Recuperar el poder del Estado en el negocio gasífero
Hace un año cuando empezamos Otra Mirada. Análisis y Propuestas de Política, como una publicación con la edición de La República del último sábado de cada mes, lo hicimos con el tema del gas. En ese momento se trató de llamar la atención sobre un asunto que empezaba a ser levantado por diversos expertos y múltiples actores sociales y políticos. Ahora, un año después, podemos decir con orgullo que hemos contribuido a que el tema del gas ha dado un vuelco, colocándose en la agenda política peruana como uno de los temas que definen la vocación nacional de los actores políticos en competencia.
Es interesante observar cómo en el debate reciente la iniciativa en este asunto ya ha estado claramente de lado de los que reclamábamos contra la exportación del gas barato, que viene de los lotes 88 y 56 que dejó la empresa Shell, como parte de una reivindicación nacional por la soberanía en el manejo de nuestros recursos naturales. Paradójicamente la exportación no ha tenido defensores importantes más allá de los conocidos lobistas de las grandes empresas y la propaganda pagada en los medios, pero sin capacidad para crear una opinión pública movilizada que defienda el saqueo, desafortunadamente todavía en curso. El propio gobierno aprista, que en esto ha demostrado un continuismo con el anterior, se ha movido defendiendo a las empresas, pero a la vez teniendo que dar concesiones al movimiento reivindicador que en ningún caso llega a plasmar a plenitud. Aunque, el que no haya tenido defensores públicos con influencia no significa que el negocio de exportación no controle aún los pasillos del poder, en los que la mayoría de los que toman las decisiones en este país bailan al son que les toquen estos grandes intereses en cuestión.
¿Por qué es importante este avance en la lucha por el gas? Por los temas que pone sobre la mesa el debate acerca de un recurso de tamaña importancia. En primer lugar, la apuesta por el desarrollo nacional al constituir este gas el combustible para cambiar la matriz energética, frente al entreguismo a intereses extranjeros que nos imponen combustibles carísimos. En segundo lugar, la consideración del recurso como estratégico y la prioridad de su control por el Estado contra el ninguneo del neoliberalismo que considera cualquier recurso como mercancía del mismo valor para el país. En tercer lugar, las posibilidades que brinda el gas para generar producción con valor agregado dando un giro a nuestra relación con el mundo y cambiando los ejes de nuestro desarrollo económico. En cuarto lugar, la posibilidad de que la apuesta por el gas permita frenar la política de concesiones en la Amazonía, que pone en grave riesgo esa frágil región del país.
El objetivo de la siguiente etapa de lucha por nuestro gas es que el Estado recupere el poder de decisión sobre el negocio gasífero, es decir, que recupere la propiedad en boca de pozo del recurso que la Constitución írrita de Fujimori y Montesinos le dio a las empresas extranjeras así como otras medidas regulatorias que favorezcan nuestro desarrollo energético. Esta es la reforma fundamental a lograr y no va a ser algo sencillo. Recuperar el poder de decisión significa recuperar nuestra soberanía energética y tener la llave para el desarrollo industrial y la exportación de productos con valor agregado. Para ello, sin embargo, hay que cambiar la Constitución y la ley y repotenciar Petroperú como una empresa estatal que vuelva plenamente a la exploración y explotación y lidere el sector. Todo esto significa decisiones políticas de envergadura que solo podrá tomar un nuevo gobierno de mayoría nacional que cuente con el respaldo necesario para ello.
De allí la necesidad de que este tema pase en forma definitiva a la agenda política de las próximas elecciones generales y se convierta en uno de los parte aguas entre los candidatos del continuismo: Keiko, Castañeda y Toledo y los que aspiran a una transformación del país. Hasta ahora el único candidato claramente posicionado que ha hecho del gas tema central de campaña ha sido Ollanta Humala, y junto con él, otros líderes políticos que también apuestan por el cambio. Sin embargo, esto no solo supone voluntad política electoral sino el despliegue de una gran energía social como la que vimos semanas atrás en La Convención para que no haya aislamiento mediático ni lobby empresarial con posibilidades de marginar un tema crucial para el desarrollo del país.
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