Extraño pedido de la defensa en juicio a Fujimori
Luego del impecable juicio por Barrios Altos y La Cantuta, que le mereció una sentencia condenatoria, para mañana está programado el inicio del nuevo juicio oral al ex presidente Alberto Fujimori por los presuntos delitos de peculado y falsedad genérica en el llamado caso de los 15 millones otorgados irregularmente al ex asesor Montesinos por concepto de CTS (compensación por tiempo de servicios).
Sin embargo, luego del pedido de recusación de vocales por parte de la defensa, que fue atendido solo en un caso, el abogado César Nakazaki insiste ahora en la peculiar solicitud de un proceso por terminación anticipada, es decir un juicio corto, pero sin aceptar ninguna responsabilidad por parte del acusado Fujimori.
Esto es muy extraño. Desde esta columna siempre hemos bregado y cautelado para que en este, y todos los juicios, se observen todas las reglas y consideraciones del debido proceso.
No obstante, resulta incomprensible que un letrado como Nakazaki ignore que, según las normas procesales (art. 468 del Código Procesal Penal), la terminación anticipada solo procede luego de un acuerdo (sobre la pena, reparación civil, etc.) entre la fiscalía y el imputado, sobre la base de que este acepte algún nivel de responsabilidad en los hechos materia de acusación.
En este caso se acusa al ex presidente de haber entregado irregularmente US$15 millones a su ex asesor Montesinos bajo el ilegal concepto de CTS en setiembre del 2000. El Ministerio Público demanda una pena de ocho años de prisión y una reparación civil de dos millones de soles en favor del Estado. En dicho entramado, como es de conocimiento público, estuvieron implicados varios ex ministros y viceministros, como Carlos Boloña, Alfredo Jalilie, Carlos Bergamino y Federico Salas Guevara, quienes ya han declarado que actuaron por orden de Fujimori.
¿Cómo entender, en estas circunstancias, la postura de Nakazaki y de la defensa de Fujimori de pedir el juicio corto pero insistiendo en la inocencia?
Al parecer, lo que se quiere evitar es el juicio oral, en el que, por su naturaleza, se explican ante la sala y en audiencia pública la acusación y los hechos imputados por la fiscalía que demostrarían el grado y nivel de corrupción del régimen fujimorista, así como el manejo real, político y operativo que ejercía Montesinos al lado de Fujimori. También se querría obviar la etapa probatoria, en la que el proceso seguido para la supuesta comisión del delito se transparenta con la demostración de evidencias y hechos atenuantes y agravantes.
En estas circunstancias, resulta sumamente extraña la postura de la defensa de Fujimori al insistir en introducir una forma anómala a sabiendas de su inaplicabilidad. Lo que pretendería, de alguna manera, es no solo sustraer a la opinión pública y al conjunto de los vocales del conocimiento integral de la causa, sino también lograr ciertos beneficios políticos para la alianza fujimorista que, como ya lo ha hecho, antes, haría de la victimización una bandera de proselitismo politiquero.
Por todo ello, el absurdo pedido de Nakazaki debe ser objetivamente analizado por la sala suprema que ve el caso. Y no solo a la luz del derecho y la jurisprudencia, sino también de la exigencia de la ciudadanía que pide un juicio justo, pero también transparente y exento de sesgos o maniobras oscuras.
Luego del impecable juicio por Barrios Altos y La Cantuta, que le mereció una sentencia condenatoria, para mañana está programado el inicio del nuevo juicio oral al ex presidente Alberto Fujimori por los presuntos delitos de peculado y falsedad genérica en el llamado caso de los 15 millones otorgados irregularmente al ex asesor Montesinos por concepto de CTS (compensación por tiempo de servicios).
Sin embargo, luego del pedido de recusación de vocales por parte de la defensa, que fue atendido solo en un caso, el abogado César Nakazaki insiste ahora en la peculiar solicitud de un proceso por terminación anticipada, es decir un juicio corto, pero sin aceptar ninguna responsabilidad por parte del acusado Fujimori.
Esto es muy extraño. Desde esta columna siempre hemos bregado y cautelado para que en este, y todos los juicios, se observen todas las reglas y consideraciones del debido proceso.
No obstante, resulta incomprensible que un letrado como Nakazaki ignore que, según las normas procesales (art. 468 del Código Procesal Penal), la terminación anticipada solo procede luego de un acuerdo (sobre la pena, reparación civil, etc.) entre la fiscalía y el imputado, sobre la base de que este acepte algún nivel de responsabilidad en los hechos materia de acusación.
En este caso se acusa al ex presidente de haber entregado irregularmente US$15 millones a su ex asesor Montesinos bajo el ilegal concepto de CTS en setiembre del 2000. El Ministerio Público demanda una pena de ocho años de prisión y una reparación civil de dos millones de soles en favor del Estado. En dicho entramado, como es de conocimiento público, estuvieron implicados varios ex ministros y viceministros, como Carlos Boloña, Alfredo Jalilie, Carlos Bergamino y Federico Salas Guevara, quienes ya han declarado que actuaron por orden de Fujimori.
¿Cómo entender, en estas circunstancias, la postura de Nakazaki y de la defensa de Fujimori de pedir el juicio corto pero insistiendo en la inocencia?
Al parecer, lo que se quiere evitar es el juicio oral, en el que, por su naturaleza, se explican ante la sala y en audiencia pública la acusación y los hechos imputados por la fiscalía que demostrarían el grado y nivel de corrupción del régimen fujimorista, así como el manejo real, político y operativo que ejercía Montesinos al lado de Fujimori. También se querría obviar la etapa probatoria, en la que el proceso seguido para la supuesta comisión del delito se transparenta con la demostración de evidencias y hechos atenuantes y agravantes.
En estas circunstancias, resulta sumamente extraña la postura de la defensa de Fujimori al insistir en introducir una forma anómala a sabiendas de su inaplicabilidad. Lo que pretendería, de alguna manera, es no solo sustraer a la opinión pública y al conjunto de los vocales del conocimiento integral de la causa, sino también lograr ciertos beneficios políticos para la alianza fujimorista que, como ya lo ha hecho, antes, haría de la victimización una bandera de proselitismo politiquero.
Por todo ello, el absurdo pedido de Nakazaki debe ser objetivamente analizado por la sala suprema que ve el caso. Y no solo a la luz del derecho y la jurisprudencia, sino también de la exigencia de la ciudadanía que pide un juicio justo, pero también transparente y exento de sesgos o maniobras oscuras.
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