Una de las preocupaciones más sentidas en torno a la reforma del sistema judicial es el papel que debieran desempeñar las universidades, especialmente las facultades de Derecho, respecto a la falta de acceso a la justicia de sectores significativos de la población que no pueden ver plasmado este derecho fundamental. En este sentido, en los últimos años se han dado algunas propuestas que han intentado acercar los centros de estudios a estos problemas, de manera que puedan formularse diagnósticos adecuados y alternativas de solución que contribuyan a superar las barreras que obstaculizan este derecho.
Una de las omisiones más importantes en los intentos reformadores que se han planteado en los últimos años ha sido el tema del acceso a la justicia, especialmente de la población en situación de pobreza, lo que desde nuestro punto de vista no habría ayudado a legitimar a las instituciones del sistema, varias de ellas desvinculadas de las demandas ciudadanas de un servicio accesible y de calidad.
Precisamente, atendiendo a esta necesidad es que algunas universidades del país, convocadas desde la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el Instituto de Defensa Legal (IDL) y el Consorcio PROJUR, han organizado un encuentro de autoridades, profesores y alumnos de facultades de Derecho de Apurímac, Cajamarca, Cusco y Puno. Los mismos, han manifestado su interés en reformar los planes de estudio en sus respectivas sedes, de manera que se amplíen los enfoques acerca de lo que se entiende por acceso a la justicia, se preste una mayor atención a las barreras que impiden el acceso de la población rural y urbano marginal, y se presenten algunas experiencias de buenas prácticas.
Creemos que estas iniciativas ayudarán a reformular diversas visiones acerca de lo que es el diseño y la práctica del Derecho, buscando acercarlo a reales necesidades de la población, influyendo en la formación de los futuros abogados de manera que contribuyan a resolver de veras los conflictos de los ciudadanos (Ver
Una de las omisiones más importantes en los intentos reformadores que se han planteado en los últimos años ha sido el tema del acceso a la justicia, especialmente de la población en situación de pobreza, lo que desde nuestro punto de vista no habría ayudado a legitimar a las instituciones del sistema, varias de ellas desvinculadas de las demandas ciudadanas de un servicio accesible y de calidad.
Precisamente, atendiendo a esta necesidad es que algunas universidades del país, convocadas desde la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el Instituto de Defensa Legal (IDL) y el Consorcio PROJUR, han organizado un encuentro de autoridades, profesores y alumnos de facultades de Derecho de Apurímac, Cajamarca, Cusco y Puno. Los mismos, han manifestado su interés en reformar los planes de estudio en sus respectivas sedes, de manera que se amplíen los enfoques acerca de lo que se entiende por acceso a la justicia, se preste una mayor atención a las barreras que impiden el acceso de la población rural y urbano marginal, y se presenten algunas experiencias de buenas prácticas.
Creemos que estas iniciativas ayudarán a reformular diversas visiones acerca de lo que es el diseño y la práctica del Derecho, buscando acercarlo a reales necesidades de la población, influyendo en la formación de los futuros abogados de manera que contribuyan a resolver de veras los conflictos de los ciudadanos (Ver
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