Hubo un tiempo en que la profesión docente gozaba de un status social distinto, casi opuesto, al que goza en la actualidad. Entonces, era motivo de orgullo que en alguna familia hubiera un maestro y, del mismo modo, la sociedad en general veía con ojos distintos a quienes se dedicaban a esta profesión. En la actualidad, la debilidad del magisterio es tan fuerte que los golpes que este gobierno le ha dado desde el inicio pasan desapercibidos y, en ocasiones, son motivo de aprobación ciudadana.
Este desprestigio y deslegitimidad magisterial tiene dos causas principales. La primera es el abandono estatal en el tema educativo, lo cual ha permitido la proliferación de docentes sin que exista la regulación necesaria para que la calidad sea aceptable. Pero, otra causa importante, es que buena parte de dirigentes sindicales del SUTEP han antepuesto al bien común de los ciudadanos a sus intereses gremiales y partidarios. Esta actitud dirigencial es conocida como “pensamiento arcaico” una mezcla perversa de supuesta ideología revolucionaria con clientelismo. El SUTEP, por ello, ha perdido legitimidad y esto tiene como consecuencia la poca capacidad de respuesta magisterial en la actualidad para hacer frente a los golpes que da el gobierno de turno contra los docentes.
Un nuevo golpe fue dado el 4 de marzo de este año, día en que se aprobó la Ley 29510 que permite a cualquier profesional ejercer la docencia en instituciones de Educación Básica Regular, públicas y privadas, en áreas afines a su especialidad. Para lograr esto, se exceptúa el requisito de colegiación a profesionales con títulos distintos al de educación. La aprobación de esta ley resulta polémica y constituye una derrota del magisterio que, en otros tiempos, no hubiera podido darse sin que los docentes reclamaran inmediatamente por este hecho.
Primero, en la experiencia nacional e internacional no hay relación directa entre la participación de profesionales de otras áreas y la mejora de calidad educativa, lo que quiere decir que la nueva ley se basa en una falacia. En segundo lugar, no se puede relativizar la profesión docente pues existe una especificidad en la carrera pedagógica ya que los maestros, más allá de dictar materias determinadas, deben ser capaces de promover el aprendizaje en general.
En tercer lugar, cabe mencionar que los profesionales que laboran en el sector público tienen una remuneración aproximada de 1020 nuevos soles. Este monto resulta poco atractivo para otros profesionales de calidad. Esto quiere decir que los profesionales de otras áreas que hayan resultado exitosos no considerarán la posibilidad de ejercer como docentes pues la remuneración es insuficiente, comparada con la que tienen en sus áreas de desempeño.
Finalmente, esta ley relativiza, por un lado, el rol del Colegio de Profesores del Perú, con lo cual se minimiza, aún más, la importancia de la organización profesional del magisterio. Al relativizar este rol, se está relativizando también la profesión magisterial y, por ende, la representación del cuerpo docente. Resulta curioso, además, que sea Mercedes Cabanillas quien propone esta ley cuando hace varios años, durante su gestión como Ministra de Educación, fue ella misma quien permitió que varios maestros sin título pedagógico fueran nombrados. Muchos de ellos, a la fecha, no han sacado sus respectivos títulos y gozan de todos los derechos que el nombramiento les otorga.
Este nuevo golpe contra los docentes ha pasado desapercibido debido al desprestigio que rodea al magisterio en la actualidad. Sin embargo, resulta necesario que se realicen las acciones pertinentes para revertir esta ley que, antes de fomentar la mejora educativa en el país, no solo perjudica a los docentes, sino también debilita la educación nacional.
