“Toda sociedad tiene el irrenunciable derecho de conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en las que aberrantes delitos llegaron a cometerse, a fin de evitar que esos hechos vuelvan a ocurrir en el futuro”, señaló en 1985 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es esa búsqueda por hallar una explicación a las épocas de violencia política, con sus consecuencias de barbarie y de crímenes de lesa humanidad, se crearon las comisiones de la verdad.
América ha vivido –y esperamos que no vuelva a ocurrir más–épocas en las que los derechos y las vidas de los miembros de una sociedad dependían del dictador de turno. Alfredo Stroessner, Augusto Pinochet, Rafael Videla, Leopoldo Galtieri o José María Bordeberry y más recientemente, Alberto Fujimori, son algunos de ellos. Períodos en los que la lucha contra la subversión les sirvió para implantar regímenes en los que se cometieron torturas, desapariciones forzadas, secuestros, destierros y persecución de los opositores.
Antes de ser sacados del poder, por la movilización de las masas o por la expresión de los votos, los dictadores se dieron leyes a su favor para blindarse. Lo condenable es que, en algunos casos, los gobiernos democráticos que los sucedieron promulgaron nuevas leyes para que no sean juzgados. Como las leyes de punto final en Argentina o Chile. Frente a la impunidad se alzaron las víctimas, juristas comprometidos en la defensa de los DDHH, periodistas y organizaciones, que se movilizaron en busca de justicia, en el entendido que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y sin amnistía posible.
Fue así como surgieron las CV que abrieron un proceso de mirada hacia adentro y en los que las familias empezaron a reconocer la barbarie que los había rodeado. Un periodista argentino recordaba que cuando era niño y su padre lo llevaba a ver los partidos de la selección de su país en el Mundial del 78 no imaginó que a unas cuadras del Estadio otros compatriotas suyos eran torturados y asesinados por órdenes de Videla.
La CV fue creada por el desaparecido presidente Paniagua a fines de su mandato y ratificada y ampliada –se agregó el término de Reconciliación– por Alejandro Toledo a poco de iniciar su gobierno. Han pasado siete años, en los que el país “escuchó la voz de los silenciados”, como señaló el presidente de la CVR, Salomón Lerner, y el resultado de su trabajo sigue siendo blanco de infamias y mentiras, como las que publicó ayer un diario atribuyendo el papel de “marionetas” de “ONG extranjeras” a los ex comisionados.
La CVR, a diferencia de lo que mienten sus enemigos, no fue complaciente con SL. Lo calificó como un movimiento terrorista genocida, lo sindicó como el principal responsable de los muertos en la época de violencia, lo responsabilizó por crímenes de lesa humanidad y señaló que sus autores no pueden beneficiarse con leyes de amnistía o perdón. Lo saben sus enemigos, pero no perdonan a la CVR haber dado voz a los sobrevivientes de torturas y masacres que tenían como autores a militares o a los Colina y señalar los crímenes de lesa humanidad en el régimen fujimontesinista. Mientras, sus recomendaciones sólo se han cumplido en parte por este gobierno. Hasta la próxima.
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