La guerra tiene siempre consecuencias funestas, la desgracia estalla en cada rincón que se examina, a tal punto que quienes vivimos rodeados de ella vamos inmunizándonos contra el dolor, o lo que es peor, adquiriendo una indiferencia escalofriante. Sin embargo, hay casos en los que la tragedia puede más que el adormecimiento y, sin duda, uno es el caso de la masacre de Putis. Según cuenta la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), en diciembre de 1984 no menos de 123 personas, hombres y mujeres de las localidades de Cayramayo, Vizcatampata, Orccohuasi y Putis, en el distrito de Santillana, provincia de Huanta, Ayacucho, fueron víctimas de ejecución extrajudicial, llevada a cabo por efectivos del Ejército apostados en la comunidad de Putis. A decir de los testimonios, los comuneros fueron reunidos por los militares con engaños, obligados a cavar su propia tumba y luego acribillados por los agentes del orden (Informe Final, Tomo VI).
Ciertamente, no dejan de tener razón aquellos que señalan que en el Perú existieron personas invisibles. Sólo eso explica por qué tan execrables hechos no fueron de conocimiento nacional en su momento y, que recién 24 años después de lo ocurrido, se inicien las excavaciones y búsqueda de los cuerpos, producto del lento proceso judicial que viene llevándose a cabo. Recién el pasado 17 de mayo, peritos del Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), encabezados por el fiscal de la Segunda Fiscalía Supraprovincial de Derechos Humanos de Ayacucho, Rubén López, y acompañados por representantes de la Asociación Paz y Esperanza, iniciaron las labores de excavación en la que sería la fosa más grande que existe en el país, relacionada con el conflicto armado interno (La República, 17/05/08).
Desde el inicio de los trabajos de desentierro, lo que se ha encontrado no ha hecho más que corroborar lo señalado por la CVR en su Informe Final. Es más, lo que se viene encontrando en las excavaciones muestra la sanguinaria (no existe otro adjetivo) actuación de los miembros del Ejército de ese entonces.
Y es que los hechos no pudieron ser más atroces. La CVR en su informe indicó que "los efectivos del orden recibieron a los pobladores que llegaron a Putis y los reunieron en el local donde funcionaba el colegio,[.]. [l]es aseguraron que a partir de ese momento les darían protección y colaborarían con ellos en diversas obras para mejorar la calidad de vida de la población. Con ese pretexto los militares ordenaron a los varones, apuntándolos con sus armas, que caven una gran poza; a algunos les dijeron que era para construir una piscigranja en la que criarían truchas, mientras a otros, les aseguraron que allí construirían casas". La CVR agrega que "[s]in embargo, cuando estuvo lista la supuesta piscina, los efectivos militares reunieron al centenar de pobladores alrededor de la poza, entre los que había hombres, mujeres y niños, y sin mayor explicación les dispararon a matar. Los asesinaron porque tenían sospecha de que estaban vinculados a la subversión; además, para lucrar con el producto de la venta del numeroso ganado de propiedad de los campesinos que, luego de los hechos, comercializaron en Marccaraccay" (Informe Final, Tomo VI).
Nolberto Lamilla, director de la Asociación Paz y Esperanza -institución que apoya a las víctimas- hace unos días confirmó el rescate de 60 cuerpos, señalando que "se estima que es la fosa común más grande identificada en el Perú". Mostraba su indignación por "el hallazgo de restos de niños, de entre 6 y 12 años, lo que permite corroborar que mataron a familias completas" (La República, 29/05/08).
Desde el 2001 se empezó a investigar lo ocurrido. Empero, se ha dado a conocer los retrasos que se vienen produciendo por la falta de apoyo estatal, pues a los problemas de diligencia por parte del juzgado -que en un primer momento no quiso dar las facilidades para el desentierro de los cuerpos-, se suman dificultades presupuestales (Cuarto Poder, Canal N, Sin Rodeos, del 01/06/08).
No hay duda que lo que ocurrido en Putis es un delito de lesa humanidad, pues la masacre de 120 campesinos y campesinas, antecedida de violación sexual contra las mujeres por las fuerzas castrenses. Las responsabilidades individuales, así como gubernamentales, deben ser establecidas con totalmente por los fiscales y jueces.
Finalmente, si hay algo rescatable en este nuevo capítulo del post conflicto armado. Gracias a estas excavaciones, por fin, vamos a tener la oportunidad de conocer las historias de dolor de los familiares de las víctimas y algunos pocos sobrevivientes, testimonios acallados durante tanto tiempo. Al fin nuestros compatriotas, invisibles desde hace mucho, tienen una esperanza de enterrar a sus muertos, de conocer la verdad, y de encontrar justicia. La sociedad civil debe estar atenta a que estos principios y derechos fundamentales se cumplan a cabalidad para no convertirnos en cómplices de más omisiones, negligencias e impunidad en nuestro país. (Lilia Ramírez Varela)
Ciertamente, no dejan de tener razón aquellos que señalan que en el Perú existieron personas invisibles. Sólo eso explica por qué tan execrables hechos no fueron de conocimiento nacional en su momento y, que recién 24 años después de lo ocurrido, se inicien las excavaciones y búsqueda de los cuerpos, producto del lento proceso judicial que viene llevándose a cabo. Recién el pasado 17 de mayo, peritos del Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), encabezados por el fiscal de la Segunda Fiscalía Supraprovincial de Derechos Humanos de Ayacucho, Rubén López, y acompañados por representantes de la Asociación Paz y Esperanza, iniciaron las labores de excavación en la que sería la fosa más grande que existe en el país, relacionada con el conflicto armado interno (La República, 17/05/08).
Desde el inicio de los trabajos de desentierro, lo que se ha encontrado no ha hecho más que corroborar lo señalado por la CVR en su Informe Final. Es más, lo que se viene encontrando en las excavaciones muestra la sanguinaria (no existe otro adjetivo) actuación de los miembros del Ejército de ese entonces.
Y es que los hechos no pudieron ser más atroces. La CVR en su informe indicó que "los efectivos del orden recibieron a los pobladores que llegaron a Putis y los reunieron en el local donde funcionaba el colegio,[.]. [l]es aseguraron que a partir de ese momento les darían protección y colaborarían con ellos en diversas obras para mejorar la calidad de vida de la población. Con ese pretexto los militares ordenaron a los varones, apuntándolos con sus armas, que caven una gran poza; a algunos les dijeron que era para construir una piscigranja en la que criarían truchas, mientras a otros, les aseguraron que allí construirían casas". La CVR agrega que "[s]in embargo, cuando estuvo lista la supuesta piscina, los efectivos militares reunieron al centenar de pobladores alrededor de la poza, entre los que había hombres, mujeres y niños, y sin mayor explicación les dispararon a matar. Los asesinaron porque tenían sospecha de que estaban vinculados a la subversión; además, para lucrar con el producto de la venta del numeroso ganado de propiedad de los campesinos que, luego de los hechos, comercializaron en Marccaraccay" (Informe Final, Tomo VI).
Nolberto Lamilla, director de la Asociación Paz y Esperanza -institución que apoya a las víctimas- hace unos días confirmó el rescate de 60 cuerpos, señalando que "se estima que es la fosa común más grande identificada en el Perú". Mostraba su indignación por "el hallazgo de restos de niños, de entre 6 y 12 años, lo que permite corroborar que mataron a familias completas" (La República, 29/05/08).
Desde el 2001 se empezó a investigar lo ocurrido. Empero, se ha dado a conocer los retrasos que se vienen produciendo por la falta de apoyo estatal, pues a los problemas de diligencia por parte del juzgado -que en un primer momento no quiso dar las facilidades para el desentierro de los cuerpos-, se suman dificultades presupuestales (Cuarto Poder, Canal N, Sin Rodeos, del 01/06/08).
No hay duda que lo que ocurrido en Putis es un delito de lesa humanidad, pues la masacre de 120 campesinos y campesinas, antecedida de violación sexual contra las mujeres por las fuerzas castrenses. Las responsabilidades individuales, así como gubernamentales, deben ser establecidas con totalmente por los fiscales y jueces.
Finalmente, si hay algo rescatable en este nuevo capítulo del post conflicto armado. Gracias a estas excavaciones, por fin, vamos a tener la oportunidad de conocer las historias de dolor de los familiares de las víctimas y algunos pocos sobrevivientes, testimonios acallados durante tanto tiempo. Al fin nuestros compatriotas, invisibles desde hace mucho, tienen una esperanza de enterrar a sus muertos, de conocer la verdad, y de encontrar justicia. La sociedad civil debe estar atenta a que estos principios y derechos fundamentales se cumplan a cabalidad para no convertirnos en cómplices de más omisiones, negligencias e impunidad en nuestro país. (Lilia Ramírez Varela)
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