Desde que las organizaciones indígenas plantearon su oposición contra los decretos que tienen fuerte impacto sobre sus derechos y no les fueron consultados, el gobierno ha pretendido asustar al país con el fantasma de que si se derogaban dichos decretos, y en particular el 1090, se pondría en riesgo la implementación del TLC. El siguiente informe preparado por Apoyo Consultoría, y su Servicio de Asesoría Empresarial, no deja dudas de la manipulación de la opinión pública por parte del gobierno. La propia Ministra Flores Araoz que anunció que el TLC peligraba “por culpa de los indígenas amazónicos” se ha desdicho. Por otro lado, diversos especialistas han demostrado que varios de los decretos promulgados al amparo de la delegación hecha por el Congreso al Ejecutivo para legislar con relación al TLC nada tienen que ver con este objetivo, lo que los invalida. Es momento que los peruanos reflexionemos sobre estos temas y decidamos si debemos o no pedir que el gobierno derogue todos aquellos decretos que exceden la finalidad de la delegación hecha por el Legislativo.
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El día de ayer, 15 de junio, el Gobierno, a través del Primer Ministro, se comprometió con los líderes indígenas de la Amazonía a proponer un proyecto de ley al Congreso que derogue -antes del 18 de junio- los cuestionados decretos legislativos 1090 (ley forestal y de fauna silvestre) y 1064 (aprovechamiento de tierras de uso agrario). Esta medida habría sido necesaria para encontrar una salida inmediata -aunque parcial- a la crisis de confianza que impide, entre otras cosas, una normalización en las actividades económicas en la zona cercana a Bagua, y para evitar una extensión del conflicto hacia otras zonas del país. La derogatoria de los DL cuestionados no pondrá en riesgo la vigencia del TLC Perú-EEUU en el corto plazo. El tratado incorpora ciertas flexibilidades basadas en la mutua comprensión y la buena fe de ambos países. EEUU no tomaría medidas inmediatas, dejando un tiempo prudencial para que el Perú adecue su legislación. Chile, también un país con un TLC en vigencia con EEUU, se encuentra en pleno debate interno de cómo adaptarse al mismo Convenio 169 de la OIT, sin que esto se entienda como un riesgo para la vigencia del TLC Chile-EEUU.
Antecedentes: ¿qué es lo que se reclama?
Los decretos legislativos 1090 y 1064 fueron promulgados en junio del 2008 por el Ejecutivo dentro del marco de las facultades otorgadas por el Congreso para la implementación del TLC Perú-EEUU. Los compromisos en materia de respeto del medio ambiente negociados en aquel acuerdo exigían cambios en la legislación nacional, que incluían medidas como el fortalecimiento institucional de la gestión forestal, el aumento de la capacidad de monitoreo y el aumento de las penas por violación de la legislación. Si bien algunos críticos piensan que los DL cuestionados no aseguran una suficiente protección medioambiental, existe relativo consenso acerca de que sí constituyen una mejora respecto de las leyes que estaban vigentes previamente, las Leyes 27308 y 26505. El principal problema habría sido la forma en que se dieron dichos DL, sin participación ni consenso ciudadano, lo cual es complejo considerando la debilidad en materia de reconocimiento legal de la propiedad de las tierras amazónicas. Además el Perú es parte desde 1993 del Convenio 169 de la OIT, tratado internacional sobre derechos indígenas que trata el tema de la propiedad de la tierra. Este tratado establece que los planes de desarrollo y la legislación que involucren a pueblos indígenas tienen que ser consultados a quienes se vean afectados directamente. La existencia de este convenio le da respaldo legal a la posición de los indígenas amazónicos. En el caso del contenido específico de los DL 1090 y 1064, se han señalado supuestas deficiencias. Por ejemplo, el artículo 6 de la Ley 29317 (modificación realizada este año al DL 1090), establece que se puede cambiar a uso agrícola las áreas protegidas ante proyectos calificados como “de interés nacional”1. Así, generaría cierta preocupación que dicho término sea usado con un exceso de discrecionalidad para flexibilizar la gestión medioambiental en proyectos específicos.
El día de ayer, 15 de junio, el Gobierno, a través del Primer Ministro, se comprometió con los líderes indígenas de la Amazonía a proponer un proyecto de ley al Congreso que derogue los DL cuestionados antes del 18 de junio. Esta medida habría sido necesaria para encontrar una salida inmediata -aunque parcial- a la crisis de confianza que impedía, entre otras cosas, una normalización en las actividades económicas en la zona y evite una extensión del conflicto hacia otras zonas del país.
El costo económico de la paralización temporal de la mayoría de actividadeseconómicas en la Amazonía sería marginal a nivel país. Sin embargo, una extensión del conflicto social hacia otras zonas del país -que afecte vías claves de comunicación y, por tanto, cadenas de suministro- sí puede representar un riesgo potencial de mayor consideración.
La región Amazonas representa 0,6% del PBI nacional y, en conjunto con los otros cuatro departamentos netamente amazónicos (Loreto, Ucayali, San Martín y Madre de Dios), representa 5% del PBI del país.
La derogatoria de los DL cuestionados no debería poner en riesgo la vigencia del TLC Perú-EEUU en el corto plazo.
El TLC Perú-EEUU incorpora ciertas flexibilidades basadas en la mutua comprensión y la buena fe de ambos países. Según fuentes oficiales consultadas, la US Trade Representative (USTR), organismo estadounidense encargado del monitoreo del acuerdo, le informó al Mincetur su disposición a no tomar medidas inmediatas que pongan en riesgo la vigencia del TLC. Esto supone que el Gobierno peruano trabajará con celeridad -en la medida de lo posible- para aprobar una nueva legislación más consensuada con la posición de las comunidades amazónicas. Mientras tanto, la derogatoria de los DL 1090 y 1064 pone en vigencia las leyes 27308 y 26505.
En primera instancia, las principales críticas a los DL referidos no deberían entrar en conflicto con los compromisos asumidos por el Perú en el marco del TLC con EEUU. En el aspecto medioambiental, los principales cuestionamientos de EEUU durante el proceso de negociación del acuerdo estuvieron relacionados con el control y sanción de la tala ilegal, un aspecto en el que se debería contar con el apoyo de las comunidades indígenas. Más aún, Chile, país que tiene un TLC con EEUU también en vigencia, se encuentra en pleno debate interno de cómo adaptarse al mismo Convenio 169 de la OIT. Las principales críticas empresariales chilenas se han concentrado en el riesgo de que las leyes finalmente aprobadas se conviertan en un obstáculo para la promoción de la inversión pero no en un riesgo para la vigencia del TLC Chile-EEUU.
Un marco legal consensuado que incorpore a las comunidades de la Amazonía resulta clave para darle condiciones más estables a la inversión en la zona y para revertir cierta imagen negativa del país generada durante los últimos días.
La incorporación de las comunidades directamente afectadas por las leyes en cuestión en el debate no tiene por qué representar un retroceso en el marco de promoción de la inversión privada. Por ejemplo, en el caso de la adecuación chilena al Convenio 169 de la OIT, se está proponiendo la creación de un consejo consultivo que represente al pueblo indígena frente a los proyectos de inversión que se realicen en sus tierras. Este consejo, sin embargo, no tendría derecho a veto, es decir, no podría bloquear de facto la inversión. Otro detalle que se evalúa en el caso chileno es que “en la medida de lo posible” existan beneficios para el pueblo indígena ante proyectos de inversión relevantes. En varios casos, estos beneficios ya son aplicados por las empresas que operan en el Perú de manera que puedan conseguir la licencia social de las comunidades aledañas que les permitan operar con tranquilidad. La diferencia esque estos beneficios ahora tendrían un marco legal.
Iniciativas similares son promovidas por los organismos multilaterales. El año pasado, por ejemplo, el Banco Mundial reforzó los Equator Principles, una iniciativa del sector financiero para establecer estándares ambientales en los proyectos que requieran financiamiento superior a US$10 millones. Estos principios exigen consulta ciudadana -que es distinto a informar a la ciudadanía- acerca de cada proyecto y cada inversión que se lleve a cabo en territorios ecológicamente sensibles.
La US Trade Representative (USTR), organismo estadounidense encargado del monitoreo del acuerdo, le informó al Mincetur su disposición a no tomar medidas inmediatas que pongan en riesgo la vigencia del TLC. Esto supone que el Gobierno peruano trabajará con celeridad -en la medida de lo posible- para aprobar una nueva legislación más consensuada con la posición de las comunidades amazónicas.
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El día de ayer, 15 de junio, el Gobierno, a través del Primer Ministro, se comprometió con los líderes indígenas de la Amazonía a proponer un proyecto de ley al Congreso que derogue -antes del 18 de junio- los cuestionados decretos legislativos 1090 (ley forestal y de fauna silvestre) y 1064 (aprovechamiento de tierras de uso agrario). Esta medida habría sido necesaria para encontrar una salida inmediata -aunque parcial- a la crisis de confianza que impide, entre otras cosas, una normalización en las actividades económicas en la zona cercana a Bagua, y para evitar una extensión del conflicto hacia otras zonas del país. La derogatoria de los DL cuestionados no pondrá en riesgo la vigencia del TLC Perú-EEUU en el corto plazo. El tratado incorpora ciertas flexibilidades basadas en la mutua comprensión y la buena fe de ambos países. EEUU no tomaría medidas inmediatas, dejando un tiempo prudencial para que el Perú adecue su legislación. Chile, también un país con un TLC en vigencia con EEUU, se encuentra en pleno debate interno de cómo adaptarse al mismo Convenio 169 de la OIT, sin que esto se entienda como un riesgo para la vigencia del TLC Chile-EEUU.
Antecedentes: ¿qué es lo que se reclama?
Los decretos legislativos 1090 y 1064 fueron promulgados en junio del 2008 por el Ejecutivo dentro del marco de las facultades otorgadas por el Congreso para la implementación del TLC Perú-EEUU. Los compromisos en materia de respeto del medio ambiente negociados en aquel acuerdo exigían cambios en la legislación nacional, que incluían medidas como el fortalecimiento institucional de la gestión forestal, el aumento de la capacidad de monitoreo y el aumento de las penas por violación de la legislación. Si bien algunos críticos piensan que los DL cuestionados no aseguran una suficiente protección medioambiental, existe relativo consenso acerca de que sí constituyen una mejora respecto de las leyes que estaban vigentes previamente, las Leyes 27308 y 26505. El principal problema habría sido la forma en que se dieron dichos DL, sin participación ni consenso ciudadano, lo cual es complejo considerando la debilidad en materia de reconocimiento legal de la propiedad de las tierras amazónicas. Además el Perú es parte desde 1993 del Convenio 169 de la OIT, tratado internacional sobre derechos indígenas que trata el tema de la propiedad de la tierra. Este tratado establece que los planes de desarrollo y la legislación que involucren a pueblos indígenas tienen que ser consultados a quienes se vean afectados directamente. La existencia de este convenio le da respaldo legal a la posición de los indígenas amazónicos. En el caso del contenido específico de los DL 1090 y 1064, se han señalado supuestas deficiencias. Por ejemplo, el artículo 6 de la Ley 29317 (modificación realizada este año al DL 1090), establece que se puede cambiar a uso agrícola las áreas protegidas ante proyectos calificados como “de interés nacional”1. Así, generaría cierta preocupación que dicho término sea usado con un exceso de discrecionalidad para flexibilizar la gestión medioambiental en proyectos específicos.
El día de ayer, 15 de junio, el Gobierno, a través del Primer Ministro, se comprometió con los líderes indígenas de la Amazonía a proponer un proyecto de ley al Congreso que derogue los DL cuestionados antes del 18 de junio. Esta medida habría sido necesaria para encontrar una salida inmediata -aunque parcial- a la crisis de confianza que impedía, entre otras cosas, una normalización en las actividades económicas en la zona y evite una extensión del conflicto hacia otras zonas del país.
El costo económico de la paralización temporal de la mayoría de actividadeseconómicas en la Amazonía sería marginal a nivel país. Sin embargo, una extensión del conflicto social hacia otras zonas del país -que afecte vías claves de comunicación y, por tanto, cadenas de suministro- sí puede representar un riesgo potencial de mayor consideración.
La región Amazonas representa 0,6% del PBI nacional y, en conjunto con los otros cuatro departamentos netamente amazónicos (Loreto, Ucayali, San Martín y Madre de Dios), representa 5% del PBI del país.
La derogatoria de los DL cuestionados no debería poner en riesgo la vigencia del TLC Perú-EEUU en el corto plazo.
El TLC Perú-EEUU incorpora ciertas flexibilidades basadas en la mutua comprensión y la buena fe de ambos países. Según fuentes oficiales consultadas, la US Trade Representative (USTR), organismo estadounidense encargado del monitoreo del acuerdo, le informó al Mincetur su disposición a no tomar medidas inmediatas que pongan en riesgo la vigencia del TLC. Esto supone que el Gobierno peruano trabajará con celeridad -en la medida de lo posible- para aprobar una nueva legislación más consensuada con la posición de las comunidades amazónicas. Mientras tanto, la derogatoria de los DL 1090 y 1064 pone en vigencia las leyes 27308 y 26505.
En primera instancia, las principales críticas a los DL referidos no deberían entrar en conflicto con los compromisos asumidos por el Perú en el marco del TLC con EEUU. En el aspecto medioambiental, los principales cuestionamientos de EEUU durante el proceso de negociación del acuerdo estuvieron relacionados con el control y sanción de la tala ilegal, un aspecto en el que se debería contar con el apoyo de las comunidades indígenas. Más aún, Chile, país que tiene un TLC con EEUU también en vigencia, se encuentra en pleno debate interno de cómo adaptarse al mismo Convenio 169 de la OIT. Las principales críticas empresariales chilenas se han concentrado en el riesgo de que las leyes finalmente aprobadas se conviertan en un obstáculo para la promoción de la inversión pero no en un riesgo para la vigencia del TLC Chile-EEUU.
Un marco legal consensuado que incorpore a las comunidades de la Amazonía resulta clave para darle condiciones más estables a la inversión en la zona y para revertir cierta imagen negativa del país generada durante los últimos días.
La incorporación de las comunidades directamente afectadas por las leyes en cuestión en el debate no tiene por qué representar un retroceso en el marco de promoción de la inversión privada. Por ejemplo, en el caso de la adecuación chilena al Convenio 169 de la OIT, se está proponiendo la creación de un consejo consultivo que represente al pueblo indígena frente a los proyectos de inversión que se realicen en sus tierras. Este consejo, sin embargo, no tendría derecho a veto, es decir, no podría bloquear de facto la inversión. Otro detalle que se evalúa en el caso chileno es que “en la medida de lo posible” existan beneficios para el pueblo indígena ante proyectos de inversión relevantes. En varios casos, estos beneficios ya son aplicados por las empresas que operan en el Perú de manera que puedan conseguir la licencia social de las comunidades aledañas que les permitan operar con tranquilidad. La diferencia esque estos beneficios ahora tendrían un marco legal.
Iniciativas similares son promovidas por los organismos multilaterales. El año pasado, por ejemplo, el Banco Mundial reforzó los Equator Principles, una iniciativa del sector financiero para establecer estándares ambientales en los proyectos que requieran financiamiento superior a US$10 millones. Estos principios exigen consulta ciudadana -que es distinto a informar a la ciudadanía- acerca de cada proyecto y cada inversión que se lleve a cabo en territorios ecológicamente sensibles.
La US Trade Representative (USTR), organismo estadounidense encargado del monitoreo del acuerdo, le informó al Mincetur su disposición a no tomar medidas inmediatas que pongan en riesgo la vigencia del TLC. Esto supone que el Gobierno peruano trabajará con celeridad -en la medida de lo posible- para aprobar una nueva legislación más consensuada con la posición de las comunidades amazónicas.
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