CASO FUJIMORI: COLINA Y EL AGENTE CARRIÓN

08 de mayo del 2008
En las últimas sesiones del juicio oral seguido contra Alberto Fujimori se han producido dos eventos que resultan necesarios relevar, puesto que son buenos ejemplos del curso de este trascendental proceso judicial por violaciones a los derechos humanos. Se trata del sentido de las dos últimas intervenciones orales que el Tribunal le permite hacer al acusado y la presentación de un Informe, con categoría de "secreto", elaborado por la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior el año 2001.
Sobre las intervenciones del acusado. En las últimas dos semanas desfilaron ante el tribunal diversos altos oficiales del Ejército entre los que podemos señalar al general EP (r) Petronio Fernández Dávila (Jefe del Frente Huamanga en 1990), el general EP (r) Hugo Martínez Aloja (Jefe del Frente Huamanga en 1991), el general EP (r) Alberto Ríos Rueda (Jefe de la Casa Militar en 1991- 94) y el Coronel EP (r) Enrique Burga Colchado (Edecán de Fujimori en 1992).
Más allá de que los dos primeros se encuentren comprendidos en investigaciones por graves violaciones a los derechos humanos, perpetradas en el departamento de Ayacucho los años en que justamente tuvieron el comando del Frente Huamanga, y que los dos últimos se encuentren comprendidos en investigaciones por el secuestro de Susana Higuchi (1992) y por el desvío de fondos del SIN a la Casa Militar, el hecho es que las declaraciones testimoniales que brindaron al Tribunal sobre la base del formato definido por los abogados de Fujimori no solo resultaron evidentemente inútiles para los objetivos de la defensa, sino que sobre todo terminaron generando profundas grietas y vacíos en la estrategia del acusado.
El que un general ex jefe del Frente Huamanga en 1990 diga en el juicio contra Fujimori que ese año Sendero Luminoso no constituía un peligro para el Estado y la sociedad peruana, o que otro general también ex jefe del Frente Huamanga sostenga que cuando Fujimori iba a Ayacucho no conversaba con él, o que los jefes de la Casa Militar terminen respondiendo a la parte civil que efectivamente el Presidente hacia 1991 dirigía e impulsaba personalmente la estrategia contrasubversiva y que su presencia en universidades y en rondas campesinas entregando armas era una evidencia de aquello, son declaraciones que Fujimori ha considerado que están absolutamente fuera de control y que por lo tanto le hacen daño a sus intereses.
La reacción de Fujimori se produjo la semana pasada cuando, en uno de sus más extensos comentarios finales que le permite el Tribunal, el acusado se dedicó a intentar corregir cada una de esas declaraciones señalando todo lo contrario a lo que "sus" testigos habían declarado. Esto es sorprendente porque está poniendo en evidencia que no solo la evaluación (judicial y política) de quiénes debieron ser los testigos de la defensa estuvo equivocada, sino que también la defensa no tiene claridad ni previsión sobre la real trascendencia de los testimonios de "sus" testigos.
Sobre el agente Carrión. En octubre del 2001, agentes de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior capturaron al agente del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) Fabio Javier Urquizo Ayma, por su participación en el atentado dinamitero contra el Canal 13 de Puno. El hecho es que en la incautación de documentos se encontró un revelador informe de inteligencia, escrito en tercera persona por el denominado "agente Carrión", en el que se narra con espeluznante detalle una decena de operaciones especiales de inteligencia (OIE), que no son otra cosa que asesinatos de casi 20 personas perpetrados en Huamanga durante el año 1991.
En el referido informe, el agente Carrión da cuenta de su intervención en el asesinato del periodista Luis Morales Ortega (13 de julio 1991); el asesinato de Francisco Solier García, su esposa Celestina Huallanca Hinostroza (testigo del asesinato de Morales), su hijo Waldyn y su sobrino Carlos Rodríguez (18 de julio de 1991); el asesinato de Ladislao Huamaní Loayza y Gregoria Paquiyauri Farfán (4 de agosto de 1991); el asesinato de Raúl Jaico Medina (14 de agosto de 1991); el asesinato de Mariscot Santa Cruz Miranda y Rister León Espinoza (24 de agosto de 1991); el asesinato de Luis Contreras Palomino y Civil Flores Alca (14 de setiembre de 1991); el asesinato de Rogelio Galo Curi y Camilo Enrique Fernández (18 de diciembre de 1991); el asesinato de Zósimo Llactahuamán Huaranca (19 de diciembre de 1991), y el asesinato de la ex alcaldesa de Huamanga Leonor Zamora Concha (21 de diciembre de 1991).
Esa información fue contrastada por la Dirección de Inteligencia del MININTER y concluye que, en enero de 1991, Fabio Urquizo Ayma (el agente Carrión) junto con otros agentes del SIE fueron destacados por la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINTE) a la Comandancia General de la II División del Ejército, ubicada en Huamanga, como un grupo de agentes operativos para desarrollar operaciones especiales de inteligencia, y que esas operaciones significaban la realización de asesinatos contra presuntos subversivos.
Concluye también que, para la materialización de esos crímenes, se utilizó material logístico perteneciente al Estado (por esas coincidencias de la vida, el mismo tipo de armas que utilizó el destacamento Colina), y que los asesinatos fueron cometidos en cumplimiento a órdenes emitidas por el Comando del Ejército en Ayacucho asentado en el Cuartel "Los Cabitos" y de la DINTE y el SIE con sede en Lima.
¿Qué demuestra el caso del agente Carrión? Que la existencia del destacamento Colina, si bien constituyó la expresión más acabada de un aparato de inteligencia cuya misión era la eliminación de personas, no fue un hecho excepcional o aislado, sino que fue parte de una política de Estado que contempló la eliminación física de presuntos subversivos en operaciones especiales de inteligencia; las mismas que eran definidas, coordinadas y controladas por la Dirección de Inteligencia del Ejército, justamente el órgano del cual dependía el destacamento Colina. (Carlos Rivera Paz)