Minería sí o sí

Minería sí o sí

El gobierno parece decidido a que no quede ninguna duda sobre su decisión de imponer un modelo de desarrollo basado en la renta de las industrias extractivas. Ésta es sin duda importante, pero no puede ser el único ni el principal argumento para definir una política de Estado en este terreno. El enorme costo que tiene el deterioro global y nacional del medio ambiente debe ser una dimensión sustantiva, así como la priorización de estrategias productivas viables y sostenibles. Es decir, debemos ubicar el desarrollo territorial en el centro de nuestras opciones nacionales y en la definición de las políticas vinculadas a las industrias extractivas.
El gobierno ha presentado al Congreso el proyecto de ley 1640, el cual declara de interés nacional 20 proyectos mineros y autoriza al Ejecutivo a incluir otros proyectos similares bajo la misma denominación. El objetivo explícito de la norma es agilizar la ejecución de estas inversiones en todas y cada una de sus fases, desde la concesión hasta su implementación. Si bien este aspecto es de por sí preocupante, lo es más el que no se definan los alcances bajo los cuales se dispone la adecuación de las normas y procedimientos de todos los sectores del gobierno a esta definición de interés nacional. Se otorga así un amplísimo margen de discrecionalidad, que es absolutamente innecesario y que significa un riesgo para los derechos de significativos sectores de la población, por la imposibilidad de evaluar sus dimensiones y consecuencias.


La minería es una actividad que genera una alta conflictividad. Frente a ello, importantes sectores de la población consideran que el Estado no cumple con su deber de garantizar el estricto cumplimiento de las normas ambientales nacionales e internacionales. También están convencidos que no asume su rol de protección efectiva de aquellos que son afectados por las actividades extractivas. En este contexto, una medida de estas características sólo profundizará la desconfianza y acentuará la tensión y el conflicto. Es preocupante el desinterés del gobierno por revertir esta justificada actitud de la ciudadanía. El proyecto de ley es una respuesta que refleja más bien la intención de crear condiciones para limitar aún más los derechos democráticos que la Constitución y la legislación sobre descentralización reconocen a las organizaciones sociales, las autoridades locales y a la población en general.


Por ello nos parece innecesario y criticable que se busque imponer una norma que, a todas luces, busca flexibilizar más los mecanismos y procedimientos de participación y control sobre las actividades extractivas. Conviene recordar que la Defensoría del Pueblo ha señalado que los plazos actuales para que se evalúen los estudios de impacto ambiental y se dialogue con las organizaciones sociales son insuficientes para garantizar la transparencia, el acceso a la información y la participación de la población. Sus recomendaciones van en el sentido de ampliar los plazos, lo cual no es el objetivo de esta norma sino todo lo contrario.


Lo mismo puede decirse sobre el control de sus evidentes impactos ambientales. La exigencia de un amplísimo sector de la comunidad científica, de los movimientos ciudadanos y de los propios organismos internacionales que promueven la continuidad del actual modelo económico, es elevar los estándares y mejorar los sistemas de seguimiento, evaluación y sanción. Este proyecto abre las puertas a que se debiliten más estos mecanismos.


Aprobar este proyecto sentaría un precedente negativo, pues algunas decisiones similares tomadas por el Congreso señalan con claridad que, en cumplimiento de la Constitución, se precisan el objetivo y las medidas que deben llevarse adelante en el marco de la declaración de interés nacional. En cambio, el proyecto de ley 1640 es arbitrario, ya que no existe ninguna razón ni fundamento que lo sustente y, por su imprecisión, deja la puerta abierta a que se recorten derechos básicos de la ciudadanía.


El Congreso debe devolver este proyecto al Ejecutivo para que lo reformule y defina con claridad los alcances de la norma y el tipo de medidas que llevarán adelante los sectores. Debe exigir también un cambio en su finalidad, ya que en el actual contexto no es aceptable que se busque agilizar un proceso que afecta las condiciones de vida de la población de los espacios rurales, la cual vive en una realidad de exclusión de parte del Estado y la sociedad peruana.

En lugar de un instrumento de claro perfil autoritario como éste, cuyo efecto puede ser contraproducente en términos de la profundización de la democracia y la gobernabilidad, el Congreso debe abrir la discusión para la formulación de un plan nacional de ordenamiento territorial, como parte del cual se establezcan las grandes orientaciones para la gestión y el uso del territorio. Asimismo, es una buena oportunidad para exigir nuevamente al gobierno que cumpla con la ley y ponga en funcionamiento el CEPLAN y el sistema nacional de planificación.