“Si la línea de García se impone habrá mayor confrontación social”

Antropólogo, experto en temas de descentralización e investigador del grupo Propuesta Ciudadana, Carlos Monge advierte que la posición de Alan García expresada en un reciente artículo le dejará bombas de tiempo al siguiente gobierno y polarizará al país innecesariamente. Por Federico de Cárdenas–Existe la impresión, compartida por analistas y científicos sociales, de que los recientes acontecimientos han producido un cambio en la agenda del país para el 2010-2011.–Sí. Basta recordar la agenda del 2006 para advertirlo. Entonces hasta el discurso progresista y nacionalista era básicamente redistributivo. Se buscaba un reparto más justo sobre las ganancias (el debate sobre las regalías, la reforma tributaria, etc). Eso ha cambiado. El debate que pone por delante el movimiento amazónico y los puntos medulares de los reclamos de Andahuaylas y Canchis no reclaman una mayor tajada de la renta minera. Allí se afirma: “No quiero más esa minería”. Es una agenda más programática y que apunta al modelo de desarrollo. Es una agenda más radical, y con ello no me refiero a las formas que toma, sino a los temas que toca. Es un gran cambio. Son temas que han llegado para quedarse.–¿Es una demanda por un modelo de desarrollo más inclusivo?–No sé aún si este debate puede plantearse en esos términos, si ya ha tomado la forma de una propuesta alternativa de desarrollo. Pero sí es un “hasta acá nomás” con un modelo de desarrollo que te deja corrupción, desastres institucionales, quiebra de los modelos tradicionales y enormes pasivos ambientales. Si uno mira lo de la Amazonía se da cuenta de que es una reacción crispada ante una ofensiva brutal sobre sus territorios. En dicienbre de 2004, 15% estaba concesionado; en diciembre del 2006, 65%; en diciembre de 2008, 82% de la Amazonía. No todo está en explotación, mucho es exploración, pero la sensación de invasión es evidente, pues llegan, se instalan y se acabó. Y en la plataforma de Andahuaylas la reacción es la misma: moratoria de todas las concesiones, consentimiento de la gente (Convenio 169 de la OIT) y zonificación.–Todo ello con una profunda desconfianza a los interlocutores del gobierno central.–Sí, porque los paran meciendo. En Andahuaylas se ofreció carretera y, dos años después, estaba presupuestada, pero los estudios ni siquiera habían comenzado. Hay un hilo conductor de estos conflictos, y puede sintetizarse en la pregunta: ¿Quién decide sobre estos territorios? ¿El gobierno central y las grandes empresas porque quienes están ahí son solo “perros del hortelano”? ¿O quienes está ahí, pobres y sin capital, pero con ideas y demandas que deben ser tomadas en cuenta? Es una disputa por el control del territorio.–¿Se trata de demandas coordinadas? Porque se tiene la impresión de que, si bien pueden tener un modelo común, son todavía demandas muy localizadas, que no se vinculan entre ellas. En ese sentido la tesis de una “conspiración internacional” no se sostiene.–Es la tesis del presidente García en su último artículo, que me parece lamentable. Quienes pensaron que había algo de sinceridad en su autocrítica y en el encargo de generar espacios de diálogo hecho a Simon, quedaron burlados. Hablar de “guerra fría” y conspiración contra el Perú es un despropósito. Dicho esto, no creo que se pueda hablar de coordinación, pero hay vasos comunicantes entre los liderazgos populares, y ello nada tiene de malo. Hay foros y certámenes nacionales e internacionales. Estamos en un mundo globalizado y no se puede pretender que funcione solo para empresarios y transnacionales. Pero esto nada tiene que ver con la guerra fría o con alguna conspiración, puesto que los movimientos que buscan organizar a los pueblos originarios lo hacen con las cartas sobre la mesa y a plena luz. Hoy día hay comunidades nativas que ganan juicios a empresas internacionales ante cortes norteamericanas con el apoyo de estudios de abogados liberales. Un campeón de la globalización tendría que entenderlo.–Un elemento a considerar es la ausencia total de los partidos políticos en estas movilizaciones sociales, que tienden a radicalizarse. –Es verdad que se trata de movimientos sociales de gran radicalismo programático y que pueden también ser muy radicales en su comportamiento y estilo de negociación. Pero, es curioso, no se puede decir que no tengan paciencia. En el caso del movimiento indígena, no se declararon en huelga desde que salieron los DL. Hubo cuestionamientos, análisis, intentaron ser escuchados en el Congreso. Se derogaron dos de los DL, se creó una comisión para derogar los restantes, pero los mecieron hasta el cansancio.También es cierto que sienten un gran recelo frente a los partidos, dentro de esta lógica de que el trabajo duro en favor de sus necesidades lo hacen ellos y al final siempre aparece algún político para la foto inaugural. Eso genera rechazo, y es cada vez más abierto. Sienten que los partidos no funcionan como correas de mediación o representación, y está claro que el sistema de partidos está en crisis y no ha logrado recomponer sus vínculos con la sociedad.–¿Esta desconfianza se extiende también al sistema? Uno de los cargos más frecuentes que se les hacen es que son fuerzas “antisistema”.–En relación con el sistema, creo que sus exigencias apuntan más bien a que el sistema funcione. Ellos piden que se reglamente el Convenio 169 y que se apliquen normas que en un 80 o 90% de los casos ya existen. Cuando piden que se respeten estándares ambientales mínimos no buscan patear el tablero ni destruir el Estado. No hay que olvidar que sin las protestas de las comunidades nativas nunca se hubiera logrado la reinyección de las aguas residuales por una petrolera en la selva, la que por 40 años las arrojó al río Corrientes. Por lo mismo, no los veo como un movimiento anarquista u opuesto a la institucionalidad del sistema, al contrario: buscan pactos, compromisos y maneras de hacer que las cosas caminen.–¿Sabes si estos movimientos tienen interés por irrumpir en la política? –Antes debo decir que me parece perfectamente legítimo que estos movimientos traten de organizarse. Es un derecho que todos tenemos. Lo ejercen los empresarios, entonces sorprenderse de que el señor Pizango y otros dirigentes quieran hacer política no viene al caso. Si logran apoyo, enhorabuena, pues representarán a sectores que requieren una gestión, que necesitan estar en el Estado para pelear su agenda. Ahora, que ya estén en ese camino es algo que no me consta. Por lo demás, ¿se podría criticar a un dirigente social por querer pertenecer a la clase política? A lo mejor logran renovarla.–¿Cómo ves el país en los dos años que le restan a Alan García. ¿Más crispado? ¿Más tranquilo? ¿Igual de movido?–Lo veía menos crispado después de la huelga, y sigo pensando que es deseable un gobierno que reconozca sus errores tácticos y no solo de procedimiento. Es necesario que se dé un debate sobre lo que hay que hacer en esos territorios y pensé que podría ser Simon quien lo encabece, pero al parecer será otro. En fin, lo que importa es que el debate se haga y se logre una suerte de pacto fundacional sobre qué hacer con áreas rurales y amazónicas. Pero el reciente artículo del presidente García indica que si de él depende ese no será el escenario y no se renegociarán los términos del contrato social, lo que es preocupante, pues anuncia más polarización y confrontación, y una tarea muy difícil para el próximo gobierno.