El último jueves, César Romero, editor de Judiciales de La República, dio a conocer que 592 archivos, entre audios y correos de los USB de Giselle Giannotti en el caso BTR, habían sido borrados en el 2009. Según la versión de la Fiscalía, el hecho ocurrió cuando los documentos estaban en poder de la jueza María Martínez, encargada del proceso.
El comunicado del Poder Judicial, emitido tras el informe de La República, dice que no hubo “robo” ni “asaltaron” el PJ, pero no desmiente lo central de la información: que los archivos habían sido “limpiados” por manos extrañas. En lugar de investigar la denuncia periodística, el PJ pretende desmentirla, sin lograrlo. El Ministerio Público y la OCMA se encargaron de confirmar la noticia, señalando que ya hay una investigación en curso por la pérdida de audios y correos de Giannotti.
La denuncia de Romero no es poca cosa. Los archivos borrados, según el fiscal Walter Milla, son los que le fueron incautados a Giselle Giannotti cuando fue detenida en enero del 2009. En el entorno de Giannotti se reconoce la pérdida y manipulación de documentos, pero tienen una diferencia sustancial con el fiscal: la adulteración de los archivos no ocurrieron cuando estaban en poder de la jueza Martínez sino en el período en el que estuvieron en manos del Ministerio Público y de la Policía.
¿Qué asuntos tan graves escondían los archivos de Giannotti para que manos misteriosas entraran, los adulteraran y hasta cambiaran la información? ¿Qué personajes, políticos, empresarios o de otra índole quedaron registrados en los USB de GG para que los autores de la “limpieza” penetraran en el sistema de seguridad y lo violentaran? O tal vez los “limpiadores” estuvieron al interior del sistema judicial o policial.
Lo ocurrido no es para hacerse de la vista gorda. Business Track S.A.C. (BTR), empresa formada por los marinos Elías Ponce Feijóo y Carlos Tomasio y que tenía a Giselle Giannotti como una ejecutiva importante, es responsable de interceptación telefónica de un número indeterminado de personas y empresas.
Ponce, Tomasio y los otros marinos de BTR son los que en el 2008 “chuponearon” las conversaciones de Rómulo León, Alberto Químper y el empresario dominicano Fortunato Canaán con ministros y funcionarios de este gobierno para la ilegal concesión de seis pozos petroleros y otros negocios que al final no se concretaron. El escándalo, conocido como el de los “petroaudios”, fue uno de los momentos más críticos de este gobierno y significó la caída del gabinete que presidía Jorge del Castillo.
Hoy, un año después, se hace público el borrado de más de 500 archivos en un proceso que desde un primer momento ha estado marcado por la falta de transparencia y por los encontronazos entre el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Congreso. Hay demasiados intereses que se cruzan y las autoridades judiciales deben ser las primeras interesadas en aclarar esta denuncia, salvo que, como ha ocurrido en otras oportunidades, opten por echarle tierra y esperar a que pase y todos olviden lo ocurrido. Hasta el próximo domingo.
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