¿A qué alude el título? De ninguna manera a que no se ha avanzado nada en el cumplimento de las recomendaciones de la CVR, pues de hecho hay algunos ámbitos en los que han habido avances e importantes.
Hay, por ejemplo, sentencias muy significativas recaídas en delitos de terrorismo, cometidos por Sendero Luminoso y por el MRTA, y también en relación a violaciones de derechos humanos desde el Estado. Ejemplos de las primeras son todas las que la sala antiterrorista, presidida por Pablo Talavera e integrada por magistradas de la talla de Jimena Cayo, han expedido contra los principales mandos de las organizaciones referidas, entre los que están sus jefes máximos Abimael Guzmán y Víctor Polay.
Doble mérito de estos jueces, porque lo han hecho con rostro descubierto y respetando las garantías del debido proceso. Se puede discrepar con el número de años impuesto como pena en uno u otro caso, pero eso es parte de la discrecionalidad jurisdiccional.
Como condenas de violaciones de Derechos Humanos están los casos de Castillo Páez (la primera condena en un país que reporta más de 14000 casos de desaparecidos, y siguen descubriéndose) y la expedida por Inés Villa e Inés Tello respecto al crimen de La Cantuta.
Sin embargo, en este ámbito de la judicialización habría que decir también que últimamente, sobre todo a partir del inicio del Gobierno del Presidente García, las cosas van mucho más lentas, y hasta se podría decir que se han detenido; sobre todo por la poca buena disposición o colaboración de un conjunto de autoridades, como son los casos del actual Ministro de Defensa y ciertos fiscales.
Que Fujimori haya sido extraditado, esté sentado en el banquillo de los acusados y sea esperable su condena por los casos de Barrios Altos, La Cantuta y Secuestros en los sótanos del SIE, después de un impecable proceso en términos de actuación jurisdiccional, fiscal y garantías del debido proceso, es un triunfo que va en la dirección del cumplimiento de las recomendaciones de la CVR. Ello, tomando en cuenta que esta Comisión concluyó que en el caso de Fujimori había encontrado una responsabilidad penal en cuanto a las violaciones de derechos humanos ocurridos durante los 11 años que duró su gestión.
Un triunfo que obviamente nada tiene que ver con la voluntad política del actual régimen que, como ha sido público y notario, en todo momento ha remado en contra. Qué más prueba de ello, que faltando muy poco para sentenciarse en primera instancia, se les haya dado la Primera Vicepresidencia del Congreso y la Presidencia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (esta última tiene entre sus funciones la posibilidad de proponer un antejuicio contra jueces y fiscales supremos) a –respectivamente– el actual médico de cabecera de Fujimori y a alguien como la congresista Moyano, quien nada sabe de la materia pero destaca por ser incondicional con el fujimorismo.
En reparaciones se han creado varias comisiones, cuyos resultados habrá que ver, porque hasta ahora poco se sabe sobre lo que han hecho, ya que sus integrantes han optado por el trabajo en reserva, y algo de plata se ha entregado a algunas comunidades. Esto es parte de lo avanzado pero, salta a la vista, que los hechos y no palabras son absolutamente insuficientes y que el proceso marcha a paso de de tortuga, sobre todo si recordamos la gravedad de lo ocurrido, el tiempo que ha pasado desde el fin de la CVR y desde que ocurrieron las violaciones de derechos humanos.
Pero si bien han habido avances como los mencionados, al referirnos a la “CVR menos - 5”, lo que queremos enfatizar es que en relación a lo esencial del contenido del Informe Final de la CVR , hace ya un buen tiempo que estamos retrocediendo , en el sentido de que vamos en sentido contrario a lo que fueron sus recomendaciones Y este ir como el cangrejo, para atrás, va siendo cada vez más peligroso, puesto que la viada que se va acelerando, al punto que pronto podríamos estar de nuevo en un estado de pre-CVR. Viene la explicación.
Compartimos la opinión de quienes dicen que lo más importante que hizo la CVR fue asumir como verdad una versión completamente distinta, y hasta opuesta, a la que había acuñado y difundido hasta la saciedad Fujimori y Montesinos durante muchos años, sobre 1) lo que había permitido que Sendero Luminoso avanzara; 2) acerca de lo que cambió el curso de la guerra hasta la derrota de SL y el MRTA; y 3) sobre la agenda pendiente de esos años de violencia.
La CVR planteó así que el haber permitido que SL se aprovechara de las grietas políticas, económicas, sociales, raciales y culturales realmente existentes del país, además de las equivocadas estrategias antisubversivas, fue lo que permitió que un grupo terrorista como aquél pusiera en cuestión la viabilidad del país. Y que la derrota de este grupo, y la del MRTA, no fue producto de la mano dura que supuestamente se pudo implementar una vez liberado el país de sus obligaciones democráticas y de derechos humanos a partir del autogolpe 5 de abril de 1992, sino que se debió a la captura de Guzmán, al papel que cumplió la misma población local organizada y al hecho de que los pobres de las ciudades se opusieran también activamente a SL.
Versión que, asimismo, reconoce que SL, con sus actos terroristas, había sido la principal fuente de violencia, pero que las violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado habían sido también sistemáticas por lo menos en algunos periodos y algunas zonas del país.Y esta versión de lo que sucedió durante las décadas de los 80 y 90, opuesta a la que por conveniencia levantaron y sedimentaron en la población Fujimori y Montesinos, constituye el aporte más importante de la CVR, debido a que se trata de una relectura de la historia del país y, en base a ella, de lo que tenemos que hacer, tanto para que no se repitan otros procesos de violencia igualmente de dañinos, como para sanear el legado de la guerra interna que vivimos.
Y es por eso que, transcurridos cinco años desde que la CVR concluyó con sus labores, la pregunta central debe ser: ¿qué tanto los peruanos hemos internalizado esa reinterpretación del proceso que vivió el país y de lo que hay que hacer?
¿Es ésa o no la pregunta principal, en términos políticos, económicos, sociales, culturales y raciales? Lo es. Porque sólo así, asumiendo esta nueva interpretación del país, podemos llegar a la conclusión de que las prioridades de nuestra incipiente democracia deberían ser –tal como coherentemente recomienda la CVR y la realidad nos lo demuestra a diario- el enfrentar la exclusión, la impunidad, la corrupción, la inexistencia de institucionales representativas y eficientes, etc.
Y si asumimos que es ésta la pregunta principal, lamentablemente poco o nada tenemos que celebrar a los 5 años de haberse entregado el Informe de la CVR, pues el país parece encaminarse de nuevo en una dirección contraria a lo recomendado por ella.
Veamos, si no, quién gobierna actualmente el país. Una alianza integrada por apristas (bajo el liderazgo del presidente García); fujimoristas (los que increíblemente ya están cogobernando); el sector del poder económico más alto, conservador y excluyente, el sector de la Iglesia vinculado al Opus Dei; el sector de las Fuerzas Armadas comprometidos con violaciones de derechos humanos y actos de corrupción, y que, por lo mismo, no están dispuestos a ningún tipo de autocrítica; y, un conjunto de medios de comunicación y periodistas que nuevamente han vendido su alma al diablo a cambio de prebendas y privilegios.
Y de una alianza así nada realmente significativo se puede esperar en cuanto cumplimiento de las recomendaciones de la CVR, sino todo lo contrario, tal como lo estamos viendo. Y cada vez son más los analistas que lo señalan: más exclusión, autoritarismo, intolerancia, persecución de los organismos de derechos humanos, cooptación y manipulación de las instituciones, represalias contra periodistas y medios de comunicación independientes, corrupción y fin de la lucha anticorrupción. Y todo esto, pese a que estamos en un momento excepcional en cuanto a crecimiento económico y capacidad de gasto.
Por otra parte, las alternativas políticas que se perfilan hasta ahora para el 2011 tampoco representan concepciones e intereses compatibles con el diagnóstico y recomendaciones de la CVR; comenzando por lo paradójico que resulta que, mientras Fujimori ha sido extraditado y está siendo juzgado, a la vez la fuerza política de su hija, KeiKo Sofía (primera dama durante casi todos los años en los que gobernó su padre, salvo los que estudió en universidades de Estados Unidos, igual que sus hermanos, sin quedar claro con qué fondos) está adelante en las encuestas.
Pero el asunto trasciende al fujimorismo. En efecto, más allá de las palabras o declaraciones sueltas, lo cierto y objetivo es que hay razones para sostener que ninguno de los principales partidos o sectores políticos han asumido lo central de lo dicho y recomendado por la CVR.
Entonces, si no nos queremos engañar, o vivir del cuento, es ésta la situación que hay que asumir a los 5 años de haberse presentado el informe de la CVR: el país, lejos de estar yendo en la dirección que ella marcó, va en sentido opuesto.
Qué más prueba de ello que constatar que 7 años atrás el presidente Paniagua creó la CVR, con el visto bueno de todos los principales sectores políticos y de la opinión pública en general, mientras que hoy, la Comisión de la Verdad y Reconciliación, y los defensores y organizaciones de los derechos humanos son víctimas de una feroz campaña por parte de esa alianza ya mencionada, política y económicamente poderosísima. Una alianza anti-derechos humanos, que todavía no tiene en frente a la alianza democrática que debería existir nuevamente para impedir que el deterioro de la situación política continúe.(Ernesto de la Jara Basombrío)
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