Ello se logró gracias al establecimiento de “un gravamen adicional al sector minero –que incluye empresas con y sin convenio de estabilidad– que incrementará la recaudación en S/.3,000 millones anuales”, es decir, unos S/.15,000 millones que hacen que lo conseguido por el gobierno de Alan García –S/.2,283 millones en el lustro– parezca, por comparación, un ‘óbolo’.
Según las partes, el acuerdo genera mayores ingresos para el fisco sin perjudicar la competitividad de la minería peruana; ni afectar la inversión del sector –prevista en US$ 30,000 millones en el lustro–; y respetando los convenios de estabilidad.
Es decir, todo lo que el aprismo puso como excusa para no conseguir un monto mayor. ¿Cómo explicar la gran diferencia? Hay varias hipótesis no necesariamente excluyentes.
Según Mauricio Mulder, los mineros cedieron porque el gobierno les puso una pistola en la cabeza. Quizá pueden haberse apurado en cerrar el pacto cuando ofrecían S/.2,500 millones al año y el gobierno pedía S/.3,000 millones y, ante la falta de acuerdo, el presidente Ollanta Humala propuso enviar el tema al Congreso. Entonces, los mineros deben haber pensado que eso equivalía a poner el tema a consideración del Larco Herrera. Eliminar ese riesgo bien valía los S/.500 millones adicionales, pero eso no parece chantaje sino habilidad negociadora.
Segunda explicación: la visión de los negociadores del gobierno, con una posición más independiente que los que ponía el gobierno aprista, y que no estuvieran a la caza de un acercamiento con la empresa privada para buscar algún beneficio.
Tercera hipótesis: el enfoque aplicado para la negociación. Mientras García solo buscó un monto que había fijado previamente, esta vez se trabajó una fórmula atada a resultados, lo cual volvía a las empresas y el gobierno en aliados. Asimismo, debe tenerse en cuenta que hoy la minería peruana es mucho más grande y tiene mejor perspectiva que hace cinco años.
La cuarta hipótesis es que hoy existe una mayor consciencia en el sector empresarial que opera en el país –nacional y extranjero– sobre la necesidad de la inclusión social.
Quinto, el hecho destacado por Carlos Castro ayer en su columna: la voluntad política del gobierno de Humala para obtener esos recursos.
Son hipótesis y explicaciones no necesariamente excluyentes y, eventualmente complementarias. Lo importante ahora, sin embargo, es que el gobierno use bien esos recursos. Ojalá que, entonces, tenga la misma destreza que tuvo para conseguirlos.
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