En el Día del Trabajo, sin mucho que celebrar

Por: Enrique Fernández-Maldonado Mujica

Sociólogo. Plades

El próximo sábado primero de mayo se conmemora el día del trabajador. Como es habitual, junto con las celebraciones y menciones especiales, asistiremos a discursos y balances sobre la situación actual del empleo, donde destacarán nuestra extendida precariedad laboral y algunos esfuerzos individuales para superarla.

Sin embargo, el balance de este año es doblemente importante por su carácter simbólico y político. Dentro de poco cumpliremos una década de iniciado el retorno a la democracia. Proceso que supuso, en lo formal, el establecimiento de un régimen respetuoso de las instituciones y los derechos fundamentales (incluidos los laborales). Y que albergó, al mismo tiempo, una esperanza de cambio para importantes sectores de la población, que esperaban una mayor inclusión a través del empleo.

Trabajo decente: el gran ausente

El Perú es uno de los países con indicadores de trabajo decente más bajos en la región. Según un estudio reciente, los índices de inestabilidad, precariedad laboral y desigualdad económica se mantuvieron o crecieron, pese al periodo de crecimiento experimentado entre 2002 y 2008. Así, la cantidad de empleos estables (contratos indefinidos) decayó de 54% a 31% entre 1998 y 2007, mientras que el empleo temporal (a plazo fijo) aumentó de 46% a 69% en ese periodo. Esto en un país donde el subempleo y el empleo en el sector informal representan el 52% y 68% de la PEA, respectivamente; y donde el salario mínimo –que apenas creció durante la bonanza– supone apenas la mitad de la canasta básica familiar (Trabajo decente: subregional, Plades, 2010).

El cuadro se agrava cuando se echa una mirada a la situación de los derechos sindicales, principal herramienta con que cuentan los trabajadores para mejorar sus ingresos y calidad de vida. De acuerdo con un informe de Julio Gamero, el número de trabajadores sindicalizados –luego de una importante recuperación entre el 2001-2005– habría experimentado una caída importante, pasando de 7.1% a 4.5% entre el 2007 y 2009 (hoy no superan las 100 mil afiliaciones). No extraña, por tanto, el descenso de negociaciones colectivas solucionadas por trato directo –se pasó de 434 en el 2007, a 364 en el 2008 y a 364 en el 2009–, reflejo del poco apego en el medio por el diálogo y la concertación social (www.redge.org.pe).

El discurso oficial y la escopeta de los dos cañones

Existe consenso en señalar al subempleo y la informalidad como problemas laborales muy importantes. Esta situación responde a varios factores: la ausencia de una debida fiscalización, la baja productividad y rentabilidad de las pequeñas empresas, una extendida cultura de la evasión. Todo esto en el marco de un modelo económico que desprotege al mercado interno y la industria local, sectores con mayor incidencia sobre el empleo. Por el contrario: acá se apostó por consolidar la matriz primario exportadora –punta de lanza de la economía neoliberal– pese a su débil impacto en la creación de puestos de trabajo.

Si bien es esta una relación conocida, los últimos gobiernos optaron por aprobar acuerdos de libre comercio con algunas potencias industriales (EEUU, China y la UE) acentuando la relación asimétrica y desventajosa que existe con economías pequeñas y subdesarrolladas como la nuestra. Para el discurso oficial, la liberalización comercial –y la flexibilización laboral– representan las vías idóneas para generar y mejorar la calidad del empleo. Una visión que no toma en cuenta experiencias similares previas (por ejemplo, el impacto del TLCAN en México, donde más de un millón de campesinos migraron al Norte desplazados de sus tierras), ni los efectos producidos en nuestro propio país.

Así, a un año de entrado en vigencia el TLC-EEUU, el número de empleos generados en los sectores exportadores decayó notablemente (hecho vinculado a la crisis internacional), mientras algunos rubros –el textil-confecciones, por ejemplo– ya acusan recibo por las importaciones subvaluadas desde China (cerca de 70 mil empleos perdidos, según la Unión Nacional de Empresarios Textiles).

Resulta elocuente, en este contexto, los “esfuerzos” realizados por el gobierno para “elevar” los estándares laborales en el medio: el estudio de Gamero detectó un retroceso “atípico” en el número de inspecciones sobre seguridad ocupacional (326) realizadas por MTPE el 2009, luego de que el 2008 se incrementara al doble (742) respecto del 2007 (325) –año que se firma el TLC. Este hecho –junto con la ampliación del régimen Mype– evidenciaría la doble cara del gobierno respecto de los compromisos adoptados en el marco del TLC con EEUU.

Con todo, las celebraciones por el día del trabajador representan una buena oportunidad para reflexionar sobre el problema del empleo y sus posibles soluciones. Más cuando asistimos a un nuevo ciclo electoral, tiempo en el que el “sebo de culebra” y las promesas demagógicas estarán a la orden del día.

23 y 24 de marzo: paro de estatales

La dramática situación de los trabajadores del Estado demuestra que la modernización propugnada por el gobierno aprista, sólo implica flexibilizar la legislación laboral vigente, despidos, mantener las condiciones precarias de trabajo, inequidad salarial y la privatización del aparato estatal. Por este motivo, las dos principales organizaciones sindicales de este sector CITE y CTE, han convocado a una paralización nacional los días 23 y 24 de marzo con la finalidad de demandar solución a su problemática.

Cabe mencionar, que el 30 de setiembre del año pasado ambas confederaciones con el apoyo de la CGTP, efectuaron un contundente Paro Nacional, que en Lima se expresó con una multitudinaria movilización al Congreso, teniendo como plataforma de lucha las mismas exigencias que se enarbolan en esta nueva huelga, que podría convertirse en indefinida, si el Presidente García persiste en su indiferencia al justo reclamo de los estatales.

Entre las principales exigencias de los estatales figuran la vigencia del derecho a la estabilidad laboral contenido en el Decreto Legislativo Nº 276 y su reglamento, amenazado por los Decretos Legislativos 1025 y 1026; respeto a la carrera administrativa; mejoramiento de los salarios a través de la negociación colectiva y el establecimiento de un sistema único de remuneraciones; nombramiento de contratados e incorporación a planilla única de los trabajadores contratados bajo la modalidad de CAS (DL 1057) y una frontal lucha contra la corrupción.

Los estatales desarrollarán también una serie de acciones previas al paro, como el Encuentro Nacional Estatal el 12 de marzo. Asimismo, se efectuarán actividades macro-regionales para difundir las exigencias e impulsar la paralización y un Fórum en la UNI con la presencia de candidatos a la Presidencia y de congresistas.

Es necesario precisar, que los gremios han presentado al Parlamento diversas iniciativas para derogar los Decretos Legislativos 1025, 1026 y 1057 y han interpuesto una demanda al estado peruano ante la OIT por la violación a los derechos laborales de los trabajadores públicos. A esto se suma, la demanda de inconstitucionalidad, presentada por el 25% de los congresistas contra los decretos cuestionados en el Tribunal Constitucional.

La CGTP considera que la lucha de los estatales ayudará a definir la responsabilidad del Estado frente a las necesidades de la población e impedirá la privatización de los servicios públicos, algo que conllevaría a nuevos conflictos sociales y mayor represión. La atención a estas justas demandas por parte del gobierno lo evitaría.

El empleo precario permanente

Por Humberto Campodónico

Hemos dicho que los bajos salarios tienen su explicación más importante, de un lado, en la hiperinflación del primer gobierno de García que los redujo a su mínima expresión y, de otro, en las leyes laborales de Fujimori que “consolidaron” a los salarios en el ínfimo nivel en que se encontraban.

Esta “consolidación”, de un lado, favoreció a los empresarios y perjudicó a los trabajadores y, de otro, hizo que el Estado dejara el rol de árbitro entre las partes para perjudicar, sistemáticamente, a los trabajadores.

Dos de las leyes claves fueron el Decreto Legislativo 728 de 1991 y el Decreto Ley 25593 de junio de 1992. Ninguna de estas leyes pasó por el Congreso (en la primera el Ejecutivo tenía facultades legislativas; la segunda vino después del golpe del 5 de abril).

Dice Francisco Verdera que el DL 728 flexibiliza el empleo y facilita el despido, tanto individual como colectivo, al promover formas de contratación temporal (ojo). Es de allí que salen los “services”, que privan del derecho al seguro social y a las pensiones a centenas de miles de trabajadores. De su lado, el DL 25593 interfiere en las relaciones laborales debilitando los sindicatos y promoviendo su división y atomización (“Cambios en el modelo de relaciones laborales en el Perú 1970-1996”, Lima, 2000).

Agrega Verdera, “el porcentaje de la PEA sindicalizada cayó de 58% en 1981 a solo 13% en 1997. La mayor caída se da sobre todo entre 1994 y 1996, periodo en el que se utilizan al máximo las cooperativas de fomento de empleo para eliminar sindicatos”.

Además, la reforma fujimorista incidió en la política salarial, a través de la virtual eliminación de la negociación colectiva, la remuneración mínima vital y la política de remuneraciones del sector público. Verdera señala: “Lo que se busca es la contención salarial; impedir que se recuperen los niveles de remuneraciones reales”. Ajá.

Esta legislación modifica de manera drástica la calidad del empleo que, desde allí en adelante, se caracteriza por su precariedad. Así, en 1970 los empleos estables eran varias veces superiores a los empleos eventuales (ver gráfico). Esta situación comienza a revertirse en los años 80 y principios de los 90, pero aún en esos años la cantidad de empleos estables era superior a los eventuales.

Dice Julio Gamero (1): “A partir de 1992, la reforma laboral llevó a la consagración de la contratación temporal como el medio privilegiado de la relación laboral. Así, hacia 1994 la cantidad de trabajadores en situación de contratación temporal superaría a aquellos que gozaban de un contrato indefinido, situación que continuaría acentuándose. En una perspectiva de mediano y largo plazo, ello ha conducido a que en el 2006 casi el 75% del empleo asalariado privado de Lima Metropolitana venga laborando bajo un contrato a modalidad” (contrato temporal, sin jubilación, vacaciones ni CTS).

Ese es el empleo precario: contratos de trabajos de 3 o 6 meses, que se renuevan si el trabajador “se porta bien”.

Resumiendo: después de la hiperinflación de García, vino la reforma laboral fujimorista bien empaquetadita: recorte de los derechos laborales, contratos temporales, fomento a la no sindicalización, restricción de la negociación colectiva, impulso a las “services”, entre otros. Resultado: salarios superbajos y empleos precarios. Es El Dorado empresarial que el gobierno de García ha mantenido intacto.

(1) El empleo precario en el Perú, 1980–2008, Tesis para optar el grado de Magíster, FIECS, UNI, Lima, enero 2010.

ALGUNOS DE LOS DERECHOS QUE ARRASO FUJIMORI

¿Por qué se ensañaron tanto con estos trabajadores? Ni ellos lo saben. Tal vez pensaron que habían sido puestos por los partidos políticos…

A 18 años del golpe de Estado del 5 de abril de 1992, hay heridas que no cierran. Por ejemplo, la que recibieron más de un millar de trabajadores nombrados, lanzados violentamente a la calle, sin ningún respeto por los años trabajados, los derechos adquiridos y las normas de protección que los favorecían. El régimen autocrático instaurado por decisión de Alberto Fujimori los despidió con el simple expediente de poner un enorme candado en la puesta de los locales congresales.

“Un inolvidable 6 de noviembre, cuando nos habíamos creído en la promesa de que nuestros empleos nos serían restituidos pasada la batahola de los primeros meses de la interrupción constitucional, un general de nombre Luis Novoa Tello, nos informó, a nombre del gobierno, que por motivo de racionalización todos estábamos cesados. El señor Novoa, además, no tenía atribución alguna para hacerlo, con decir que sólo después de dos días apareció la resolución de su nombramiento en “El Peruano”. Habían compañeros que tenían 10, 15 y hasta 20 años de trabajo. Pero no se quedaron ahí, para colmo de colmos, salió un dispositivo según el cual durante 5 años no podíamos reingresar a la administración pública, como si fuéramos apestados. Nos truncaron nuestra perspectiva de vida. Yo trabajaba como secretaria legislativa y ya no pude conseguir una labor similar porque ya tenía 40 años y no competía con las jóvenes que buscaban empleo”, dice Zoila Begazo, una de las despedidas.

Míseras liquidaciones

¿Por qué se ensañaron tanto con estos trabajadores? Ni ellos lo saben. Tal vez pensaron que habían sido puestos por los partidos políticos, y esos eran días de antipartidismo exacerbado. “Fueron mil ciento catorce los que perdieron el trabajo de la noche a la mañana; más exactamente de la noche del domingo a la del lunes, después del inolvidable discurso de “disolver, disolver… Y nos fuimos casi con una mano adelante y otra atrás. La llamada comisión administradora de las cámaras legislativas, decidió arbitrariamente recortarnos las liquidaciones: a los que teníamos 20 años de servicios nos dieron 230 soles, a los de 12 años 120 soles, a los de 10 años 20 soles”, anota un ex trabajador.

Un grupo de 257 trabajadores se organizaron y emprendieron una larga lucha que dura hasta estos días. En 1995 la jueza Sara Taype les otorga razón a su demanda y emite un dictamen para que los repongan y les paguen devengados. Pero Fujimori no sólo no acata sino que fuerza la salida de la magistrada. Los trabajadores acuden al Tribunal Constitucional, pero este organismo también entra en crisis por maniobra del gobierno.

Gobierno incumple sentencia

El 24 de noviembre del 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dicta una sentencia que ordena que en el plazo de un año el Estado peruano indemnice por la suma de 17 mil dólares a cada trabajador como a los familiares de los fallecidos. Pero el gobierno aprista no ha cumplido este mandato. “Esto ha ocurrido a pesar que el presidente García recibió un millón 200 mil soles por fallo de la Corte y que durante su campaña dijo que cumpliría todas sus resoluciones”, afirma Félix Cobeñas.

El 8 de julio del 2009 se realizó una audiencia privada de Supervision de cumplimiento de sentencia sobre este caso. A nombre del Estado viajaron Rodolfo Reyna, asesor de la presidencia del Congreso; Alberto Chauca, asesor jurídico del Congreso; Delia Muñoz, procuradora para casos supranacionales del Ministerio de Justicia con dos asistentas. Los tres se comprometieron, a nombre del Estado, cancelar lo adeudado antes de fin del año fiscal, pero no pasó nada. “Engañaron a la Corte”, se lamenta Nélida Gálvez.

Denis Merino

Unidad de Investigación ( DIARIO LA  PRIMERA)