Se ahorrarán S/.8,500 millones en caso de nueva crisis externa

Educación tiene la mayor partida con S/.15,251 millones, seguido por Salud. Se reservan S/.120 millones en fondo de contingencia para aumento de sueldos a 'tecnócratas’. Autor: Rudy Palma

CompartirEnviar.Mañana vence el plazo para que el Gobierno envíe al Congreso el proyecto de presupuesto 2012 que, en esta ocasión, establece un monto de S/.95,535 millones, un 8% más que la partida inicial de este año.

Ante la creciente posibilidad de que una nueva recesión internacional afecte a nuestro país, el documento elaborado por el Ministerio de Economía plantea un ahorro de S/.8,493 millones en la partida de 2012, “lo que permitirá al Estado tener un margen de maniobra fiscal en caso el entorno internacional se deteriore más allá de lo inicialmente previsto”.

La elevada incertidumbre económica internacional y la alta volatilidad de los precios de las materias primas aumentan el riesgo de que los ingresos fiscales del país se reduzcan. Por ello, el presupuesto contempla recursos ordinarios por S/.61,676 millones, aunque el ingreso potencial puede llegar a los S/.70,169 millones en 2012. La diferencia será el monto a ahorrar.

El proyecto no da cuenta sobre los ingresos adicionales que se obtendrían por el gravamen a las empresas mineras, estimado en S/.3,000 millones, debido a que aún no se han definido las tasas ni la modalidad de recaudación de los aportes.

CON MÁS DINERO. En tanto, el sector Educación contará con S/.15,251 millones en 2012 y será el pliego con los más altos recursos. La mayor parte del dinero (S/.4,251 millones) se destinarán al programa 'Logros de aprendizaje de estudiantes de primaria’.

Para Salud, la partida asignada es de S/.8,658 millones, del cual el 38.9% se orientará al programa 'Salud materno neonatal’, que tiene como meta este año reducir en 1.23 puntos porcentuales la tasa de mortalidad en los recién nacidos.

En lo que respecta al orden público y seguridad, el Estado entregará el próximo año S/.4,955 millones a los programas y entidades encargadas en esta materia. De este total, el 78% se dedicará a reducir la tasa de victimización en zonas urbanas a un 47%. Por su parte, Devida recibirá S/.59 millones para su programa de desarrollo alternativo que implica bajar la dependencia económica de la coca en las zonas de intervención.

En tanto, el programa del sector Transportes para reducir el costo, tiempo e inseguridad vial contará con S/.6,783 millones, que se dedicarán a lograr un buen estado de 4,167 kilómetros de la vía departamental y 8,082 kilómetros de la red nacional.

En Vivienda se prevé la entrega de 21,828 bonos de Techo Propio, para lo cual se darán S/.366 millones, mientras que para agua y saneamiento habrán S/.1,445 millones.

NUEVAS ACCIONES. Tal como adelantó Perú.21, el Gobierno publicó el fin de semana un decreto de urgencia para contratar personal altamente calificado en el Estado hasta el 31 de diciembre de 2011. Todo indica que este plan continuará en 2012 pues en la Reserva de Contingencia se disponen de S/.120 millones para este fin.

En el marco de la lucha contra la corrupción se anuncia la creación de la Sala Penal Nacional Especial Anticorrupción. El dinero asignado al Poder Judicial ascenderá a S/.1,444 millones. De esta cifra, S/.52 millones irán a la aplicación del Código Procesal Penal a los delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos, y S/.23 millones para la Nueva Ley Procesal de Trabajo. Sin embargo, el Gobierno suspenderá los aumentos salariales a magistrados, autorizados por una ley del Congreso, debido a su alto costo fiscal.

La muerte de ENAPU

Por: Humberto Campodónico

El otorgamiento de todo el Terminal Norte del Callao a APM Terminals hace dos semanas es el resultado final de la política del actual gobierno de concesionar (en verdad, privatizar) la empresa estatal ENAPU, a pesar de la existencia de alternativas viables para su repotenciamiento. Al hacerlo, se ha hipotecado la capacidad del Estado en materia de política portuaria, al mismo tiempo que ha activado “bombas de tiempo” para el próximo gobierno.

Esto ha motivado la renuncia del presidente de ENAPU, Mario Arbulú, quien acaba de declarar que “el proceso de concesión ha generado un modelo con el que yo también discrepo. Será la historia la que juzgue. Nosotros propusimos una alianza estratégica entre Enapu y un socio privado de primer nivel mundial” (14/7/2011). Más allá de la bastante tardía de la protesta de Arbulú, tiene razón sobre el fondo del asunto.

Agrega: “Se creó un comité especial de privatización porque dijeron que ENAPU no podía ser juez y parte. Luego salió el Decreto Supremo en el que se decidió por un proceso de concesión en el que no tuviéramos ninguna injerencia” (14 de julio 2011).

Como consecuencia, el operador del Muelle Sur, Dubai Ports World, ha entablado una demanda al gobierno peruano ante el CIADI por competencia desleal. Dice DP World que APM Terminals “va a tener una serie de incentivos económicos que permiten la artificial reducción de precios en servicios portuarios tales como el acceso a un flujo de ganancias provenientes de una concesión en operación”. (La República, 3/7/2011).

Agrega que “a ello se suma el uso gratuito de grúas pórtico y el uso libre de las recientes mejoras de la infraestructura efectuadas por Enapu, por un monto de US$ 208 millones. En cambio, el Muelle Sur no recibió ningún tipo de subvención, debiendo ser construido en su totalidad con financiamiento privado” (ídem).

Las demandas de DP World confirman que ENAPU podía perfectamente llevar a cabo las inversiones de US$ 350 millones que figuran en la concesión con APM. Claro, porque éstas se van a realizar con las utilidades netas de ENAPU, que ascendieron a S/.208 millones en los últimos 3 años (ver cuadro). Este nivel de utilidades facilita a la empresa conseguir los recursos adicionales en los mercados financieros.

Además, APM tendrá mayores utilidades en el Terminal Norte porque no tendrá que pagar los 55 millones de soles anuales que ENAPU tiene que pagar a los jubilados de la empresa. Al sumar el pago de pensiones a la Utilidad Neta puede apreciarse que el flujo de Enapu aumenta sustantivamente.

Los sucesivos gobiernos le han cargado estas obligaciones a las empresas públicas (ENAPU, Petroperú, Electroperú) para que no puedan sobresalir en sus operaciones. Dicho de otra manera, las obligan a competir con un brazo amarrado a la espalda. Eso lo dice la propia FONAFE cuando admite que “la utilidad neta del 2010 se ha reducido en 63%, debido principalmente a la transferencia al Fondo de Reservas Previsionales y en la provisión para el pago de dichas obligaciones” (www.fonafe.gob.pe).

Hay más. ENAPU solo va a recibir el 17% de las utilidades netas de APM, lo que significa que la estatal se queda sin el 90% de sus ingresos. Esto va a obligar al Estado a subsidiar los 11 puertos provinciales del resto del país, además que ENAPU no podrá cumplir con las pensiones y jubilaciones.

Esta privatización es el puntillazo final dado por este gobierno, al amparo del dogma de la “subsidiariedad de la actividad empresarial del Estado”, decretada por la Constitución de 1993 (Art. 60). Motivo por el cual, pensamos, se impone su revisión total pues, a todas luces, perjudica los intereses del Estado peruano.

Fueron 5 años de vacaciones y buena suerte

Waldo Mendoza sobre economía peruana:

El jefe del Departamento de Economía de la Universidad Católica habla fuerte. En diálogo con LaRepublica.pe dejó varios temas para el debate. "Si no se cobra US$ 2 mil millones a las mineras mejor que se quede García", indicó. Además aseguró que en Perú, lamentablemente, "generar confianza, es no cambiar nada".

Johanna Nores

¿Cómo se entiende el hecho de que Perú crezca pero que de otro lado, exista desigualdad?

El Perú de hoy se parece mucho al Perú de los 50, los 60 y también al Chile de los 80. Ambos eventos históricos crecían a un promedio de 8% al año, donde la pobreza descendió y con una inflación baja. Pero ambos eventos también fueron modelos que acentuaron la desigualdad.

La literatura enseña es que el mercado no soluciona los problemas de la desigualdad. El mercado puede hacer bajar la pobreza, incluso hasta hacerla desaparecer. Por ejemplo, con un crecimiento económico de 10% al año, en 30 años desaparece la pobreza, pero la desigualdad puede sobrevivir. Y para el habitante es tan importante la pobreza como la desigualdad.

¿Cuáles son las características de este (estos) modelo (s) que conlleva a la desigualdad?

Es un modelo económico donde los sectores que más han crecido en los últimos 15 o 20 años, son los sectores modernos como la minería, la agricultura de exportación y los textiles de exportación. Estos son sectores ricos, casi siempre lo han sido.

Un modelo económico igualador seria un modelo en donde uno observase que la agricultura de la sierra sur crece más que los otros sectores. Entonces, el estilo del crecimiento liderado por la minería es un modelo naturalmente desigualador. Eso es lo que está pasando ahora.

¿Qué es lo que se puede hacer para revertir esta situación de desigualdad?

Hay dos vías. Uno es intentar cambiar el modelo de crecimiento económico, que es más complicado. Por ejemplo, cómo haces que la agricultura de Vilcashuamán sea más atractiva que la minería de Yanacocha. Eso es imposible, tendrías q imponer grandes dosis de intervención para que esa relación de rentabilidad se revierta. Y eso no va a pasar.

Otra vía es que a la larga el modelo de desarrollo pueda corregirse paulatinamente migrando hacia cierto grado de industrialización mayor. La industria es más intensiva en mano de obra, se conecta más con otros sectores. Entonces, un estilo de crecimiento manufacturero, de exportaciones no tradicionales puede ser un modelo de crecimiento más igualador, pero eso es difícil que se dé de un año para otro. Hay que ir construyendo, ir pensando cómo aprovechar las oportunidades que da la minería para ir migrando hacia ese otro modelo de desarrollo.

Y respecto a este gobierno, ¿las políticas que se implementaron hicieron posible el descenso de la desigualdad o la incrementó aún más?

El episodio de los últimos cinco años ha sido un episodio de administración sumamente fácil de la economía. Es decir, García "agarra un carro que ya estaba prendido", con un motor encendido, con una economía que ya venía creciendo 6, 7% al año. No hace absolutamente nada. Insiste con esta propuesta de tranquilizar a los inversionistas, y luego están los precios internacionales altos, entonces el crecimiento se mantiene. Además como la recaudación ha subido por el crecimiento y los precios internacionales, tienes plata pata para hacer un montón de obra pública y algo más de gasto social. Ese es el resumen de Alan García. Basta mantener el ritmo del crecimiento económico y tener buena suerte con los precios internacionales.

Pero lo complicado es distribuir. Para ello, a mi juicio, se debe elevar la presión tributaria, cobrar más a los que más tienen y utilizar esos recursos dónde deben utilizarse.

En ese sentido…

No se ha hecho absolutamente nada. Hemos vivido del impulso que dejó Toledo. Hemos tenido 5 años de vacaciones y buena suerte.

Y Ollanta…

A Ollanta no lo han escogido para seguir de vacaciones, porque sería fácil hacer lo de García. Ahora viene la parte complicada, cómo resolver el problema distributivo.

¿Y cómo se resuelve?

A mi juicio es elevar la presión tributaria en un par de puntos porcentuales, si es posible en 3%, ¿dónde? Allí donde está el dinero… En la minería, y gastarlo dónde debe gastarse. Pero ahí hay un pequeño problema. Ahora por la Ley del Canon recaudamos un montón por minería, un montón por Impuesto a la Renta, pero la mitad de esos recursos se van a las regiones, municipios, o lugares donde están las minas.

Si Ollanta logra sacar un par de puntos porcentuales de recaudación minera, la utilización de esos recursos tiene que ser sustantivamente distinta a la que se hace ahora. Esos recursos tienen q pasar al Gobierno Central y éste tiene que ver dónde gastarlo y ver dónde se necesita.

Entonces la prueba de que Ollanta Humala no va estar de vacaciones como García, la veremos cuando anuncie cuánto impuesto le va a cobrar a la minería.

Se puede decir que, ¿al cobrar el impuesto a la sobreganancia minera se va a contribuir con la eliminación de la desigualdad?

Hay varias cosas que hacer para eliminar la desigualdad. Para empezar, el monto de recursos que ahora se están destinando a salud, educación, se debe utilizar bien. También necesitamos nuevos recursos permanentes para hacer gastos permanentes. Entonces requieres recaudar. La minería es una fuente, el impuesto predial es otra fuente importantísima de recaudación.

Si recaudas un par de puntos por tributación minera, un punto por la recaudación predial (pagos por terrenos o casas) tienes 3 puntos con los que se puede hacer maravillas en materia de política social.

¿Cuánto se debería cobrar a las mineras?

Si el óbolo está en US$ 500 millones, el mínimo que se debe cobrar es US$ 2 mil millones por año. Si no vamos a cobrar eso, mejor dejemos a Alan García.

Desaceleración Económica

¿La desaceleración económica proviene solo del efecto de la incertidumbre como ha señalado el MEF?

Para que la desaceleración de la inversión privada sea la causante principal de la desaceleración, entonces los inversionistas deben ser magos, porque hace 4 meses han adivinado q Ollanta ganaba.

Cuando uno ve el sector que más se ha desacelerado, es la construcción. Éste sector viene desacelerándose desde el último trimestre del año 2010, cuando Ollanta no existía en las encuestas… Así que esa hipótesis de que la incertidumbre… Algo de verdad tienen, pero creo que es mejor revisar los números.

Retomando el tema de los nombramientos, Benavides dijo que Burneo, que fue voceado como ministro de Economía, no generaría confianza entre los inversores. ¿Usted estuvo de acuerdo con esa declaración?

Estoy harto con el tema de la confianza. En este país donde la cultura económica es “bien chata”, la confianza se interpreta como una situación de “vas a generar confianza si te comprometes a no hacer absolutamente ningún cambio”. Con esa teoría ratificas en el cargo a Benavides, un ministro incompetente, y seguramente mañana la bolsa sube, el dólar baja, “generas confianza”.

El Perú ha votado mayoritariamente por un cambio. Ollanta debe complacer, debe dedicarle 5 minutos a Wall Street, pero tiene que pensar esencialmente en su electorado.

Michael Porter volvió recargado

Esta vez su ponencia no generó mucha polémica, pero dejó una hoja de ruta para mejorar la competitividad del país, de la que poco se comenta.

 

¿Qué dijo Porter en esta oportunidad?

Hizo una evaluación de nuestra economía, detallando nuestras fortalezas y debilidades; explicó la necesidad de un cambio de enfoque; y, planteó una estrategia para la competitividad.

El profesor de la Universidad de Harvard reconoció que el país está teniendo el mayor crecimiento de su historia, el que le ha permitido prosperar y superar la reciente crisis internacional. Sin embargo, ese crecimiento ha sido muy heterogéneo y sus beneficios no han llegado a diferentes sectores de la población y zonas del país. A continuación presento un resumen de lo dicho por Porter:

El gurú empezó con algunas llamadas de atención:

El país ha firmado varios TLC (EE.UU., China, etc), sin embargo, los flujos de inversión (hacia adentro y hacia afuera) siguen siendo bajos.

Perú ha incrementado la inversión en infraestructura (caminos, generación eléctrica, líneas telefónicas, etc), pero los servicios siguen siendo caros.

. El sistema educativo produce pocos graduados en áreas técnicas y de ingeniería. El gasto en educación está entre los más bajos de la región.

. Hay bajos niveles de capacitación de la fuerza de trabajo. Hay poco apoyo a la investigación y existen pocas instituciones científicas.

. El mercado laboral peruano es muy rígido. Los altos costos laborales no salariales impiden la creación de empleo formal.

. Las industrias nacionales están muy concentradas y con evidencia de las prácticas oligopólicas y los carteles.

. Hay una débil capacidad institucional en las regiones que dificultan el desarrollo de clusters (agrupaciones).

. Los activos financieros están muy concentrados. Solo cuatro bancos tienen el 83% de todos los préstamos.

. El sistema de fondos de pensiones se caracteriza por su baja participación.

. Las finanzas públicas siguen dependiendo de los productos básicos. Un tercio de los ingresos fiscales proceden de fuentes relacionadas con las materias primas.

. Las tasas de impuestos en el Perú son altas en relación con sus vecinos.

. El alto nivel de informalidad en la economía facilita la falsificación y lavado de dinero.

. Se ha producido un deterioro en la seguridad, debido a la delincuencia organizada.

. La corrupción es una de las deficiencias más graves que limitan el desarrollo del Perú.

Porter destaca los recursos y fortalezas que tiene el país:

Gran dotación de recursos naturales: minería, pesca, forestales y tierras fértiles. La región amazónica representa un tesoro sin explotar.

. Perú tiene una ubicación estratégica. Comparte una frontera con Brasil, el mayor mercado de Sudamérica. Tiene acceso al océano Pacífico y al Atlántico, a través del río Amazonas.

. Ha hecho mejoras importantes en la simplificación de procedimientos administrativos.

. Hay apertura a la inversión extranjera, el comercio y los flujos de capital. Así como en la protección de los inversores.

. El crecimiento ha dado lugar a la aparición de una nueva clase media que tiene acceso al crédito y gran consumo.

Resaltó la necesidad de diseñar una estrategia:

. Perú no puede mejorar todo al mismo tiempo. Es necesario dar prioridad a los temas más apremiantes.

. No se puede ser bueno en todo. Perú tiene que definir qué fortalezas deben ser profundizadas para proporcionar mayor valor a las empresas.

. Perú no necesita otro plan, sino una agenda de acciones que impulsen el cambio.

Razones de Porter para ser competitivo:

 

. La competitividad depende de la productividad con la que un país utiliza su capital humano y los recursos naturales.

. La competitividad macroeconómica crea el potencial para una alta productividad, pero no es suficiente.

. La productividad depende en última instancia de mejorar la capacidad microeconómica de la economía y la competencia local.

. La productividad establece el estándar de vida sostenible (salarios, rendimientos del capital, rendimientos de los recursos naturales).

. Sólo las empresas competitivas pueden crear riqueza y puestos de trabajo adecuados.

Porter hace una propuesta de valor para la competitividad del Perú:

. La propuesta de valor debe ser una inspiración para la población peruana.

. La propuesta de valor es una señal para las empresas extranjeras y locales acerca de los activos y las condiciones que pueden esperar encontrar en el Perú.

. La propuesta de valor es una señal a los responsables políticos peruanos de qué tipo de mejoras son más críticas de solucionar.

Los pasos a seguir:

. Revitalizar el Consejo Nacional de Competitividad para coordinar la estrategia económica y su aplicación.

. Proporcionar infraestructura altamente eficiente y un entorno regulador de calidad para que el Perú sea uno de los lugares más productivos.

. Reducir el costo de hacer negocios a través de mejores normas y reglamentos (reglas del sistema judicial, impuestos y regulación del mercado)

. Fortalecer el acceso al capital y aumentar la competencia del sector financiero. Impulsar el desarrollo de nuevos instrumentos financieros.

Impulsar a las regiones:

. Desarrollar clusters regionales para generar un vínculo más estrecho entre el crecimiento y nuevos empleos.

. Generar economías regionales basadas en sus atributos y fortalezas locales.

. Diversificar la economía mediante el desarrollo de grupos relacionados, principalmente en minería de metales y su fabricación, hostelería y turismo, y la biodiversidad.

Relacionarnos con el mundo:

 

. Ser un centro para el comercio. Concentrar los esfuerzos en convertirnos en el trampolín para las empresas sudamericanas que buscan acceso a los mercados de EE.UU. y Asia

. Profundizar las políticas de libre comercio. Negociar más TLC. Eliminar barreras a la inversión y al comercio (aranceles, medidas no arancelarias y las subvenciones a la exportación).

. Mejorar la eficiencia y la calidad del comercio, movilizando y desarrollando grupos de servicios relacionados, como la logística y las finanzas.

Claves en la educación:

. Mejorar la educación y el desarrollo de habilidades de la mano de obra. Centrarse en la educación como una condición fundamental para la productividad.

. Desarrollar las capacidades de la ciencia y la tecnología. Ampliar la colaboración entre universidad y empresa.

. Alentar a la industria para absorber y mejorar la tecnología extranjera. Involucrar a los profesionales extranjeros con talento.

. Alinear la oferta educativa a las necesidades mediante la colaboración con grupos vinculados a la industria del metal, ropa, cuero, pesca, calzado, productos agrícolas y vino.

Luchar contra la corrupción:

 

. Reducir la corrupción para combatir la informalidad y la desigualdad.

. Promover una ética nueva de gobierno en los líderes políticos y empresariales.

. Mejorar la calidad de la administración pública. Apoyo a la meritocracia, la responsabilidad, la rendición de cuentas, y la remuneración adecuada.

Finalmente, Michael Porter se mostró optimista con el futuro del país y lanzó sus proyecciones para el 2021. Si se siguen los pasos anteriores, el Perú estará en el nivel superior de países de ingresos medios (con un per cápita de US$ 10,000), la pobreza se reducirá al 20%, tendremos el mayor comercio con Asia y seremos el primer receptor de la inversión extranjera directa de la región.

¿Coincide con las afirmaciones de Porter? ¿Cree que se lograrán las proyecciones del gurú de la competitividad? Comente sus apreciaciones o sugerencias sobre el tema.

No quiero despedirme sin antes pedirles disculpas por la extensión del post, pero creo que era necesario.

tomado de http://blogs.gestion.pe/contactoeconomico/2010/11/michael-porter-volvio-recargad.html

Las razones electoreras del alza del salario mínimo

.Por Humberto Campodónico

El anuncio de Alan García de elevar el salario mínimo de 550 a 600 soles mensuales es una muestra más, de un lado, del “salto a la garrocha” total de la institucionalidad existente para regular el salario mínimo en el país y, de otro, de la total capacidad discrecional del Presidente en esta y otras materias.

Comencemos por el principio. En el Perú la Ley 27711 (Ley del Ministerio del Trabajo) establece también la creación del Consejo Nacional del Trabajo (CNT), cuya función es participar, en su rol de órgano consultivo, en la regulación del salario mínimo, lo que se refrenda con la Ley 28318 del 2004.

El CNT –que cuenta con la participación de empresarios, sindicatos y el Estado– ha aprobado criterios para determinar el incremento del salario mínimo en base a la inflación y la productividad, el mismo que debe ser revisado cada dos años. Estos criterios se basan en el pronóstico de la inflación de los próximos 24 meses (y no la pasada, para evitar el impacto de la inflación inercial) y, también, de la productividad de los 24 meses anteriores (para que el alza no impacte sobre los costos empresariales).

Así, en setiembre del 2007 se expidió el DS-022-2007-TR, que determinó el alza del salario mínimo a S/. 550/mes desde enero del 2008. Por lo tanto, a enero del 2010, debería haberse modificado para cumplir con la legislación y la institucionalidad vigente. Pero no se hizo, porque el gobierno –y un sector de los empresarios– se opuso.

No solo eso. Antes, en el 2008, el CNT planteó un alza del salario mínimo de 27 soles (la llamada cláusula “gatillo”) para compensar a los trabajadores por la inflación de 5.79% de ese año. Tampoco esto se quiso aprobar, lo que motivó la protesta de las organizaciones sindicales. En el 2009 la inflación fue 2.94% y en lo que va del 2010 (a setiembre) ha sido de 2.03%.

Hay, entonces, razones valederas y legales para que suba el salario mínimo (que es uno de los más bajos de América Latina), en un contexto en que la productividad ha seguido aumentando, junto al crecimiento general de la economía en el 2009 y en el 2010.

Pero en el Perú sucede que la participación en % del PBI de las ganancias sube como la espuma, mientras que la participación de los salarios disminuye (La boca del cocodrilo sigue abierta, www.cristaldemira.com, 24/7/10).

En otros países esto es visto como un motivo de amplia preocupación y los mandatarios hacen hincapié, año a año, de los logros que obtienen debido a la continua recuperación de la participación de la masa salarial en el ingreso nacional. Lógico, esto amplía el poder adquisitivo, con lo cual mejoran los trabajadores, a la vez que se estimula la demanda interna, lo que también conviene a los empresarios.

Pero aquí eso no sucede. Por el contrario, se elaboran informes sesgados e interesados que dicen, por ejemplo, que un alza del salario mínimo perjudica a las MYPEs y también a los trabajadores porque “alienta la informalidad”. También que el salario mínimo debiera ser regional (puede ser) y por sectores productivos (puede ser). Pero todo queda en declaraciones y no se llega a nada concreto.

La piedra de la torta es que García ahora dice que el salario mínimo debe aumentar 50 soles mensuales. ¿Por qué no 20 ó 100 ó 150? Según Ipsos-Apoyo, un hogar del sector E de Lima gana S/. 730 mes, lo que no le alcanza y necesitaría S/. 1,350/mes para vivir, lo que no se cubre con dos salarios mínimos que propone García.

Queda claro que si García se ocupa ahora del salario mínimo –lo que no le interesó antes– tiene un claro tinte electorero. Diferente hubiera sido si esa preocupación por los ingresos de los asalariados hubiera seguido un camino de respeto de las leyes y de la institucionalidad. ¿No es cierto?

Trabajo infantil rural

Por: Fernando Eguren

Director ejecutivo de Cepes

El trabajo infantil ha sido materia de atención reciente. Varios diarios han difundido los resultados de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil realizada en 2007 por el INEI, pero no suficientemente difundida (hasta el momento de escribir estas líneas no estaba en la página web de la INEI). Funcionarios han declarado que el porcentaje del trabajo infantil y adolescente, que se mantiene estable en el país desde hace más de tres lustros –muestra de que el crecimiento económico no ‘chorrea’–, es uno de los más altos de la región latinoamericana. Especialistas de la OIT afirman que una de las principales causas del trabajo infantil es la pobreza de los hogares y que perpetúa el ciclo de la pobreza y de exclusión.

Más recientemente, la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), realizada en 2008, nos informa que en el Perú, 28 de cada cien niños trabajan. Sin embargo, existe una gran diferencia entre la zona urbana y la rural, pues mientras en la primera trabajan 13 de cada cien, en las áreas rurales lo hace cerca de la mitad de los niños (el 48%).

Este alto porcentaje de trabajo infantil en las áreas rurales está relacionado con la pobreza: casi dos tercios de los niños en esas áreas son pobres, según la misma encuesta. La comprobación de que el trabajo infantil y la pobreza están asociados se muestra también por el hecho de que casi las tres cuartas partes de los niños rurales que trabajan son pobres, lo cual supone que los ingresos que reciben son muy reducidos.

Si bien el trabajo infantil en actividades agrícolas o de pastoreo es aceptado y esperado en las familias campesinas, también es cierto que es una de las razones por las que muchos dejan de asistir a la escuela, asegurándose así un lugar en las filas de los pobres del mañana.

Pero el trabajo infantil no se restringe a las áreas con predominancia de economía campesina, sino que también se extiende a la agricultura moderna. Un reciente estudio realizado en diferentes localidades de la provincia de Ica, donde habitan los trabajadores que laboran en las nuevas haciendas productoras de cultivos para la exportación, como espárragos, pimientos, alcachofas, uvas y otras frutas, detalla no sólo que no hay relación entre la prosperidad de dichas empresas y la situación de la población, sino la existencia de trabajo infantil.

El estudio muestra que muchos trabajadores involucrados en cultivos de exportación tienen menos de 16 años, encontrándose niños de hasta 12 años. La mayor parte de ellos no trabaja directamente en las empresas agroexportadoras, sino en aquellas que las abastecen, las que a su vez utilizan el servicio de contratistas. Es a través de este procedimiento de tercerización que la agricultura de exportación emplea trabajo infantil y adolescente, burlando la certificación que debe dar el Estado peruano de que no se ha utilizado trabajo infantil ni adolescente.

Una agricultura de exportación moderna que se desarrolla en parte sobre la explotación del trabajo infantil no merece ser considerada un modelo de éxito. Y así como le cabe responsabilidad a los empresarios que acuden al trabajo infantil, también le cabe al Estado, que abdica de su obligación de defender los derechos de los niños.

Este artículo también lo puede leer en http://aeperu.blogspot.com

El domingo no se pierda Actualidad Económica con ALAN FAIRLIE.

¿Qué significa “desarrollo rural” en el Perú de hoy?

pOR Fernando Eguren

presidente de cepes. sociólogo

Hace pocos días fui invitado a hacer una exposición a un grupo de ciudadanos alemanes. El encargo fue exponer en 20 minutos el tema que encabeza este artículo. Para cumplir con el desafío opté por escribir 6 pastillas para guiar mi exposición. Tengo la sospecha de que para muchos lectores estas pastillas les pueden ser útiles. Así que aquí van.

1. Según el censo demográfico de 2007, la población total del país supera las 27 millones de personas; el 24% es rural. Sin embargo, con una definición más amplia de ‘población rural’, ésta puede llegar al 40%. Se estima que tres cuartas partes de esta población es ‘pobre’ o ‘muy pobre’, y se distribuye en las tres regiones. El desarrollo rural es, pues, una necesidad, pero se plantea en cada región también de manera distinta.

2. En el Perú hubo una muy importante reforma agraria entre los años 1969 y 1975. Todas las grandes haciendas fueron expropiadas. Pero la reforma agraria fue más importante social y políticamente (permitió la emergencia de una ciudadanía rural) que económicamente (se distribuyeron tierras pero no se apoyó la mejora de la producción).

3. Cuarenta años después, se aprecia que las políticas económicas neoliberales han promovido la concentración del control sobre la tierra en manos de empresas agrarias modernas dedicadas a la exportación, a la producción de agrocombustibles y a la explotación de minerales, gas y maderas. El agro peruano tiende a polarizarse así entre una parte, minoritaria, de empresas medianas y sobre todo grandes, modernas, capitalizadas y orientadas a los mercados externos, y otra parte mayoritaria, de pequeños productores que producen para el mercado interno o el autoconsumo. Han quedado marginadas de la atención gubernamental la pequeña agricultura y las comunidades campesinas y nativas.

4. La costa es la región más moderna, urbana, y con mejores tierras. Allí se desarrolla la agricultura moderna de exportación y se concentran los obreros agrícolas. Esas empresas conviven con una pequeña y mediana agricultura orientadas a la producción para el mercado nacional.

En esta región, las posibilidades de un desarrollo rural están muy vinculadas (a) a la necesidad de mejoramiento sustancial de las condiciones laborales de los trabajadores asalariados y (b) al acceso de los pequeños agricultores a los servicios necesarios para la producción.

5. La sierra es la región más campesina, ‘tradicional’, culturalmente diferente, y también la más pobre, a pesar de que tiene importantes recursos. Predomina la pequeña propiedad y las comunidades campesinas. Aunque están vinculadas al mercado, una parte importante de sus economías está orientada al autoconsumo. Esta región es la que tiene más necesidades insatisfechas. Es la fuente de una importante y sostenida emigración de población joven hacia las ciudades. El enfoque de ‘desarrollo rural territorial’ pareciera el más adecuado para esta región, que plantea superar tanto la visión sectorialista de desarrollo rural, como la disyuntiva rural-urbano.

6. En la selva pueden distinguirse dos subregiones: la selva alta, más agrícola, de pequeños productores de alimentos tanto para el mercado como para el autoconsumo. Es también la región en donde se produce la hoja de coca para el narcotráfico, razón por la cual hay graves situaciones de conflicto. La selva baja es más forestal, con más presencia de comunidades nativas. Así como para la población de la sierra, el desarrollo rural de esta región requiere de un enfoque de desarrollo territorial.

Para que haya desarrollo rural en las tres regiones es indispensable el decidido y sostenido apoyo del Estado nacional y subnacional –hoy poco presente– tomando en cuenta, sin embargo, que los caminos al desarrollo rural en el Perú son diversos como diversos son sus espacios rurales.

Este artículo también lo puede leer en http://aeperu.blogspot.com/

Los neolatifundios vistos por el Banco Mundial

Por Fernando Eguren

Presidente de Cepes

En los años más recientes, las adquisiciones de grandes extensiones de tierras para uso agrícola se han convertido en un fenómeno mundial, y junto con ello los impactos negativos que puede tener este acaparamiento de tierras.

Este acaparamiento puede tener distintas características. Hay estados que compran tierras a otros estados, para garantizar su propia seguridad alimentaria ante un futuro incierto, o para asegurarse la provisión de agrocombustibles. También hay corporaciones transnacionales que invierten por las perspectivas económicas atractivas del negocio de la producción de alimentos (se prevé un futuro de alza de precios), por la creciente demanda mundial de agrocombustibles, o simplemente lo hacen con fines especulativos, en un contexto en el que la crisis financiera revaloriza algunos activos, como la tierra y otros recursos naturales.

También hay procesos nacionales, como en el Perú, donde el acaparamiento de tierras es estimulado por las políticas neoliberales y pro exportadoras del Estado, tanto para la exportación de productos alimenticios de alto valor como de biodiesel y etanol.

Según un reciente informe del Banco Mundial , hasta el 2008 cuatro millones de hectáreas habían sido objeto de grandes transacciones de tierras de aptitud agrícola, mientras que antes de finalizar el 2009 esta cifra ya se había incrementado a 45 millones de hectáreas, tanto en Asia como en África y América Latina. El informe subraya que este proceso ha generado dos corrientes de opinión: algunos ven una oportunidad para países cuyas tierras no han recibido inversiones ni han alcanzado un desarrollo tecnológico adecuado, y que requieren la creación de nuevos empleos. En contraposición, otros enfatizan los riesgos para los Estados débiles, en donde los derechos de propiedad son poco definidos y las instituciones regulatorias no tienen recursos suficientes. En estos casos, la concentración de tierras podría resultar en el beneficio de pocos, en la profundización de las desigualdades y en la degradación de los recursos.

Para reducir los efectos adversos que puede traer el acaparamiento de tierras y las grandes inversiones agrarias, el Banco Mundial, en acuerdo con la FAO, el FIDA y la UNCTAD, formula siete principios: (1) respetar los derechos existentes sobre la tierra y los recursos naturales; (2) garantizar la seguridad alimentaria; (3) garantizar la transparencia, la buena gobernanza y un ambiente favorable; (4) consultar a todos aquellos que pueden ser materialmente afectados, debiendo los acuerdos ser registrados y acatados; (5) reflejar las mejores prácticas de la industria; (6) ser socialmente sostenibles; y (7) ser ambientalmente sostenibles.

Poca duda cabe de que el Perú se ubica, lamentablemente, en el de los Estados con escasa capacidad de poner por delante el interés público sobre los intereses del gran capital, en el que los derechos de las comunidades sobre los recursos comunales son cada vez menos respetados y en el que las entidades regulatorias no solo no tienen suficientes recursos sino que están además atravesadas por la corrupción, como lo muestra el caso de Cofopri.

Rising Global Interest in Farmland. Can it Yield Sustainable and Equitable Benefits? (Creciente interés por las tierras agrícolas. ¿Podrá generar beneficios sostenibles y equitativos? Banco Mundial. Setiembre 7, 2010). Accesible en internet: http://siteresources.worldbank.org/INTARD/Resources/ESW_Sept7_final_fina....

Crecimiento económico: Un bikini de talla ancha y tiro corto

Vicente Sotelo

Ahora bien: lo que nos debe interesar no es tanto cuánto se crece sino cómo se crece. El análisis cualitativo del crecimiento es indispensable para definir criterios respecto de su capacidad para asignar recursos que garanticen su sostenibilidad en el mediano y largo plazo, que es, a fin de cuentas, lo importante para el país.

El crecimiento económico, a pesar de algunos baches, es uno de los principales logros del gobierno. Sin embargo si aguzamos la vista, encontraremos algunas inconsistencias de fondo, que no las viviremos hoy pero que nos pueden pasar factura mañana. De ahí que usa la frase de un acucioso profesor: las estadísticas son como los bikinis. Veamos por qué.

En los últimos años, las buenas noticias en torno a los resultados del crecimiento económico del país han sido recurrentes, incluso en el periodo de ajuste efecto de la crisis. El último dato, de junio, muestra una tasa de crecimiento de 11,92%. Motivo suficiente para que un conjunto de analistas económicos empiecen a vislumbrar el inicio de un nuevo círculo virtuoso en la economía nacional e incluso pronostiquen el periodo de tiempo en el cual el Perú llegaría a ser un país del primer mundo. En lo que sigue, ofrecemos una breve revisión de los aspectos más relevantes respecto de este tema.

Primero, revisemos bien las cifras. La ya citada tasa de crecimiento anual de junio (11,92%) se debe, en buena medida, al efecto estadístico de una baja base de comparación (en junio del 2008 la economía se contrajo en -2,4%). Si analizamos las cifras en términos desestacionalizados (El método consiste en extraer el componente estacional de la serie de tiempo, es el método más adecuado en periodos de crisis), la tasa de crecimiento en junio fue de 1,2% respecto del mes previo. Para los próximos meses se prevé que este efecto estadístico se mantendrá, por lo que habrá que considerarlo al momento de revisar las cifras.

Primera conclusión. No cabe duda de que la economía nacional se está recuperando, aunque a un ritmo menor del que informan los medios. El manejo de las estadísticas me recuerda una frase del profesor Máximo Vega Centeno: “Las estadísticas son como los bikinis: muestran poco, sugieren mucho, pero guardan lo más importante”.

Ahora bien: lo que nos debe interesar no es tanto cuánto se crece sino cómo se crece. El análisis cualitativo del crecimiento es indispensable para definir criterios respecto de su capacidad para asignar recursos que garanticen su sostenibilidad en el mediano y largo plazo, que es, a fin de cuentas, lo importante para el país.

En esa línea, nuestra hipótesis es que el actual modelo de crecimiento económico es vulnerable. Para probarlo, desarrollaremos el tema en dos ámbitos: el externo y el interno.

Vulnerabilidad económica externa

La reforma comercial y financiera aplicada en la década de 1990 constituye el hecho estilizado más importante de los últimos años en la historia económica del país. Como resultado de esta reforma, nuestro aparato económico asumió un patrón primario-minero-exportador y de servicios con el cual llevamos a cabo nuestro proceso de integración comercial; patrón que mantenemos hasta el día de hoy.

Desde 1990 a la fecha, más del 70% del total de nuestras exportaciones, en promedio, son productos tradicionales, y los productos mineros representan más del 50% del total de nuestras exportaciones. No es nuestra intención restar importancia al rol protagónico desempeñado por nuestras exportaciones no tradicionales (en especial productos textiles y agropecuarios), sino dejar en claro al patrón económico subyacente del país.

Una economía pequeña y abierta como la peruana, que concentra sus exportaciones en productos mineros cuyos envíos dependen de las fluctuaciones de sus precios internacionales, es altamente vulnerable a shocks en estos precios (véase el gráfico 1).

De acuerdo con el gráfico 1, la tasa de crecimiento del país presenta una correlación positiva con el índice de precios de exportación; índice que está compuesto esencialmente por el precio de los productos mineros como el cobre, la plata y el oro. Esta regularidad estadística nos da idea del nivel de exposición económica externa del país. Queda pues claro que una buena proyección del precio de los minerales opera como excelente predictor de la actividad económica nacional.

Es de relevar que nuestro país no posee ningún nivel de injerencia en la configuración de estos precios, que se determinan en el mercado mundial como producto de la interacción entre la oferta y la demanda.

Para cerrar este punto, veamos el efecto del precio de los minerales en el tema fiscal. De la mano con el alza del precio internacional de los minerales, el país incrementó su presión tributaria y experimentó superávits fiscales en el 2006, 2007 y 2008. Luego de la crisis, esta “buena nueva” se desvaneció y los resultados fiscales regresaron a rojo. Incluso, para este año el MEF prevé un déficit fiscal de -1,5% del PBI.

Segunda conclusión. Una fuerte caída o un explosivo incremento del precio de los minerales “condena” al país a procesos recesivos o expansivos, respectivamente. Resulta paradójico que el conjunto de reformas de los años 90, que tenían como objetivo “estabilizar” la situación económica, solo hayan conseguido, a la larga, cambiar la fuente de inestabilidad del país, producto del proceso de reprimarización que experimentó el aparato productivo nacional.

Vulnerabilidad económica interna

Un modelo de crecimiento económico define un proceso de acumulación y de repartición de los recursos que se traduce en un conjunto de relaciones sociales subyacentes en una sociedad. En el caso peruano, los conflictos sociales son el fenómeno social más importante y se han desarrollado en paralelo con la dinámica económica del país. En nuestra hipótesis, los conflictos sociales son definidos como la principal fuente de la vulnerabilidad económica interna del país.

En el Perú se ha experimentado un crecimiento exponencial del número de conflictos sociales (véase el gráfico 2). Más de la mitad de éstos son de naturaleza socioambiental. No es por eso casual que las actividades extractivas (en especial la minería) sean el principal destino del stock total de inversión extranjera directa (IED) que arribó al país en el 2009. Y esta inversión es uno de los puntales del crecimiento económico del país.

Tercera conclusión. El nivel de convulsión social que experimenta el país no es gratuito. La cuantiosa inversión en actividades extractivas, que incentiva el actual patrón de crecimiento, ha sido determinante en este escenario. Resulta en consecuencia imperativo el ejercicio reflexivo, crítico y riguroso respecto de las relaciones de causalidad: modelo de crecimiento-conflictos sociales en el país y el rol asumido por la inversión en este tema.

Finalmente, ¿es el crecimiento económico suficiente para garantizar el desarrollo de una población? La respuesta a esta interrogante depende de lo que entendamos por desarrollo. Si nos circunscribimos a la identidad productivista crecimiento = desarrollo económico, entonces será suficiente. Sin embargo, hay que tener claro que una mejora cuantitativa no es, per se, una mejora, sino solo mayor tamaño. Un cambio cualitativo puede prescindir del cuantitativo, pero esto no sucede a la inversa.

Queda en su agenda, estimado lector, considerar o no estos apuntes al momento de revisar los venideros y siempre publicitados resultados del crecimiento económico. Saque usted su propia conclusión acerca de si se trata o no de una buena noticia.

Pensión social. ¿De qué estamos hablando?

Por Humberto Campodónico

El gobierno acaba de aprobar el Decreto de Urgencia 059-2010, que crea el Programa de Asistencia Solidaria, Gratitud, mediante el cual se dará una pensión mensual de 100 soles a ancianos mayores de 75 años en situación de extrema pobreza, que no estén afiliados a ningún sistema de pensiones.

Este es un tema de la más alta importancia pues significa que los peruanos, por el solo hecho de serlo tienen derecho a una ayuda del Estado en sus últimos años de vida (1). La pensión social hace justicia a los peruanos mayores, que así dejan de ser una carga en sus hogares, creando vínculos de cohesión social y de equidad, como se aprecia en países donde ésta existe, como Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay y Chile.

Dicho esto, las marchas y contramarchas dentro del gobierno acerca del carácter del programa (una sola vez o de largo plazo), la amplitud de la cobertura (cuánta gente) y el monto del bono (75 ó 100 soles) demuestran que hubo discusión y que el MEF lo aprobó a regañadientes.

Veamos las cifras para situar mejor esa discusión. En las 9 regiones con pobreza superior al 50% hay 97,288 personas mayores de 75 años, según el censo 2007 (ver cuadro). Si cada una recibiera S/.100/mes, el monto anual total sería S/. 116.7 millones.

Esta es una cifra absolutamente manejable dentro de un Presupuesto anual total de S/. 87,000 millones para el 2011, pues solo representa el 0.13%.

Pero a esta cifra hay que descontarle 30%, que es el promedio nacional de todos aquellos que tienen pensión (sea del Estado o de una AFP). Por tanto, nos quedamos con 68,000 personas y el monto del programa se reduce a S/. 81 millones.

No solo eso, el Programa solo se aplicaría al 37% de esas 68,000 personas, pues ese es el % de extrema pobreza de esas regiones. Así, la cantidad se reduce a 25,200 personas y el monto a S/. 30 millones anuales, el 0.03% del Presupuesto del 2010.

¿Qué es lo que dispone el DU-059-2010? Que se van a destinar dos millones de soles al Programa Piloto Gratitud en Lima Metropolitana, Huancavelica, Apurímac y Ayacucho. No, no es una equivocación: son solo dos millones de soles. Agrega la ministra Nidia Vilchez que serían 2,000 ancianos de Lima y 3,000 de las otras 3 regiones.

Tenemos, por tanto, que si bien salió gratitud, ha salido como “Piloto” (“cuyo diseño e impacto deberá evaluarse”, dice el DU), o sea que será el próximo gobierno el que decida. Además, la cobertura y el monto son mínimos. Seguro que el MEF argumenta que “hay que cuidar la Caja Fiscal”. Pero la verdad es que en el jirón Junín se piensa que la equidad es un criterio abstracto y prescindible. Eso debe cambiar.

Al mismo tiempo, ya lleva 18 meses sin aprobarse el proyecto de ley 3092 (ver Cristal de Mira, 14/7/10), que grava las ganancias de capital de las empresas peruanas que se venden en el extranjero. La última venta fue la de Bayóvar, lo que representó US$ 112 millones en impuesto a la renta no cobrados. Ese monto hubiera permitido financiar 10 años de Gratitud en las 9 Regiones más pobres (S/. 30 millones anuales). ¿Por qué no lo aprueba el Congreso?

Si el programa es financiable y factible, ¿por qué solo 2 millones de soles?, ¿de qué estamos hablando?

(1) Ver en www.cristaldemira.com: Pensión mínima para un país solidario (01/08/08) y La pensión social está a la vuelta de la esquina (25/7/09

Plata hay, lo que no hay es transparencia

Por Humberto Campodónico

“El Perú podría sortear con facilidad una eventual recaída de la economía internacional. Para ello cuenta con unos S/. 20 mil millones. Estamos hablando de cerca de 5% del PBI para actuar en el caso de que haya una recaída de la economía internacional”.

Eso ha dicho el viceministro de Economía, Carlos Casas (La República, 1/9/10). Esto quiere decir que, a pesar de que una parte de los superávits fiscales del 2006, 2007 y 2008 se destinaron al financiamiento del Plan de Estímulo Fiscal durante el 2009 (que ha durado hasta el 2010) y que en el 2009 hubo déficit fiscal de 1.9% del PBI, los ahorros del “chanchito” 2006-2008 todavía perduran. Y en buena cantidad.

La cuestión es saber dónde están esos S/. 20,000 millones y quién y cómo los administra. Según la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, al final de cada ejercicio los saldos presupuestales de libre disponibilidad (cuando hay superávit fiscal) deben ir al Fondo de Estabilización Fiscal (FEF).

Pero sucede que, a diciembre del 2008, en el FEF solo había US$ 1,806 millones, monto que aumentó a US$ 1,813 millones a diciembre del 2009. ¿Por qué hay tan poca plata en el FEF si ha habido grandes superávits fiscales? Porque cada año el gobierno emite Decretos de Urgencia que desvían el dinero a otras cuentas.

El problema con este “desvío” es que hace casi imposible saber cómo se usa ese dinero. Antes de mirar este punto más de cerca, veamos lo que también dijo el viceministro: “Los depósitos totales del gobierno en este momento representan el 11% del PBI, pero no todos son de libre disponibilidad, porque está el FEF y los recursos intangibles de los gobiernos regionales y locales”.

Siguiendo al viceministro, tenemos que como el PBI en soles corrientes del 2010 estará en S/.390,000 millones, el 11% equivale a S/. 42,000 millones. De éstos, S/. 20,000 millones los tiene el MEF y los S/.22,000 millones restantes están en el FEF y en las cuentas bancarias de los gobiernos regionales y locales (la mayor parte de este dinero corresponde al canon minero y petrolero que no ha sido gastado).

Las cifras del viceministro cuadran con el Cuadro # 9 de la Nota Semanal del BCR. Allí se establece que los depósitos del sector público arrojan un total de S/. 41,226 millones, de los cuales S/. 28,336 millones son del gobierno central (lo que incluye los S/. 5,258 millones del FEF).

El “resto” del sector público tiene S/. 12,890 millones, lo que incluye a los gobiernos regionales y locales. ¿En qué bancos está esa plata? La mayor parte está en el BCR (68%), mientras que el saldo se divide entre el Banco de la Nación y la banca privada.

La cuestión aquí es la discrecionalidad del MEF con los S/. 20,000 millones que menciona el viceministro. Si bien “se llora pobreza”, en verdad hay un chancho que todavía está gordito.

Se dice que ese 5% del PBI “está listo” para ser usado en caso de crisis internacional, lo cual no estaría mal. Pero, ojo, eso también quiere decir que podría tener otros destinos, que no conocemos. Agreguemos que esos fondos son también un colchón que permite amenguar el déficit fiscal, que para este año se proyecta en 1.5% del PBI.

Sea lo que fuere, urge poner en vereda la discrecionalidad del MEF –de la cual solo nos enteramos por una declaración ocasional del viceministro- y practicar una política transparente.

(1) Ver todos los informes del FEF en www.mef.gob.pe/DGAES/FEF.php

Sí se puede pagar el Fonavi

Por Humberto Campodónico

El Fonavi ha vuelto a las primeras planas pues se acerca el referéndum, que se realizará junto con las elecciones municipales y regionales. El primer tema que debe quedar claro es que el reclamo de los fonavistas está amparado por una sentencia del Tribunal Constitucional y que este, además, se ha pronunciado a favor de la realización del referéndum.

Por lo tanto, lo que se debiera discutir es el monto, la forma y los plazos de pago a los fonavistas, en el caso que el referéndum tenga un resultado positivo para ellos. De otra forma, se estaría incumpliendo la ley.

Con respecto al monto a devolver, el cálculo bordea los S/. 20,000 millones, lo que incluye los intereses desde 1999 a la fecha. Dicho esto, algunos analistas afirman que debe descontarse el monto aportado por los empleadores y, también, las inversiones que sí se realizaron con el Fonavi. Eso disminuiría de forma sustancial la cantidad adeudada, lo que debe dilucidarse de manera transparente con la participación de los fonavistas.

Pero lo que no se debe hacer es lo que ha hecho el presidente García, anunciando que habría que subir el IGV de 19% a 21% o a 23%, por un plazo de cuatro años, para obtener los ingresos tributarios que permitan el pago de la deuda.

El cálculo de García es así: como el 19% del IGV recauda S/. 30,000 millones anuales, si se le sube a 21% se recaudarían S/. 3,000 millones anuales adicionales; la cifra sube a S/. 6,000 millones con el IGV en 23%. Por tanto, la recaudación adicional sería de 12,000 millones a 24,000 millones adicionales en cuatro años.

Es evidente que esta “propuesta” tremendista tiene como objetivo “meter miedo” a los electores para que no voten por el Sí, al mismo tiempo que se erige como defensor del equilibrio de la Caja Fiscal. Asimismo, esa propuesta propone el aumento de los impuestos indirectos, que son pagados por todos los peruanos.

Pero ¿por qué no recaudar una cantidad adicional de impuestos directos a las empresas mineras y petroleras que tienen ganancias extraordinarias debido a los excepcionales altos precios de estos recursos naturales, que son de la Nación? Del 2005 al I Semestre del 2010, por ejemplo, las utilidades netas de las cinco primeras empresas mineras alcanzan un total de US$ 21,591 millones. Una parte importante de esas utilidades debieron haber sido gravadas con un impuesto a las sobreganancias.

No solo eso. La congresista Gloria Ramos ha presentado al Congreso el Proyecto de Ley 4143 (1) que establece una fórmula para calcular el precio que indica una sobreganancia de todas las empresas mineras, a las cuales se les impondría un impuesto adicional del 50%. El resultado es que del 2005 al 2009 se hubieran podido recaudar US$ 5,825 millones, lo que equivale a S/. 16,000 millones. Solo en el 2009 ese impuesto hubiera recaudado US$ 1,164 millones (S/. 3,375 millones).

Si ese proyecto de ley se aprobara en el Congreso, fácilmente se podría pagar la deuda de los fonavistas con el impuesto a las sobreganancias, lo que el propio García prometió en la campaña presidencial del 2006. Lo que nos dice que para pagar el Fonavi lo que hace falta es voluntad política. Nada más, pero tampoco nada menos.

(1) Ver proyecto en www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf

Moquegua: ¿región del primer mundo?

FUENTE COLECTIVO OTRA MIRADA

En los últimos días se ha venido discutiendo con respecto al horizonte de tiempo en el cual el país llegaría a estándares de primer mundo. Muchos analistas han sacado pluma y papel y han empezado a proyectar la tasa de crecimiento económico y la demográfica de los próximos años. El objetivo es proyectar el nivel del PBI per capita, compararlo con países desarrollados y obtener el plazo que nos tomaría arribar al primer mundo.

A partir de la teoría del desarrollo económico, el ejercicio de cuantificar el bienestar en una sociedad cuenta con diversos enfoques. Utilizar el PBI per capita como métrica para este propósito se circunscribe solo a uno de ellos: el enfoque productivista que define al ingreso o la riqueza económica como un fin en sí mismo y tiene como objetivo final el eliminar la pobreza monetaria. La lógica subyacente en este enfoque es que si una sociedad tiene mayores ingresos, entonces vive mejor y por ende se está desarrollando. Esta perspectiva queda corta, porque solo se centra en lo que la población tiene o posee (cultura del tener), pero no contempla lo qué está pasando con la población dejando de lado al individuo como un fin en si mismo.

No obstante, la literatura económica ha llevado a relativizar al ingreso como variable-resumen del bienestar y han surgido enfoques alternativos. Entre ellos el más importante es el de las capacidades desarrollado por Amartya Sen cuya idea principal es que el desarrollo consiste en incrementar los grados de libertad del individuo para elegir formas de vivir. Este enfoque, tal como lo señala Giffin “pasa de una visión centrada en las mercancías a una centrada en las personas” (cultura del ser). Para Sen, el ingreso es instrumentalmente importante, pero no intrínsecamente importante.

De forma ilustrativa veamos el caso de Moquegua que es motivo del título del presente artículo. De acuerdo a las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI), en 2009 el PBI per capita en la región Moquegua ascendió a US$ 12,387¹. Si nos circunscribimos a la última clasificación de países realizada por el Banco Mundial (BM)² Moquegua es una región de ingresos altos y en línea con el enfoque productivista una región de primer mundo. ¿Resiste un mínimo de análisis esta conclusión?

Pongámonos en el falso supuesto de que efectivamente el PBI per capita nos aproxima al bienestar económico, surge entonces la pregunta ¿es sostenible el nivel alcanzado por Moquegua en 2009? El resultado de Moquegua reposa esencialmente en la actividad minera (cobre y plata) llevada adelante por una sola empresa y que a la postre depende del nivel del precio internacional de los minerales lo cual no constituye un proceso económico sustentable.

Finalmente, debe quedar en claro que si bien el crecimiento económico es de suma importancia para el desarrollo de un país no es el único camino para este objetivo. Llegar a niveles del PBI per capita de EE.UU., Noruega o Luxemburgo no garantiza una mayor calidad de vida para los individuos. Con esto no queremos decir que haya que dejar de lado políticas de crecimiento económico, sino que este crecimiento debe ir de la mano con políticas que tengan como objetivo “nivelar el terreno de juego”, es decir promover la igualdad de oportunidades en el país.

En ese sentido, es indispensable que la política social en el país defina al individuo como sujeto de derecho enfatizando la universalización del acceso a los servicios fundamentales como salud y educación y de esta forma deje de lado su carácter asistencialista que a la postre puede generar beneficiarios-receptores estáticos de la ayuda social y no ciudadanos con derechos y deberes también.

Perú: el modelo económico cumple 20 años

fuente  peru 21

El 8 de agosto de 1990, Juan Carlos Hurtado Miller anunció el shock. Hoy, la población valora estabilidad de precios y fundamentos macroeconómicos.

 Por Gabriel González

La noche del 8 de agosto de 1990, como era usual en esa época, el terrorismo había dejado sin fluido eléctrico a varios distritos de la capital. La mayoría de limeños se enteró por la radio de las medidas anunciadas por el ministro de Economía, Juan Carlos Hurtado Miller, quien cerró su presentación invocando el apoyo divino. “Que Dios nos ayude”, imploró.

Los precios de la leche y el azúcar se duplicaron, el pan se incrementó en 170% y la gasolina subió 30 veces. Hurtado Miller fue el mensajero del “shock”, como se llamó al conjunto de medidas que detuvo la hiperinflación.

“Era la amputación de una gangrena sin anestesia. Fue brutal, pero no teníamos otra opción”, refiere Carlos Amat y León, ministro de Agricultura de entonces y uno de los impulsores del paquete de medidas, que empezó a gestarse antes del 28 de julio, en el Círculo Militar de Jesús María.

EL AJUSTE. Según Amat, la única manera de parar la hiperinflación era contraer drásticamente la demanda interna, inflada artificialmente por años de subsidios y emisión inorgánica de dinero (la maquinita). “No se podía incrementar la producción porque dependíamos de los créditos internacionales que estaban cerrados”, explica.

Al día siguiente, la incertidumbre predominaba en el estado de ánimo de la población, mientras que en las periferias de Lima proliferaron los saqueos. Sin embargo, la protesta popular no fue la esperada. “No teníamos plata para pagar la planilla de maestros, de policías el 15 de agosto. Con el ‘gasolinazo’, se hizo caja”, evoca el catedrático de la Universidad del Pacífico.

En setiembre, la hiperinflación se detuvo, pero dos meses después nuevamente aumentaron fuertemente los precios. Hurtado fue reemplazado en enero de 1991 por Carlos Boloña.

César Peñaranda, quien presidió el gabinete de asesores del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), entre 1991 y 1992, recuerda que la tarea en esos años fue continuar la estabilización, empezar las reformas estructurales e invertir en infraestructura.

Así, se impulsó la reforma tributaria y arancelaria, las privatizaciones y se diseñó el Sistema Privado de Pensiones. Peñaranda precisa que gran parte de las reformas se lograron con el consenso del Congreso y no después del autogolpe de 1992.

LOS RESULTADOS. La economía creció 2.1% en 1991. En 1992, por un fuerte fenómeno del Niño, cae en 0.4%. Al año siguiente, Jorge Camet tomó la posta en la conducción del MEF.

Camet profundizó las reformas –sobre todo la comercial y la de promoción de inversiones– y logró la reinserción del Perú a la comunidad financiera internacional con los acuerdos del Club de París y el Plan Brady.

Roberto Abusada, asesor del MEF entre 1993 y 1997, comenta que, durante estos años, la inflación persistía. La única manera de controlar el alza de precios fue con una férrea disciplina fiscal, al no poder equipararse el valor del sol frente al del dólar, porque no se contaba con la credibilidad en el manejo monetario del país.

A partir de mayo de 1993, la inflación mensual bajó a menos de 2% y, desde ese año hasta 2010, el crecimiento promedio anual de la economía ha sido 5.1%. Hoy, revela Abusada, la economía es 2.5 más grande que en 1993. Destaca, además, que entre 1993 y 1997 la pobreza extrema se redujo de 27% a 15%.

Los tres economistas coinciden en que el peruano de hoy valora la estabilidad de los precios y los fundamentos macroeconómicos, pues perciben que sostienen la bonanza de estos años. “Está surgiendo una nueva clase media, que tal vez no entienda las sutilezas del manejo económico, pero que no está dispuesta a aceptar experimentos como el venezolano”, concluye Abusada.

DATOS

• Con el shock, se eliminaron US$1,300 millones en subsidios.

• En 1990, la recaudación tributaria era 4% del PBI. Hoy, la presión tributaria se acerca al 15%.

• Desde 2004, la economía peruana ha crecido 60%. Hoy, el “milagro económico peruano” es reconocido en el mundo.

• A fines de los 90 se truncaron las reformas del Estado y del mercado laboral, así como las concesiones

Super tax e impuesto a las sobreganancias

 Por Humberto Campodónico

La Primera Ministra de Australia anunció que el super tax a las utilidades de las empresas de hierro y carbón será de un 30% adicional, mientras que para las empresas de petróleo y gas será del 40%. Este super tax, cuyo nombre técnico es “impuesto a la renta de recursos naturales”, se cobrará cuando las ganancias de las empresas excedan la tasa de retorno del 12%.

De su lado, el jefe de Política Tributaria del FMI, Philip Daniel, dijo que “el super tax reforzaría las finanzas públicas del país en el largo plazo, a la vez que reduciría el riesgo para los inversionistas. A la vez, el super tax sigue dejando una parte sustancial de las ganancias de los recursos naturales en manos de los privados”. (AFP, 23/6/10)

Lo que está pasando en Australia no es una novedad. También sucede en otros países que tienen actividades extractivas (petróleo, minería) como Azerbaiján, República Dominicana y Botswana. La tendencia es la siguiente: la rentabilidad de las empresas mineras y petroleras no puede ser infinita. Tienen derecho a una tasa de ganancia adecuada, pues eso es lo que esperan de su inversión.

Pero, una vez obtenida esa ganancia adecuada (en jerga financiera, tasa interna de retorno, TIR), deberán pagar impuestos adicionales. Es lo que en el Perú se denomina impuesto a las sobreganancias mineras y petroleras.

El fundamento de este impuesto es simple: en los últimos años –sobre todo desde el 2005– los precios de las materias primas se han disparado debido al crecimiento de la economía mundial y al gran consumo de los países emergentes que se están industrializando y exportando a la vez, comenzando por China, India y Brasil, seguidos de otros tigres asiáticos. Por tanto, las rentabilidades esperadas se han ido a las nubes. Así, por ejemplo, los inversionistas de Antamina (en el año 2000, cuando la mina estaba en construcción) pensaban que el precio del cobre estaría en promedio en US$ 0.90/libra durante los próximos 20 años (ver gráfico). A ese precio la TIR era 14%, lo que les parecía super bueno. Y con el cobre en un (1) dólar la libra TIR era 16% –la gloria–.

Lo sucedido superó todos los cálculos, pues el precio del cobre y del zinc del 2005 en adelante ha sido el triple de los precios del 2000. Así, las utilidades de Antamina han sido de US$ 862, US$ 1,628, US$1,620, US$ 1,200 y US$ 1,010 millones del 2005 al 2009. En total, US$ 6,320 millones. Dicho de otro modo, solo en los dos primeros años recuperaron su inversión de US$ 2,300 millones y su TIR se volvió positiva. No solo eso, ahora su TIR es infinita.

¿Por qué, entonces, no modernizar las leyes peruanas y cobrar un impuesto a las sobreganancias mineras y petroleras? No basta con el impuesto a la renta, porque este no captura la sobreganancia. El procedimiento técnico puede ser el australiano o se puede estudiar otro distinto. La cuestión de fondo es que la sobreganancia que provenga de los recursos naturales debe ser para el país.

Dice el gobierno que no, porque se violarían los contratos-ley ya firmados. No lo creemos, porque las empresas sí estarían dispuestas a negociar. Pero, ¿y los contratos futuros? Aquí no habría obstáculo alguno, salvo la negativa de algunos analistas, como Cecilia Blume, quien acaba de declarar en este diario que los mineros no aceptarían un impuesto a las sobreganancias. Por favor, ni ellos dicen eso.

Por eso, así como ha hecho Australia (encima con el visto bueno del FMI) es necesario, ya, el impuesto a las sobreganancias mineras y petroleras. Los recursos naturales deben servir de palanca para financiar las necesidades del siglo XXI.