La dramática situación de los trabajadores del Estado demuestra que la modernización propugnada por el gobierno aprista, sólo implica flexibilizar la legislación laboral vigente, despidos, mantener las condiciones precarias de trabajo, inequidad salarial y la privatización del aparato estatal. Por este motivo, las dos principales organizaciones sindicales de este sector CITE y CTE, han convocado a una paralización nacional los días 23 y 24 de marzo con la finalidad de demandar solución a su problemática.
Cabe mencionar, que el 30 de setiembre del año pasado ambas confederaciones con el apoyo de la CGTP, efectuaron un contundente Paro Nacional, que en Lima se expresó con una multitudinaria movilización al Congreso, teniendo como plataforma de lucha las mismas exigencias que se enarbolan en esta nueva huelga, que podría convertirse en indefinida, si el Presidente García persiste en su indiferencia al justo reclamo de los estatales.
Entre las principales exigencias de los estatales figuran la vigencia del derecho a la estabilidad laboral contenido en el Decreto Legislativo Nº 276 y su reglamento, amenazado por los Decretos Legislativos 1025 y 1026; respeto a la carrera administrativa; mejoramiento de los salarios a través de la negociación colectiva y el establecimiento de un sistema único de remuneraciones; nombramiento de contratados e incorporación a planilla única de los trabajadores contratados bajo la modalidad de CAS (DL 1057) y una frontal lucha contra la corrupción.
Los estatales desarrollarán también una serie de acciones previas al paro, como el Encuentro Nacional Estatal el 12 de marzo. Asimismo, se efectuarán actividades macro-regionales para difundir las exigencias e impulsar la paralización y un Fórum en la UNI con la presencia de candidatos a la Presidencia y de congresistas.
Es necesario precisar, que los gremios han presentado al Parlamento diversas iniciativas para derogar los Decretos Legislativos 1025, 1026 y 1057 y han interpuesto una demanda al estado peruano ante la OIT por la violación a los derechos laborales de los trabajadores públicos. A esto se suma, la demanda de inconstitucionalidad, presentada por el 25% de los congresistas contra los decretos cuestionados en el Tribunal Constitucional.
La CGTP considera que la lucha de los estatales ayudará a definir la responsabilidad del Estado frente a las necesidades de la población e impedirá la privatización de los servicios públicos, algo que conllevaría a nuevos conflictos sociales y mayor represión. La atención a estas justas demandas por parte del gobierno lo evitaría.
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