jueves, 16 de diciembre de 2010

Conflicto en Recuay: La lucha por el agua

 Conflicto en Recuay: La lucha por el agua

El conflicto que enfrenta a los pobladores de la provincia de Recuay (Ancash) y a la minera Chancadora Centauro, es un nuevo conflicto social en el país, con lo cual ya suman 120 conflictos de tipo ambiental a nivel nacional. En ese sentido, vale la pena analizar cómo nació este conflicto y qué se requiere para que solucionarlo.

En Recuay, la historia se vuelve a repetir. Una empresa minera que obtiene una licencia para explorar un determinado territorio y es rechazada por la población porque no ha sido consultada sobre las actividades que se ejecutarán en su localidad. En este caso, el conflicto surge porque una de las perforaciones exploratorias que realizará la minera Centauro se ubica a escasos 585 metros de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Huascarán, y otra a 842 metros de la laguna de Conococha, la cual alimenta a los ríos Santa, Fortaleza y Pativilca. Como se observa, la preocupación ciudadana se centra nuevamente en la protección del agua.


Para el Ministerio de Energía y Minas (MEM) no habría problemas con este recurso porque solo se ejecutarían actividades exploratorias. Es más, la minera Centauro está ampara en el Decreto Supremo 020-2008-MEM, que otorga una “Constancia de Aprobación Automática” cuando, como es el caso de dicha minera, se realicen menos de 20 perforaciones y para lo cual es necesario presentar solo una “Declaración de Impacto Ambiental” y no un estudio. ¿Qué dijo el Ministro del Ambiente, Antonio Brack, sobre este asunto? Resulta inverosímil la postura del Ministro. Para Brack, este proyecto minero no tendría ninguna observación y, más bien, señala que es función de su ministerio propiciar la minería limpia y con responsabilidad social, y no oponerse por oponerse a las inversiones. Por lo tanto, afirma, “no seamos parte de grupos politizados y violentistas, que tienen como objetivo bloquear las inversiones en el país agitando la bandera ambiental, desinformando a la población, y generando caos”¹.

Actualmente, se ha revocado el permiso de la minera Centauro, sin embargo, este tipo de historias se seguirán repitiendo si no se modifican dos aspectos claves. En primer lugar, no es posible que el MEM sea la entidad encargada de la concesión territorial y, al mismo tiempo, evalúe los estudios de impacto ambiental. Este último aspecto debiera ser tarea del Ministerio del Ambiente. En segundo lugar, como señala el experto en minería, José de Echave, en la actualidad existe una entrega “caótica y desordenada” de las concesiones mineras. En este caso, se requiere de un reordenamiento territorial que demarque las zonas susceptibles de permisos mineros y disponer cuáles quedan a disposición de otras actividades productivas.


Ninguna de estas propuestas es siquiera un tema de discusión para el actual gobierno, que todo lo reduce a calificar de “enemigos de la inversión” a quienes protestan por otorgar concesiones al “caballazo”. Mientras tanto, los 120 conflictos ambientales siguen a la espera de soluciones de fondo, expresándose, en muchos casos, en actos de violencia que dejan muertos y heridos. ¿Hasta cuándo seguiremos esperando?

¹ Carta del Ministro del Ambiente, Antonio Brack, respondiendo al artículo de opinión Huaraz, Ciudad sitiada, elaborado por la periodista Marta Meier y publicado en el Comercio,

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