Eran culpables. Tribunal anticorrupción condenó a familia de general Chacón

Autor(a): Carlos Rivera Paz

El pasado 9 de febrero la Primera Sala Penal Especial Anticorrupción finalmente emitió sentencia condenatoria en el caso seguido contra la familia del general EP (r) Walter Chacón Málaga, por el delito de enriquecimiento ilícito. Después de varios años de arduos debates judiciales y una intensa campaña en contra del tribunal presidido por la magistrada Inés Villa Bonilla, se terminó con la declaración de que los procesados, esposa, hijo y yerno del mencionado general fujimorista eran culpables.

La extensa y fundamentada sentencia emitida, da cuenta de una conclusión fundamental: las múltiples evidencias aportadas por las partes al juicio determinan el notable incremento patrimonial de la familia del general Chacón, ilegítimo y contínuo como consecuencia del abuso de su función pública ejercida en el período 1990 - 2000, lo cual establece que ha existido un enriquecimiento ilícito donde han participado de manera decidida la esposa , los hijos y el yerno del militar. Por ello los condenó –en mayoría– a 4 años de pena privativa de libertad suspendida.

Si bien es de público conocimiento que en la última etapa del proceso el asunto central de discusión mediática fueron los términos en que el Tribunal Constitucional emitió una irregular sentencia por la cual decidió excluir del proceso al principal de los acusados, el general Walter Chacón, el tema central de debate al interior del juicio era, sin duda, la existencia o no de evidencias que demuestren la responsabilidad penal de quienes permanecieron en el caso. Ese tema es ampliamente respondido en el texto de la sentencia: hay pruebas suficientes, abundantes y contundentes que han demostrado la responsabilidad penal de los ahora condenados en el delito de enriquecimiento ilícito.

El juicio oral arroja como resultado que durante la década 1990 - 2000 en que el general Chacón desempeñó diversos cargos en la jerarquía militar (comandante general de región, agregado militar, comandante general del ejército) y política (ministro de interior), aprovechando y abusando de la posición de poder que tenía se apropió de dineros del Estado para enriquecer de manera ilícita a su familia, hasta amasar una pequeña fortuna que durante el proceso judicial ni el general Chacón –mientras estuvo como procesado– ni sus familiares han sabido explicar coherentemente, muy a pesar de haber utilizado todos los mecanismos procesales para defenderse y para extender por años el juicio oral.

Inclusive, el tribunal llega a sostener que aun cuando la acusada Cecilia Chacón De Vettori dejó de asistir al juicio oral desde el momento mismo que fue electa como congresista de la República (ahora es nada menos que la primera vice presidenta del Congreso), se ha demostrado con las pruebas actuadas y debatidas en el juicio que participó de manera activa para la materialización del delito de enriquecimiento ilícito por los ingresos ilícitos de los que se benefició junto con su esposo Luis Portal Barrantes. Aún así, el tribunal anticorrupción ha tenido que declarar que reserva el proceso a la congresista porque ella decidió dejar de asistir al juicio arguyendo que no se le había levantado la inmunidad parlamentaria, a pesar de que los hechos son anteriores a la fecha en que fue electa (por lo que no le corresponde ese beneficio).

Éste es un caso de suma importancia no solamente porque ahora nos permite analizar la forma y circunstancias en que la alianza entre el Apra y el fujimorismo pretenden incidir e influenciar en las instancias judiciales para enterrar la lucha contra la corrupción de los noventa; sino que también, porque es un caso que permite demostrar, con mucha claridad, la forma y circunstancias en que el poder corrupto de fujimorismo actuó en las Fuerzas Armadas y cómo los altos mandos militares no sólo se sometieron políticamente, sino que también ingresaron a ser parte muy activa de la maquinaria de corrupción, de robo y de apropiación ilícita de los bienes y dineros del Estado peruano.

El caso Chacón muestra de manera gráfica cómo los integrantes de la promoción de Montesinos comenzaron a ocupar los puestos clave de la jerarquía militar, y desde allí desarrollaron un plan criminal para robar de manera sistemática y con la más absoluta impunidad.