Corrupción :::: Más Sorpresas de Petro-Bill
Millonario William Kallop, acusado de colusión en informe parlamentario, vivía en Lima pero se fue del país poco antes de que estallara el escándalo de los “petroaudios”, y aduce razones de salud para no volver.
Sus amigos le decían Billionaire Hill. Y William Kallop Moore no estaba lejos de haberse convertido en Bill el Billonario. Su empresa Petro-Tech, constituida en Delaware hace unos 16 años exclusivamente para ingresar al negocio de hidrocarburos en el Perú, fue vendida en US$ 900 millones el pasado mes de febrero.
Ni el escándalo de los “petroaudios” con el que se ligó a la compañía detuvo a las estatales petroleras de Corea y Colombia en su decisión de hacerse de la gallina de los barriles de oro. Aunque cuenta con varios lotes en exploración, es el lote Z2B, ubicado en el zócalo continental de Talara, el que explica su producción de casi US$ 300 millones por año, en crudo y gas.
Petro-Tech no tuvo que encontrar nada. Este lote, antes de la norteamericana Belco y estatizado durante el primer gobierno de Alan García, fue privatizado por un Estado incapaz de gestionarlo a principios de los 90.
La comisión parlamentaria que investigó, según el mandato del Congreso, “las razones de la venta de las acciones de la empresa Petro-Tech Peruana S.A. y sus contingencias tributarias, societarias y de otro tipo”, recomienda a la SUNAT denunciar penalmente a Kallop y a sus gerentes Alberto Varillas y Rosy Gadea. Ellos encabezan una larga lista que incluye a otras 34 personas, entre las cuales están los ex ministros Jaime Quijandría y Daniel Hokama.
Cecilia Chacón, congresista fujimorista e integrante de la comisión presidida por el oficialista Jhony Peralta, tomó distancia de las conclusiones del informe.
El documento de 436 páginas toca casi todas las aristas de la turbulenta historia de Petro-Tech y reclama un pago de US$ 482.2 millones al Estado, calculado a partir de la suma por las multas por inadecuado mantenimiento de las plataformas, tributos adeudados entre 1994 y 2008 y el impuesto a la renta por la reciente transferencia de acciones.
Todo será materia de debate, pero la verdadera novedad radica en un dato que no es materia de competencia de la comisión: Petro-Tech pagó los pasajes a Piura de dos de los “chuponeadores” durante el año pasado, un período en el que la empresa ha negado ningún tipo de contacto con ellos. PETRO-TECH HA REITERADO por todos los medios posibles ser ajena al escándalo de los “petroaudios”, que comenzó con la emisión de conversaciones interceptadas al ex ministro Rómulo León y el miembro del directorio de Perupetro, Alberto Quimper. De las conversaciones del “faenón” se desprende que Quimper asesoraba a Discover, una petrolera noruega representada por León que competía con Petro-Tech por varios lotes de exploración. Daniel Saba de Perupetro ha defendido la transparencia de la licitación y sostiene que Quimper no pudo influenciarla.
Pero a ese revelador inicio le siguió una cascada de denuncias a medio cocinar, apuntaladas por correos electrónicos falsos y montajes armados para proyectar la idea de una extendida mafia de corrupción. En enero fueron arrestados los “chuponeadores” de la empresa Business Track (BTR), jefaturada por el marino retirado Elías Ponce Feijoo. Entre sus empleados estaban Giselle Giannotti y Martín Fernández Vírhuez.
En varias comunicaciones con CARETAS, el ex gerente legal de Petro-Tech, Alberto Varillas, siempre negó la posibilidad de que la empresa hubiera encargado algún trabajo a los chuponeadores. “Jamás hemos hecho ningún pago irregular a Giselle Giannotti ni a Business Track”, sostuvo en carta enviada a esta redacción el 15 de enero.
Varillas señaló que Petro-Tech “no forma parte de la relación de clientes que aparecía en la web de Business Track (…). La única vez que contratamos los servicios de esa empresa fue a fines del 2006 para la realización de una auditoría sobre los sistemas de seguridad instalados en servidores de cómputo” (CARETAS 2062).
El hallazgo de la comisión parlamentaria es notable, porque pone en serias dudas esas versiones. En el documento enviado a la comisión el 8 de abril por Carlos Schacht Rotter, representante legal de Lan, se incluyen los pasajes “de todas las personas naturales o representantes de personas jurídicas que viajaron pagados por la empresa Petro-Tech Peruana S.A. entre los años 2007 y 2008”.
Dos de esos boletos saltan a la vista. Tanto por la identidad de los pasajeros como por las fechas de los viajes. Martín Alberto Fernández Vírhuez tiene un pasaje emitido el 24 de junio del 2008 con la ruta Lima-Piura-Lima. Y Giselle Giannotti figura con el mismo itinerario en otro pasaje facturado el 21 de julio del 2008.
Giselle Giannotti dijo en su declaración policial que vio a Varillas una sola vez en el 2007. El abogado de William Kallop, Jorge Pérez Taiman, dijo a CARETAS que Giannotti iba a viajar a Piura “para ver un tema de computadoras”, pero que al final no llegó a tomar el vuelo. Añadió que Varillas no podía estar al tanto de todas lo que pasaba dentro de Petro-Tech. También confirmó que Fernández Vírhuez viajó a Piura a hacer un barrido electrónico, pero como parte de la empresa Andrick Service, no Business Track.
Cuestionable argumento si se toma en cuenta que un año antes, en agosto del 2007, Andrick había sido acusada en el informe de la Comisión de Inteligencia por tráfico de información reservada de la Marina a empresas privadas (CARETAS 1990). De nuevo se trató de un caso de “chuponeo”, que incluyó correos adulterados.
Como fuera, cuando viajó a Piura Fernández también trabajaba para Business Track. Según lo que se desprende de sus declaraciones, él ya “chuponeaba” las comunicaciones de Rómulo León y Alberto Quimper por aquellos días.
El abogado del marino, Walter Chinchay, aseguró a CARETAS que su patrocinado viajó a solicitud de una empresa subcontratista de Petro-Tech para realizar un barrido electrónico. Esa empresa sería Risk Control SAC, que en realidad es parte del “holding” de la petrolera. Otra comisión, la que investiga el “chuponeo” y preside el congresista Orlando Luízar, solicitó el levantamiento del secreto de sus comunicaciones, por considerar que allí había una pista que podía llevar al origen de los “petroaudios” (CARETAS 2066).
También hay que recordar que, entre el material incautado a Business Track, se encontraron fotografías de la casa del parlamentario piurano Miguel Guevara, severo crítico de Petro-Tech (CARETAS 2076).
La situación se torna más comprometedora porque, a diferencia de sus herméticos colegas, Fernández cantó como un jilguero casi desde el momento en que fue arrestado. Este marino, suboficial de contrainteligencia de 39 años, ha declarado a la Fiscalía que Giannotti analizaba las conversaciones interceptadas y cerraba los tratos con los clientes. Todo ello ha sido negado por la aludida (CARETAS 2062).
También sostuvo que el comandante de la Marina (r) Carlos Tomasio le proporcionó una laptop para archivar los audios de Quimper que “chuponeó” desde el piso 10 del edificio Ostolaza, en la cuadra cuatro de la avenida Tacna. Fernández era el experto interceptador.
EL FISCAL WALTER MILLA confirmó que le solicitará recabar la información a la jueza Ana María Martínez, que sigue el caso de los “petroaudios” y que en los próximos días culminará el deslacrado del material incautado a BTR para someterlo al llamado “peritaje forense informático”.
Ese proceso ha sufrido constantes tropiezos, pero nada comparable al que el juez anticorrupción Jorge Barreto sigue contra León, Quimper y otros 12 implicados en la licitación petrolera. El magistrado no ha podido revisar el contenido de la computadora del ex ministro aprista porque, dice, no existe presupuesto para pagar a dos peritos informáticos. Barreto no se pronunció sobre la propuesta de la Gerencia del Poder Judicial para que la revisión esté a cargo de especialistas en informática, como se viene haciendo con el material de los “chuponeadores”. La fiscalía solicitó declarar la complejidad del caso y extender el plazo de investigación por seis meses. El más claro mensaje a favor de la corrupción sería pasar al juicio oral sin haber desentrañado los contenidos de ese disco duro.
Millonario William Kallop, acusado de colusión en informe parlamentario, vivía en Lima pero se fue del país poco antes de que estallara el escándalo de los “petroaudios”, y aduce razones de salud para no volver.
Sus amigos le decían Billionaire Hill. Y William Kallop Moore no estaba lejos de haberse convertido en Bill el Billonario. Su empresa Petro-Tech, constituida en Delaware hace unos 16 años exclusivamente para ingresar al negocio de hidrocarburos en el Perú, fue vendida en US$ 900 millones el pasado mes de febrero.
Ni el escándalo de los “petroaudios” con el que se ligó a la compañía detuvo a las estatales petroleras de Corea y Colombia en su decisión de hacerse de la gallina de los barriles de oro. Aunque cuenta con varios lotes en exploración, es el lote Z2B, ubicado en el zócalo continental de Talara, el que explica su producción de casi US$ 300 millones por año, en crudo y gas.
Petro-Tech no tuvo que encontrar nada. Este lote, antes de la norteamericana Belco y estatizado durante el primer gobierno de Alan García, fue privatizado por un Estado incapaz de gestionarlo a principios de los 90.
La comisión parlamentaria que investigó, según el mandato del Congreso, “las razones de la venta de las acciones de la empresa Petro-Tech Peruana S.A. y sus contingencias tributarias, societarias y de otro tipo”, recomienda a la SUNAT denunciar penalmente a Kallop y a sus gerentes Alberto Varillas y Rosy Gadea. Ellos encabezan una larga lista que incluye a otras 34 personas, entre las cuales están los ex ministros Jaime Quijandría y Daniel Hokama.
Cecilia Chacón, congresista fujimorista e integrante de la comisión presidida por el oficialista Jhony Peralta, tomó distancia de las conclusiones del informe.
El documento de 436 páginas toca casi todas las aristas de la turbulenta historia de Petro-Tech y reclama un pago de US$ 482.2 millones al Estado, calculado a partir de la suma por las multas por inadecuado mantenimiento de las plataformas, tributos adeudados entre 1994 y 2008 y el impuesto a la renta por la reciente transferencia de acciones.
Todo será materia de debate, pero la verdadera novedad radica en un dato que no es materia de competencia de la comisión: Petro-Tech pagó los pasajes a Piura de dos de los “chuponeadores” durante el año pasado, un período en el que la empresa ha negado ningún tipo de contacto con ellos. PETRO-TECH HA REITERADO por todos los medios posibles ser ajena al escándalo de los “petroaudios”, que comenzó con la emisión de conversaciones interceptadas al ex ministro Rómulo León y el miembro del directorio de Perupetro, Alberto Quimper. De las conversaciones del “faenón” se desprende que Quimper asesoraba a Discover, una petrolera noruega representada por León que competía con Petro-Tech por varios lotes de exploración. Daniel Saba de Perupetro ha defendido la transparencia de la licitación y sostiene que Quimper no pudo influenciarla.
Pero a ese revelador inicio le siguió una cascada de denuncias a medio cocinar, apuntaladas por correos electrónicos falsos y montajes armados para proyectar la idea de una extendida mafia de corrupción. En enero fueron arrestados los “chuponeadores” de la empresa Business Track (BTR), jefaturada por el marino retirado Elías Ponce Feijoo. Entre sus empleados estaban Giselle Giannotti y Martín Fernández Vírhuez.
En varias comunicaciones con CARETAS, el ex gerente legal de Petro-Tech, Alberto Varillas, siempre negó la posibilidad de que la empresa hubiera encargado algún trabajo a los chuponeadores. “Jamás hemos hecho ningún pago irregular a Giselle Giannotti ni a Business Track”, sostuvo en carta enviada a esta redacción el 15 de enero.
Varillas señaló que Petro-Tech “no forma parte de la relación de clientes que aparecía en la web de Business Track (…). La única vez que contratamos los servicios de esa empresa fue a fines del 2006 para la realización de una auditoría sobre los sistemas de seguridad instalados en servidores de cómputo” (CARETAS 2062).
El hallazgo de la comisión parlamentaria es notable, porque pone en serias dudas esas versiones. En el documento enviado a la comisión el 8 de abril por Carlos Schacht Rotter, representante legal de Lan, se incluyen los pasajes “de todas las personas naturales o representantes de personas jurídicas que viajaron pagados por la empresa Petro-Tech Peruana S.A. entre los años 2007 y 2008”.
Dos de esos boletos saltan a la vista. Tanto por la identidad de los pasajeros como por las fechas de los viajes. Martín Alberto Fernández Vírhuez tiene un pasaje emitido el 24 de junio del 2008 con la ruta Lima-Piura-Lima. Y Giselle Giannotti figura con el mismo itinerario en otro pasaje facturado el 21 de julio del 2008.
Giselle Giannotti dijo en su declaración policial que vio a Varillas una sola vez en el 2007. El abogado de William Kallop, Jorge Pérez Taiman, dijo a CARETAS que Giannotti iba a viajar a Piura “para ver un tema de computadoras”, pero que al final no llegó a tomar el vuelo. Añadió que Varillas no podía estar al tanto de todas lo que pasaba dentro de Petro-Tech. También confirmó que Fernández Vírhuez viajó a Piura a hacer un barrido electrónico, pero como parte de la empresa Andrick Service, no Business Track.
Cuestionable argumento si se toma en cuenta que un año antes, en agosto del 2007, Andrick había sido acusada en el informe de la Comisión de Inteligencia por tráfico de información reservada de la Marina a empresas privadas (CARETAS 1990). De nuevo se trató de un caso de “chuponeo”, que incluyó correos adulterados.
Como fuera, cuando viajó a Piura Fernández también trabajaba para Business Track. Según lo que se desprende de sus declaraciones, él ya “chuponeaba” las comunicaciones de Rómulo León y Alberto Quimper por aquellos días.
El abogado del marino, Walter Chinchay, aseguró a CARETAS que su patrocinado viajó a solicitud de una empresa subcontratista de Petro-Tech para realizar un barrido electrónico. Esa empresa sería Risk Control SAC, que en realidad es parte del “holding” de la petrolera. Otra comisión, la que investiga el “chuponeo” y preside el congresista Orlando Luízar, solicitó el levantamiento del secreto de sus comunicaciones, por considerar que allí había una pista que podía llevar al origen de los “petroaudios” (CARETAS 2066).
También hay que recordar que, entre el material incautado a Business Track, se encontraron fotografías de la casa del parlamentario piurano Miguel Guevara, severo crítico de Petro-Tech (CARETAS 2076).
La situación se torna más comprometedora porque, a diferencia de sus herméticos colegas, Fernández cantó como un jilguero casi desde el momento en que fue arrestado. Este marino, suboficial de contrainteligencia de 39 años, ha declarado a la Fiscalía que Giannotti analizaba las conversaciones interceptadas y cerraba los tratos con los clientes. Todo ello ha sido negado por la aludida (CARETAS 2062).
También sostuvo que el comandante de la Marina (r) Carlos Tomasio le proporcionó una laptop para archivar los audios de Quimper que “chuponeó” desde el piso 10 del edificio Ostolaza, en la cuadra cuatro de la avenida Tacna. Fernández era el experto interceptador.
EL FISCAL WALTER MILLA confirmó que le solicitará recabar la información a la jueza Ana María Martínez, que sigue el caso de los “petroaudios” y que en los próximos días culminará el deslacrado del material incautado a BTR para someterlo al llamado “peritaje forense informático”.
Ese proceso ha sufrido constantes tropiezos, pero nada comparable al que el juez anticorrupción Jorge Barreto sigue contra León, Quimper y otros 12 implicados en la licitación petrolera. El magistrado no ha podido revisar el contenido de la computadora del ex ministro aprista porque, dice, no existe presupuesto para pagar a dos peritos informáticos. Barreto no se pronunció sobre la propuesta de la Gerencia del Poder Judicial para que la revisión esté a cargo de especialistas en informática, como se viene haciendo con el material de los “chuponeadores”. La fiscalía solicitó declarar la complejidad del caso y extender el plazo de investigación por seis meses. El más claro mensaje a favor de la corrupción sería pasar al juicio oral sin haber desentrañado los contenidos de ese disco duro.
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