08 de mayo del 2008
La historia del Cuartel Militar “Los Cabitos” se remonta a diciembre de 1982, momento en el que se declara en Estado de Emergencia el departamento de Ayacucho a partir del Decreto Supremo Nº 068-82-IN, estableciéndose en esta dependencia militar el centro de mando y operativo de la Jefatura del Comando Político Militar de Ayacucho.
Desde ese entonces, las innumerables denuncias que se presentaron por desapariciones forzadas hacían referencia que las personas detenidas arbitrariamente eran conducidas al Cuartel “Los Cabitos” y nunca más se les volvía a ver.
El Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación recogió una serie de testimonios y denuncias, a través de los cuales concluyó que "miembros del Ejército acantonados en el Cuartel Nº 51, denominado como Los Cabitos, y efectivos de la Unidad de inteligencia conocida como "La Casa Rosada" (ambos establecidos en Huamanga) ordenaron, permitieron o cometieron violaciones de los derechos humanos de la población local, entre los años 1983 y 1984. Efectuaron detenciones arbitrarias, torturaron, concedieron libertad selectiva, desaparecieron y ejecutaron extrajudicialmente, por lo menos, a 136 ciudadanos"[1].
Por esa razón, la Fiscalía Supraprovincial de Ayacucho ordenó que se realizaran exhumaciones alrededor de este cuartel, encontrando en octubre del 2006 los cimientos de un horno de cremación de cadáveres, así como restos humanos calcinados hallados en las inmediaciones del Cuartel; hechos que permitieron corroborar que dicho establecimiento no sólo fue empleado como un centro de reclusión, sino también de desaparición y ejecución de víctimas que se encontraron detenidas en esta Base Militar.
Recientemente, el Instituto de Medicina Legal ha recuperado 81 cuerpos, que corresponden a hombres, mujeres y niños, enterrados en fosas clandestinas en la zona denominada “La hoyada”, área de 17 hectáreas y que forma parte del Cuartel “Los Cabitos”[2]. A la fecha, dicho Instituto ha realizado excavaciones y posteriores exhumaciones en una extensión de 2 hectáreas, quedando pendiente aún 15 más, por lo que se estima que la cifra de restos humanos puede ascender[3].
El personal del Instituto de Medicina Legal ha determinado que todos los cuerpos recuperados presentan disparos en la cabeza realizados a corta distancia y que la mayoría tenía las manos atadas a la espalda, hecho que sostiene la presunción de que antes de su ejecución las víctimas fueron sometidas a torturas. Además de estos hallazgos, también se han encontrado cuatro hornos de incineración que fueron empleados para quemar cadáveres, lo cual impediría que del resultado de las exhumaciones pueda concluirse en una cifra del número total de víctimas ejecutadas al interior del Cuartel “Los Cabitos”[4].
No obstante el trabajo de excavaciones y exhumaciones, el Instituto de Medicina Legal también tiene como tarea realizar las identificaciones de los restos humanos hallados a fin de entregarlos a sus familiares, para que después de casi 25 años puedan conocer lo sucedido con sus familiares.
Si bien la declaratoria del Estado de Emergencia en Ayacucho, y posteriormente en otras zonas del país, respondió a una necesidad del Estado de “enfrentar a un sanguinario proyecto subversivo, en un contexto en el cual no se conocía al enemigo, en el cual el liderazgo político no tenía idea clara de qué estrategia proponer”[5]; el resultado fue una política contrasubversiva, caracterizada por sembrar el terror en la población que se debía proteger.
La lucha contrasubversiva implementada al inicio del conflicto armado, dio como resultado el mayor número de denuncias por desapariciones forzadas, secuestros y ejecuciones sumarias, producto de una política de “arrasamiento” sin distinguir a la población civil de los grupos terroristas.
Las investigaciones por las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas del Cuartel “Los Cabitos”, como otros tantos casos que a la fecha se encuentran en investigación fiscal o en proceso de judicialización, demuestran que existe la necesidad de conocer la verdad y brindar justicia a las víctimas que la reclaman. (Mariela Varcárcel Angulo)
[1] Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación: Tomo VII, Capítulo 2: Los casos investigados por la CVR , 2.9. Desapariciones, torturas y ejecuciones extrajudiciales en la Base militar de Los Cabitos 1983-1985, página 71. [2] Diario La República, 26 de abril del 2008. [3] Diario La República, 03 de mayo del 2008. [4] Diario La República, 26 de abril del 2008. [5] Martín Tanaka, Diario Perú.21, 06 de mayo del 2008.
La historia del Cuartel Militar “Los Cabitos” se remonta a diciembre de 1982, momento en el que se declara en Estado de Emergencia el departamento de Ayacucho a partir del Decreto Supremo Nº 068-82-IN, estableciéndose en esta dependencia militar el centro de mando y operativo de la Jefatura del Comando Político Militar de Ayacucho.
Desde ese entonces, las innumerables denuncias que se presentaron por desapariciones forzadas hacían referencia que las personas detenidas arbitrariamente eran conducidas al Cuartel “Los Cabitos” y nunca más se les volvía a ver.
El Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación recogió una serie de testimonios y denuncias, a través de los cuales concluyó que "miembros del Ejército acantonados en el Cuartel Nº 51, denominado como Los Cabitos, y efectivos de la Unidad de inteligencia conocida como "La Casa Rosada" (ambos establecidos en Huamanga) ordenaron, permitieron o cometieron violaciones de los derechos humanos de la población local, entre los años 1983 y 1984. Efectuaron detenciones arbitrarias, torturaron, concedieron libertad selectiva, desaparecieron y ejecutaron extrajudicialmente, por lo menos, a 136 ciudadanos"[1].
Por esa razón, la Fiscalía Supraprovincial de Ayacucho ordenó que se realizaran exhumaciones alrededor de este cuartel, encontrando en octubre del 2006 los cimientos de un horno de cremación de cadáveres, así como restos humanos calcinados hallados en las inmediaciones del Cuartel; hechos que permitieron corroborar que dicho establecimiento no sólo fue empleado como un centro de reclusión, sino también de desaparición y ejecución de víctimas que se encontraron detenidas en esta Base Militar.
Recientemente, el Instituto de Medicina Legal ha recuperado 81 cuerpos, que corresponden a hombres, mujeres y niños, enterrados en fosas clandestinas en la zona denominada “La hoyada”, área de 17 hectáreas y que forma parte del Cuartel “Los Cabitos”[2]. A la fecha, dicho Instituto ha realizado excavaciones y posteriores exhumaciones en una extensión de 2 hectáreas, quedando pendiente aún 15 más, por lo que se estima que la cifra de restos humanos puede ascender[3].
El personal del Instituto de Medicina Legal ha determinado que todos los cuerpos recuperados presentan disparos en la cabeza realizados a corta distancia y que la mayoría tenía las manos atadas a la espalda, hecho que sostiene la presunción de que antes de su ejecución las víctimas fueron sometidas a torturas. Además de estos hallazgos, también se han encontrado cuatro hornos de incineración que fueron empleados para quemar cadáveres, lo cual impediría que del resultado de las exhumaciones pueda concluirse en una cifra del número total de víctimas ejecutadas al interior del Cuartel “Los Cabitos”[4].
No obstante el trabajo de excavaciones y exhumaciones, el Instituto de Medicina Legal también tiene como tarea realizar las identificaciones de los restos humanos hallados a fin de entregarlos a sus familiares, para que después de casi 25 años puedan conocer lo sucedido con sus familiares.
Si bien la declaratoria del Estado de Emergencia en Ayacucho, y posteriormente en otras zonas del país, respondió a una necesidad del Estado de “enfrentar a un sanguinario proyecto subversivo, en un contexto en el cual no se conocía al enemigo, en el cual el liderazgo político no tenía idea clara de qué estrategia proponer”[5]; el resultado fue una política contrasubversiva, caracterizada por sembrar el terror en la población que se debía proteger.
La lucha contrasubversiva implementada al inicio del conflicto armado, dio como resultado el mayor número de denuncias por desapariciones forzadas, secuestros y ejecuciones sumarias, producto de una política de “arrasamiento” sin distinguir a la población civil de los grupos terroristas.
Las investigaciones por las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas del Cuartel “Los Cabitos”, como otros tantos casos que a la fecha se encuentran en investigación fiscal o en proceso de judicialización, demuestran que existe la necesidad de conocer la verdad y brindar justicia a las víctimas que la reclaman. (Mariela Varcárcel Angulo)
[1] Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación: Tomo VII, Capítulo 2: Los casos investigados por la CVR , 2.9. Desapariciones, torturas y ejecuciones extrajudiciales en la Base militar de Los Cabitos 1983-1985, página 71. [2] Diario La República, 26 de abril del 2008. [3] Diario La República, 03 de mayo del 2008. [4] Diario La República, 26 de abril del 2008. [5] Martín Tanaka, Diario Perú.21, 06 de mayo del 2008.
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