La reciente oposición de los huaracinos a la actividad de la minera Chancadora Centauro - que amenazaba a la laguna de Conococha, constituida parte del Parque Nacional del Huascarán - vuelve a poner en tapete el tema de la consulta, ya presente en las audiencias iniciadas por la Comisión de Agricultura del Congreso, para "consultar" a los Pueblos Indígenas sobre la "Ley Forestal y de fauna Silvestre".
La Defensoría del Pueblo ha señalado que estas audiencias no pueden ser consideradas como consultas y un comunicado reciente firmado por instituciones estadounidenses como Amazon Watch, Bank Information Center, Rainforest Foundation US, Save America's Forests, así como las europeas FERN (Bélgica), Forest Peoples Programme, Global Witness, Rainforest Foundation de Inglaterra, señalan que dicho proceso de consulta no concuerda con los derechos establecidos en el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Convención Americana de derechos humanos ni con la Sentencia N° 5427-2009-PC/TC (párrafos 68 y 69) del Tribunal Constitucional del Perú.
Este texto es respaldado por un comunicado de organizaciones peruanas, que expresa múltiples inquietudes sobre el proceso y la metodología, añadiendo que: El proceso carece de validez, en tanto no ha sido consensuada con las organizaciones de los pueblos indígenas; no respeta la auto representación indígena; no considera un proceso de información adecuado, previo o completo; y finalmente, que carece de buena fe.
El comunicado solicita a los gobiernos de Estados Unidos, la Unión Europea y otros países que insten al gobierno del Perú a respetar los compromisos del país bajo los instrumentos de derechos humanos que el Estado ha ratificado, entre ellos el Convenio 169 de la OIT, durante la implementación del Tratado de Libre Comercio Perú - Estados Unidos; así como en otras iniciativas en marcha.
Adicionalmente solicitan - haciendo eco del conjunto de organizaciones indígenas - la promulgación de la Ley de la Consulta, que fue aprobada por el Congreso en mayo de este año.
Con ese instrumento, habrán menos conflictos y por ende menos muertos y heridos, saldo dramático de lo ocurrido en Áncash. El proceso de consulta es una demanda nacional y que va trascendiendo a nivel internacional.
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