.Por Humberto Campodónico
El anuncio de Alan García de elevar el salario mínimo de 550 a 600 soles mensuales es una muestra más, de un lado, del “salto a la garrocha” total de la institucionalidad existente para regular el salario mínimo en el país y, de otro, de la total capacidad discrecional del Presidente en esta y otras materias.
Comencemos por el principio. En el Perú la Ley 27711 (Ley del Ministerio del Trabajo) establece también la creación del Consejo Nacional del Trabajo (CNT), cuya función es participar, en su rol de órgano consultivo, en la regulación del salario mínimo, lo que se refrenda con la Ley 28318 del 2004.
El CNT –que cuenta con la participación de empresarios, sindicatos y el Estado– ha aprobado criterios para determinar el incremento del salario mínimo en base a la inflación y la productividad, el mismo que debe ser revisado cada dos años. Estos criterios se basan en el pronóstico de la inflación de los próximos 24 meses (y no la pasada, para evitar el impacto de la inflación inercial) y, también, de la productividad de los 24 meses anteriores (para que el alza no impacte sobre los costos empresariales).
Así, en setiembre del 2007 se expidió el DS-022-2007-TR, que determinó el alza del salario mínimo a S/. 550/mes desde enero del 2008. Por lo tanto, a enero del 2010, debería haberse modificado para cumplir con la legislación y la institucionalidad vigente. Pero no se hizo, porque el gobierno –y un sector de los empresarios– se opuso.
No solo eso. Antes, en el 2008, el CNT planteó un alza del salario mínimo de 27 soles (la llamada cláusula “gatillo”) para compensar a los trabajadores por la inflación de 5.79% de ese año. Tampoco esto se quiso aprobar, lo que motivó la protesta de las organizaciones sindicales. En el 2009 la inflación fue 2.94% y en lo que va del 2010 (a setiembre) ha sido de 2.03%.
Hay, entonces, razones valederas y legales para que suba el salario mínimo (que es uno de los más bajos de América Latina), en un contexto en que la productividad ha seguido aumentando, junto al crecimiento general de la economía en el 2009 y en el 2010.
Pero en el Perú sucede que la participación en % del PBI de las ganancias sube como la espuma, mientras que la participación de los salarios disminuye (La boca del cocodrilo sigue abierta, www.cristaldemira.com, 24/7/10).
En otros países esto es visto como un motivo de amplia preocupación y los mandatarios hacen hincapié, año a año, de los logros que obtienen debido a la continua recuperación de la participación de la masa salarial en el ingreso nacional. Lógico, esto amplía el poder adquisitivo, con lo cual mejoran los trabajadores, a la vez que se estimula la demanda interna, lo que también conviene a los empresarios.
Pero aquí eso no sucede. Por el contrario, se elaboran informes sesgados e interesados que dicen, por ejemplo, que un alza del salario mínimo perjudica a las MYPEs y también a los trabajadores porque “alienta la informalidad”. También que el salario mínimo debiera ser regional (puede ser) y por sectores productivos (puede ser). Pero todo queda en declaraciones y no se llega a nada concreto.
La piedra de la torta es que García ahora dice que el salario mínimo debe aumentar 50 soles mensuales. ¿Por qué no 20 ó 100 ó 150? Según Ipsos-Apoyo, un hogar del sector E de Lima gana S/. 730 mes, lo que no le alcanza y necesitaría S/. 1,350/mes para vivir, lo que no se cubre con dos salarios mínimos que propone García.
Queda claro que si García se ocupa ahora del salario mínimo –lo que no le interesó antes– tiene un claro tinte electorero. Diferente hubiera sido si esa preocupación por los ingresos de los asalariados hubiera seguido un camino de respeto de las leyes y de la institucionalidad. ¿No es cierto?
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