Jóvenes a la compra, fonavistas a la tumba
Por Rocío Silva Santisteban
El desprecio por el anciano es una característica más de la cultura criolla neoliberal. Y eso no sería relevante si el Estado peruano no hubiera asumido como propio este discurso desde una perspectiva monolítica, sin fisuras, sin flexibilidad, sin apertura alguna.
Hoy se desprecia al que no aporta, al que no es funcional, al que aún con posibilidades mentales y físicas no cumple ningún papel en la maquinaria productiva. Eso es lo que algunos hemos captado de lo dicho por la ministra Mercedes Aráoz y por el presidente de la República ante la eventual victoria del SI en el referéndum de octubre sobre el FONAVI. El tema técnico de la pregunta ordenada por el Tribunal Constitucional no debe ser un escollo para el referéndum sino un reto técnico para la ministra Aráoz: ella es la indicada para solucionar este terrible problema ciudadano a partir de una salida viable y creativa; obviamente, aumentar el IGV no es lo más creativo. Dirigir las finanzas de un país en época de vacas gordas no es tan difícil como hacerlo en época de vacas flacas. Por eso afrontar el riesgo de la devolución de un dinero que fue saqueado por el Estado es la tarea mínima de una ministra, para eso lo es. Si no que regrese a las aulas de la Universidad del Pacífico donde estaría mucho más tranquila, pero –eso sí– que no espere salir en la carátula de Cosas.
Hoy en día, desde los negocios, pero también desde el Estado, se encumbra al joven que puede consumir: a aquel treintón que está dispuesto a pagar una hipoteca durante 20 años de su vida tras el sueño del “depa” propio. Los profesionales jóvenes, recién casados, que no tienen hijos y sí mucho futuro: tanto que comienzan a endeudarse para ser propietarios. No importa que más adelante se venga abajo la burbuja inmobiliaria: los jóvenes se endeudan porque aún creen que esa fortaleza vital les durará mucho tiempo. Las empresas y bancos y financieras tienen en los jóvenes a sus principales objetivos. Por eso les ofrecen, los seducen, les coquetean a más no poder: sobre sus hombros recae la necesidad de tener un consumidor que gaste y, sobre todo, se endeude.
En cambio los viejos no pueden endeudarse, no pueden ni contratar un seguro de salud, ni siquiera pueden ser asistidos con dignidad por ESSALUD; es más, incluso son eternamente postergados por la Oficina Nacional Previsional (ONP) con la esperanza secreta de que se mueran antes de que se solucionen administrativamente sus problemas de pensiones. No estoy exagerando. La Defensoría del Pueblo lo sabe perfectamente y, gracias a la actitud decidida de la Defensora Beatriz Merino, algunos de los funcionarios y empleados de la Defensoría asesoran y hacen lo posible para ayudar a aquellas personas ninguneadas por la ONP.
Los funcionarios de la ONP aducen a veces razones macondianas: a mi madre le dijeron que su expediente “se quemó” –oh sí, como si fuera materia autoinflamable– para no reconocer sus más de 20 años sirviendo a las Fuerzas Armadas como profesora. Ella, a los 86 años, espera con paciencia el largo trámite, mientras tanto recibe por pensión 400 soles como cesante. ¿Así se reconoce una vida dedicada al magisterio de los cadetes? Mi padre, cuando vivía en el 2006, recibía 60 soles en su boleta de pago como jubilado en el rubro “Palmas Magisteriales en el grado de Amauta”. ¡¡¡Sesenta soles!!!
Lo declarado por la ministra de Economía y por el presidente del Perú, autoridades máximas de este Estado, condice perfectamente con la actitud ninguneadora de las otras instancias estatales hacia aquellos a quienes deberíamos respetar porque representan, siempre, nuestro propio futuro. Aunque, como van las cosas, debería pensar en poner mi sien frente a una Luger Parabellum 9 mm llegando a los 65 años de edad. Así me evito humillaciones.
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