Si bien el escándalo de los negociados del petróleo marcó los énfasis del discurso presidencial en el aniversario del Combate de Angamos, no menos importante resultaron los términos en los que el doctor García se refirió al proceso de judicialización de violaciones a los derechos humanos, al que calificó de una “persecución política contra los que defendieron la democracia”.
Sinceramente, no debería extrañarnos este discurso del Presidente de la República, ya que desde el inicio de su segundo mandato ha definido muy claramente una agenda política contraria al proceso de judicialización de violaciones a los derechos humanos, cometidas años atrás. De hecho, la presencia del almirante Giampietri y su alianza con el fujimorismo han sido dos soportes fundamentales de esa agenda política.
Lo nuevo no ha sido la calificación de persecución política a las investigaciones o procesos judiciales en curso contra efectivos de los institutos armados, sino algo que pone en evidencia una decisión política que habría sido asumida en las más altas instancias del gobierno. El Presidente en su discurso del 8 de octubre último ha solicitado públicamente al Congreso de la República trabajar conjuntamente para resolver el problema de “esa persecución” contra los militares.
No hay que ser muy perspicaces para concluir que el Presidente de la República está proponiendo al Congreso interferir en las investigaciones y los procesos judiciales, porque desde su particular perspectiva eso no lo pueden seguir permitiendo. ¿Para qué quiere interferir? Muy simple. Para cerrar esas investigaciones.
En la actualidad existen varias decenas de casos de graves violaciones a los derechos humanos, en los cuales el Poder Judicial ha decidido abrir proceso penal contra efectivos de las FFAA y de la PNP, como consecuencia de que las investigaciones dan cuenta de la existencia de pruebas suficientes que determinan diversos niveles de responsabilidad penal, en quienes perpetraron materialmente los crímenes y quiénes dieron las órdenes para cometerlos. Por lo tanto, no estamos ante un abuso, sino ante una acción de la justicia.
Si ésa es la decisión del Presidente de la República es evidente que la amnistía para militares acusados de violar los derechos humanos, sistemáticamente exigida por Giampiteri y el diario La Razón, es un proceso político que se ha puesto en marcha, porque consideran que las circunstancias políticas lo permiten. Ciertamente, no estamos ante un exabrupto del Presidente. Se trata de la puesta en marcha de una estrategia política en la cual sectores del APRA y el fujimorismo coinciden de manera absoluta, y que tiene al Presidente y al Vicepresidente como sus principales promotores (coincidentemente, ambos relacionados al caso de la matanza de El Frontón).
Recordemos que este gobierno creó un mecanismo para que el Estado pague la defensa legal de militares involucrados en este tipo de casos, las permanentes críticas a los fiscales y jueces encargados de las investigaciones de derechos humanos, las declaraciones presidenciales en clara defensa de Fujimori, la sistemática negativa de información de parte del Ministerio de Defensa en casos como la matanza de Putis, así como la reciente exigencia de la Comisión de Defensa del Congreso al Poder Judicial y a la Defensora del Pueblo para que explique qué están haciendo con los procesos de casos de derechos humanos.
Si todo ello ha tenido como objetivo presionar políticamente a las instancias del Ministerio Público y del Poder Judicial para que las investigaciones no avancen, y a pesar de todo esto han avanzado, entonces el Presidente ha tomado la decisión de impulsar un mecanismo que interfiera en la continuidad de esas investigaciones y que cierre definitivamente el proceso de judicialización.
El hecho es particularmente grave, toda vez que significa una descarada expresión de interferencia política en la acción legítima de un poder del Estado, alentada por el mismísimo Presidente de la República. También significa un evidente desprecio por la justicia y por las miles de víctimas, y una inmensa voluntad de impunidad desde las más altas esferas del régimen.
Habrá que preguntarle al presidente García si su iniciativa comprenderá al acusado Alberto Fujimori, o tal vez a los miembros del destacamento “Colina”, o quizás a Telmo Hurtado, a los militares responsables de la matanza de Cayara, o de la matanza de El Frontón, o de la matanza de Putis. ¿A quiénes?
Nuestra historia reciente nos demuestra que la vigencia del Estado de Derecho en el Perú tiene en la justicia y en la eliminación de toda forma de impunidad una pieza clave que, bajo ninguna circunstancia, pueden ser desconocidas o sometidas a intereses políticos o personales. (Carlos Rivera Paz
Sinceramente, no debería extrañarnos este discurso del Presidente de la República, ya que desde el inicio de su segundo mandato ha definido muy claramente una agenda política contraria al proceso de judicialización de violaciones a los derechos humanos, cometidas años atrás. De hecho, la presencia del almirante Giampietri y su alianza con el fujimorismo han sido dos soportes fundamentales de esa agenda política.
Lo nuevo no ha sido la calificación de persecución política a las investigaciones o procesos judiciales en curso contra efectivos de los institutos armados, sino algo que pone en evidencia una decisión política que habría sido asumida en las más altas instancias del gobierno. El Presidente en su discurso del 8 de octubre último ha solicitado públicamente al Congreso de la República trabajar conjuntamente para resolver el problema de “esa persecución” contra los militares.
No hay que ser muy perspicaces para concluir que el Presidente de la República está proponiendo al Congreso interferir en las investigaciones y los procesos judiciales, porque desde su particular perspectiva eso no lo pueden seguir permitiendo. ¿Para qué quiere interferir? Muy simple. Para cerrar esas investigaciones.
En la actualidad existen varias decenas de casos de graves violaciones a los derechos humanos, en los cuales el Poder Judicial ha decidido abrir proceso penal contra efectivos de las FFAA y de la PNP, como consecuencia de que las investigaciones dan cuenta de la existencia de pruebas suficientes que determinan diversos niveles de responsabilidad penal, en quienes perpetraron materialmente los crímenes y quiénes dieron las órdenes para cometerlos. Por lo tanto, no estamos ante un abuso, sino ante una acción de la justicia.
Si ésa es la decisión del Presidente de la República es evidente que la amnistía para militares acusados de violar los derechos humanos, sistemáticamente exigida por Giampiteri y el diario La Razón, es un proceso político que se ha puesto en marcha, porque consideran que las circunstancias políticas lo permiten. Ciertamente, no estamos ante un exabrupto del Presidente. Se trata de la puesta en marcha de una estrategia política en la cual sectores del APRA y el fujimorismo coinciden de manera absoluta, y que tiene al Presidente y al Vicepresidente como sus principales promotores (coincidentemente, ambos relacionados al caso de la matanza de El Frontón).
Recordemos que este gobierno creó un mecanismo para que el Estado pague la defensa legal de militares involucrados en este tipo de casos, las permanentes críticas a los fiscales y jueces encargados de las investigaciones de derechos humanos, las declaraciones presidenciales en clara defensa de Fujimori, la sistemática negativa de información de parte del Ministerio de Defensa en casos como la matanza de Putis, así como la reciente exigencia de la Comisión de Defensa del Congreso al Poder Judicial y a la Defensora del Pueblo para que explique qué están haciendo con los procesos de casos de derechos humanos.
Si todo ello ha tenido como objetivo presionar políticamente a las instancias del Ministerio Público y del Poder Judicial para que las investigaciones no avancen, y a pesar de todo esto han avanzado, entonces el Presidente ha tomado la decisión de impulsar un mecanismo que interfiera en la continuidad de esas investigaciones y que cierre definitivamente el proceso de judicialización.
El hecho es particularmente grave, toda vez que significa una descarada expresión de interferencia política en la acción legítima de un poder del Estado, alentada por el mismísimo Presidente de la República. También significa un evidente desprecio por la justicia y por las miles de víctimas, y una inmensa voluntad de impunidad desde las más altas esferas del régimen.
Habrá que preguntarle al presidente García si su iniciativa comprenderá al acusado Alberto Fujimori, o tal vez a los miembros del destacamento “Colina”, o quizás a Telmo Hurtado, a los militares responsables de la matanza de Cayara, o de la matanza de El Frontón, o de la matanza de Putis. ¿A quiénes?
Nuestra historia reciente nos demuestra que la vigencia del Estado de Derecho en el Perú tiene en la justicia y en la eliminación de toda forma de impunidad una pieza clave que, bajo ninguna circunstancia, pueden ser desconocidas o sometidas a intereses políticos o personales. (Carlos Rivera Paz
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