Todos hablan de Tula y Carmona es la noticia que acapara el interés nacional. Yo digo ¿quien habla de las fosas masivas encontradas en el cuartel cabitos en Huamanga? y sobre las implicancias del decreto supremo 007 - 2008 que autoriza la intervención de las fuerzas armadas en los conflictos sociales.Se han graduado casi 400 efectivos en la escuela de Yungay, y todos son para Ancash, bien dicen y celebramos, pero en meses nos enfrentaremos pueblo a pueblo, pues la injusticia y prepotencia cada ves caldean mas los ánimos, apostemos (cual será el primer conflicto social en el que intervendrán, o ¿servirán de soplones? Y acusadores a nuestros lideres sociales, acaso abran más denuncias por pertenecer al MRTA con que se nos intentara amedrentar existirán jueces inmorales como quien avalo el encierro injusto de Melissa Patiño ante quien no podemos ser indiferentes pues a sus 20 años ya conoce lo que es capaz de hacer la intolerancia y los gobiernos claramente autoritarios temerosos de su ilegitimidad. Solidaridad compañeros con una compañera universitaria que pudo ser cualquiera de nosotros basta de indiferencias que creo yo es el mas grave mal que adolece nuestro país.Y que dirá el también el inefable similar a Alva Castro y Garcia, nuestro "presidente " regional: Alvares. Quien a la fecha no es mas que un lastre para la región.dizque protesta por el canon que nos pretenden arrebatar si tenemos dinero y ni proyectos alguno concretado.Y para terminar quien hablara sobre el fallo que le dio la razón a Yanacocha para no indemnizar mas allá de los 14 000 soles que les dio a cada familia sabedor de que vendría hechos mayores, astutamente revolvió hacer una transacción a leguas inmoral cuando si no hubiera existido una transacción le correspondía mínimo un millón de dólares pues esa gente fue dañada de por vida por el derrame de mercurio. La corte suprema ha dado su fallo inapelable y claro no se equivocan kienes creen q la ,JUSTICIA EN EL PERUNO HA CAMBIADO ; PUES en un precedente que sienta jurisprudencia dado la razón a la minera Yanacocha y a Ramsa del poderoso Grupo Romero.Y como para no perder la costumbre de los hechos que solo en nuestro país pueden ocurrir lo que será el tema de la semana lo de la expatriación planteada por la fiscal de la nacion Gladis Echais que ha declarado que de producirse no abria por que sorprenderse puesto que se actuaría conforme a ley.Para terminar que echo mas indignante que nuestras autoridades no se hayan pronunciado ante la crisis generada en Bolivia por los intentos de separacion de Santa Cruz, ojo que en Puno (muy influenciado por Bolivia ) se pueden producir echos similares.y claro lo que parece un echo y la prensa no kiere admitir es que si nos vamos por los gobiernos federales no abra una autentica descentralización otro tema que interesa y entusiasma es que Obama se perfila como el primer presidente negro de EE.UU, su tesis de lucha contra los grandes grupos de poder norteamericanos y la retirada inmediata de Irak han calado y parece ya que nadie lo para.Bueno mas información en este humilde blog, gracias por los comentarios y sigamos bregando por manifestarnos y expresarnos libremente sin dogmatismo, ni sectarismos.Un abrazo fraterno.Wilmer Castillo
miércoles, 21 de mayo de 2008
YO…EL QUE HACE LAS COSAS ADREDE
YO…EL QUE HACE LAS COSAS ADREDE
Yo DEBO SER EL MALVADO QUE HACE las cosas adrede
Debo ser el más vil, ese que cual piedra no siente la lluvia, ni el sol, ni nada
Pero sigue ahí.los recuerdos son efímeros y todo lo pasado viene al hoy, el amor que no fue
Ella a quien hasta hoy recuerdo y a pesar de todo no puedo olvidar…
Tanta soledad, tanta incomprensión de aquellos que no saben diferenciar entre necesidad e
Importancia. Los años han corrido muy rápido…muchos hechos se han desnaturalizado en
Esencia nada pareciera quedar, el ayer es tan lejano…las doncellas de la época, son solo
Trastos de algo que pudo ser y no lo fue, y los buitres de antes son los mismos de ahora.
El lobo viejo no puede pretender carne fresca, más de vez en cuando atrapa a una,
La ilusión esta ahí de creerse joven aun para algunos ajetreos, mas el tiempo es otro, esta en
Juego el destino, todo el ayer esta vivo, todo el pasado esta presente y los de ayer ya no
Somos los de hoy, la vida es otra, muy pronto esto será también pasado.
El camarada a marchado, no existe aun ente que cubra ese gran espacio vacio, la vida
Muchas veces pareciera ya no importar nada, las persona que, más amo se están yendo en
Viaje lento y eterno, dejando ejemplo de fortaleza y valor humano,
Y la muerte pareciera dudar mucho entre llevarme consigo o dejarme a cumplir una misión
La soledad, los cambios no golpean como antes, sin desearlo, estamos sobreviviendo a esta
Embestida salvaje de alienación y fiebre colectiva de quien es más estúpido e inconsciente.
Camarada estoy viviendo estoy pasando, te estoy esperando, me estas dejando, te estoy
Recordando…preciosa aun te amo y ha pesar del tiempo y la distancia no te olvidado…
Ven y partamos hasta el nunca jamás, donde no exista pasado, ni futuro,solo amor…
Wilmer castillo 20/05/08
Aprueban decreto que vulnera derechos de los campesinos y de pueblos indígenas
Expertos advierten que se baja la valla para promover ingreso de capitales en la sierra y la selva sin respetar derechos comunales.Milagros Salazar.
Alerta verde. El decreto facilita la venta de terrenos comunales al disminuir el porcentaje de aprobación de los comuneros.
La receta para acabar con el perro del hortelano que el presidente Alan García ideó en un amplio artículo muy a su sazón es aplicada en un paquete de normas. Ayer se publicó en el diario oficial El Peruano un decreto legislativo suscrito por el Jefe del Estado en el que se autoriza la inversión privada en tierras comunales de la sierra y la selva con el voto de solo el cincuenta por ciento más uno de los comuneros reunidos para este fin.
Con este nuevo dispositivo se baja enormemente la valla para las empresas, en desmedro de la protección de derechos de campesinos y pueblos indígenas, pues se modifica la ley 26505, que exigía la votación de los dos tercios (66.6%) de los miembros de la comunidad.
"Definitivamente, esto representa un grave atentado contra territorios indígenas, según los instrumentos internacionales –como el Convenio 169 de la OIT– que exige al Estado mantener el territorio indígena en forma íntegra", dijo el abogado Vladimir Pinto López de la ONG Racimos de Ungurahui.
El polémico decreto Nº 1015 señala que "para la adquisición en propiedad por parte de miembros de la comunidad no posesionarios o de terceros, así como para gravar, arrendar o ejercer cualquier otro acto de disposición sobre tierras comunales, se requeriría el voto a favor de no menos del cincuenta por ciento de los miembros asistentes a la Asamblea instalada con el quórum correspondiente".
Al amparo de esta norma, las compañías hidrocarburíferas y mineras pueden aducir que cuentan con el permiso de las comunidades para iniciar operaciones si logran convocar a sus adeptos en una asamblea, sin importar si se trata de la mayoría de los miembros calificados de la comunidad.
"Con esto se trae abajo la mayoría calificada en las comunidades para desprotegerlas y favorecer las inversiones. Es una afectación al derecho de propiedad de los indígenas y campesinos", opinó por su parte Ana Leyva, de la Red Muqui.
LA LEY DE LA SELVA
En su artículo "Receta para acabar con el Perro del Hortelano", el Jefe del Estado advirtió que iba a aprobar una norma con estas características para que, al igual que en la costa, los comuneros de la sierra dejen de ser "ciudadanos de segunda clase y sin iniciativa". Desde su visión empresarial, García incluyó en el paquete a las tierras de la selva.
El abogado Pinto consideró que el decreto tiene relación con la Ley de Promoción de la Inversión Privada en Reforestación, conocida como 'la Ley de la Selva' porque de un modo u otro facilita el ingreso de grandes capitales.
"Lo que están haciendo es abrir el camino para la inversión en proyectos de biocombustibles en la Amazonía. Todo esto es parte de un paquete de normas que se aprueban con el mismo propósito", manifestó el abogado.
Un motivo más para el paro
El secretario general delegado de la Confederación Campesina del Perú, Melchor Lima Anco, rechazó el decreto legislativo Nº 1015 y anunció que en el paro del 9 de julio convocado por la CGTP las organizaciones campesinas participarán para exigir la derogación de esta polémica norma. "Estamos preocupados porque no se pueden aprobar leyes para destruir los derechos de las comunidades campesinas", señaló.
El abogado Vladimir Pinto manifestó por su parte que puede presentarse una acción de inconstitucionalidad contra el decreto debido a que se encuentra en conflicto con los instrumentos internacionales que el Estado peruano ha suscrito en defensa de las poblaciones indígenas. También explicó que otra salida legal sería la presentación inmediata de una acción de amparo en los juzgados ordinarios.
El FMI y el hambre
El FMI y el hambrjjke
por Serge Halimi*
Serge Halimi*
Las revueltas del hambre y la crisis mundial provocadas por el alza de los precios de los alimentos de primera necesidad son resultado de las políticas de “eficacia” impulsadas desde hace décadas por los organismos económicos internacionales. Una lógica implacable que lleva a los campesinos pobres a abandonar sus campos y a adquirir a precio de importación los alimentos que antes cosechaban de su huerta. Mientras, los cereales se convierten en el nuevo objeto de especulación financiera, para ahuyentar el fantasma de la burbuja internet y la burbuja inmobiliaria.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización Mundial del Comercio (OMC) habían prometido que el aumento de los flujos de mercancías contribuiría a erradicar la pobreza y el hambre. ¿Huertas? ¿Autonomía alimentaria? Se encontró una solución más inteligente: la agricultura local sería abandonada u orientada a la exportación. Así, se sacaría el mejor partido no de condiciones naturales –más favorables, por ejemplo, al tomate mexicano o al ananá filipino–, sino de los menores costos de explotación en esos dos países que en Florida o en California.
El agricultor de Mali confiaría su alimentación a las firmas cerealeras de la región francesa de la Beauce o del Midwest estadounidense, más mecanizadas, más productivas. Al abandonar su tierra iría a incrementar la población de las ciudades, para convertirse en obrero en una empresa occidental que deslocalizó sus actividades en su país de origen para sacar provecho de una mano de obra más barata. Los Estados costeros de África aliviarían al mismo tiempo el peso de su deuda externa al vender sus derechos de pesca a los barcos-factoría de los países más ricos. Ya no quedaría más opción a los guineanos que comprar conservas de pescados danesas o portuguesas (1). A pesar de una contaminación suplementaria generada por los transportes, el paraíso estaría asegurado. El beneficio de los intermediarios (distribuidores, agentes de aduana, aseguradoras, publicitarios) también...
Nada se pierde
De repente, el Banco Mundial (BM), preceptor de este modelo de “desarrollo”, anuncia que treinta y tres países van a sufrir revueltas del hambre. Y la OMC se alarma ante un retorno al proteccionismo al observar que varios países exportadores de productos alimenticios (India, Vietnam, Egipto, Kazajstán...), decidieron reducir sus ventas al extranjero para –¡qué imprudencia!– garantizar la alimentación de su población. El Norte se ofusca rápidamente por el egoísmo de los otros. Es porque los chinos comen demasiada carne que a los egipcios les falta trigo.
Los Estados que siguieron los “consejos” del BM y del FMI sacrificaron su agricultura alimentaria. Por lo tanto, ya no pueden reservarse el uso de sus cosechas. Así que... pagarán, es la ley del mercado. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ya calculó el alza de sus facturas de importación de cereales: 56% en un año. Lógicamente, el Programa Mundial de Alimentos (PMA), que alimenta cada año a 73 millones de personas en 68 países, reclama 500 millones de dólares suplementarios.
Sus pretensiones han debido ser juzgadas extravagantes porque sólo obtuvo la mitad de tal monto. Sin embargo, no mendigaba más que la mitad de lo que la crisis de las subprime le va a costar al sector bancario, que por su parte fue socorrido con generosidad por los Estados. Se pueden calcular las cosas de otra manera: el PMA imploraba a cuenta de sus millones de hambrientos... 13,5% de las sumas ganadas el año pasado solamente por John Paulson, dirigente de un hedge fund lo suficientemente avisado como para prever que centenares de miles de estadounidenses serían reducidos a la quiebra inmobiliaria. Se ignora cuánto provecho –y a quién– proporcionará la hambruna que comenzó, pero nunca nada se pierde en una economía moderna.
Todo se recicla: una especulación reemplaza a otra. Tras haber alimentado la burbuja internet, la política monetaria de la Reserva Federal alentó a los estadounidenses a endeudarse. E infló la burbuja inmobiliaria. En 2006, el FMI todavía estimaba: “Todo indica que los me- ¬canismos de asignación de créditos en el mercado inmobiliario en Estados Unidos siguen siendo relativamente eficaces”. Mercado-eficaz: ¿no deberían soldarse estas dos palabras de una vez por todas? La burbuja inmobiliaria se pinchó. Los especuladores rehabilitaron un viejo Eldorado: los mercados de cereales. Al comprar contratos de entrega de trigo o maíz a futuro, descuentan venderlos más caros. Lo que alimenta el alza de precios, la hambruna...
¿Y qué hace entonces el FMI, dotado, según su director general, del “mejor equipo de economistas del mundo”? Explica: “Una de las maneras de resolver la cuestión del hambre es aumentar el comercio internacional”. El poeta Léo Ferré escribió un día: “Para que la desesperación misma se venda, no hace falta más que descubrir su fórmula”.
Pareciera habérsela encontrado.
REFERENCIA
(1) Ver Jean Ziegler, “Réfugiés de la faim”, www.mondediplomatique.fr/2008/03/ZIEGLER/15658
‹ Libros del mes: The Beginning of SpringPortada
por Serge Halimi*
Serge Halimi*
Las revueltas del hambre y la crisis mundial provocadas por el alza de los precios de los alimentos de primera necesidad son resultado de las políticas de “eficacia” impulsadas desde hace décadas por los organismos económicos internacionales. Una lógica implacable que lleva a los campesinos pobres a abandonar sus campos y a adquirir a precio de importación los alimentos que antes cosechaban de su huerta. Mientras, los cereales se convierten en el nuevo objeto de especulación financiera, para ahuyentar el fantasma de la burbuja internet y la burbuja inmobiliaria.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización Mundial del Comercio (OMC) habían prometido que el aumento de los flujos de mercancías contribuiría a erradicar la pobreza y el hambre. ¿Huertas? ¿Autonomía alimentaria? Se encontró una solución más inteligente: la agricultura local sería abandonada u orientada a la exportación. Así, se sacaría el mejor partido no de condiciones naturales –más favorables, por ejemplo, al tomate mexicano o al ananá filipino–, sino de los menores costos de explotación en esos dos países que en Florida o en California.
El agricultor de Mali confiaría su alimentación a las firmas cerealeras de la región francesa de la Beauce o del Midwest estadounidense, más mecanizadas, más productivas. Al abandonar su tierra iría a incrementar la población de las ciudades, para convertirse en obrero en una empresa occidental que deslocalizó sus actividades en su país de origen para sacar provecho de una mano de obra más barata. Los Estados costeros de África aliviarían al mismo tiempo el peso de su deuda externa al vender sus derechos de pesca a los barcos-factoría de los países más ricos. Ya no quedaría más opción a los guineanos que comprar conservas de pescados danesas o portuguesas (1). A pesar de una contaminación suplementaria generada por los transportes, el paraíso estaría asegurado. El beneficio de los intermediarios (distribuidores, agentes de aduana, aseguradoras, publicitarios) también...
Nada se pierde
De repente, el Banco Mundial (BM), preceptor de este modelo de “desarrollo”, anuncia que treinta y tres países van a sufrir revueltas del hambre. Y la OMC se alarma ante un retorno al proteccionismo al observar que varios países exportadores de productos alimenticios (India, Vietnam, Egipto, Kazajstán...), decidieron reducir sus ventas al extranjero para –¡qué imprudencia!– garantizar la alimentación de su población. El Norte se ofusca rápidamente por el egoísmo de los otros. Es porque los chinos comen demasiada carne que a los egipcios les falta trigo.
Los Estados que siguieron los “consejos” del BM y del FMI sacrificaron su agricultura alimentaria. Por lo tanto, ya no pueden reservarse el uso de sus cosechas. Así que... pagarán, es la ley del mercado. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ya calculó el alza de sus facturas de importación de cereales: 56% en un año. Lógicamente, el Programa Mundial de Alimentos (PMA), que alimenta cada año a 73 millones de personas en 68 países, reclama 500 millones de dólares suplementarios.
Sus pretensiones han debido ser juzgadas extravagantes porque sólo obtuvo la mitad de tal monto. Sin embargo, no mendigaba más que la mitad de lo que la crisis de las subprime le va a costar al sector bancario, que por su parte fue socorrido con generosidad por los Estados. Se pueden calcular las cosas de otra manera: el PMA imploraba a cuenta de sus millones de hambrientos... 13,5% de las sumas ganadas el año pasado solamente por John Paulson, dirigente de un hedge fund lo suficientemente avisado como para prever que centenares de miles de estadounidenses serían reducidos a la quiebra inmobiliaria. Se ignora cuánto provecho –y a quién– proporcionará la hambruna que comenzó, pero nunca nada se pierde en una economía moderna.
Todo se recicla: una especulación reemplaza a otra. Tras haber alimentado la burbuja internet, la política monetaria de la Reserva Federal alentó a los estadounidenses a endeudarse. E infló la burbuja inmobiliaria. En 2006, el FMI todavía estimaba: “Todo indica que los me- ¬canismos de asignación de créditos en el mercado inmobiliario en Estados Unidos siguen siendo relativamente eficaces”. Mercado-eficaz: ¿no deberían soldarse estas dos palabras de una vez por todas? La burbuja inmobiliaria se pinchó. Los especuladores rehabilitaron un viejo Eldorado: los mercados de cereales. Al comprar contratos de entrega de trigo o maíz a futuro, descuentan venderlos más caros. Lo que alimenta el alza de precios, la hambruna...
¿Y qué hace entonces el FMI, dotado, según su director general, del “mejor equipo de economistas del mundo”? Explica: “Una de las maneras de resolver la cuestión del hambre es aumentar el comercio internacional”. El poeta Léo Ferré escribió un día: “Para que la desesperación misma se venda, no hace falta más que descubrir su fórmula”.
Pareciera habérsela encontrado.
REFERENCIA
(1) Ver Jean Ziegler, “Réfugiés de la faim”, www.mondediplomatique.fr/2008/03/ZIEGLER/15658
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el decreto que encendera la pradera en torno a las comunidades campesinas y nativas
El Decreto Legislativo 1015 que ordena liquidar la comunidad campesina en el Perú es antidemocrático, puesto que no ha sido consultado con los comuneros; antisocial, puesto que propicia la creación de latifundios, sobre todo extranjeros; e inconstitucional, ya que viola los artículos 88 y 89 de la Carta. Con descaro, dicho decreto, publicado ayer en El Peruano, comienza precisando que se dicta para la “implementación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos”. Es decir, el TLC. Confesión de parte. El punto aclara qué intereses (u órdenes) son los que inspiran la serie sobre “El síndrome del perro del hortelano” que el presidente Alan García ha publicado a lo largo de meses en El Comercio. El primer artículo, publicado el 28 de octubre del 2007, declaró la guerra a las comunidades. La tierra de éstas, decía, “vendida en grandes lotes traería tecnología de la que se beneficiaría también el comunero”. (Que ya no sería comunero, sino peón de un hacendado, a lo mejor chileno, o de una gran minera). Lo previmos enseguida. Y denunciamos la ignorancia de García, quien afirmó en ese texto que las comunidades eran creación del virrey Toledo. No sabe que esas instituciones provienen en gran parte del ayllu prehispánico. Una sola pregunta basta para desvelar la intención del decreto legislativo: ¿Quiénes son los que pueden comprar esos grandes lotes que promete García? Lo más probable es que detrás de los artículos y del decreto estén algunas grandes compañías mineras, cuya acción de envenenamiento de aguas y contaminación ambiental que amenaza vidas ha sido resistida por las comunidades. El proyecto viola, sin vergüenza, el artículo 88 de la Constitución, el cual establece que el Estado “garantiza el derecho de propiedad sobre la tierra, en forma privada o comunal o en cualquier otra forma asociativa.” El decreto viola también el artículo 89 de la Constitución, que declara que las comunidades campesinas y las nativas “son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de sus tierras”. La propiedad de sus tierras, prosigue el dispositivo constitucional, “es imprescriptible.” En el inciso b) del decreto legislativo está la clave del crimen: la adquisición en propiedad de tierras comunales por terceros requerirá el voto a favor de no menos del cincuenta por ciento de los asistentes a una asamblea. De acuerdo con eso, un 25% de los comuneros reunidos en una asamblea, a lo mejor amañada, puede decidir la venta de todas las tierras de la comunidad. ¿Por qué García no establece la misma regla para toda clase de empresas y sociedades? La declaratoria de guerra contra las comunidades de la sierra y la selva desatará sin duda la ira y la lucha campesina. Será un caso de legítima defensa.
lunes, 12 de mayo de 2008
Los países nopueden desarrollarse con tanta desigualdad”
Gracias al Cepal y a la agregaduría universitaria de la Embajada de Francia (que hace posible la visita de notables intelectuales europeos) nos visitó Alain Touraine, quien recibió distinciones de prestigiosas universidades peruanas. Touraine, uno de los más importantes sociólogos contemporáneos, ha dejado una huella profunda en el estudio de los procesos sociales latinoamericanos. DOMINGO conversó con él sobre distintos temas de interés actual.
Entrevista de Alfredo Vanini
–Doctor Touraine, en sus tres discursos públicos en Lima usted resaltó los derechos humanos. "Todos tenemos derecho a tener derechos", dijo, citando a Hanna Arendt. Justamente ahora la legitimidad de los DDHH es cuestionada en el Perú. ¿Cómo revalorarlos en un contexto de conflicto?
–El concepto de derechos humanos es casi siempre considerado como un principio moral, y evidentemente lo es. Pero visto en ese sentido es una cosa muy débil, un poco retórica. Yo lo veo de manera muy distinta. El concepto de DDHH nace antes de la sociedad industrial y luego desapareció durante el auge de este momento histórico. En parte por la multiplicación de conflictos nacionales y la ausencia de un elemento global. Pero en el siglo XX este concepto reaparece, no como moralidad abstracta sino como una idea fundamental.
En una sociedad globalizada en la cual no hay una estructura central y total, la noción de DDHH significa el derecho del individuo en su esencia concreta: individuo con su trabajo, con su vida política, con su cultura, con su idioma o lengua propia, con su religión, etc. La idea de DDHH tal como fue expresada en la revolución norteamericana y francesa en el siglo 18 es así: hay algo encima de lo social y de lo político, algo universal. Y esto universal es el derecho de todos los hombres a ser ciudadanos. En el mundo en el cual vivimos, con una capacidad inmensa de intervención del Estado, de los medios de comunicación, de la economía financiera mundial, el derecho debe ser universal.
Y en este mundo no solo global sino muy complejo, que cambia todo el tiempo, donde hay muchas formas de influencia y de dominación, donde es muy fácil ser eliminado, es indispensable tener una referencia por encima, pero que sea universal. Para mí el individualismo no tiene sentido si no significa universalismo de los derechos de cualquier ser humano frente a cualquier tipo de dominación cultural, política o económica.
–Ud. ha hablado del "teatro vacío del mundo", un mundo de silencios y de víctimas. ¿Cómo podría el actor social tener una intervención real en este escenario tan desolador que nos plantea?
–Usted hace bien en introducir este problema, porque es una pregunta que me hago todo el tiempo. Y no tengo respuesta. Durante un largo período de mi vida hablé mucho del actor social (y todavía hay que hacerlo) pero ahora hablo cada vez más de sujeto personal.
Es decir, no es el actor social el que puede subir al teatro sino el sujeto en el sentido de un ser casi trágico shakesperano, con la finalidad de crear "ruido y furor", para citar a Shakespeare. Hay la necesidad de reintroducir lo que Malraux llamó la "dimensión espiritual". Es curioso que un sociólogo diga esto pero hay que salir de una visión social o sociológica del mundo, dejar de pensar a la sociedad como el principio de las normas o de los valores.
Yo tengo un gran miedo a la identificación de los individuos a un concepto social: el hombre socialista, el hombre comunista, el hombre capitalista, el hombre liberal. Todos me dan igual miedo. La gran pelea de toda mi vida ha sido contra el determinismo económico de los liberales y de los marxistas, que en eso son muy hermanos. Y todo el tiempo he insistido sobre la necesidad de introducir un elemento que esté por encima de las consideraciones estrictamente sociales. Por ejemplo el tema de los DDHH. En el momento actual hay que ser antisocial y responder en términos absolutos: "Esto es imposible", "Esto es intolerable", "Esto es contrario a la dignidad humana". Hay que decir ¡No! porque este ¡No! significa reintroducir palabras que aparentemente son muy débiles pero que no lo son en realidad: dignidad, reconocimiento, humanidad, derechos humanos. Después de todo, hemos vivido un siglo de campos de concentración, de masacres, de genocidios, etc.
–Un concepto que ha sido utilizado como una panacea para eludir la participación en los grandes problemas del mundo es el falso mito de la posmodernidad.
–La posmodernidad indica que no hay más principio de unidad en una sociedad. Es una visión antihistoricista, una visión kitsch, en la que se pueden mezclar cosas sin relación y en varios sentidos. Yo creo que esto no es cierto. Creo al contrario que hay más bien una situación de hiper-modernidad. Y hay que buscar algo más fundamental, algo más central y no una ausencia de unidad. De otro lado estoy observando que muchos que hablaron de posmodernidad están abandonando la palabra. Hay que rechazar la idea falsa de que no hay modernidad.
–Usted ya no habla ahora de derechos sociales, sino de derechos culturales. ¿Cómo define usted los derechos culturales?
–Antes quiero decir algo: fue un error dramático pensar, como pensaron muchos, que los derechos sociales tenían que eliminar derechos políticos, pretextando que los derechos políticos eran de la burguesía. Esa manera de pensar llevó directamente a los peores totalitarismos. Tenemos que luchar por el reconocimiento respecto de los derechos culturales pero sin entrar en la idea del comunitarismo, que es un verdadero peligro. Tomemos un ejemplo trágicamente concreto: es normal reconocer el derecho de las iglesias –o de los cultos o de las sectas– de existir y de desarrollarse en el espacio público, pero con la condición que sea respetado algo que es mucho más importante que la libertad de las iglesias, que es la libertad religiosa de los individuos.
Acepto que se pongan mezquitas por todas partes, pero no acepto que una persona no pueda cambiar de religión, que no pueda casarse. La libertad religiosa no es la libertad de las iglesias sino la libertad de los individuos en su comportamiento religioso o no religioso.
AMÉRICA LATINA: LA REGIÓN MENOS TRANSPARENTE
Cambio de piel. Alan García ha dejado de ser aprista, según Alain Touraine. El académico francés fue su profesor de sociología durante la estadía del ‘joven García’ en Francia.
–Usted no solo ha estudiado, sino que ha vivido y está muy cercano a los procesos políticos de nuestra región. ¿Cómo observa América Latina?
–Se ha hablado del movimiento hacia la izquierda en el continente. Es una idea falsa. No hay tal izquierdismo, no hay tal evolución. Lo que sucede es lo siguiente: antes teníamos en muchos países latinoamericanos una situación de confrontación. Había un bloque imperialista y había que oponerse absolutamente.
Eso ha desaparecido en gran parte a causa del fin de la guerra fría y la desaparición del imperio soviético. En la actualidad lo que pasa es que casi todos los países, incluso Venezuela que vende su petróleo a los EEUU, se encuentran dentro del sistema, y han pasado de la confrontación a una participación limitada y tal vez, en muchos casos, decreciente. Visto desde dentro, los grandes problemas latinoamericanos, entre ellos el tema de la desigualdad socioeconómica extrema, que es el problema latinoamericano por excelencia, no han desaparecido y hay la necesidad de buscar soluciones aceptables al problema de las desigualdades.
De otro lado, creo que este vocabulario de tipo un poco parlamentarista de derecha-izquierda ya no corresponde –me atrevería a decir que no ha correspondido nunca– a la situación latinoamericana, donde las categorías políticas y las categorías sociales estuvieron siempre mezcladas
Actualmente la tendencia predominante es a integrarse y participar en el sistema mundial tratando de eliminar o limitar las desigualdades pero con un éxito desgraciadamente bastante limitado. Yo diría que hay una indeterminación grande en la región. No estamos ya frente al sistema sino dentro de él. Y tenemos que hacer los mayores esfuerzos posibles para disminuir poco a poco el peso de la desigualdad que es un obstáculo absoluto al desarrollo. Los países de América Latina no pueden desarrollarse teniendo tan alto nivel de desigualdad.
–¿Y qué opinión le merece el rumbo del gobierno peruano? Un partido percibido como socialdemócrata, el APRA, que asume cada vez más una postura ultraconservadora y no intervencionista.
–Sí, es un poco preocupante. En primer lugar, yo ya no consideraría a García como aprista. En segundo lugar, y hablando quizá un poco exageradamente, yo tengo la impresión de que este gobierno peruano tiene diez años de atraso porque esta idea de la liberalización y la privatización total, que en un momento fue tan importante en muchos países, ahora ya está abandonada. Ahora la intervención del Estado parece necesaria por ejemplo en educación y salud. Yo no veo cómo la privatización de la enseñanza pueda llegar a otra cosa que no sea el aumento de la desigualdad. Puedo hablar del caso de Francia, que no es precisamente un país anticapitalista ni antiliberal, pero que dedica más del 50% del ingreso nacional al sector público. Y si esto significa que Francia es un país intervencionista porque interviene en servicios de educación y salud para disminuir las desigualdades sociales, pues bienvenido el intervencionismo.
Esta mañana escuché a Alan García en la televisión hablando de un tema muy concreto: se decía que en el altiplano no hay progreso posible porque las poblaciones son muy dispersas y hay grupos de menos de 200 habitantes. Entonces el presidente dice "hay que terminar con eso, la solución es crear allí ciudades de 10 mil y 20 mil habitantes". Yo me quedé perplejo al oírlo. Se da cuenta usted de que no es posible pasar de un sistema de agricultura pobre de autosustento a una ciudad de 20 mil habitantes. Al mismo tiempo, crear ciudades en el territorio del altiplano, en esas condiciones, significa la destrucción total del sistema social-cultural. Hay una preocupante falta de realismo en este gobierno, preocupado en mantener más una posición ideológica. Creo que en la actualidad el Perú es el único país del continente que tiene este vocabulario liberal que está ya abandonado por todos los países, incluso por los EEUU.
–¿Cuba sin Fidel seguirá el camino chino de apertura económica sin libertades y sin respeto a los derechos humanos?
–Hay gente que piensa así. Yo no entiendo muy bien lo que eso significa. Una vez que Fidel haya desaparecido, o que su hermano, que es una copia de él, desaparezca también, creo que no se va a tener control de la situación. Creo que si aceptan la entrada de los capitales, o la dolarización de la economía, que se hace ya en gran parte de Cuba, creo que el sistema cubano de control político va a desaparecer, o por lo menos espero que desaparezca. Yo creo que los amos de Cuba en el mañana van a ser las agencias de viajes baratas.
–En el año 2000, usted se preguntaba al inicio de un ensayo "¿Está el mundo en peligro de muerte?". ¿Se sigue haciendo la misma pregunta o tiene ya una respuesta?
–A comienzos del milenio el mundo estaba en peligro de desaparecer. En el 2008, los habitantes del mundo se dan cuenta de que el mundo sigue estando en la misma situación. Esa es la diferencia. Ahora estamos todos convencidos de que podemos desaparecer, suicidarnos colectivamente si seguimos con un tipo de economía y de comportamiento que es imposible mantener. Por ejemplo los chinos: obviamente tienen derecho a desarrollarse, a transformarse, pero si todo el mundo tiene un consumo de carbón como los chinos, el mundo va a colapsar. El tema ecológico es un tema fundamental y la economía debe tomar en cuenta este tema. Desgraciadamente los EEUU y China hacen exactamente todo lo contrario. Si seguimos con estas políticas, el mundo efectivamente va a desaparecer.
Desaparece glaciar en Ancash por efecto del cambio climático
El glaciar Broggi, perteneciente a la Cordillera Blanca en Ancash, desapareció por el calentamiento global y el cambio climático, informó hoy el director de la Unidad de Glaciología del Instituto Nacional de Recursos Naturales (Inrena), Marco Zapata. Explicó que se trata de un glaciar ubicado al este de la ciudad de Yungay, en la cabecera de la quebrada de la laguna de Llanganuco, que tenía una dimensión superior al Pastoruri, que también viene siendo afectado. "No todos los glaciares experimentan el mismo nivel de retroceso, no es uniforme, depende de la temperatura, la posición del glaciar. El Broggi desapareció el 2005", manifestó. Asimismo indicó que Pastoruri ya no es considerado un nevado sino una cubierta de hielo, debido al retroceso y disminución de su superficie glaciar. En 1995 tenía 1.8 kilómetros cuadrados de superficie pero el 2007 solo 1.1. "Vemos también que lo que era una sola masa de hielo se ha dividido en dos y continúa el proceso de retroceso y disminución glaciar. Además se han formado nuevas lagunas a consecuencia de ello", anotó. El especialista comentó que la superficie de la Cordillera Blanca, según imágenes satelitales del 2002 y 2003, es de 535 kilómetros cuadrados, lo que representa una disminución del 25 por ciento respecto a lo que había en 1970. Recordó que entre 1948 y 1977 el promedio de retroceso anual de los frentes glaciares en la Cordillera Blanca era de entre 8 y 9 metros por año, pero desde 1977 hasta la fecha el retroceso es del orden de 20 metros. "Hace 30 años comenzó a producirse un retroceso bastante acelerado de los glaciares, indudablemente es consecuencia del incremento de temperatura global del ambiente, son muchos los factores pero todos consecuencia del cambio climático", aseveró. Mencionó, a su vez, que en cuestión de glaciares no hay forma o técnica para posibilitar la recuperación. "Tendría que apuntarse a aplicar medidas que permitan disminuir el incremento de la temperatura global que origina el cambio climático, pero es una cuestión de esfuerzos a nivel de todos los países del mundo", afirmó
DERRAME EN PARACAS ¿QUIEN TIENE LA RESPONSABILIDAD?
El choque de un barco carguero norteamericano contra el muelle San Martín en Pisco afectó su tanque de combustible y provocó el derrame de unos 800 galones de petróleo y la formación de una mancha de 25 metros de diámetro en el mar, ocasionando la intervención de cinco compañías de bomberos de Chincha y San Clemente y de la Capitanía de Puertos, las que pudieron controlar la emergencia, que no llegó a poner en riesgo el delicado ecosistema de la reserva nacional de Paracas.
Al menos esto es lo que ha hecho público el jefe de la reserva nacional, Oscar García, luego de un amplio recorrido por la zona protegida. La explicación proporcionada es que la corriente marina apuntaba al sur al momento del derrame y que luego hubo vientos en la misma dirección, lo que contribuyó a alejar la mancha perjudicial y evitó su ingreso a la reserva. Sin embargo, cabe preguntarse por lo que hubiese ocurrido sin estas condiciones favorables.
Sin la menor duda, hoy estaríamos lamentando un daño quizás irreparable a una zona cuyas características únicas la convierten en extremadamente vulnerable. No hay más que recordar el terrible daño ocasionado a la reserva de Paracas por las fábricas de harina de pescado existentes en la zona, las cuales arrojaban irresponsablemente sus efluentes a la bahía, provocando una disminución de oxígeno en las aguas y una mortandad de especies marinas. Hubo que hacer una larguísima campaña en los medios para que dichas fábricas aceptaran dar tratamiento a sus desechos.
La presencia de puertos en la zona y de un incesante tráfico marítimo hace que un accidente de grandes proporciones siempre pueda producirse. Por lo mismo, lo ocurrido esta vez en Paracas debiera servir de advertencia. Es necesario contar con los equipos y personal especializado necesarios y en alerta permanente para poder conjurar una amenaza de contaminación sobre la reserva de Paracas con la suficiente rapidez como para evitar males cuyas consecuencias bien pueden ser irreversibles.
Un pequeño percance como el que comentamos ha provocado que maricultores de la zona deban adelantar sus cosechas debido a la amenaza de los restos de petróleo. Y hay quejas de pescadores de la zona que han encontrado ejemplares cubiertos por crudo, lo que descubre que este tipo de accidentes, por leves que sean, siempre causan algún daño al ecosistema. Aprendamos la lección, ya que por decenios hemos sido –y en gran parte seguimos siendo– un país sin conciencia ambiental, lo que pone en riesgo una de las mayores riquezas con que contamos: nuestra biodiversidad.
Ganancias extraordinarias y desigualdades
Humberto Campodónico.
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En el 2007, la tasa de rentabilidad patrimonial promedio de las 10,000 primeras empresas se situó entre 28 y 29%, tasa apenas menor a la del 2006, por lo que sigue siendo "sumamente alta". Estas altas tasas "han estado influidas en gran medida por los excelentes resultados de las empresas mineras debido a los altos precios del cobre y el oro". Es lo que dice Gerens, Escuela de Gestión y Economía, en un reciente artículo (*) y agrega que el 2007 es el sexto año de crecimiento continuo.
Cuando se excluyen del cálculo a las empresas mineras, la tasa baja a 16.7%, que sigue siendo de "alto retorno": las 500 primeras empresas con mayores ingresos del mundo tuvieron una rentabilidad promedio de 16% en el 2006 y la de las 500 empresas con mayores ingresos en América Latina fue 18%". La tasa de rentabilidad es la relación entre la utilidad neta anual y el patrimonio. Una tasa de rentabilidad del 29%, por ejemplo, significa que el patrimonio se recupera en algo más de 3 años.
Para Gerens, el aumento de esta tasa está relacionado con el PBI per cápita (ver gráfico). El problema es que, como todo dato promedio, el PBI per cápita no deja ver el bosque. Cuando se analizan, por ejemplo, los sueldos y salarios en Lima, se aprecia que se mantienen estables, mientras que sí suben los sueldos de los ejecutivos.
Lo mismo se aprecia con la caída de los salarios del 25 a 21.8% del PBI del 2001 al 2006, años de crecimiento, mientras que las ganancias suben de 58.7 a 62% (Boca de cocodrilo, http://www.cristaldemira.com/, 12/11/07). El problema se agudiza en la sierra sur. Si bien la pobreza promedio en el Perú bajó del 48 al 44% del 2004 al 2006, en Apurímac esta aumentó de 65.2 a 68.6%. En Ayacucho pasó de 65.9 a 78.4% y en Huancavelica del 84.8 al 88.7%.
Que hay bonanza macro y malestar micro (Jürgen Schuldt) lo sabemos desde hace varios años, pues casi se parte el país en el 2006. Hubo uno que otro esfuerzo de reflexión (CADE 2006), pero rápidamente todo ha seguido igual en los análisis de los economistas nacionales. Pero algunos analistas internacionales parecen no compartir ese "economicismo". Mauro Leos, de Moody's, dijo que el desacuerdo nacional sobre propuestas de política económica podía volver a verse en el 2011, motivo por el cual no podían dar el grado de inversión.
A mediados de abril, The Economist organizó un evento en Lima para analizar la situación económica con el gobierno peruano. Las conclusiones públicas fueron más bien diplomáticas. Pero en su edición del pasado 9 de mayo, en el artículo "Perú: la pobreza en medio del progreso" se dice:
"Cuando la izquierda dice que el capitalismo es "salvaje", a veces tiene razón: mientras algunas empresas tienen ganancias récord, muchos peruanos trabajan largas horas por salarios bajos y con muy pocos derechos laborales. Lejos de Lima y la costa norte, regiones pro globalización, muchos peruanos se aferran a actitudes nacionalistas y estatistas, dice Alfredo Torres de Ipsos-Apoyo. A menos que los políticos hagan un mejor trabajo de defensa de la revolución capitalista y extiendan sus beneficios, se verán amenazados por la amargura de aquellos que sienten que se quedan afuera".
Más allá de los calificativos, es correcta la percepción de The Economist. La solución es dejar de lado las anteojeras teóricas neoliberales y poner el péndulo al medio en las relaciones entre Estado y mercado. Algo que este gobierno no hace y que sorprende a otro calificado analista, el sociólogo francés Alain Touraine: "Tengo la impresión de que este gobierno peruano tiene 10 años de atraso porque esta idea de la liberalización y la privatización total, que en un momento fue tan importante en muchos países, ahora ya está abandonada" (Domingo, La República, 11/5/08). Qué les parece.
La Guerrilla no Tiene Futuro Político’
Víctor Polay afirma que el MRTA, como movimiento guerrillero, no está activo. ¿Y qué piensa Víctor Polay del debate desatado en las últimas dos semanas? La pregunta es apenas obvia luego de todo el desbarajuste originado en la discusión sobre el futuro, e incierto presente, del movimiento subversivo que él lideró.
El líder del MRTA, quien cumple una sentencia de 32 años por terrorismo, envió una carta a los medios de comunicación donde rechazaba tener vinculaciones con la Coordinadora Continental Bolivariana. CARETAS se comunicó con su abogado, César Oyola, para proponerle una entrevista por vía de un cuestionario escrito. Aunque las circunstancias no permiten las repreguntas elementales (ver recuadro), las respuestas de Polay son reveladoras para entender el actual proceso de su organización.
–¿El MRTA está aún activo? –Es público que la última acción organizada como MRTA fue la toma de la residencia japonesa, hace ya más de una década. La mayoría de los dirigentes y fundadores estamos presos o muertos. Sé que han salido algunos ex militantes después de sufrir largas condenas y, en estos momentos, están más preocupados de cómo sobrevivir y de reinsertarse al movimiento social en las nuevas condiciones que vive nuestro país.
–¿A qué atribuye la exclusión del MRTA de la lista de organizaciones terroristas? –Es conocida la posición beligerante que tuvo el MRTA frente al imperialismo yanqui y sus ataques contra objetivos norteamericanos. Pues bien, desde el año 1999 o 2000 el MRTA no se encuentra en la lista de organizaciones que el Departamento de Estado considera terroristas. Con los servicios de inteligencia que cuenta Estados Unidos no tengo la menor duda de que si ellos conocieran de algún peligro armado, serían los primeros interesados en dar la alarma.
Respuestas de su puño y letra.–Ante la Comisión de la Verdad usted pidió perdón a los familiares de las víctimas del MRTA y también a sus adversarios. ¿Mantiene esa posición? –Absolutamente. Además he pedido perdón a nuestro pueblo por el dolor o pérdidas irreparables que haya podido causar nuestro accionar armado. Según la Comisión de la Verdad nosotros somos responsables del 1% de las víctimas fatales del conflicto interno. Esperamos que los responsables del 99% restante hagan lo mismo. Por otro lado nosotros hemos asumido nuestra responsabilidad frente a los jueces y llevamos cerca de 18 años de carcelería. Pensamos que el esclarecimiento de la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas es el primer paso para una verdadera reconciliación que debe darse en algún momento, como lo plantean el líder histórico del APRA Armando Villanueva del Campo y el más conspicuo jurista del Perú, el doctor Javier Valle Riestra Gonzales-Olaechea.
–¿Considera aún que la lucha armada es la única vía para acceder al poder? –La ola insurgente y guerrillera que atravesó nuestro continente a partir de la Revolución Cubana se terminó con el fin de la guerra fría y la desaparición de los países del socialismo irreal. Los triunfos electorales de movimientos de izquierda y centro izquierda nos demuestran que es posible aspirar a los cambios dentro de los marcos democráticos. Ahora quienes complotan, preparan asonadas o aventuras golpistas son sectores de la derecha que ven amenazados sus intereses egoístas frente al avance de las mayorías por una sociedad justa.
–¿Víctor Polay está dispuesto ahora a defender la democracia? –Sí, definitivamente y sin ninguna ambigüedad, porque tenemos una democracia frágil y atrasada que debemos cuidarla de las amenazas autoritarias o intolerantes que propugnan el pensamiento único. Es importante recordar que el próximo 10 de diciembre se cumple el 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que entre otras cosas dice que toda persona debe tener acceso a satisfacer sus derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y libre desarrollo de su personalidad. ¿Cuánto hemos avanzado después de firmar esta Declaración? Con un 50% de pobres, donde 1 de cada 4 peruanos se acuesta con hambre y los actuales niveles de educación, salud y seguridad, es difícil hablar de una democracia plena, por eso hablo de una democracia subdesarrollada. Debemos avanzar seriamente hacia un desarrollo justo, humano y participativo.
–¿El MRTA tiene futuro político? –Como organización guerrillera no, pero sí creo que con nuestra mística y autoridad moral por nuestra entrega y sacrificio podemos ayudar en la forja de un movimiento que busque reconstruir el tejido social y se plantee ganar las elecciones del 2011 con un programa amplio que aglutine la izquierda, el centro izquierda y el centro político. En este sentido estoy identificado con el esfuerzo de un grupo de dirigentes sociales y juveniles, y ex militantes del MRTA que se han propuesto inscribirse ante la ONPE como Patria Libre. Entiendo que en los próximos días darán una conferencia de prensa para anunciar una campaña de recojo de firmas.
–¿Usted promovió que ex emerretistas integren la Coordinadora Continental Bolivariana (CCB)? –Desde 1992 tengo un régimen carcelario que permite únicamente la visita de familiares directos a través de un locutorio. Sólo veo regularmente a mi madre y una de mis hermanas, ya que mi esposa y mis hijos están refugiados en Francia. En estas condiciones no es posible alguna consulta. Además se sabe que la CCB está formada por capítulos nacionales y no por organizaciones. Por la TV he visto que la famosa reunión de Quito era pública, con presencia de periodistas y camarógrafos y con la participación de no más de un centenar de personas.
–En el último congreso de la CCB, en Quito, lo nombraron a usted y a Marulanda de las FARC presidentes honorarios de la CCB. ¿Estaba al tanto de esto? –Tengo entendido que (la CCB) tiene como una docena de presidentes honorarios, entre ellos algunos obispos, personalidades e intelectuales. En mi caso supongo que lo han hecho como una muestra de solidaridad con una persona que lleva tantos años presa.
–¿Los ex miembros del MRTA de la CCB lo hacen a título personal? –No sé qué nivel de participación tendrán, pero es obvio que lo hacen a título personal, porque en estos momentos nadie puede arrogarse de algo que no está organizado. Lo que sí me preocupa es que durante una semana algunos políticos y medios de comunicación han hecho de manera alucinante las siglas del MRTA el centro de la preocupación del Perú, cada uno con diversos intereses. Yo alerto sobre la posibilidad que en los próximos días aparezcan pintas, banderas o se produzcan atentados a nombre del MRTA con el objetivo de favorecer al fujimorismo y criminalizar la protesta social. No descarto que algunos “carapintadas” estén planificando alguna provocación.
–¿Conoce al ex emerretista Roque Gonzales, líder del CCB? –No conozco al cc. Gonzales. He leído en sus declaraciones que para él la violencia y el MRTA son un capítulo cerrado en el Perú. En un informe de la “Ventana Indiscreta” se le muestra como prueba de culpabilidad caminando y conversando con otras personas en el Centro de Lima, llevando un polo con imágenes del Che Guevara. Igualmente, durante su detención en Tumbes aparece con otro polo parecido. Según mi experiencia, no sé qué actividad clandestina se puede hacer con ese tipo de vestimenta. Me preocupa mucho que junto a Roque se haya detenido a señoras de edad avanzada, alguna enferma de cáncer, acusadas de terrorismo sin ninguna prueba que no sea haber participado en un evento público y legal en Ecuador.
–¿Cómo calificaría a las FARC colombianas? –Yo comparto la posición de la inmensa mayoría de los presidentes que se reunieron últimamente en Santo Domingo, que abogaron por el diálogo para resolver el conflicto armado en Colombia, como ocurrió años atrás en Centroamérica. Sólo Colombia, Estados Unidos y el representante peruano calificaron a las FARC de terroristas sin plantear ninguna salida que no sea la paz de los cementerios. (Entrevista Patricia Caycho)
Cuestión de FondoEntrevista con Polay plantea serias interrogantes sobre el pasado y presente del grupo que lideró.
La entrevista que aquí se presenta con Víctor Polay plantea, además, otras preguntas relacionadas con la discusión de estos días y lo que la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) calificó en su comentada y criticada carta de “persecución contra activistas sociales y opositores políticos, acusándolos injustamente de terrorismo”. Afirma Polay, por ejemplo, que los ex militantes del MRTA están preocupados por “reinsertarse al movimiento social”. ¿Esto incluye la Coordinadora Continental Bolivariana (CCB)?
Cada vez queda más establecida la vinculación entre la CCB y la criminal guerrilla colombiana de las FARC con la que el MRTA tenía evidente correspondencia ideológica. La posición de Polay frente a estas, como parte de la izquierda latinoamericana, es ambivalente.
¿Es lícito que quienes purgaron pena por terrorismo se reencauchen en una organización de alcance continental vinculada a actores armados que han hundido a su país, Colombia, en una guerra sin fin? ¿Lo es cuando un elemento como Hugo Chávez también apoya a la CCB y usa los mecanismos a su disposición para intervenir políticamente en países como el Perú?
El premier Jorge del Castillo volvió a disparar la batería del gobierno contra Aprodeh. En el Congreso declaró a la prensa el martes 6 que “no debemos distraernos y perder de vista al tema de fondo. Aprodeh cometió el craso error de pretender pasar por agua caliente al MRTA justificando su no calificación de grupo terrorista”. Para Del Castillo, carece de sustento la carta enviada por la organización al Parlamento Europeo. “Yo también podría decir que el grupo Colina no esta activo pero sin embargo lo están juzgando. Es un despropósito que todos los peruanos hemos rechazado”.
Los argumentos del primer ministro son comprensibles. Varias de las organizaciones enumeradas en la lista de la Unión Europea llevan hibernando, aparentemente, varios años (CARETAS 2025). La no inclusión del MRTA termina siendo una anomalía. El vicepresidente Luis Giampietri llamó la atención sobre el manejo de los fondos del MRTA. Sumarlo a la lista hubiera permitido congelarlos. Al menos en el viejo continente.
El choque con Aprodeh llevó a calentar el ambiente con las demás organizaciones de Derechos Humanos. El Ejecutivo tuvo una desafortunada reacción inicial ante el conjunto de las ONG que trabajan con la materia, a las que se les retiró su condición de observadoras del Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Luego, sin embargo, la ministra de Justicia Rosario Fernández se ha mostrado más conciliadora. Buena señal fue el reemplazo del cuestionado Facundo Chinguel como secretario ejecutivo del CNDH por el constitucionalista Luis Alarcón.
Fernández viajó esta semana a Ginebra para presentar la situación del Perú ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Allí debió responder al informe de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos que denunció la supuesta hostilidad por parte del gobierno.
La reforma del sistema judicial tendría el sí de 83 congresistas
7:23 Bancada humalista se rectifica y su vocero anuncia que darán sus 23 votos. El pleno sesionará cuatro días seguidos durante la segunda semana de junio
Por Jorge Saldaña Ramírez
Del lobo, un pelo. De las cuatro propuestas de reforma constitucional que discutirá y votará el pleno del Congreso antes de que termine la actual legislatura (es decir, antes del 15 de junio), la que tiene mayor chance para conseguir los 81 votos requeridos para su aprobación es la que plantea el cambio del capítulo sobre la administración de justicia de la actual Carta Magna.
Tal fue la certeza que ayer informó a El Comercio el presidente de la Comisión de Constitución del Parlamento, Javier Velásquez Quesquén, al dar cuenta de los resultados que hasta el momento ha obtenido de sus diálogos políticos con las demás fuerzas parlamentarias para conseguir el consenso multipartidario necesario para resolver las enmiendas a la ley de leyes que están dando vueltas en el Congreso durante los últimos dos años.
Estos cambios pendientes están referidos al retorno del Senado, la instauración del voto voluntario, el cambio en la administración de justicia para que la Corte Suprema sea una instancia de casación y fije jurisprudencia jurídica, la posibilidad de renunciar del parlamentario, y su vacancia por faltas.
Velásquez dijo que quizás varios de estos temas no tengan los 81 votos que se requieren en dos legislaturas consecutivas para que sean aprobados, pero "por respeto a la opinión pública deben ser resueltos de una vez".
La novedad del actual panorama político-legislativo con respecto al que había hace tres meses es que dos de las seis bancadas parlamentarias habrían variado de postura con relación al próximo debate constitucional. Así, el Partido Nacionalista Peruano (PNP) --que tiene 23 integrantes-- y Unión por el Perú (UPP) --que tiene 19-- habrían retrocedido en su posición original de condicionar sus 42 votos en favor de cualquier reforma constitucional a cambio de que antes se discuta la restitución de la Carta Política de 1979 o se corrija el actual régimen económico en la Ley Fundamental.
El vocero parlamentario del PNP, Cayo Galindo, confesó a El Comercio que su "posición principista" de modificar el régimen económico no tiene eco pero sí admitió que el cambio constitucional de la administración de justicia "es lo más viable y está más a la mano porque va a fortalecer el tema de la seguridad jurídica, el flujo económico y hará más dinámicas las relaciones sociales entre los ciudadanos", aseveró a este Diario.
Por su parte, el vocero de la bancada de UPP, Oswaldo Luizar, reclamó un mayor debate sobre los cambios constitucionales y especialmente el referido a la justicia "porque tiene muchos aspectos técnicos que no pueden discutirse en una o dos sesiones plenarias".
El presidente de Congreso, Luis Gonzales Posada, aseguró a El Comercio que su despacho convocará hasta cuatro sesiones plenarias para que exclusivamente se discuta y se vote el paquete constitucional.Es más, dijo que estas jornadas extraordinarias --a realizarse en la segunda semana de junio-- serán continuas y no habrá límite de tiempo en las intervenciones de los congresistas.
Con el cambio de postura del humalismo habría 83 votos para lograr la aprobación del cambio constitucional del sistema judicial, que ya tiene el respaldo de las bancadas del Apra (36), de Alianza Parlamentaria (9) y de Unidad Nacional (15). El bloque fujimorista --constituido por 13 integrantes-- insiste en que no se cambie ni una sola coma de la Constitución.
CLAVES¿Qué comprenden los cambios?Administración de justiciaEl dictamen de la Comisión de Constitución plantea modificaciones a los artículos 141, 144, 150, 154 y 155 de la Constitución Política del Perú. Lo sustancial de la enmienda se encuentra en las nuevas competencias de la Corte Suprema: actuaría como corte de casación y establecería precedentes jurídicos con carácter vinculante.
Sistema bicameralEl Congreso se compone de dos cámaras legislativas: los diputados (120 integrantes) y los senadores (50 miembros) elegidos por un período de cinco años. La iniciativa legislativa se tramita ante la Cámara de Diputados. De aprobarse la reforma constitucional, regiría a partir del 2011.
Voto facultativoSe propone corregir la Constitución de 1993 para que el voto ciudadano no sea obligatorio sino facultativo. Se aplicaría en forma progresiva en aquellas circunscripciones que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) indique. Regiría para todos los ciudadanos recién a partir del 1 de enero del 2016.
Renuncia al mandato parlamentarioLa propuesta de reforma constitucional permite que cualquier congresista pueda renunciar al mandato parlamentario. Para la aceptación de esta renuncia se requiere el voto conforme de más de la mitad del número legal de legisladores. Esto es, 61 votos. La vacancia del congresista por faltón tiene resistencias.
viernes, 9 de mayo de 2008
JUSTICIA VIVA PRESENTA MANUAL DE JUECES Y JUEZAS DE PAZ Y GUÍA DEL CAPACITADOR: LA IMPORTANCIA DE INFORMAR Y FORMAR EN LA JUSTICIA DE PAZ
08 de mayo del 2008
La justicia de paz no nos es ajena, alejada ni mucho menos innecesaria. En nuestro país, gran cantidad de ciudadanos acuden al juez y a la jueza de paz[1] para resolver sus problemas, no sólo en las zonas rurales sino también en zonas urbano marginales, tanto en Lima como diversas regiones del interior, significando en muchos casos el único medio para hallar justicia en problemas relevantes de la vida cotidiana y la convivencia. No obstante, errónea e históricamente no ha sido uno de los ámbitos de la administración de justicia que ha merecido el impulso político y económico necesario (salvo puntuales esfuerzos de diversas cortes de justicia). Y por ello, las actividades de promoción de la justicia de paz por parte de actores como la sociedad civil y la cooperación internacional han sido de mucha importancia.
En ese contexto, ha sido esencial que dichos esfuerzos, además de propiciar la presencia de la justicia de paz en la agenda pública, se focalice en la información y formación del actor principal: el juez de paz; porque no basta que éste cuente con los recursos físicos necesarios para resolver los problemas de los ciudadanos. ¿Qué pasaría si el juez de paz, el más cercano a la ciudadanía, no conoce cuál es su función, cuáles son sus límites y ejerce sin justicia? Y en este contexto, peor aún, ¿qué le queda a los ciudadanos que desconfiando de su juez de paz, no saben qué controversias debe resolver, o qué le deben exigir? La justicia de paz se vuelve sólo un concepto, una institución inexistente y una apariencia del ya limitado acceso a la justicia.
Con la intención de contrarrestar dicha situación, el Instituto de Defensa Legal desde hace más de 10 años ha venido desarrollando diversos programas, talleres, manuales complementarios y coordinaciones con la sociedad civil y algunas autoridades de justicia para informar y formar al juez de paz. Durante este período, se ha podido conocer más de cerca las diferentes necesidades y criterios del juez de diversas regiones, se han realizado mejoras en la capacitación y se ha logrado ganar un expertiz sobre qué decir de la justicia de paz, de los temas que le compete resolver y; yendo más allá, cómo capacitar al capacitador del juez de paz. Estas habilidades aprendidas, y que pueden ayudar a la capacitación de futuros jueces, han sido recopiladas en dos textos que serán presentados por el Consorcio Justicia Viva este martes 13, a las 7 p.m. en el local institucional del IDL: el "Manual del Juez y Jueza de Paz" y la "Capacitación a Jueces y Juezas de Paz. Guía del Facilitador"; publicaciones que han sido elaboradas por Javier La Rosa Calle y Zoila Cabrera Rodríguez, y que serán comentadas por el Dr. Francisco Távara Cordova, Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República y por la Dra. Gladys Virginia Guevara, Directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla de Colombia.
Sobre la capacitación de los jueces de paz, son interesantes las premisas de entrada que las publicaciones, señalan, debemos asumir, sobre todo si partimos de esquemas legales que no corresponden a las diversas realidades que el Derecho debe responder. Así, el capacitador del juez de paz ha de: (i) asumir la existencia de otras forma válidas de resolver conflictos que no pasan necesariamente por la sola aplicación de leyes y reglamentos, (ii) reconocer la capacitación como un aprendizaje mutuo de este tipo de justicia, (iii) desterrar el intento de equiparar la capacitación con la transmisión de los conceptos legales varias veces desconectados de la realidad rural y urbano marginal, (iv) respetar los usos y costumbres que prevalecen en diversas zonas y (v) enfatizar el respeto a los derechos fundamentales.
Es necesario generar en la población capacidades y destrezas propias para exigir una adecuada justicia; y para ello nada mejor que otorgar las herramientas. Por supuesto, nada podría lograrse si es que el lenguaje en que se transmiten tales herramientas es ininteligible, por lo que en el Manual y la Guía se ha optado por el llamado "lenguaje ciudadano" o términos entendibles para todos, propio de un estilo más simple y directo a fin de que, realmente, estas herramientas cumplan con sus objetivos en el muchas veces incomprensible mundo del Derecho: acercarnos a la justicia en vez de alejarnos, y construir una comunidad democrática ("democratizando la lengua"[2]) en lugar de seguir creando barreras entre nosotros. (Cruz Silva Del Carpio)
[1] Con la finalidad de no ocasionar la sobrecarga gráfica que supondría utilizar en español o/a, se opta por emplear en ocasiones el masculino genérico clásico, entendiendo que este término incluye siempre a hombres y mujeres.[2] En esta oportunidad, las reflexiones sobre un lenguaje no excluyente en el Derecho han sido tomadas concretamente de "Lenguaje ciudadano. Herramienta de democratización", artículo escrito por Paola Cépeda, Elizabeth Tavera y Miguel Carneiro, del Grupo Textus de la Sección Lingüística y Literatura, publicado en .edu Nº 109, Pontificia Universidad Católica del Perú. Dicho artículo inicia una importante campaña por el Leguaje Ciudadano.
JUSTICIA VIVA PRESENTA MANUAL DE JUECES Y JUEZAS DE PAZ Y GUÍA DEL CAPACITADOR: LA IMPORTANCIA DE INFORMAR Y FORMAR EN LA JUSTICIA DE PAZ
08 de mayo del 2008
La justicia de paz no nos es ajena, alejada ni mucho menos innecesaria. En nuestro país, gran cantidad de ciudadanos acuden al juez y a la jueza de paz[1] para resolver sus problemas, no sólo en las zonas rurales sino también en zonas urbano marginales, tanto en Lima como diversas regiones del interior, significando en muchos casos el único medio para hallar justicia en problemas relevantes de la vida cotidiana y la convivencia. No obstante, errónea e históricamente no ha sido uno de los ámbitos de la administración de justicia que ha merecido el impulso político y económico necesario (salvo puntuales esfuerzos de diversas cortes de justicia). Y por ello, las actividades de promoción de la justicia de paz por parte de actores como la sociedad civil y la cooperación internacional han sido de mucha importancia.
En ese contexto, ha sido esencial que dichos esfuerzos, además de propiciar la presencia de la justicia de paz en la agenda pública, se focalice en la información y formación del actor principal: el juez de paz; porque no basta que éste cuente con los recursos físicos necesarios para resolver los problemas de los ciudadanos. ¿Qué pasaría si el juez de paz, el más cercano a la ciudadanía, no conoce cuál es su función, cuáles son sus límites y ejerce sin justicia? Y en este contexto, peor aún, ¿qué le queda a los ciudadanos que desconfiando de su juez de paz, no saben qué controversias debe resolver, o qué le deben exigir? La justicia de paz se vuelve sólo un concepto, una institución inexistente y una apariencia del ya limitado acceso a la justicia.
Con la intención de contrarrestar dicha situación, el Instituto de Defensa Legal desde hace más de 10 años ha venido desarrollando diversos programas, talleres, manuales complementarios y coordinaciones con la sociedad civil y algunas autoridades de justicia para informar y formar al juez de paz. Durante este período, se ha podido conocer más de cerca las diferentes necesidades y criterios del juez de diversas regiones, se han realizado mejoras en la capacitación y se ha logrado ganar un expertiz sobre qué decir de la justicia de paz, de los temas que le compete resolver y; yendo más allá, cómo capacitar al capacitador del juez de paz. Estas habilidades aprendidas, y que pueden ayudar a la capacitación de futuros jueces, han sido recopiladas en dos textos que serán presentados por el Consorcio Justicia Viva este martes 13, a las 7 p.m. en el local institucional del IDL: el "Manual del Juez y Jueza de Paz" y la "Capacitación a Jueces y Juezas de Paz. Guía del Facilitador"; publicaciones que han sido elaboradas por Javier La Rosa Calle y Zoila Cabrera Rodríguez, y que serán comentadas por el Dr. Francisco Távara Cordova, Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República y por la Dra. Gladys Virginia Guevara, Directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla de Colombia.
Sobre la capacitación de los jueces de paz, son interesantes las premisas de entrada que las publicaciones, señalan, debemos asumir, sobre todo si partimos de esquemas legales que no corresponden a las diversas realidades que el Derecho debe responder. Así, el capacitador del juez de paz ha de: (i) asumir la existencia de otras forma válidas de resolver conflictos que no pasan necesariamente por la sola aplicación de leyes y reglamentos, (ii) reconocer la capacitación como un aprendizaje mutuo de este tipo de justicia, (iii) desterrar el intento de equiparar la capacitación con la transmisión de los conceptos legales varias veces desconectados de la realidad rural y urbano marginal, (iv) respetar los usos y costumbres que prevalecen en diversas zonas y (v) enfatizar el respeto a los derechos fundamentales.
Es necesario generar en la población capacidades y destrezas propias para exigir una adecuada justicia; y para ello nada mejor que otorgar las herramientas. Por supuesto, nada podría lograrse si es que el lenguaje en que se transmiten tales herramientas es ininteligible, por lo que en el Manual y la Guía se ha optado por el llamado "lenguaje ciudadano" o términos entendibles para todos, propio de un estilo más simple y directo a fin de que, realmente, estas herramientas cumplan con sus objetivos en el muchas veces incomprensible mundo del Derecho: acercarnos a la justicia en vez de alejarnos, y construir una comunidad democrática ("democratizando la lengua"[2]) en lugar de seguir creando barreras entre nosotros. (Cruz Silva Del Carpio)
[1] Con la finalidad de no ocasionar la sobrecarga gráfica que supondría utilizar en español o/a, se opta por emplear en ocasiones el masculino genérico clásico, entendiendo que este término incluye siempre a hombres y mujeres.[2] En esta oportunidad, las reflexiones sobre un lenguaje no excluyente en el Derecho han sido tomadas concretamente de "Lenguaje ciudadano. Herramienta de democratización", artículo escrito por Paola Cépeda, Elizabeth Tavera y Miguel Carneiro, del Grupo Textus de la Sección Lingüística y Literatura, publicado en .edu Nº 109, Pontificia Universidad Católica del Perú. Dicho artículo inicia una importante campaña por el Leguaje Ciudadano.
La justicia de paz no nos es ajena, alejada ni mucho menos innecesaria. En nuestro país, gran cantidad de ciudadanos acuden al juez y a la jueza de paz[1] para resolver sus problemas, no sólo en las zonas rurales sino también en zonas urbano marginales, tanto en Lima como diversas regiones del interior, significando en muchos casos el único medio para hallar justicia en problemas relevantes de la vida cotidiana y la convivencia. No obstante, errónea e históricamente no ha sido uno de los ámbitos de la administración de justicia que ha merecido el impulso político y económico necesario (salvo puntuales esfuerzos de diversas cortes de justicia). Y por ello, las actividades de promoción de la justicia de paz por parte de actores como la sociedad civil y la cooperación internacional han sido de mucha importancia.
En ese contexto, ha sido esencial que dichos esfuerzos, además de propiciar la presencia de la justicia de paz en la agenda pública, se focalice en la información y formación del actor principal: el juez de paz; porque no basta que éste cuente con los recursos físicos necesarios para resolver los problemas de los ciudadanos. ¿Qué pasaría si el juez de paz, el más cercano a la ciudadanía, no conoce cuál es su función, cuáles son sus límites y ejerce sin justicia? Y en este contexto, peor aún, ¿qué le queda a los ciudadanos que desconfiando de su juez de paz, no saben qué controversias debe resolver, o qué le deben exigir? La justicia de paz se vuelve sólo un concepto, una institución inexistente y una apariencia del ya limitado acceso a la justicia.
Con la intención de contrarrestar dicha situación, el Instituto de Defensa Legal desde hace más de 10 años ha venido desarrollando diversos programas, talleres, manuales complementarios y coordinaciones con la sociedad civil y algunas autoridades de justicia para informar y formar al juez de paz. Durante este período, se ha podido conocer más de cerca las diferentes necesidades y criterios del juez de diversas regiones, se han realizado mejoras en la capacitación y se ha logrado ganar un expertiz sobre qué decir de la justicia de paz, de los temas que le compete resolver y; yendo más allá, cómo capacitar al capacitador del juez de paz. Estas habilidades aprendidas, y que pueden ayudar a la capacitación de futuros jueces, han sido recopiladas en dos textos que serán presentados por el Consorcio Justicia Viva este martes 13, a las 7 p.m. en el local institucional del IDL: el "Manual del Juez y Jueza de Paz" y la "Capacitación a Jueces y Juezas de Paz. Guía del Facilitador"; publicaciones que han sido elaboradas por Javier La Rosa Calle y Zoila Cabrera Rodríguez, y que serán comentadas por el Dr. Francisco Távara Cordova, Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República y por la Dra. Gladys Virginia Guevara, Directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla de Colombia.
Sobre la capacitación de los jueces de paz, son interesantes las premisas de entrada que las publicaciones, señalan, debemos asumir, sobre todo si partimos de esquemas legales que no corresponden a las diversas realidades que el Derecho debe responder. Así, el capacitador del juez de paz ha de: (i) asumir la existencia de otras forma válidas de resolver conflictos que no pasan necesariamente por la sola aplicación de leyes y reglamentos, (ii) reconocer la capacitación como un aprendizaje mutuo de este tipo de justicia, (iii) desterrar el intento de equiparar la capacitación con la transmisión de los conceptos legales varias veces desconectados de la realidad rural y urbano marginal, (iv) respetar los usos y costumbres que prevalecen en diversas zonas y (v) enfatizar el respeto a los derechos fundamentales.
Es necesario generar en la población capacidades y destrezas propias para exigir una adecuada justicia; y para ello nada mejor que otorgar las herramientas. Por supuesto, nada podría lograrse si es que el lenguaje en que se transmiten tales herramientas es ininteligible, por lo que en el Manual y la Guía se ha optado por el llamado "lenguaje ciudadano" o términos entendibles para todos, propio de un estilo más simple y directo a fin de que, realmente, estas herramientas cumplan con sus objetivos en el muchas veces incomprensible mundo del Derecho: acercarnos a la justicia en vez de alejarnos, y construir una comunidad democrática ("democratizando la lengua"[2]) en lugar de seguir creando barreras entre nosotros. (Cruz Silva Del Carpio)
[1] Con la finalidad de no ocasionar la sobrecarga gráfica que supondría utilizar en español o/a, se opta por emplear en ocasiones el masculino genérico clásico, entendiendo que este término incluye siempre a hombres y mujeres.[2] En esta oportunidad, las reflexiones sobre un lenguaje no excluyente en el Derecho han sido tomadas concretamente de "Lenguaje ciudadano. Herramienta de democratización", artículo escrito por Paola Cépeda, Elizabeth Tavera y Miguel Carneiro, del Grupo Textus de la Sección Lingüística y Literatura, publicado en .edu Nº 109, Pontificia Universidad Católica del Perú. Dicho artículo inicia una importante campaña por el Leguaje Ciudadano.
OTRA VEZ LA INCÓMODA CORTE…
08 de mayo del 2008
El congresista y primer vicepresidente de la República, vicealmirante en retiro, Luis Giampietri Rojas, ha planteado, respecto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se "requiere una corte superior, una tercera instancia que revise casos totalmente ilógicos, como el de indemnizar a terroristas"[1]. La propuesta, según informa la prensa escrita[2], se explicaría en que los fallos de la Corte Interamericana son inapelables y los Estados son obligados a cumplir sentencias "ilógicas", "polémicas" o "cuestionables".
Las sentencias de la Corte Interamericana son, en efecto, inapelables y definitivas, por decisión soberana de los Estados de la OEA, que al adoptar el Pacto de San José de Costa Rica -que creó la Corte Interamericana y le asignó sus funciones- acordaron que sus fallos tendrían tal condición (art. 67). Esta norma, lejos de ser un invento de los Estados del continente americano, recoge una práctica jurídica de los sistemas nacionales de justicia, que tiene una racionalidad: poner fin, en alguna instancia, a los procesos judiciales. Así, una disposición normativa de este tipo es no solo conveniente sino necesaria en cualquier sistema de justicia, nacional o internacional, para evitar la prolongación indefinida de los debates judiciales. Por esta razón, los sistemas de justicia nacionales tienen tribunales de cúpula o de cierre del sistema, como las cortes supremas y los tribunales constitucionales que, con la autoridad que les otorgan las constituciones políticas, toman decisiones definitivas e inapelables. Por las mismas razones, los sistemas universales y regionales de protección de derechos humanos contienen normas similares al artículo 67 del Pacto de San José, que hacen inapelables y definitivas las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (art. 44 del Convención Europea para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales) y de la Corte Internacional de Justicia de la Haya (art. 60 de su Estatuto).
De allí que frente a las sentencias "ilógicas" no exista sino una alternativa consistente con los postulados del Estado de Derecho: cumplirlas. El acatamiento de las decisiones judiciales es un principio básico que está recogido también en la Constitución Política de Perú, que asigna al Presidente de la República la función de "cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales" (art. 118.9), sin excepciones, es decir, el Presidente, o en su reemplazo el Vicepresidente, tiene la obligación constitucional de hacer cumplir todas las sentencias, las de los tribunales nacionales y las de los internacionales, las lógicas y las ilógicas, las que suscitan polémica y las que no, con las que se está de acuerdo y con las que no. El "test" de apego al Estado de Derecho está en el acatamiento de las decisiones que no se comparten, justamente porque cumplir las que se comparten resulta sencillo.
Pero para evitar sentencias "ilógicas", el Estado podría, como hacen los litigantes en cualquier tipo de juicio, aportar al tribunal internacional las pruebas y los argumentos jurídicos que lo convenzan de la conclusión lógica que el Estado sostiene. El proceso contencioso ante los órganos del Sistema Interamericano le brinda a los Estados una serie de etapas procesales para presentar todo tipo de pruebas y asegurar su defensa: 1) luego de la notificación de que la Comisión Interamericana ha iniciado el trámite de una petición, 2) durante el trámite de admisibilidad, 3) durante la etapa de solución amistosa (cuando las partes acuerdan este trámite), 4) durante el trámite de fondo, 5) luego de la adopción del informe de fondo y antes de que el caso sea enviado a la Corte, 6) en el escrito de contestación de la demanda, 7) en la audiencia pública ante la Corte, 8) en los alegatos finales escritos, antes de que se dicte sentencia. Si a lo largo de un proceso contencioso, que muchas veces dura mas de diez años, un Estado no logra probar ante la Corte su posición, puede ser, como ocurre en buena parte de los casos, porque la responsabilidad internacional del Estado es difícil de cuestionar jurídicamente o bien porque hay deficiencias en la defensa del Estado, ya que en ocasiones los agentes estatales no son expertos en las reglas de derecho interamericano aplicables por el tribunal internacional. Algunos Estados de la región, incluso aquellos con situaciones de derechos humanos más complejas que la del Perú, en vez de plantear terceras vías o instancias de revisión de los fallos de la Corte Interamericana, han optado por mejorar su defensa judicial, para hacerla más jurídica y sintonizarla con el derecho vigente a nivel interamericano.
La propuesta de crear una instancia de revisión de los fallos de la Corte Interamericana, además de no tener en cuenta la estructura de los sistemas judiciales internacionales y no ser la mejor aplicación de los postulados del Estado de Derecho, puede ser inconveniente y generar un mal precedente. En un evento hipotético (no deseado) en que la Corte Internacional de la Haya decidiera el diferendo limítrofe a favor del Perú, y luego Chile planteara la necesidad de una tercera vía para revisar el fallo, por no compartirlo o considerarlo ilógico, la consistencia con el planteamiento respecto de las sentencias de la Corte Interamericana exigiría respaldar ese mismo planteamiento respecto de aquellas de la Corte Internacional de la Haya.
Por demás, esta propuesta va en un sentido diferente a las discusiones que tienen lugar en la OEA, foro en el que actualmente se discute la manera de fortalecer los órganos existentes del sistema y no de sustituirlos por terceras vías. Las discusiones giran en torno a la asignación de mayor presupuesto a dichos órganos o a la adopción de medidas para que la CIDH y la Corte puedan mejorar su funcionamiento y atender la carga procesal que enfrentan. Hoy en día en América Latina los Estados coinciden en la importancia que tiene para el fortalecimiento del Estado de Derecho el cumplimiento de las decisiones de los órganos del Sistema. Incluso la Venezuela de Chávez ha pasado de una posición inicial de abierto desafío y desconocimiento de la validez de las decisiones del Sistema a una posición de debate y discusión de las decisiones, no después de adoptadas, sino dentro de los espacios interamericanos existentes, como las audiencias ante la Comisión o mediante un litigio más activo ante la Corte.
Por otra parte, es difícil pensar que una propuesta de esta naturaleza pueda ser bien recibida por los representantes de los Estados europeos que estarán presentes en Lima con ocasión de las cumbres. Para formar parte de la Comunidad Europea se requiere el respeto de los derechos humanos y el acatamiento de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. (María Clara Galvis)
[1] Diarios El Comercio y Perú.21, ediciones del 6 de mayo del 2008, pp. a-6 y 4, respectivamente.[2] Ídem.
El congresista y primer vicepresidente de la República, vicealmirante en retiro, Luis Giampietri Rojas, ha planteado, respecto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se "requiere una corte superior, una tercera instancia que revise casos totalmente ilógicos, como el de indemnizar a terroristas"[1]. La propuesta, según informa la prensa escrita[2], se explicaría en que los fallos de la Corte Interamericana son inapelables y los Estados son obligados a cumplir sentencias "ilógicas", "polémicas" o "cuestionables".
Las sentencias de la Corte Interamericana son, en efecto, inapelables y definitivas, por decisión soberana de los Estados de la OEA, que al adoptar el Pacto de San José de Costa Rica -que creó la Corte Interamericana y le asignó sus funciones- acordaron que sus fallos tendrían tal condición (art. 67). Esta norma, lejos de ser un invento de los Estados del continente americano, recoge una práctica jurídica de los sistemas nacionales de justicia, que tiene una racionalidad: poner fin, en alguna instancia, a los procesos judiciales. Así, una disposición normativa de este tipo es no solo conveniente sino necesaria en cualquier sistema de justicia, nacional o internacional, para evitar la prolongación indefinida de los debates judiciales. Por esta razón, los sistemas de justicia nacionales tienen tribunales de cúpula o de cierre del sistema, como las cortes supremas y los tribunales constitucionales que, con la autoridad que les otorgan las constituciones políticas, toman decisiones definitivas e inapelables. Por las mismas razones, los sistemas universales y regionales de protección de derechos humanos contienen normas similares al artículo 67 del Pacto de San José, que hacen inapelables y definitivas las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (art. 44 del Convención Europea para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales) y de la Corte Internacional de Justicia de la Haya (art. 60 de su Estatuto).
De allí que frente a las sentencias "ilógicas" no exista sino una alternativa consistente con los postulados del Estado de Derecho: cumplirlas. El acatamiento de las decisiones judiciales es un principio básico que está recogido también en la Constitución Política de Perú, que asigna al Presidente de la República la función de "cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales" (art. 118.9), sin excepciones, es decir, el Presidente, o en su reemplazo el Vicepresidente, tiene la obligación constitucional de hacer cumplir todas las sentencias, las de los tribunales nacionales y las de los internacionales, las lógicas y las ilógicas, las que suscitan polémica y las que no, con las que se está de acuerdo y con las que no. El "test" de apego al Estado de Derecho está en el acatamiento de las decisiones que no se comparten, justamente porque cumplir las que se comparten resulta sencillo.
Pero para evitar sentencias "ilógicas", el Estado podría, como hacen los litigantes en cualquier tipo de juicio, aportar al tribunal internacional las pruebas y los argumentos jurídicos que lo convenzan de la conclusión lógica que el Estado sostiene. El proceso contencioso ante los órganos del Sistema Interamericano le brinda a los Estados una serie de etapas procesales para presentar todo tipo de pruebas y asegurar su defensa: 1) luego de la notificación de que la Comisión Interamericana ha iniciado el trámite de una petición, 2) durante el trámite de admisibilidad, 3) durante la etapa de solución amistosa (cuando las partes acuerdan este trámite), 4) durante el trámite de fondo, 5) luego de la adopción del informe de fondo y antes de que el caso sea enviado a la Corte, 6) en el escrito de contestación de la demanda, 7) en la audiencia pública ante la Corte, 8) en los alegatos finales escritos, antes de que se dicte sentencia. Si a lo largo de un proceso contencioso, que muchas veces dura mas de diez años, un Estado no logra probar ante la Corte su posición, puede ser, como ocurre en buena parte de los casos, porque la responsabilidad internacional del Estado es difícil de cuestionar jurídicamente o bien porque hay deficiencias en la defensa del Estado, ya que en ocasiones los agentes estatales no son expertos en las reglas de derecho interamericano aplicables por el tribunal internacional. Algunos Estados de la región, incluso aquellos con situaciones de derechos humanos más complejas que la del Perú, en vez de plantear terceras vías o instancias de revisión de los fallos de la Corte Interamericana, han optado por mejorar su defensa judicial, para hacerla más jurídica y sintonizarla con el derecho vigente a nivel interamericano.
La propuesta de crear una instancia de revisión de los fallos de la Corte Interamericana, además de no tener en cuenta la estructura de los sistemas judiciales internacionales y no ser la mejor aplicación de los postulados del Estado de Derecho, puede ser inconveniente y generar un mal precedente. En un evento hipotético (no deseado) en que la Corte Internacional de la Haya decidiera el diferendo limítrofe a favor del Perú, y luego Chile planteara la necesidad de una tercera vía para revisar el fallo, por no compartirlo o considerarlo ilógico, la consistencia con el planteamiento respecto de las sentencias de la Corte Interamericana exigiría respaldar ese mismo planteamiento respecto de aquellas de la Corte Internacional de la Haya.
Por demás, esta propuesta va en un sentido diferente a las discusiones que tienen lugar en la OEA, foro en el que actualmente se discute la manera de fortalecer los órganos existentes del sistema y no de sustituirlos por terceras vías. Las discusiones giran en torno a la asignación de mayor presupuesto a dichos órganos o a la adopción de medidas para que la CIDH y la Corte puedan mejorar su funcionamiento y atender la carga procesal que enfrentan. Hoy en día en América Latina los Estados coinciden en la importancia que tiene para el fortalecimiento del Estado de Derecho el cumplimiento de las decisiones de los órganos del Sistema. Incluso la Venezuela de Chávez ha pasado de una posición inicial de abierto desafío y desconocimiento de la validez de las decisiones del Sistema a una posición de debate y discusión de las decisiones, no después de adoptadas, sino dentro de los espacios interamericanos existentes, como las audiencias ante la Comisión o mediante un litigio más activo ante la Corte.
Por otra parte, es difícil pensar que una propuesta de esta naturaleza pueda ser bien recibida por los representantes de los Estados europeos que estarán presentes en Lima con ocasión de las cumbres. Para formar parte de la Comunidad Europea se requiere el respeto de los derechos humanos y el acatamiento de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. (María Clara Galvis)
[1] Diarios El Comercio y Perú.21, ediciones del 6 de mayo del 2008, pp. a-6 y 4, respectivamente.[2] Ídem.
CONSEJEROS VEGAS GALLO Y DELGADO DE LA FLOR LE DEBEN UNA EXPLICACIÓN AL PAÍS POR REVOCAR DESTITUCIÓN DE ROMERO, POMAREDA Y RODRÍGUEZ
08 de mayo del 2008
Hace diez días, el Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) revocó la resolución de destitución de los magistrados Romero, Pomareda y Rodríguez, y pidió que se les imponga una sanción menor. ¿Qué argumentos ha tomado en cuenta el CNM para sustentar esta inédita y sorprendente decisión? Más precisamente, ¿qué le van a decir al país los consejeros Edwin Vegas Gallo y Francisco Delgado de la Flor, los dos consejeros que han posibilitado la revocación comentada, para justificar su cambio de parecer y decirnos, que aún cuando los magistrados Romero y Pomareda fallaron en forma totalmente diferente en dos procesos idénticos, lo que merecen es sólo una sanción menor, y no la destitución que todo el mundo exigía? ¿Cuándo saldrá la resolución en la que se recojan las justificaciones de tan benévolo cambio de opinión?
Respecto de ambos consejeros, lo que se sabe es que, reconociendo la existencia de la falta, han considerado que, al no tener los magistrados antecedentes disciplinarios, la infracción no puede ser considerada tan grave como para fundamentar una destitución, por lo que se han sumado al voto que planteaba una sanción menor. Es decir, este cambio de opinión se sustentaría en que, conforme al principio de proporcionalidad, no habría equivalencia entre la falta cometida y la sanción de destitución.
Estamos en desacuerdo con tal parecer. Si hay algo que debe caracterizar la labor del juez, es su sumisión al Ordenamiento; el magistrado debe, pues, resolver las causas aplicando racionalmente las normas a su disposición. De lo contrario, su actuación se convertirá en un acto puro de poder, y no en un acto jurisdiccional. Esto es lo que ha sucedido en el caso de los magistrados sancionados. Su cambio de parecer, ante dos casos idénticos, y sin mostrar justificación alguna razonable, no puede considerarse como un uso legítimo de la función de administrar justicia; es, al contrario, un acto irrazonable, ilegítimo, en el fondo un acto de simple voluntad con apariencia de legalidad. La situación resultante, por eso, no armoniza con la lógica de un estado de derecho, y es más bien el uso arbitrario, y por ello cuestionable, del poder.
Afinando el análisis veremos cómo esta existencia de fallos contradictorios afecta varios principios, todos pilares fundamentales del Ordenamiento. En primer lugar la igualdad ante la ley de los justiciables. Todos, sin excepción, deben ser tratados igual por la ley, y el juez debe ser el gran garante de que las diferencias (como la raza, el sexo, la posición, el dinero) no entren a tallar al momento de la aplicación de la legislación a un caso concreto. La identidad de trato a los iguales exige, como no podía ser de otro modo, que sólo cuando sean desiguales, o las personas o las situaciones, exista un tratamiento distinto. Y si hay algo que está claro, que ni los propios consejeros niegan, es que los casos eran idénticos, por eso reconocen que hubo falta. Los magistrados han tratado desigual a los demandantes en ambos procesos, y los resultados son tan diferentes como la noche del día.
En segundo lugar, se afecta el debido proceso, ya que este derecho tiene entre sus contenidos, la exigencia de motivar racionalmente, lo que incluye la obligación de ser coherente en las resoluciones. "La coherencia constituye una exigencia esencial de la motivación, y en cierto sentido es un presupuesto de la racionalidad de la justificación de la decisión, ya que no es imaginable un discurso justificativo calificado de racional que no sea, al mismo tiempo, coherente"[1]. No hay coherencia, ni racionalidad, en ese sentido, si ante dos supuestos de hecho iguales -repetimos, como nadie niega- los jueces aplican dos razonamientos contradictorios. Por lo menos una de estas elecciones normativas fue inadecuada, por tanto arbitraria. Se rompe aquí, además, con el principio de universalidad, que implica que la resolución previa opera como un precedente, en tanto del mismo pueda extraerse una regla de carácter tendencialmente general, y por tanto aplicable a todos los otros casos idénticos o análogos[2].
Por último, la existencia de fallos contradictorios, sin ninguna justificación razonable, atenta contra la seguridad jurídica, contra la predictibilidad que debe atravesar todo el ordenamiento. Como señala el Tribunal Constitucional "la seguridad jurídica supone la expectativa razonablemente fundada del ciudadano en cuál ha de ser la actuación del poder en aplicación del Derecho"[3]. Esta predicción sobre la actuación del Derecho permite a las personas desarrollar sus vidas (la disposición de su patrimonio, su trabajo, posibilidad de indemnizaciones, etcétera) sobre la base de tales expectativas; y sin ellas, lo que existe es el caos, lo que repugna a cualquier ordenamiento, a toda sociedad.
Dadas estas consideraciones, nos parece que la infracción cometida por los magistrados tenía que calificarse como una muy grave, y la sanción correspondiente debió haber sido la destitución, y no otra menor, como ahora se propone. No deja de resultar paradójico, desde nuestro punto de vista, que las inconductas por la cual se ha sancionado a los magistrados -la falta de motivación para cambiar su decisión ante el mismo caso- podrían ahora eventualmente imputárseles a los Consejeros mencionados. Esto no puede ser tomado a la ligera. La debida motivación de las resoluciones es la garantía de un ejercicio racional de la actividad jurisdiccional o administrativa; es, como dijimos, la expresión de la sumisión a la Constitución y a la ley del juzgador[4]. Por tanto, sin ella, no sólo las partes del proceso se verán lesionadas, sino que la ciudadanía y el sistema de justicia también se perjudican, pues la primera pierde la confianza en que el segundo sabrá usar el poder que ostenta. Las cosas son graves. ¿Qué tendrán que decirnos Delgado de la Flor y Vegas Gallo al respecto? Estamos a la expectativa de la motivación de este vergonzoso cambio de decisión.(Julio Avellaneda Rojas)
[1] COLOMER HERNÁNDEZ, Ignacio. "La Motivación de las Sentencias: sus exigencias constitucionales y legales". Valencia: Tirant lo Blanch. 2003. p. 189.[2] TARUFFO. "Precedente ed esempio nella decisione giudiziaria". En: Revista Trimestrale di Diritto e Procedura civile. 1994. pp. 33-34.[3] STC 0016-2002-AI/TC- Fundamento 3. [4] COLOMER HERNÁNDEZ, Ignacio. Op. Cit. p. 141-148.
Hace diez días, el Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) revocó la resolución de destitución de los magistrados Romero, Pomareda y Rodríguez, y pidió que se les imponga una sanción menor. ¿Qué argumentos ha tomado en cuenta el CNM para sustentar esta inédita y sorprendente decisión? Más precisamente, ¿qué le van a decir al país los consejeros Edwin Vegas Gallo y Francisco Delgado de la Flor, los dos consejeros que han posibilitado la revocación comentada, para justificar su cambio de parecer y decirnos, que aún cuando los magistrados Romero y Pomareda fallaron en forma totalmente diferente en dos procesos idénticos, lo que merecen es sólo una sanción menor, y no la destitución que todo el mundo exigía? ¿Cuándo saldrá la resolución en la que se recojan las justificaciones de tan benévolo cambio de opinión?
Respecto de ambos consejeros, lo que se sabe es que, reconociendo la existencia de la falta, han considerado que, al no tener los magistrados antecedentes disciplinarios, la infracción no puede ser considerada tan grave como para fundamentar una destitución, por lo que se han sumado al voto que planteaba una sanción menor. Es decir, este cambio de opinión se sustentaría en que, conforme al principio de proporcionalidad, no habría equivalencia entre la falta cometida y la sanción de destitución.
Estamos en desacuerdo con tal parecer. Si hay algo que debe caracterizar la labor del juez, es su sumisión al Ordenamiento; el magistrado debe, pues, resolver las causas aplicando racionalmente las normas a su disposición. De lo contrario, su actuación se convertirá en un acto puro de poder, y no en un acto jurisdiccional. Esto es lo que ha sucedido en el caso de los magistrados sancionados. Su cambio de parecer, ante dos casos idénticos, y sin mostrar justificación alguna razonable, no puede considerarse como un uso legítimo de la función de administrar justicia; es, al contrario, un acto irrazonable, ilegítimo, en el fondo un acto de simple voluntad con apariencia de legalidad. La situación resultante, por eso, no armoniza con la lógica de un estado de derecho, y es más bien el uso arbitrario, y por ello cuestionable, del poder.
Afinando el análisis veremos cómo esta existencia de fallos contradictorios afecta varios principios, todos pilares fundamentales del Ordenamiento. En primer lugar la igualdad ante la ley de los justiciables. Todos, sin excepción, deben ser tratados igual por la ley, y el juez debe ser el gran garante de que las diferencias (como la raza, el sexo, la posición, el dinero) no entren a tallar al momento de la aplicación de la legislación a un caso concreto. La identidad de trato a los iguales exige, como no podía ser de otro modo, que sólo cuando sean desiguales, o las personas o las situaciones, exista un tratamiento distinto. Y si hay algo que está claro, que ni los propios consejeros niegan, es que los casos eran idénticos, por eso reconocen que hubo falta. Los magistrados han tratado desigual a los demandantes en ambos procesos, y los resultados son tan diferentes como la noche del día.
En segundo lugar, se afecta el debido proceso, ya que este derecho tiene entre sus contenidos, la exigencia de motivar racionalmente, lo que incluye la obligación de ser coherente en las resoluciones. "La coherencia constituye una exigencia esencial de la motivación, y en cierto sentido es un presupuesto de la racionalidad de la justificación de la decisión, ya que no es imaginable un discurso justificativo calificado de racional que no sea, al mismo tiempo, coherente"[1]. No hay coherencia, ni racionalidad, en ese sentido, si ante dos supuestos de hecho iguales -repetimos, como nadie niega- los jueces aplican dos razonamientos contradictorios. Por lo menos una de estas elecciones normativas fue inadecuada, por tanto arbitraria. Se rompe aquí, además, con el principio de universalidad, que implica que la resolución previa opera como un precedente, en tanto del mismo pueda extraerse una regla de carácter tendencialmente general, y por tanto aplicable a todos los otros casos idénticos o análogos[2].
Por último, la existencia de fallos contradictorios, sin ninguna justificación razonable, atenta contra la seguridad jurídica, contra la predictibilidad que debe atravesar todo el ordenamiento. Como señala el Tribunal Constitucional "la seguridad jurídica supone la expectativa razonablemente fundada del ciudadano en cuál ha de ser la actuación del poder en aplicación del Derecho"[3]. Esta predicción sobre la actuación del Derecho permite a las personas desarrollar sus vidas (la disposición de su patrimonio, su trabajo, posibilidad de indemnizaciones, etcétera) sobre la base de tales expectativas; y sin ellas, lo que existe es el caos, lo que repugna a cualquier ordenamiento, a toda sociedad.
Dadas estas consideraciones, nos parece que la infracción cometida por los magistrados tenía que calificarse como una muy grave, y la sanción correspondiente debió haber sido la destitución, y no otra menor, como ahora se propone. No deja de resultar paradójico, desde nuestro punto de vista, que las inconductas por la cual se ha sancionado a los magistrados -la falta de motivación para cambiar su decisión ante el mismo caso- podrían ahora eventualmente imputárseles a los Consejeros mencionados. Esto no puede ser tomado a la ligera. La debida motivación de las resoluciones es la garantía de un ejercicio racional de la actividad jurisdiccional o administrativa; es, como dijimos, la expresión de la sumisión a la Constitución y a la ley del juzgador[4]. Por tanto, sin ella, no sólo las partes del proceso se verán lesionadas, sino que la ciudadanía y el sistema de justicia también se perjudican, pues la primera pierde la confianza en que el segundo sabrá usar el poder que ostenta. Las cosas son graves. ¿Qué tendrán que decirnos Delgado de la Flor y Vegas Gallo al respecto? Estamos a la expectativa de la motivación de este vergonzoso cambio de decisión.(Julio Avellaneda Rojas)
[1] COLOMER HERNÁNDEZ, Ignacio. "La Motivación de las Sentencias: sus exigencias constitucionales y legales". Valencia: Tirant lo Blanch. 2003. p. 189.[2] TARUFFO. "Precedente ed esempio nella decisione giudiziaria". En: Revista Trimestrale di Diritto e Procedura civile. 1994. pp. 33-34.[3] STC 0016-2002-AI/TC- Fundamento 3. [4] COLOMER HERNÁNDEZ, Ignacio. Op. Cit. p. 141-148.
¿SON COMPETENTES LAS FFAA PARA INTERVENIR EN EL ORDEN INTERNO?
08 de mayo del 2008
El 27 de abril pasado se publicó el D. S. Nº 007-2008-DE, que modifica el D.S. 024-2005-DE-SG (Reglamento de la Ley Nº 28222). Como sabemos, la Ley 28222 está referida a normas a las que deben sujetarse las Fuerzas Armadas al intervenir en zonas no declaradas en Estado de Emergencia.
Dos son las críticas que se pueden hacer al D.S. Nº 007-2008-DE: (i) que limita el control democrático en la declaratoria de los Estados de Emergencia, y (ii) que modifica otro Decreto Supremo que desarrolla una norma “inconstitucional”.
El objetivo del decreto en mención es transferir la facultad de autorización de ingreso de las Fuerzas Armadas en zonas no declaradas en estado de emergencia, del Consejo de Ministros al Presidente de la República. En efecto, según la normativa anterior (Art. 4 del D. S. Nº 024-2005-DE/SG), la solicitud de intervención de las Fuerzas Armadas en materia de orden interno, en zonas no declaradas en emergencia, exigía que “El Consejo de Ministros evaluara la situación y de ser el caso, autorizara la intervención de las Fuerzas Armadas…”.
Esta norma ha sido modificada, de tal manera que ya no será necesaria la aprobación del Consejo de Ministros. En su lugar, solo se requerirá la aprobación del Presidente de la República. Así, el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 007-2008-DE establece que “El Presidente de la República, autorizará la intervención de las Fuerzas Armadas, mediante la Resolución Suprema, que será refrendada por los Ministros del Interior y Defensa”.
Tal como lo señaló el Área de Defensa y Reforma Militar del Instituto de Defensa Legal[1], la finalidad perseguida es muy clara: relajar y limitar el control de las autoridades políticas “democráticas” respecto del ingreso de las FFAA a tareas de orden interno. “Es decir, la nueva fórmula reduce el espacio de discusión política sobre la conveniencia de disponer la intervención de la fuerza armada en tareas de control del orden interno, otorgando con ello al Presidente de la República un poder casi absoluto sobre el tema”[2]. Esta situación es preocupante, pues de acuerdo al artículo 137 de la Constitución, en ningún caso y por ningún concepto, pueden intervenir las FFAA si antes no ha habido una declaratoria de Estado de Excepción y con el acuerdo del Consejo de Ministros.
Sin embargo, el problema sería más complejo, pues este Decreto Supremo modificó el reglamento de una ley, la Ley Nº 28222, que es incompatible con el artículo 137 constitucional, pues crea un supuesto de ingreso de las FFAA en materia de orden interno, supuesto que la Constitución Política no había contemplado ni regulado, usurpando facultades de poder constituyente que no tiene[3].
En efecto, este artículo ha establecido de manera clara e inequívoca, los supuestos de intervención de las fuerzas armadas. Nos referimos al Estado de Emergencia en casos de perturbación de la paz y el orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación; y el Estado de Sitio, en caso de invasión, guerra externa, guerra civil, o peligro inminente de que se produzcan. No existe otro supuesto constitucional. El supuesto creado por el artículo 1 de la Ley 28222 no tiene cobertura en nuestra Constitución[4].
Como hemos señalado en una anterior oportunidad, “la Constitución le ha encargado el control o restablecimiento del orden interno a la Policía Nacional (artículo 166) y a la Fuerza Armada la defensa nacional (artículo 165). Excepcionalmente, ha previsto que la Fuerza Armada se haga cargo del orden interno cuando el Gobierno decrete el estado de emergencia o el estado de sitio (artículo 137). La Constitución no contempla otros supuestos de hecho de intervención de la Fuerza Armada en el control o restablecimiento del orden interno, y así lo ha señalado el máximo intérprete de la Constitución, el Tribunal Constitucional, y también lo ha advertido en su momento la Defensoría del Pueblo”[5].
No podemos olvidar que el problema no es solo el DS 007-2008-DE, sino también la Ley 28222. Si queremos mirar el bosque y no solo el árbol, rápido caeremos en la cuenta que no podemos analizar este decreto de forma aislada, pues detrás de esta norma reglamentaria se esconde un problema más complejo. Este decreto nos plantea la interrogante de si son competentes las FFAA para intervenir en el orden interno, sin embargo, esta pregunta está incompleta. Una vez que se ha autorizado su ingreso en estricto cumplimiento del artículo 137, es necesario saber cuál es el papel de las FFAA en los Estado de Excepción.
El DS Nº 007-2008-DE es la punta del iceberg de un problema más complejo e importante para nuestro país. El análisis de la intervención de las FFAA en el orden interno debe ser analizado de la mano con el papel que éstas cumplen en los estados de excepción. La sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el exp. Nº 0017-2003-AI/TC, a propósito del proceso de inconstitucionalidad presentado por la Defensoría del Pueblo contra la Ley 24150, ha establecido ya un conjunto de reglas vinculantes para los poderes públicos.
No podemos autorizar el ingreso de las FFAA si no definimos cuál es su papel. Debemos recordar que las graves violaciones a los derechos humanos ocurrieron en la época de la violencia política y en contextos de estados de excepción. Todo ello exige redoblar esfuerzos para que estos hechos no vuelvan a repetirse. (Juan Carlos Ruiz Molleda)
[1] Cf. “El empleo de la Fuerza Armada en tareas de orden interno: ¿Difuminando más los controles?”, publicado en el Boletín del 24 al 30 de abril del 2008 en el portal del IDL. Ver: http://www.defensaidl.org.pe/dinforma [2] Ibídem. [3] CF. David Lovatón y Cruz Silva, “¿Es constitucional la intervención de las Fuerzas Armadas en el control del orden interno, sin estado de emergencia?”. En: Boletín electrónico Informando Justicia, publicado el 12 de julio del año 2007. Ver: http://www.justiciaviva.org.pe/noticias/2007/julio/12/constitucional.htm [4] “Artículo 1º.- Objeto de la Ley.- Modifícase el artículo único de la Ley No. 25410, que sustituye el artículo 2º del Decreto Legislativo No. 738, en los términos siguientes: "La Autoridad política o la autoridad policial podrá solicitar la intervención de las Fuerzas Armadas por un plazo no mayor de treinta (30) días calendario, cuando se produzcan actos de terrorismo, actos de violencia consistentes en atentados, ataques armados a entidades públicas o privadas o servicios públicos en los que se utilicen armamentos de guerra o artefactos explosivos o cuando se descubran elementos suficientes de peligro real o inminente de su perpetración, que sobrepase la capacidad operativa de la Policía Nacional del Perú. La intervención de las Fuerzas Armadas se realiza de acuerdo a las direc tivas que emita el Ministerio de Defensa, en base a los planes debidamente aprobados por el Consejo de Defensa Nacional." [5] David Lovatón y Cruz Silva, “¿Es constitucional la intervención de las Fuerzas Armadas en el control del orden interno, sin estado de emergencia?”. En: Boletín electrónico Informando Justicia, del 12 de julio del año 2007. Ver: http://www.justiciaviva.org.pe/noticias/2007/julio/12/constitucional.htm
El 27 de abril pasado se publicó el D. S. Nº 007-2008-DE, que modifica el D.S. 024-2005-DE-SG (Reglamento de la Ley Nº 28222). Como sabemos, la Ley 28222 está referida a normas a las que deben sujetarse las Fuerzas Armadas al intervenir en zonas no declaradas en Estado de Emergencia.
Dos son las críticas que se pueden hacer al D.S. Nº 007-2008-DE: (i) que limita el control democrático en la declaratoria de los Estados de Emergencia, y (ii) que modifica otro Decreto Supremo que desarrolla una norma “inconstitucional”.
El objetivo del decreto en mención es transferir la facultad de autorización de ingreso de las Fuerzas Armadas en zonas no declaradas en estado de emergencia, del Consejo de Ministros al Presidente de la República. En efecto, según la normativa anterior (Art. 4 del D. S. Nº 024-2005-DE/SG), la solicitud de intervención de las Fuerzas Armadas en materia de orden interno, en zonas no declaradas en emergencia, exigía que “El Consejo de Ministros evaluara la situación y de ser el caso, autorizara la intervención de las Fuerzas Armadas…”.
Esta norma ha sido modificada, de tal manera que ya no será necesaria la aprobación del Consejo de Ministros. En su lugar, solo se requerirá la aprobación del Presidente de la República. Así, el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 007-2008-DE establece que “El Presidente de la República, autorizará la intervención de las Fuerzas Armadas, mediante la Resolución Suprema, que será refrendada por los Ministros del Interior y Defensa”.
Tal como lo señaló el Área de Defensa y Reforma Militar del Instituto de Defensa Legal[1], la finalidad perseguida es muy clara: relajar y limitar el control de las autoridades políticas “democráticas” respecto del ingreso de las FFAA a tareas de orden interno. “Es decir, la nueva fórmula reduce el espacio de discusión política sobre la conveniencia de disponer la intervención de la fuerza armada en tareas de control del orden interno, otorgando con ello al Presidente de la República un poder casi absoluto sobre el tema”[2]. Esta situación es preocupante, pues de acuerdo al artículo 137 de la Constitución, en ningún caso y por ningún concepto, pueden intervenir las FFAA si antes no ha habido una declaratoria de Estado de Excepción y con el acuerdo del Consejo de Ministros.
Sin embargo, el problema sería más complejo, pues este Decreto Supremo modificó el reglamento de una ley, la Ley Nº 28222, que es incompatible con el artículo 137 constitucional, pues crea un supuesto de ingreso de las FFAA en materia de orden interno, supuesto que la Constitución Política no había contemplado ni regulado, usurpando facultades de poder constituyente que no tiene[3].
En efecto, este artículo ha establecido de manera clara e inequívoca, los supuestos de intervención de las fuerzas armadas. Nos referimos al Estado de Emergencia en casos de perturbación de la paz y el orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación; y el Estado de Sitio, en caso de invasión, guerra externa, guerra civil, o peligro inminente de que se produzcan. No existe otro supuesto constitucional. El supuesto creado por el artículo 1 de la Ley 28222 no tiene cobertura en nuestra Constitución[4].
Como hemos señalado en una anterior oportunidad, “la Constitución le ha encargado el control o restablecimiento del orden interno a la Policía Nacional (artículo 166) y a la Fuerza Armada la defensa nacional (artículo 165). Excepcionalmente, ha previsto que la Fuerza Armada se haga cargo del orden interno cuando el Gobierno decrete el estado de emergencia o el estado de sitio (artículo 137). La Constitución no contempla otros supuestos de hecho de intervención de la Fuerza Armada en el control o restablecimiento del orden interno, y así lo ha señalado el máximo intérprete de la Constitución, el Tribunal Constitucional, y también lo ha advertido en su momento la Defensoría del Pueblo”[5].
No podemos olvidar que el problema no es solo el DS 007-2008-DE, sino también la Ley 28222. Si queremos mirar el bosque y no solo el árbol, rápido caeremos en la cuenta que no podemos analizar este decreto de forma aislada, pues detrás de esta norma reglamentaria se esconde un problema más complejo. Este decreto nos plantea la interrogante de si son competentes las FFAA para intervenir en el orden interno, sin embargo, esta pregunta está incompleta. Una vez que se ha autorizado su ingreso en estricto cumplimiento del artículo 137, es necesario saber cuál es el papel de las FFAA en los Estado de Excepción.
El DS Nº 007-2008-DE es la punta del iceberg de un problema más complejo e importante para nuestro país. El análisis de la intervención de las FFAA en el orden interno debe ser analizado de la mano con el papel que éstas cumplen en los estados de excepción. La sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el exp. Nº 0017-2003-AI/TC, a propósito del proceso de inconstitucionalidad presentado por la Defensoría del Pueblo contra la Ley 24150, ha establecido ya un conjunto de reglas vinculantes para los poderes públicos.
No podemos autorizar el ingreso de las FFAA si no definimos cuál es su papel. Debemos recordar que las graves violaciones a los derechos humanos ocurrieron en la época de la violencia política y en contextos de estados de excepción. Todo ello exige redoblar esfuerzos para que estos hechos no vuelvan a repetirse. (Juan Carlos Ruiz Molleda)
[1] Cf. “El empleo de la Fuerza Armada en tareas de orden interno: ¿Difuminando más los controles?”, publicado en el Boletín del 24 al 30 de abril del 2008 en el portal del IDL. Ver: http://www.defensaidl.org.pe/dinforma [2] Ibídem. [3] CF. David Lovatón y Cruz Silva, “¿Es constitucional la intervención de las Fuerzas Armadas en el control del orden interno, sin estado de emergencia?”. En: Boletín electrónico Informando Justicia, publicado el 12 de julio del año 2007. Ver: http://www.justiciaviva.org.pe/noticias/2007/julio/12/constitucional.htm [4] “Artículo 1º.- Objeto de la Ley.- Modifícase el artículo único de la Ley No. 25410, que sustituye el artículo 2º del Decreto Legislativo No. 738, en los términos siguientes: "La Autoridad política o la autoridad policial podrá solicitar la intervención de las Fuerzas Armadas por un plazo no mayor de treinta (30) días calendario, cuando se produzcan actos de terrorismo, actos de violencia consistentes en atentados, ataques armados a entidades públicas o privadas o servicios públicos en los que se utilicen armamentos de guerra o artefactos explosivos o cuando se descubran elementos suficientes de peligro real o inminente de su perpetración, que sobrepase la capacidad operativa de la Policía Nacional del Perú. La intervención de las Fuerzas Armadas se realiza de acuerdo a las direc tivas que emita el Ministerio de Defensa, en base a los planes debidamente aprobados por el Consejo de Defensa Nacional." [5] David Lovatón y Cruz Silva, “¿Es constitucional la intervención de las Fuerzas Armadas en el control del orden interno, sin estado de emergencia?”. En: Boletín electrónico Informando Justicia, del 12 de julio del año 2007. Ver: http://www.justiciaviva.org.pe/noticias/2007/julio/12/constitucional.htm
AUSENCIA DE CRITERIO TECNICO EN APROBACION DE ARANCELES JUDICIALES
PARA NO PERDER LA COSTUMBRE: AUSENCIA DE CRITERIOS TÉCNICOS EN APROBACIÓN DE ARANCELES JUDICIALES
08 de mayo del 2008
El primero de mayo se publicó en El Peruano el Cuadro de Valores de los Aranceles Judiciales para el año 2008, así como el respectivo texto normativo que sustenta dicho cuadro y su aplicación. Sin mayores detalles, la resolución administrativa que aprueba dicho cuadro sigue la tradición de sus predecesoras, en cuanto a la ausencia de un sustento técnico que legitime la asignación de costos para los actos procesales en primer lugar, y luego el monto específico asignado para dichos actos de los que todos somos usuarios.
Anteriormente hemos hecho mención a los cuadros aprobados en años pasados, y es necesario iniciar este pequeño texto señalando que la reflexión es, lamentablemente, esencialmente la misma; pensará el lector que es tedioso leer antiguas críticas parafraseadas... lo es también para nosotros parafrasearlas. Sin duda, desearíamos simplemente corroborar que éstas ya no son necesarias, que las observaciones fueron tomadas y aplicadas para brindar un mejor servicio; sin embargo, aquí vamos, para no perder la costumbre.
Como ya hemos adelantado y como podrá extraerse del texto de la resolución las críticas básicamente se reflejan en la falta de sustentación técnica que permita justificar la asignación de un valor para cada uno de los actos procesales que figuran en el cuadro.
Por ejemplo, cualquier usuario podría preguntarse válidamente cómo es que se define el costo para presentar una solicitud de nulidad de actos procesales, si como señala el artículo dos de la resolución, una de las consecuencias de ese acto es la devolución del importe del acto procesal objeto de la nulidad. Este cuestionamiento simple, a pesar del sustento que podría válidamente darse, no se señala al momento de asignar valores (a pesar de que, asignar valores no implica necesariamente detallar cada acto procesal, podría simplemente buscarse una sustentación general que acerque a los usuarios a la razón de ser de un hecho que los afecta directamente, y que responde a una Institución que necesita legitimarse ante ellos).
Otro ejemplo: se desconoce el criterio mediante el cual se establece un monto de 98 soles, como mínimo, para situaciones en las cuales se podrían solucionar los conflictos de manera alternativa (“formas especiales de conclusión del proceso” y “suspensión convencional del proceso”); lo cual significaría más bien un desincentivo para las personas de bajo nivel económico, considerando además que de ser incentivada esta opción, podría funcionar como un mecanismo de descongestión del Poder Judicial. De igual forma sucede con los criterios para establecer el monto del arancel por actividades fuera del juzgado, ¿qué gastos se han tomado en cuenta para establecer el monto de dicha tasa?
En resoluciones de otros años, se ha mencionado, mediante votos singulares, la necesidad de sustentación técnica; y aunque la voz fue interna, no hemos visto que se haya realizado tal estudio. Esperemos que esta invocación sea escuchada y, así, los usuarios podamos encontrarnos con un adecuado fundamento de un servicio elemental. (Aarón Verona Badajoz)
CASO FUJIMORI: COLINA Y EL AGENTE CARRIÓN
08 de mayo del 2008
En las últimas sesiones del juicio oral seguido contra Alberto Fujimori se han producido dos eventos que resultan necesarios relevar, puesto que son buenos ejemplos del curso de este trascendental proceso judicial por violaciones a los derechos humanos. Se trata del sentido de las dos últimas intervenciones orales que el Tribunal le permite hacer al acusado y la presentación de un Informe, con categoría de "secreto", elaborado por la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior el año 2001.
Sobre las intervenciones del acusado. En las últimas dos semanas desfilaron ante el tribunal diversos altos oficiales del Ejército entre los que podemos señalar al general EP (r) Petronio Fernández Dávila (Jefe del Frente Huamanga en 1990), el general EP (r) Hugo Martínez Aloja (Jefe del Frente Huamanga en 1991), el general EP (r) Alberto Ríos Rueda (Jefe de la Casa Militar en 1991- 94) y el Coronel EP (r) Enrique Burga Colchado (Edecán de Fujimori en 1992).
Más allá de que los dos primeros se encuentren comprendidos en investigaciones por graves violaciones a los derechos humanos, perpetradas en el departamento de Ayacucho los años en que justamente tuvieron el comando del Frente Huamanga, y que los dos últimos se encuentren comprendidos en investigaciones por el secuestro de Susana Higuchi (1992) y por el desvío de fondos del SIN a la Casa Militar, el hecho es que las declaraciones testimoniales que brindaron al Tribunal sobre la base del formato definido por los abogados de Fujimori no solo resultaron evidentemente inútiles para los objetivos de la defensa, sino que sobre todo terminaron generando profundas grietas y vacíos en la estrategia del acusado.
El que un general ex jefe del Frente Huamanga en 1990 diga en el juicio contra Fujimori que ese año Sendero Luminoso no constituía un peligro para el Estado y la sociedad peruana, o que otro general también ex jefe del Frente Huamanga sostenga que cuando Fujimori iba a Ayacucho no conversaba con él, o que los jefes de la Casa Militar terminen respondiendo a la parte civil que efectivamente el Presidente hacia 1991 dirigía e impulsaba personalmente la estrategia contrasubversiva y que su presencia en universidades y en rondas campesinas entregando armas era una evidencia de aquello, son declaraciones que Fujimori ha considerado que están absolutamente fuera de control y que por lo tanto le hacen daño a sus intereses.
La reacción de Fujimori se produjo la semana pasada cuando, en uno de sus más extensos comentarios finales que le permite el Tribunal, el acusado se dedicó a intentar corregir cada una de esas declaraciones señalando todo lo contrario a lo que "sus" testigos habían declarado. Esto es sorprendente porque está poniendo en evidencia que no solo la evaluación (judicial y política) de quiénes debieron ser los testigos de la defensa estuvo equivocada, sino que también la defensa no tiene claridad ni previsión sobre la real trascendencia de los testimonios de "sus" testigos.
Sobre el agente Carrión. En octubre del 2001, agentes de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior capturaron al agente del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) Fabio Javier Urquizo Ayma, por su participación en el atentado dinamitero contra el Canal 13 de Puno. El hecho es que en la incautación de documentos se encontró un revelador informe de inteligencia, escrito en tercera persona por el denominado "agente Carrión", en el que se narra con espeluznante detalle una decena de operaciones especiales de inteligencia (OIE), que no son otra cosa que asesinatos de casi 20 personas perpetrados en Huamanga durante el año 1991.
En el referido informe, el agente Carrión da cuenta de su intervención en el asesinato del periodista Luis Morales Ortega (13 de julio 1991); el asesinato de Francisco Solier García, su esposa Celestina Huallanca Hinostroza (testigo del asesinato de Morales), su hijo Waldyn y su sobrino Carlos Rodríguez (18 de julio de 1991); el asesinato de Ladislao Huamaní Loayza y Gregoria Paquiyauri Farfán (4 de agosto de 1991); el asesinato de Raúl Jaico Medina (14 de agosto de 1991); el asesinato de Mariscot Santa Cruz Miranda y Rister León Espinoza (24 de agosto de 1991); el asesinato de Luis Contreras Palomino y Civil Flores Alca (14 de setiembre de 1991); el asesinato de Rogelio Galo Curi y Camilo Enrique Fernández (18 de diciembre de 1991); el asesinato de Zósimo Llactahuamán Huaranca (19 de diciembre de 1991), y el asesinato de la ex alcaldesa de Huamanga Leonor Zamora Concha (21 de diciembre de 1991).
Esa información fue contrastada por la Dirección de Inteligencia del MININTER y concluye que, en enero de 1991, Fabio Urquizo Ayma (el agente Carrión) junto con otros agentes del SIE fueron destacados por la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINTE) a la Comandancia General de la II División del Ejército, ubicada en Huamanga, como un grupo de agentes operativos para desarrollar operaciones especiales de inteligencia, y que esas operaciones significaban la realización de asesinatos contra presuntos subversivos.
Concluye también que, para la materialización de esos crímenes, se utilizó material logístico perteneciente al Estado (por esas coincidencias de la vida, el mismo tipo de armas que utilizó el destacamento Colina), y que los asesinatos fueron cometidos en cumplimiento a órdenes emitidas por el Comando del Ejército en Ayacucho asentado en el Cuartel "Los Cabitos" y de la DINTE y el SIE con sede en Lima.
¿Qué demuestra el caso del agente Carrión? Que la existencia del destacamento Colina, si bien constituyó la expresión más acabada de un aparato de inteligencia cuya misión era la eliminación de personas, no fue un hecho excepcional o aislado, sino que fue parte de una política de Estado que contempló la eliminación física de presuntos subversivos en operaciones especiales de inteligencia; las mismas que eran definidas, coordinadas y controladas por la Dirección de Inteligencia del Ejército, justamente el órgano del cual dependía el destacamento Colina. (Carlos Rivera Paz)
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