Super tax e impuesto a las sobreganancias

 Por Humberto Campodónico

La Primera Ministra de Australia anunció que el super tax a las utilidades de las empresas de hierro y carbón será de un 30% adicional, mientras que para las empresas de petróleo y gas será del 40%. Este super tax, cuyo nombre técnico es “impuesto a la renta de recursos naturales”, se cobrará cuando las ganancias de las empresas excedan la tasa de retorno del 12%.

De su lado, el jefe de Política Tributaria del FMI, Philip Daniel, dijo que “el super tax reforzaría las finanzas públicas del país en el largo plazo, a la vez que reduciría el riesgo para los inversionistas. A la vez, el super tax sigue dejando una parte sustancial de las ganancias de los recursos naturales en manos de los privados”. (AFP, 23/6/10)

Lo que está pasando en Australia no es una novedad. También sucede en otros países que tienen actividades extractivas (petróleo, minería) como Azerbaiján, República Dominicana y Botswana. La tendencia es la siguiente: la rentabilidad de las empresas mineras y petroleras no puede ser infinita. Tienen derecho a una tasa de ganancia adecuada, pues eso es lo que esperan de su inversión.

Pero, una vez obtenida esa ganancia adecuada (en jerga financiera, tasa interna de retorno, TIR), deberán pagar impuestos adicionales. Es lo que en el Perú se denomina impuesto a las sobreganancias mineras y petroleras.

El fundamento de este impuesto es simple: en los últimos años –sobre todo desde el 2005– los precios de las materias primas se han disparado debido al crecimiento de la economía mundial y al gran consumo de los países emergentes que se están industrializando y exportando a la vez, comenzando por China, India y Brasil, seguidos de otros tigres asiáticos. Por tanto, las rentabilidades esperadas se han ido a las nubes. Así, por ejemplo, los inversionistas de Antamina (en el año 2000, cuando la mina estaba en construcción) pensaban que el precio del cobre estaría en promedio en US$ 0.90/libra durante los próximos 20 años (ver gráfico). A ese precio la TIR era 14%, lo que les parecía super bueno. Y con el cobre en un (1) dólar la libra TIR era 16% –la gloria–.

Lo sucedido superó todos los cálculos, pues el precio del cobre y del zinc del 2005 en adelante ha sido el triple de los precios del 2000. Así, las utilidades de Antamina han sido de US$ 862, US$ 1,628, US$1,620, US$ 1,200 y US$ 1,010 millones del 2005 al 2009. En total, US$ 6,320 millones. Dicho de otro modo, solo en los dos primeros años recuperaron su inversión de US$ 2,300 millones y su TIR se volvió positiva. No solo eso, ahora su TIR es infinita.

¿Por qué, entonces, no modernizar las leyes peruanas y cobrar un impuesto a las sobreganancias mineras y petroleras? No basta con el impuesto a la renta, porque este no captura la sobreganancia. El procedimiento técnico puede ser el australiano o se puede estudiar otro distinto. La cuestión de fondo es que la sobreganancia que provenga de los recursos naturales debe ser para el país.

Dice el gobierno que no, porque se violarían los contratos-ley ya firmados. No lo creemos, porque las empresas sí estarían dispuestas a negociar. Pero, ¿y los contratos futuros? Aquí no habría obstáculo alguno, salvo la negativa de algunos analistas, como Cecilia Blume, quien acaba de declarar en este diario que los mineros no aceptarían un impuesto a las sobreganancias. Por favor, ni ellos dicen eso.

Por eso, así como ha hecho Australia (encima con el visto bueno del FMI) es necesario, ya, el impuesto a las sobreganancias mineras y petroleras. Los recursos naturales deben servir de palanca para financiar las necesidades del siglo XXI.