En nuestro país existe el SINEACE, que es el Sistema Nacional de Evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, de la Acreditación de las instituciones educativas y de la Certificación de las competencias de las personas. Su finalidad es contribuir a la construcción de calidad en el Sistema Educativo Peruano. Esta responsabilidad recae en tres órganos operadores: el IPEBA para la Educación Básica y Técnico Productiva, el CONEACES para las escuelas e Institutos de Educación Superior y el CONEAU para las universidades. Hay que reconocer que durante los tres primeros años de su funcionamiento han desarrollado un gran esfuerzo en su organización e implementación administrativa, logística y técnica.
Para lograr la acreditación es necesario que primero se realice la autoevaluación y luego la evaluación externa. En el caso de las universidades, institutos y escuelas hay avances, pero insuficientes y muy lentos. La acreditación es únicamente obligatoria para los institutos, escuelas y facultades que brindan carreras de salud, educación y derecho.
Teniendo en cuenta que en los últimos tiempos ha crecido irracionalmente el número de universidades, estatales y privadas, muchas de las cuales no reúnen los requisitos de calidad para su funcionamiento y, además, que la oferta de profesionales no siempre respondería a los requerimientos del mercado laboral y al desarrollo sostenido de nuestro país, resulta urgente atender la demanda social y educativa de acelerar la acreditación progresiva de las facultades. Lógicamente el Estado debe dotar al SINEACE, y específicamente al CONEAU, de los recursos necesarios.
Es bueno precisar que para formar profesionales altamente competitivos con rigurosidad académica, espíritu de investigación y compromiso social que contribuyan, efectivamente, al crecimiento económico con inclusión plena, es indispensable evaluar si las universidades cuentan con profesorado competente, perfiles y currículos profesionales pertinentes, equipamiento moderno, bibliotecas actualizadas, sistemas de evaluación confiables, campos deportivos, espacios pedagógicos saludables, así como con una gestión eficiente y ética. Desde luego, estos factores –entre otros– deben medirse utilizando los estándares, criterios e indicadores que ya están definidos.
Por todo lo señalado, es un acierto que el presidente del Consejo de Ministros haya anunciado como una política prioritaria el fortalecimiento de la acreditación de las universidades. Y que para otorgar el título a nombre de la nación deben estar acreditadas. En buena hora.
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