A 18 años del golpe de Estado del 5 de abril de 1992, hay heridas que no cierran. Por ejemplo, la que recibieron más de un millar de trabajadores nombrados, lanzados violentamente a la calle, sin ningún respeto por los años trabajados, los derechos adquiridos y las normas de protección que los favorecían. El régimen autocrático instaurado por decisión de Alberto Fujimori los despidió con el simple expediente de poner un enorme candado en la puesta de los locales congresales.
“Un inolvidable 6 de noviembre, cuando nos habíamos creído en la promesa de que nuestros empleos nos serían restituidos pasada la batahola de los primeros meses de la interrupción constitucional, un general de nombre Luis Novoa Tello, nos informó, a nombre del gobierno, que por motivo de racionalización todos estábamos cesados. El señor Novoa, además, no tenía atribución alguna para hacerlo, con decir que sólo después de dos días apareció la resolución de su nombramiento en “El Peruano”. Habían compañeros que tenían 10, 15 y hasta 20 años de trabajo. Pero no se quedaron ahí, para colmo de colmos, salió un dispositivo según el cual durante 5 años no podíamos reingresar a la administración pública, como si fuéramos apestados. Nos truncaron nuestra perspectiva de vida. Yo trabajaba como secretaria legislativa y ya no pude conseguir una labor similar porque ya tenía 40 años y no competía con las jóvenes que buscaban empleo”, dice Zoila Begazo, una de las despedidas.
Míseras liquidaciones
¿Por qué se ensañaron tanto con estos trabajadores? Ni ellos lo saben. Tal vez pensaron que habían sido puestos por los partidos políticos, y esos eran días de antipartidismo exacerbado. “Fueron mil ciento catorce los que perdieron el trabajo de la noche a la mañana; más exactamente de la noche del domingo a la del lunes, después del inolvidable discurso de “disolver, disolver… Y nos fuimos casi con una mano adelante y otra atrás. La llamada comisión administradora de las cámaras legislativas, decidió arbitrariamente recortarnos las liquidaciones: a los que teníamos 20 años de servicios nos dieron 230 soles, a los de 12 años 120 soles, a los de 10 años 20 soles”, anota un ex trabajador.
Un grupo de 257 trabajadores se organizaron y emprendieron una larga lucha que dura hasta estos días. En 1995 la jueza Sara Taype les otorga razón a su demanda y emite un dictamen para que los repongan y les paguen devengados. Pero Fujimori no sólo no acata sino que fuerza la salida de la magistrada. Los trabajadores acuden al Tribunal Constitucional, pero este organismo también entra en crisis por maniobra del gobierno.
Gobierno incumple sentencia
El 24 de noviembre del 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dicta una sentencia que ordena que en el plazo de un año el Estado peruano indemnice por la suma de 17 mil dólares a cada trabajador como a los familiares de los fallecidos. Pero el gobierno aprista no ha cumplido este mandato. “Esto ha ocurrido a pesar que el presidente García recibió un millón 200 mil soles por fallo de la Corte y que durante su campaña dijo que cumpliría todas sus resoluciones”, afirma Félix Cobeñas.
El 8 de julio del 2009 se realizó una audiencia privada de Supervision de cumplimiento de sentencia sobre este caso. A nombre del Estado viajaron Rodolfo Reyna, asesor de la presidencia del Congreso; Alberto Chauca, asesor jurídico del Congreso; Delia Muñoz, procuradora para casos supranacionales del Ministerio de Justicia con dos asistentas. Los tres se comprometieron, a nombre del Estado, cancelar lo adeudado antes de fin del año fiscal, pero no pasó nada. “Engañaron a la Corte”, se lamenta Nélida Gálvez.
Denis Merino
Unidad de Investigación ( DIARIO LA PRIMERA)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario