Por Fernando Eguren
Presidente de Cepes
En los años más recientes, las adquisiciones de grandes extensiones de tierras para uso agrícola se han convertido en un fenómeno mundial, y junto con ello los impactos negativos que puede tener este acaparamiento de tierras.
Este acaparamiento puede tener distintas características. Hay estados que compran tierras a otros estados, para garantizar su propia seguridad alimentaria ante un futuro incierto, o para asegurarse la provisión de agrocombustibles. También hay corporaciones transnacionales que invierten por las perspectivas económicas atractivas del negocio de la producción de alimentos (se prevé un futuro de alza de precios), por la creciente demanda mundial de agrocombustibles, o simplemente lo hacen con fines especulativos, en un contexto en el que la crisis financiera revaloriza algunos activos, como la tierra y otros recursos naturales.
También hay procesos nacionales, como en el Perú, donde el acaparamiento de tierras es estimulado por las políticas neoliberales y pro exportadoras del Estado, tanto para la exportación de productos alimenticios de alto valor como de biodiesel y etanol.
Según un reciente informe del Banco Mundial , hasta el 2008 cuatro millones de hectáreas habían sido objeto de grandes transacciones de tierras de aptitud agrícola, mientras que antes de finalizar el 2009 esta cifra ya se había incrementado a 45 millones de hectáreas, tanto en Asia como en África y América Latina. El informe subraya que este proceso ha generado dos corrientes de opinión: algunos ven una oportunidad para países cuyas tierras no han recibido inversiones ni han alcanzado un desarrollo tecnológico adecuado, y que requieren la creación de nuevos empleos. En contraposición, otros enfatizan los riesgos para los Estados débiles, en donde los derechos de propiedad son poco definidos y las instituciones regulatorias no tienen recursos suficientes. En estos casos, la concentración de tierras podría resultar en el beneficio de pocos, en la profundización de las desigualdades y en la degradación de los recursos.
Para reducir los efectos adversos que puede traer el acaparamiento de tierras y las grandes inversiones agrarias, el Banco Mundial, en acuerdo con la FAO, el FIDA y la UNCTAD, formula siete principios: (1) respetar los derechos existentes sobre la tierra y los recursos naturales; (2) garantizar la seguridad alimentaria; (3) garantizar la transparencia, la buena gobernanza y un ambiente favorable; (4) consultar a todos aquellos que pueden ser materialmente afectados, debiendo los acuerdos ser registrados y acatados; (5) reflejar las mejores prácticas de la industria; (6) ser socialmente sostenibles; y (7) ser ambientalmente sostenibles.
Poca duda cabe de que el Perú se ubica, lamentablemente, en el de los Estados con escasa capacidad de poner por delante el interés público sobre los intereses del gran capital, en el que los derechos de las comunidades sobre los recursos comunales son cada vez menos respetados y en el que las entidades regulatorias no solo no tienen suficientes recursos sino que están además atravesadas por la corrupción, como lo muestra el caso de Cofopri.
Rising Global Interest in Farmland. Can it Yield Sustainable and Equitable Benefits? (Creciente interés por las tierras agrícolas. ¿Podrá generar beneficios sostenibles y equitativos? Banco Mundial. Setiembre 7, 2010). Accesible en internet: http://siteresources.worldbank.org/INTARD/Resources/ESW_Sept7_final_fina....
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