Bolivia: Juicio contra el genocidio

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(1) Alex Contreras Baspineiro - ALAI AMLATINA (2) Sánchez de Lozada movilizó a la Policía y el Ejército y desató la masacre. (3) La protesta de la población de El Alto fue incontenible.
La “Guerra del Gas” de octubre de 2003 es sinónimo de la muerte de 69 bolivianos y bolivianas, más de 400 heridos, cientos de huérfanos y viudas, la huida del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada a Estados Unidos y también de incertidumbre e impunidad. Pero desde el 18 de mayo una nueva página de dignidad se escribe en la historia boliviana, con el inicio, ese día, del juicio de responsabilidades contra el ex gobernante genocida y sus ex ministros, tres de ellos cobijados en Perú.Después de cinco años y siete meses de aquella masacre, la Corte Suprema de Justicia de Sucre, abrió el histórico proceso para juzgar a un ex Presidente de la República elegido en democracia, a su gabinete de ministros y también a cinco ex miembros del Alto Mando Militar.Se estima que a lo largo del proceso comparezcan alrededor de 2.500 testigos y se presenten unas 4.900 pruebas.Ante la ausencia de los principales acusados de este caso, la Corte Suprema de Justicia les declaró en rebeldía y ordenó la aprehensión del ex presidente Sánchez de Lozada y sus ex ministros.Nueve ex autoridades huyeron de Bolivia porque, según dicen, en el país no existe seguridad jurídica y el juicio tendría carácter político: Gonzalo Sánchez de Lozada se refugió en Estados Unidos desde la insurrección popular de corte anti-neoliberal que se oponía a la exportación del gas natural hacia ese país por puertos chilenos.Sus ex ministros Carlos Sánchez Berzaín, Jorge Berindoague y Guido Áñez radican en Estados Unidos; Mirtha Quevedo y Javier Torres Goitia encontraron refugio en el Perú, con la venia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y Jorge Torres Obleas obtuvo asilo político en ese mismo país, lo que puso en crisis las relaciones boliviano-peruanas. Hugo Carvajal se encuentra en España y el paradero de Yerko Kukoc es desconocido.“Lo importante de la primera audiencia es que a partir de ahora la señora Quevedo, Torres Obleas, Torres Goitia, Yerko Kukoc y otros fueron declarados rebeldes por la justicia boliviana, eso implica que pesa sobre ellos un mandamiento de aprehensión”, explicó el fiscal Milton Mendoza.Agregó que como primera medida el Poder Judicial informará a la Interpol (Policía Internacional) sobre el mandamiento de aprehensión que pesa sobre las ex autoridades y solicitará a los gobiernos de Estados Unidos y Perú la extradición de los acusados por delitos de lesa humanidad, imputados por los sangrientos sucesos de octubre de 2003.En Sucre se encuentran, enfrentando el juicio, los ex integrantes del último gabinete de Sánchez de Lozada, Érick Reyes Villa Bacigalupi (ex ministro de Desarrollo Sostenible), Adalberto Kuajara Arandia (Trabajo) y Dante Pino Archondo (Servicios Financieros).También se presentaron cinco ex jefes militares que ejercían el mando de las Fuerzas Armadas hasta la caída de Sánchez de Lozada, el 17 de octubre de 2003: Juan Véliz Herrera, ex comandante general de Ejército; Roberto Claros Flores, ex comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas; José Quiroga Mendoza, ex comandante general de la Fuerza Aérea; Luis Alberto Aranda Granados, ex comandante general de la Fuerza Naval, y Gonzalo Rocabado Mercado, ex comandante accidental de las Fuerzas Armadas.El Ministerio Público ha imputado a las 17 ex autoridades, no sólo de genocidio en la modalidad de masacre sangrienta, por haber firmado el Decreto Supremo 27209 que dispuso la intervención de las Fuerzas Armadas para reprimir las protestas pacíficas de octubre de 2003, sino por otros delitos de extrema gravedad.Pena máximaLos familiares de las víctimas de octubre, presentes en el proceso, exigen la pena máxima de 30 años de privación de libertad por el delito de genocidio y otros.El abogado Freddy Ávalos, apoderado de la “Asociación de Familiares y Víctimas de la Guerra del Gas”, señaló que justicia es lo único que buscan los integrantes de la agrupación.“Queremos justicia, que la sangre y las vidas que derramaron nuestros familiares, sobretodo en El Alto –un municipio popular, de población aguerrida- de La Paz, no quede en la impunidad y los responsables, como Goni y sus ministros sean sentenciados con la pena máxima”, aseveró el abogado. “Goni” es el sobrenombre gringo del ex jefe de Estado.Varios familiares de las víctimas de la “Guerra del Gas” y dirigentes de movimientos sociales se encuentran realizando una especie de vigilia en Sucre, capital histórica de Bolivia y sede permanente de la Corte Suprema.Desde Miami, el ex ministro Carlos Sánchez Berzaín declaró al periódico El Deber de Santa Cruz: “Es un juicio político, nulo de pleno derecho, yo no estoy ni siquiera notificado... Me encantaría estar en Bolivia para hacer oposición y luchar para evitar que Evo consolide un gobierno autoritario, pero como él sabe esto, me persigue para anularme. Bolivia tiene en el gobierno de Evo Morales la administración más violenta, antinacional, corrupta e ineficiente de la historia”.Lo que no dijo Sánchez Berzaín es que él, personalmente, dirigió las operaciones represivas de octubre de 2003, iniciadas realmente en septiembre, y que sus culpas, los cargos en su contra y su enjuiciamiento, así como su fuga a Estados Unidos, son anteriores al inicio del gobierno de Evo Morales; ni ha dicho que la Corte Suprema, cuyos jueces han sido reiteradamente críticos al gobierno, es la que lo está enjuiciando y lo ha declarado reo rebelde, por no presentarse, sin que en ello tenga nada que ver el Ejecutivo actual.El dirigente obrero Jaime Solares aseveró que Goni y todos sus ministros deben ser sancionados por delitos de lesa humanidad. “Ha llegado la hora de que en el país se haga justicia, Goni debe ser procesado por delitos de lesa humanidad y encerrado en la cárcel de Chonchocoro pero también debe pagar sus culpas por vendepatria”, aseveró.El dirigente obrero criticó además al gobierno de Morales por no haber tomado precauciones.Maniobras jurídicasEl fiscal que lleva adelante el caso, Milton Mendoza, informó que con la declaratoria de rebeldía “se suspende cualquier plazo de prescripción”. Las personas en esa condición, podrán ser buscadas, aprehendidas y llevadas al tribunal sin ningún plazo de tiempo y su proceso podrá seguir adelante.El gobierno nacional, a través del canciller David Choquehuanca, envió amplia documentación al gobierno del Perú para que reconsideren la situación de refugiados de tres ex ministros del gobierno gonista.“Antes de dar asilo y refugio, seguro Perú, no contaba con documentos, pero viendo los dos tomos de documentación que enviamos consideramos que van a considerar su decisión”, dijo.Luego de la declaratoria en rebeldía contra las ex autoridades que no se presentaron al juicio de responsabilidades, el proceso fue suspendido temporalmente por una recusación a los miembros del Tribunal de Sentencia presentada por el ex ministro Kukok.Este recurso jurídico fue calificado por el abogado Rogelio Mayta como “deplorable” porque intenta “sabotear el proceso”, aunque el jurista informó que solicitó al mismo tribunal que resuelva la petición con celeridad para continuar con el juicio oral.El juicio de responsabilidades iniciado contra Sánchez de Lozada y sus colaboradores es el segundo en la historia republicana de Bolivia. Una prueba de fuegoEl presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Rolando Villena, afirmó que el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, sus ministros y el Alto Mando militar de esa época deben correr la misma suerte que el ex dictador Luis García Meza, condenado por crímenes de lesa humanidad a 30 años de cárcel y preso desde 1995.“Este juicio debe culminar con la misma suerte que García Meza, porque como parte civil de este proceso estamos pidiendo una condena de 30 años de pena sin derecho a indulto y en la cárcel de alta seguridad de Chonchocoro”, argumentó.El activista de derechos humanos indicó que los operadores de justicia están llamados a vencer “esta gran prueba de fuego”.“Nuestra memoria es frágil, el juicio oral a Sánchez de Lozada, y sus colaboradores está referido a delitos graves, gravísimos, actos de barbarie, que están en la línea de genocidio y allanamiento a domicilio”, reflexionó.Villena persuadió a los familiares de las víctimas y heridos de “la masacre de septiembre y octubre del 2003” a no claudicar en este proceso y seguir adelante hasta conseguir “un fallo que haga justicia