de la promulgación de la Ley 29182, una serie de instituciones recurrieron ante el TC, el cual el pasado mes de junio declaró inaplicable en parte dicha ley, especialmente por su insistencia en nombrar oficiales en actividad en funciones de impartir justicia y nombrar vocales y fiscales supremos de uniforme, lo que en su momento provocó una reacción de rebeldía de la propia Corte Suprema, que se negó a aceptarlos.
Es que sería absurdo que el presidente de la Corte Suprema o el Fiscal de la Nación fuera un uniformado, posibilidad que podría darse si el TC no hubiera invalidado el articulado respectivo de la 29182, tal como lo hizo con aquel que permite el nombramiento de oficiales en actividad en el Consejo Supremo de Justicia Militar, pues existe una relación de subordinación con los altos mandos castrenses, y ello viola la autonomía que debe tener un juez.
Es debido a estos argumentos, que nos parecen irrefutables, que el TC declaró la inaplicabilidad parcial de la Ley 29182, y ahora que llegó a su fuero el primer caso de demanda de un ciudadano contra un juez militar ha dado la razón al demandante, argumentando que dicho oficial ejercía funciones judiciales sin haber sido nombrado –como lo establece la Constitución– por el CNM.
Yendo aún más lejos, el presidente del TC Carlos Mesía ha declarado que tal será la línea que seguirán todos sus fallos futuros, pues no podían contradecirse. Es decir, que todo ciudadano que presente acción en el TC contra una sentencia de la justicia castrense la ganará. Este anuncio ha sido muy mal recibido por la congresista Mercedes Cabanillas, que fue una de las autoras de la ley de justicia militar, la que argumenta que "tiene que respetarse", y que si eso implica declararse "en rebeldía" ante el TC, pues lo harán.
Ante lo cual el presidente del TC ha dicho que las resoluciones de este alto tribunal, gusten o no, son de acatamiento obligatorio por el Parlamento. Creemos que el magistrado Mesía tiene razón. No hay más que recordar el nido de corrupción y arbitrariedad que fue el CSJM durante la dictadura fujimorista para concluir que requiere una reforma. Y hay suficientes oficiales en retiro con formación jurídica como para que sean ellos los que integren el CSJM, nombrados por el CNM. Decir que con ello se busca que no exista la justicia militar no es exacto. Que exista, pero en buena y debida forma