a orillas del rio santa...

las primeras tomas del censo

Minería sí o sí

Minería sí o sí

El gobierno parece decidido a que no quede ninguna duda sobre su decisión de imponer un modelo de desarrollo basado en la renta de las industrias extractivas. Ésta es sin duda importante, pero no puede ser el único ni el principal argumento para definir una política de Estado en este terreno. El enorme costo que tiene el deterioro global y nacional del medio ambiente debe ser una dimensión sustantiva, así como la priorización de estrategias productivas viables y sostenibles. Es decir, debemos ubicar el desarrollo territorial en el centro de nuestras opciones nacionales y en la definición de las políticas vinculadas a las industrias extractivas.
El gobierno ha presentado al Congreso el proyecto de ley 1640, el cual declara de interés nacional 20 proyectos mineros y autoriza al Ejecutivo a incluir otros proyectos similares bajo la misma denominación. El objetivo explícito de la norma es agilizar la ejecución de estas inversiones en todas y cada una de sus fases, desde la concesión hasta su implementación. Si bien este aspecto es de por sí preocupante, lo es más el que no se definan los alcances bajo los cuales se dispone la adecuación de las normas y procedimientos de todos los sectores del gobierno a esta definición de interés nacional. Se otorga así un amplísimo margen de discrecionalidad, que es absolutamente innecesario y que significa un riesgo para los derechos de significativos sectores de la población, por la imposibilidad de evaluar sus dimensiones y consecuencias.


La minería es una actividad que genera una alta conflictividad. Frente a ello, importantes sectores de la población consideran que el Estado no cumple con su deber de garantizar el estricto cumplimiento de las normas ambientales nacionales e internacionales. También están convencidos que no asume su rol de protección efectiva de aquellos que son afectados por las actividades extractivas. En este contexto, una medida de estas características sólo profundizará la desconfianza y acentuará la tensión y el conflicto. Es preocupante el desinterés del gobierno por revertir esta justificada actitud de la ciudadanía. El proyecto de ley es una respuesta que refleja más bien la intención de crear condiciones para limitar aún más los derechos democráticos que la Constitución y la legislación sobre descentralización reconocen a las organizaciones sociales, las autoridades locales y a la población en general.


Por ello nos parece innecesario y criticable que se busque imponer una norma que, a todas luces, busca flexibilizar más los mecanismos y procedimientos de participación y control sobre las actividades extractivas. Conviene recordar que la Defensoría del Pueblo ha señalado que los plazos actuales para que se evalúen los estudios de impacto ambiental y se dialogue con las organizaciones sociales son insuficientes para garantizar la transparencia, el acceso a la información y la participación de la población. Sus recomendaciones van en el sentido de ampliar los plazos, lo cual no es el objetivo de esta norma sino todo lo contrario.


Lo mismo puede decirse sobre el control de sus evidentes impactos ambientales. La exigencia de un amplísimo sector de la comunidad científica, de los movimientos ciudadanos y de los propios organismos internacionales que promueven la continuidad del actual modelo económico, es elevar los estándares y mejorar los sistemas de seguimiento, evaluación y sanción. Este proyecto abre las puertas a que se debiliten más estos mecanismos.


Aprobar este proyecto sentaría un precedente negativo, pues algunas decisiones similares tomadas por el Congreso señalan con claridad que, en cumplimiento de la Constitución, se precisan el objetivo y las medidas que deben llevarse adelante en el marco de la declaración de interés nacional. En cambio, el proyecto de ley 1640 es arbitrario, ya que no existe ninguna razón ni fundamento que lo sustente y, por su imprecisión, deja la puerta abierta a que se recorten derechos básicos de la ciudadanía.


El Congreso debe devolver este proyecto al Ejecutivo para que lo reformule y defina con claridad los alcances de la norma y el tipo de medidas que llevarán adelante los sectores. Debe exigir también un cambio en su finalidad, ya que en el actual contexto no es aceptable que se busque agilizar un proceso que afecta las condiciones de vida de la población de los espacios rurales, la cual vive en una realidad de exclusión de parte del Estado y la sociedad peruana.

En lugar de un instrumento de claro perfil autoritario como éste, cuyo efecto puede ser contraproducente en términos de la profundización de la democracia y la gobernabilidad, el Congreso debe abrir la discusión para la formulación de un plan nacional de ordenamiento territorial, como parte del cual se establezcan las grandes orientaciones para la gestión y el uso del territorio. Asimismo, es una buena oportunidad para exigir nuevamente al gobierno que cumpla con la ley y ponga en funcionamiento el CEPLAN y el sistema nacional de planificación.

A UN AÑO DE HABER `PUESTO EL PRIMER LOCUTORIO EN CATAC

Parece no haber pasado mucho tiempo.pero si ps ya paso un año desde que inauramos el primero locutorio en toda la provincia de Recuay. como olvidar las viscicitudes pasadad por lo caro de los equipos asi como por la logica de tener que entender como funciona.Acaba de entrar la señal de Claro y aún movistar no llegaba aun asi. ya nosotros aplicabamos las tarifas mas bajas...

Paso mes y medio y pues nos aventuramos a poner uno en Santa Rosa al final se lo pase a mi tia. y bueno solo queda agradecer la acogida a la gente u decirles q estamos pronto a modernisar el locutorio.

El idiota de la familia

Hola amigos y compañeros para quienes ya no aguantan mas al inefable Mariatequi el actual directo de Correo aqui les va un articulo que le dedica Hildebrath a este bicho por que eso es lo que es Aldo para quienes lo leemos con algo de Juicio.

Gustave Flaubert aprendió a leer sólo a los siete años. Por eso es que Sartre tituló las casi 4,000 páginas de su biografía flaubertiana como “El idiota de la familia”.

Pero he aquí que el chico atontado por el padre repulsivo es el que construye, muchos años después, “Madame Bovary”, una de las novelas que más se aproximan a la perfección –si por perfección entendemos aquello que posee todo lo que le es necesario–.

En otras latitudes, en otros temas, hay también niños apagados que luego deslumbran y jóvenes que prometen y más tarde tornan en deudores crónicos.

El caso de Aldo Mariátegui es particularmente delicado. Lleva un apellido que significa mucho para el Perú y para la inteligencia latinoamericana y, hasta ahora, ha hecho todo lo posible por ensuciarlo y comprometerlo con la derecha de los Agois, esa banda familiar.

Digamos que si Flaubert fue un niño idiota que más tarde escribió como un genio, nuestro Aldito es un niño genio que terminó escribiendo como un idiota. Y esto que temas de envergadura no le faltan:

–Podría indagar en qué quedó la denuncia de la congresista Anel Townsend y la investigación abierta por la jueza anticorrupción Juana Meza en relación a las sumas de dinero que Gabriel García Pike –contacto de los Agois y Montesinos– le entregó a la empresa que imprime hoy Correo y que en ese entonces publicaba el asquerosamente fujimorista Ojo.

–Podría encargar una investigación que averiguara cómo ha hecho Perú 21 para birlarle un tercio de su lectoría en menos de un año y cómo es que la publicidad ha descendido de 350,000 a 50,000 dólares mensuales.

–Podría –nostálgico, casi lamentando no haber estado en esas correrías–, podría preguntarle, digo, al capitán del ejército (r) Mario Rafael Ruiz Agüero cuántas veces vio entrar a Enrique Agois Banchero a las oficinas del SIN y a la salita fílmica de Montesinos.

–Podría indagar, para su propio bien, cómo es que Epensa, la empresa de la que se sirve, recibió en el año 2006 la suma de 375 mil dólares pagados por la Sunat como concepto de publicidad, a pesar de que Epensa le debe a la Sunat treinta veces más de lo que “receptó” como alivio de caja.

Podría preguntarle a Luis Agois Banchero –un idiota menor de la familia Agois– por qué tuvo que admitir que, en efecto, visitó a Vladimiro Montesinos en la famosa salita color caca –fue en 1999– y, sobre todo, por qué dijo algo que hoy suena más idiota que nunca: “Fui dos veces pero sólo a conocerlo y para hablar de asuntos de coyuntura nacional, como la firma de paz con Ecuador”.

–Tema mayor para salir de la monotonía coprolálica y “liberal” al tanto por ciento sería que este ex chico, empeñado en orinar el árbol genealógico de la familia, buceara en la famosísima agenda de Montesinos y preguntara por qué allí, muy destacadamente y con todas sus direcciones y teléfonos, aparece el nombre de Carlos Manrique Negrón –llamado por la periodista Patricia Caycho, de Caretas en aquel entonces, “el contacto de Montesinos con Epensa”–.

–Para hacer más emocionante este safari por La Chira del fujimorismo a tanto la página, Mariátegui podría mandar a preguntarle al contralmirante Humberto Rozas Bouniccelli (ex jefe formal del SIN) por qué declaró ante taquígrafos, en el 2003, que Gabriel García Pike estaba destacado en el SIN por el ministerio de Relaciones Exteriores “pero todos sabíamos que se reunía con Montesinos en su condición de enlace con Epensa”, la empresa de Correo, la de los milagros tributarios que se multiplican a cambio de bragas que se regalan.

–Temas hay de sobra para el respetable. Está el asunto, por ejemplo, de Miguel Santillana, el columnista que Mariátegui despidió porque se metió con quien le había pagado (a Mariátegui, claro está) una cara consultoría: Hernando de Soto, que no nació en Suiza como alguien presume y que se llama Hernando Soto nomás.

–Otro tema posible es de “La Cofradía”, un club exclusivo al que este amauta de nadie asiste religiosamente. Para definir a “La Cofradía” en relación al guauguau de los Aguá, nadie mejor que Gustavo Gorriti: “Y cuando Aldo Mariátegui mencionó las logias que se protegen entre sí, pensé por un momento que se iba a referir a La Cofradía, ese grupo, al que asiste, de lobiístas, relacionistas públicos de grandes empresas, manejadores de imagen, sachaperiodistas extorsionadores y algunos periodistas, que se juntan en alegre promiscuidad y, entre chistes, chismes, peleíllas y acuerdetes, cartelizan clientes, cotos y protecciones”. Gorriti termina en ese párrafo hablando del “hilo dental cofrade”, frase que –me imagino– debió de enfurecer hasta la pataleta al director de Correo. Quizás reaccionó como cuando Raúl Wiener lo llamó “la otra Chichi”.

En todo caso, hablando del hilo dental del periodismo cofrade, nada más opulento, suntuoso y españolmente culón que lo que hizo hace poco Aldo Mariátegui: viajar a Tailandia con todo pagado –incluidas las distracciones– por la empresa franco-belga Suez Energy, que Alan García mima y protege y a la que le ha prometido, sin concurso alguno, una buena tajada en el proyecto Camisea III. Como lo ha recordado Raúl Wiener a propósito del tema, Suez Energy es el principal generador eléctrico del norte de Chile y tiene intereses concretos en lograr que parte del gas de Camisea colabore en la solución energética de los chilenos.

Un director que se permitiera tamaños manoseos en el hilo dental sería despedido por el indignado directorio de una empresa periodística decente. Pero, claro, no estamos hablando sino de lavadores de sus propias deudas.

Lo más divertido de Aldito Mariátegui es que es más ignorante que Alan García y, sin embargo, es uno de sus más puntuales consejeros.

Lo que pasa es que es un ignorante brioso y locuaz, verborreico y casi flamante en su sanchecerrismo recargado. García lo debe escuchar tan embobado como cuando escucha el sentido común de otros negociantes que le están haciendo creer que no hay opciones y que la derecha de los Agois es sinónimo de globalización.

Es tan ignorante el pobre Aldito que cree que no debe escribirse “finlandés” como gentilicio sino más bien “finés”. Y dice que la Real Academia acepta con las justas el término finlandés y cita a Casares y a Moliner para que crean que él lee a Casares y a Moliner, cuando lo que lee –y de allí viene el fast food cerebral que vierte en Correo– es la rica Wiki, o sea la Wikipedia, el atajo perfecto para fingir que sabes de algo.

No, Aldito, no seas tan bruto (no vaya a ser que hasta los Agois se den cuenta). El Diccionario Panhispánico de Dudas, editado por la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española bajo el auspicio del Instituto Cervantes, dice en su edición del 2005:

“Finés –sa… Como sustantivo masculino designa la lengua que hablan los habitantes de Finlandia. Es, pues, sinónimo de finlandés; no obstante, en el uso suele preferirse la voz finlandés como gentilicio de Finlandia y finés como nombre del idioma que se habla en dicho país…” (Página 296)

¿Entendiste, burro? Finés y finlandés son términos semejantes y

complementarios. No son estrictamente idénticos. Porque, además, finés sería un gentilicio que excedería los confines de Finlandia, ya que alude a territorios más extensos al norte de Europa. Y no es que finlandés esté subvaluado por el DRAE. Si lo hubieras consultado antes de lanzarte por la ñata el antihistamínico que te sobresalta habrías descubierto que en la página 971 del primer tomo de la última edición del DRAE figura lo siguiente:

“Finlandés, sa. Adj. Natural o oriundo de Finlandia. Ú. t. c. s./ 2Perteneciente o relativo a este país de Europa”. Y, claro, en la página del frente también figura finés, con los matices que más o menos se han descrito líneas arriba.

Ausencias de UPP y UN salvaron a Alva Castro

Secretario general de UPP, José Vega, señaló que el martes evaluarán sanciones para los ocho parlamentarios que dejaron de votar.

Acuerdo. Los fujimoristas, con sus diez abstenciones, también contribuyeron a evitar la caída del ministro del Interior.

La ausencia de una docena de congresistas de Unión por el Perú (UPP) y Unidad Nacional (UN) salvaron de la censura al ministro del Interior, Luis Alva Castro, contra quien se presentó una moción por irregularidades en la frustrada compra de pertrechos y patrulleros para la policía.

A pesar de que desde temprano los voceros de ambas bancadas parlamentarias afirmaron que votarían en bloque a favor de la censura del ministro, por la tarde todo cambió. Ocho congresistas de UPP no cumplieron con su compromiso y cuatro de UN no asistieron al pleno.

Al promediar las 6 y 30 de la tarde –y tras una hora de intervenciones–, la votación fue la siguiente: 51 congresistas respaldaron la moción de censura, 30 votaron en contra y 10 se abstuvieron. De esta manera no se lograron los 61 votos que se necesitaban como mínimo.

Habrá sanciones en UPP

Después de la votación, el secretario general de UPP, José Vega Antonio, visiblemente fastidiado por la ausencia de los ocho parlamentarios de su bancada, reveló que ninguno de ellos comunicó con anticipación que no asistiría al pleno; y que, por el contrario, la bancada aprobó unánimemente respaldar la censura del ministro del Interior por el mal manejo que ha tenido de su portafolio.

Indicó que todos deberán informar por qué se ausentaron, incluido el congresista Aldo Estrada Choque, quien, sin dar ninguna explicación a sus colegas, aceptó tomar el lugar del presidente del Congreso, Luis Gonzales Posada, evitando así votar por la censura. De esta manera los apristas ganaron un voto a su favor.

"La bancada evaluará el martes la explicación de cada uno de ellos y someterá a disciplina a los que corresponda", aseguró Vega sin descartar la posibilidad de expulsar o suspender a los que no acudieron a la votación.

UN: fue maniobra aprista

Por su lado, el vocero de Unidad Nacional, Luis Galarreta, refirió que las ausencias de su bancada se debieron a una maniobra del Apra, partido que la semana pasada señaló que el pleno se reanudaría el jueves, es decir hoy, pero recién el viernes –cuando los parlamentarios ya habían decidido su agenda– lo convocó para el miércoles.

"Eso motivó que varios congresistas se encuentren de viaje", dijo tras afirmar que la oposición aceptó ver el tema el miércoles para que los apristas no los acusen de querer manipular el Congreso.

Pese al resultado, los voceros de la oposición solicitaron la renuncia de Alva Castro, en vista de las graves irregularidades que se han producido durante su gestión.

"Que renuncie"

El congresista Carlos Bruce, de Alianza Parlamentaria, dijo que el haber obtenido 51 votos revela que el titular del Interior no cuenta con respaldo del Parlamento.

"Y tampoco de la mayoría de la población. Las últimas encuestas han revelado que no quieren que siga siendo ministro", aseveró.

Este pedido fue apoyado por el congresista nacionalista Werner Cabrera, quien además anunció que su bancada ha presentado un proyecto de ley para que los altos funcionarios del gobierno sean responsables en lo penal cuando culposamente permitan compras y licitaciones fraudulentas, como ocurrió con el titular del Interior.

"Así los alcaldes, presidentes regionales y ministros no podrán eludir su responsabilidad, y podrán ser sancionados con pena privativa de la libertad no mayor de 2 años y la inhabilitación de funciones por plazo no mayor de diez años", indicó.

Cifras

51 parlamentarios de la oposición respaldaron la censura.

30 votos a favor obtuvo el ministro Alva, mientras los fujimoristas se abstuvieron.




Los congresistas que no fueron

Los ocho congresistas de UPP que no votaron fueron José Anaya Oropeza, Karina Beteta Rubín, Antonio León Zapata, Álvaro Gutiérrez Cueva, Elizabeth León Minaya, Margarita Sucari Cari, José Saldaña Tovar y Aldo Estrada Choque, éste ultimo por reemplazar al presidente del Congreso, Luis Gonzales Posada.

Los parlamentarios de Unidad Nacional que tampoco se presentaron fueron Hildebrando Tapia Samaniego, Fabiola Morales, Martín Pérez Monteverde y Rosa Florián Cedrón, quien tiene una licencia por enfermedad.

Además, no asistieron los congresistas de Alianza Parlamentaria Rosario Sasieta (también con licencia por enfermedad) y Juan Perry (en viaje oficial), así como el nacionalista Juvenal Silva.

LUCHO: TU Y EL CHE VIVEN ...

40 años después, líder guerrillero es recordado en el mundo por sus ideas firmes de revolución.
La leyenda del Che

A pesar de los años, su presencia está latente en el mundo.


30 años

El cadáver del guerrillero fue enterrado junto a los de otros seis de sus compañeros bajo absoluto secreto en una fosa descubierta el 28 de junio de 1997 por un grupo de expertos. Los restos del guerrillero llegaron el 12 de julio de 1997 a Cuba, y ahora están en el mausoleo de la plaza Ernesto Che Guevara.


La Habana.– 40 años se cumplen hoy del asesinato del líder guerrillero argentino Ernesto “Che” Guevara, quien fuera fusilado por el suboficial del Ejército boliviano Mario Terán, en evidente estado de ebriedad, tras ser detenido un día antes en el pueblo de La Higuera. Su muerte generó un mito que creció hasta la categoría de ícono universal de las izquierdas y en símbolo de la rebeldía.

Cuenta el historiador boliviano Ricardo Sanjinés que "Una vieja mustia, desdentada y sin zapatos llegó hasta el subteniente Mario Huerta. 'Los barbudos se mueven en los matorrales', dijo. A mediodía comienza la batalla final. Para las 17.00, un hombre herido se rinde: 'No disparen... soy el Che. Más valgo vivo que muerto'".

El capitán Gary Prado Salmón fue el primero en informar de la captura del guerrillero. "Hola, Saturno. Tenemos a papá". El mensaje cifrado fue festejado en La Paz por los mandos militares, pero no alcanzaba con la detención, lo querían muerto.

El comandante de las Fuerzas Armadas de Bolivia, general Alfredo Ovando Candia, el lunes 9 de octubre envió la temida orden: "Saluden a papá". "'Usted ha venido a matarme (...) Póngase sereno, apunte bien', dijo el Che. Entonces di un paso atrás, hacia la puerta, cerré los ojos y disparé la primera ráfaga", relató Terán, encargado de asesinarlo.

La guerrilla del Che Guevara se desarrolló entre marzo y octubre de 1967 en el sureste boliviano, pensando en expandir un foco guerrillero que permitiera la liberación de América Latina del llamado dominio capitalista.

Fracasó, pero paradójicamente su muerte y su ascenso a la categoría de mito dispararon reacciones en cadena en todo el continente y por eso mismo, al ver que la imagen recortada del retrato colectivo que tomó el fotógrafo cubano Alberto Korda se reproducía hasta el infinito, la decisión fue esconderlo durante los siguientes 30 años.

Abandonado
Gary Prado, ahora general retirado, sostiene que "el Che fue engañado por (Fidel) Castro" y que "no tenía dónde ir". Para Prado, "al Che, le habían cerrado las puertas de Cuba, le habían cerrado otros países comunistas... así que tuvo que quedarse aquí hasta morir, abandonado, traicionado. Ésa es la realidad, y todos lo que le rinden honores ahora son los que lo abandonaron, lo traicionaron", sostiene.

Además dice que, años después, uno de los comandantes del alto mando le confió que el presidente boliviano de entonces, el general René Barrientos, decidió en consulta con sus comandantes, ejecutar al Che, porque no había una cárcel de máxima seguridad para él y que un juicio sería "un circo".

Y QUE SE DICE DE LA NUEVA LEY GENERAL DEL TRABAJO

Abogado Jorge Rendón critica a dirigentes sindicales que han creado la idea de que se trata de una ley progresista. “Proyecto tiene mucho de fujimorista”, señala
Ley del trabajo: No es lo que se dice de ella


EL DATO

La ley General del Trabajo viene discutiéndose desde 2002, habiendo fracasado el intento de generar un consenso dentro del Consejo Nacional del Trabajo, lo que llevó a que la Comisión del Congreso presidida por Aldo Estrada tomara directamente la responsabilidad de concluir la propuesta y entregarla al pleno.


El proyecto de la Ley General de Trabajo que se discute actualmente en el Congreso de la República, y que es la carta de presentación de su actual vicepresidente, el ubicuo upepista Aldo Estrada Choque, ha sido presentada como un avance en la defensa de los derechos de los trabajadores, afectados por la dureza pro-empresarial del fujimorismo de la década de los 90. Abona a esta idea la actitud de los gremios de la gran empresa que la consideran una “ley proteccionista” y un “retroceso al populismo”.

En opinión del Dr. Jorge Rendón Vásquez, entrevistado por LA PRIMERA, todos estos son meros mitos y el proyecto que está en la agenda del pleno, esta cargado de fujimorismo en un porcentaje que el jurista estima del 85 por ciento.

“Es una ley patronal que engañosamente es presentada como si respondiera a los intereses de los trabajadores peruanos”, señala.

Rendón acaba de presentar la sétima edición de su libro “Derecho del Trabajo. Colectivo” y es un reconocido investigador de asuntos laborales. “Es un profundo error, que podría estar lindando con algo más grave que dirigentes sindicales estén aceptando este proyecto tan lesivo a la clase trabajadora. Es casi la misma lógica que rigió en la época del reo Fujimori y que conculcó los derechos laborales que se conquistaron con sangre durante lustros” afirma el jurista.

Entre los artículos más controversiales está el de la “tercerización del empleo”, que santifica a los llamados “services”, que el candidato García fustigaba en campaña prometiendo su erradicación y que ahora justifica como un método válido para generar empleo. En el proyecto de la Ley de Trabajo este tema es tratado en el artículo 56.

“Esta modalidad es una forma de ceder en alquiler a trabajadores, como si fueran cosas, a otra empresa, para ejecutar el trabajo. La empresa cedente percibe un beneficio, sustraído de la remuneración que deberían percibir los trabajadores alquilados. Consiste en un sistema de superexplotación de trabajadores. Su objetivo evidente es impedir la sindicalización contra lo dispuesto por la Constitución y el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo-OIT que ha sido ratificado por el Perú” señala nuestro entrevistado.

Asimismo, Rendón menciona que el Proyecto de Ley no restituye el derecho a la negociación colectiva por sector, representada por las Federaciones Sindicales. Tampoco asegura el pago obligatorio de las remuneraciones en dinero. No reconoce instrumentos para asegurar el cumplimiento de las deudas laborales, Mantiene una diferenciación odiosa de responsabilidad penal en caso de apropiación ilícita: muy dura para los trabajadores y nula para empleadores, entre otros temas.

Perspectivas
“Es recomendable que los legisladores dispongan que el citado proyecto sea difundido en el diario oficial de manera que los actores sociales, sindicalistas y empleadores, los abogados, los profesores de derecho al trabajo y otros profesionales, así como la ciudadanía en general propongan las modificaciones o sugerencias que estimen convenientes a sus intereses y al interés del país, sería lo más democrático” precisa el especialista.

Por su parte, Javier Donayre Rojas, secretario de defensa de la Federación Nacional de Trabajadores Papeleros, Químicos y Similares del Perú, ha enviado el documento “Observaciones a la Ley General de Trabajo” a las comisiones del Congreso involucradas en el tema. “Les hemos expresado que el dictamen es gravemente perjudicial para los trabajadores y que de aprobarse en el pleno del Congreso nuestras organizaciones sindicales estarán interponiendo demandas y quejas ante los organismos internacionales pertinentes por cuanto se violentan convenios de la OIT. Estamos a la espera de respuesta” precisó.

La ley Estrada
En opinión de algunos dirigentes sindicales lo que ha ocurrido con la Ley general del Trabajo es que se ha convertido en una plataforma personal de un congresista que está empeñado en no morirse si antes no lo nombran ministro. Por eso se empeñó en hacer las más extrañas alianzas para conseguir que el proyecto fuera aprobado en la Comisión y estuvo dispuesto a disfrazar con palabras muchos contenidos que son los mismos que han estado vigentes desde los años 90. El señor Estrada ha hecho tremendos debates sobre el asunto de la estabilidad laboral y la prohibición del despido arbitrario, para luego crear una figura absurda según la cual los jueces decidirían a discreción si reponer al trabajador injustamente despedido o si lo indemnizan. Este punto es tan vulnerable e incongruente que con seguridad caerá en el pleno.

CONDENAN A MILITARES POR MUERTE DE

El pasado 02 de octubre, el colegiado de la Sala Penal de Lima dictó sentencia por el caso de Hugo Bustíos Saavedra, condenando a 15 años al Teniente Coronel EP (r) Amador Armando Vidal Sambenito, y a 17 años al Comandante EP (r) Víctor Fernando La Vera Hernández. Ambos, fueron encontrados responsables del asesinato de Hugo Bustíos Saavedra y la tentativa de asesinato al periodista Eduardo Rojas Arce. Asimismo, la sentencia ordenó pagar a favor de los familiares legales de las víctimas una reparación de 50,000 nuevo soles.

El 24 de noviembre de 1988, Hugo Bustíos Saavedra (corresponsal en Huanta de la revista Caretas), en compañía de su colega Eduardo Yeny Rojas Arce (corresponsal de la revista Actualidad) se dirigieron a Quinrapa (cercanías de Huanta, Ayacucho), a cubrir la noticia del asesinato de una familia a manos de Sendero Luminoso, pero fueron impedidos ya que necesitaban la autorización del entonces Comandante del Ejército La Vera Hernandez. Luego de gestionar dicho documento, Bustíos y Rojas retornaron a Quinrapa a bordo de una motocicleta. Estando muy cerca del lugar de los hechos, fueron atacados con disparos de fusiles por un grupo de efectivos militares (vestidos con jeans y polos blancos). Hugo Bustíos cayó herido de la motocicleta mientras que Eduardo Rojas, herido en la pierna por un proyectil de arma de fuego, pudo ver como un efectivo militar se aproximó a su colega Bustíos y le colocó un aparato explosivo en el tórax que lo hizo explotar.

El proceso fue investigado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que en una de las conclusiones señala que: "El jueves 24 de noviembre de 1988, los periodistas Hugo Bustíos Saavedra y Eduardo Rojas Arce se dirigieron a la localidad de Erapata, para cubrir información del asesinato de una mujer y su hijo ocurrido la noche anterior ".

Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en sesión celebrada el 16 de octubre de 1997, aprobó el Informe N° 38/97, Caso N° 10.548 -Perú, concluyendo que "el Estado Peruano violó, en perjuicio de Hugo Bustíos Saavedra, los derechos a la libertad de expresión y a la protección judicial. De igual modo, violó en perjuicio de Eduardo Rojas Arce, los derechos a la integridad personal, libertad de expresión y a la protección judicial". Y agrega que: "Numerosos casos de periodistas desaparecidos, muertos y/o amenazados en los últimos años por ejercer su tarea profesional en las zonas de emergencia en general y en el área de Ayacucho en particular, habiendo en 1989 muerto cinco periodistas en circunstancias relacionadas con su labor, aparentemente varios de ellos por atentados de Sendero Luminoso, y otros después de haber recibido amenazas de parte de personal militar o policial" (ver: https://www.cidh.oas.org/annu alrep/97span/Peru10.548.htm).

Si bien es cierto que esta sentencia recae sobre la responsabilidad de los militares por el delito de homicidio, no es menos cierto que también se afectó el derecho a la libertad de expresión, tal como señaló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, razón por la cual este fallo es ejemplar ya que no sólo sanciona a los responsables sino que, de alguna forma, reivindica la labor de los periodistas, quienes en muchas oportunidades arriesgan su vida para brindar información sobre hechos veraces. Recordemos que la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión en el artículo primero señala que: "La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática" (ver: http://www.cidh.oas.org/relatoria/s howarticle.asp?artID=26&lID=2).

Hoy, el llamado caso Bustíos nos muestra las dos caras de la justicia. De un lado, un caso sobre el que siempre se supo quiénes eran los autores materiales, pero en el que la justicia durante casi 17 años no hizo nada. Pero de otro lado -bajo el impulso de las investigaciones de la CVR-, la posibilidad de señalar a los responsables. Eso ha hecho la Sala Penal Nacional. Pero además, la sentencia constituye un paso muy importante en el proceso de judicialización de graves violaciones a los derechos humanos y -sobre todo- la segunda (el primero fue el de las autoridades Chuschi) que se dicta sobre uno de los casos más emblemáticos de los sucesos horrendos producidos en el departamento de Ayacucho, y en especial, la provincia de Huanta.