Actualidad :::: Tras bastidores en la deficiente planificación del operativo.
Sangre y Caras Duras
Versión facsimilar de nota impresa
Pizango fue encumbrado en lugar de neutralizarlo con liderazgos menos radicales.
Todo salió mal. La masacre de policías fue el resultado de un operativo errado desde su planificación. El número oficial de efectivos que acudieron a desalojar el tramo de la Carretera Fernando Belaunde es de 550, aunque versiones informadas señalan que pudieron ser menos.
Para el contraste sirve el recuerdo de operaciones emblemáticas. En el desalojo del mercado de Santa Anita, ocurrido en mayo del 2007 sin un solo tiro, intervinieron unos siete mil efectivos. El desalojo del puente de Corral Quemado en agosto del 2008, objetivo recurrente de los nativos amazónicos, utilizó a más de mil efectivos. Tampoco se disparó ni una bomba lacrimógena.
Esa vez el puente estaba ocupado por unos 1,500 manifestantes y se hizo una intensa tarea previa de disuasión. La semana pasada, en cambio, el contingente policial debió enfrentarse a una turba de unas cuatro mil personas.
¿Cómo se explica la cadena de errores que desembocó al escenario más delicado enfrentado por el gobierno hasta ahora?
El martes último la ministra del Interior Mercedes Cabanillas se reunió con los generales del Comando Policial en su despacho y negó los rumores de su renuncia. Exigió “replantear las cosas para evitar nuevas fallas”.
Los presentes notaron que en la reunión no estuvo el jefe de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin), general PNP (r) Abdul Abed Rosas.
Trascendió que Abed evalúa presentar su dimisión. El domingo último, en el programa ‘El Perro del Hortelano’, de César Hildebrandt, Cabanillas negó que la Digimin la hubiera alertado dos semanas antes de lo que podía ocurrir en Bagua, como lo aseguró el diario El Comercio. Sostuvo que los presuntos informes “nunca han estado en el despacho ministerial, ni en el Comando policial, ni en la Dirección General, ni en la Dirección de Operaciones Especiales”.
Abed Rosas había asumido el cargo el 22 de marzo. La Digimin es considerada el organismo de inteligencia más poderoso del país. Recibe apoyo logístico de la Embajada de Estados Unidos y genera inteligencia estratégica en todos los campos.
Abed venía supervisando una situación extrema. El pasado 9 de abril, 38 policías que custodiaban la Estación No 6 del Oleoducto Nor Peruano de Petroperú, en Imasita, Bagua, Amazonas fueron “retenidos” por centenares de indígenas en protesta contra el gobierno.
Al menos tres equipos de la Digimin fueron enviados a Amazonas para profundizar en las pesquisas. Las notas diarias de inteligencia describían un escalado clima de violencia y recomendaban el inmediato envío de refuerzos. Según la información recabada por CARETAS, la primera semana de mayo Abed envió un primer documento a Cabanillas, pero no fue atendido por la ministra.
El informe cayó en manos del entonces director de la Policía, general Mauro Remicio, quien se comunicó con el jefe de la Región Policial Amazonas, general Javier Uribe. Éste le dijo que urgía intervenir.
Remicio convocó al director ejecutivo de Operaciones, general Bernabé Garavito, y se formuló el primer plan de operaciones. Garavito recomendó una “operación masiva” para causar impacto psicológico e infundir temor disuasivo.
Pero, según un oficial de alta graduación, nuevamente Cabanillas se opuso a intervenir alegando que “no era el momento oportuno”.
Las semanas previas al operativo fueron de confusión en el alto mando. El general Miguel Hidalgo, que dirigía la Dirandro, pasó a la Inspectoría de la Institución el 13 de mayo. Apenas 18 días después, el 31 de mayo, fue designado en la jefatura de Estado Mayor. Ese mismo día, en un evento enteramente previsible, Remicio pasó al retiro por límite de edad. Su puesto fue asumido por el general PNP José Sánchez Farfán, que se desempeñaba como jefe de Estado Mayor. Hidalgo dejó la Inspectoría para relevarlo.
El lunes 1 el general Abed le recomendó a Sánchez reiterarle a Cabanillas la gravedad de la situación en Bagua.
La carretera Belaunde Terry llevaba bloqueada un mes y 38 policías seguían en calidad de rehenes. A las 8 de la noche del martes 2, Cabanillas se reunió en su despacho con los generales Sánchez y Garavito. Aprobó el ‘desbloqueo’, para el viernes 5, pero exigió que el número de policías sea el menor posible.
El presidente Alan García le llamó la atención a Cabanillas en el Consejo de Ministros del miércoles 3 por lo que consideró la inacción del sector. En los días anteriores, la agenda de la ministra estuvo ocupada por eventos como la conferencia de prensa en la que devolvió la falsa banderola de la trinchera norte de Universitario de Deportes. El general Luis Muruguza, secundado por el general Uribe, fue el encargado de ejecutar la intervención. Muruguza no se comunicó con Abed y nada indica que hubiera utilizado como insumos las notas de la Digimin.
Luego de tantas dilaciones, el momento fue sumamente desafortunado. Apenas un día antes el pleno del Congreso había decidido postergar la votación para derogar los decretos legislativos de la controversia y los ánimos se encontraban más calientes que nunca.
Las preguntas sobre Imasita se escriben solas: ¿cómo la Policía dejó que la retención de los efectivos desarmados se prolongara durante dos meses? ¿Y por qué cuando se monta un operativo para desalojar la cercana carretera no se tomó en cuenta el riesgo de muerte que corrían esos policías? ¿No debió primero recuperarse el control de la estación?
Ahora la ministra Cabanillas sostiene que tampoco autorizó la operación de desalojo. El viceministro del Interior, general PNP (r) Wilson Hernández declaró a CARETAS en Bagua que la intervención “fue una decisión exclusiva del Comando Policial que jefatura el general Farfán”. Añadió que Inspectoría de la PNP, por orden de la ministra, inició una investigación que llegará “a lo más alto” del escalafón policial.
El premier Yehude Simon no podrá ser acusado por ignorar el hervidero de la selva. Desde hacía varias semanas consideraba el problema como su prioridad.
Pero es obvio que no bastaron las buenas intenciones y el intenso trabajo para llevar a buen puerto la negociación.
Primero están las reiteradas críticas del congresista Javier Bedoya por “encumbrar” al líder indígena Alberto Pizango. Sin entrar a discutir los méritos y deficiencias de los decretos legislativos, el gobierno aprista se ha caracterizado por dividir para vencer.
El caso más emblemático es el del liderazgo cocalero. Una amenaza palpable fue relativamente neutralizada con el contrapeso de otras facciones.
El mismo Pizango se vio debilitado en la primera tanda de protestas, culminadas en agosto pasado, cuando se trajo a la mesa a otras tendencias indígenas menos radicales.
En segundo lugar, el proceso de negociación careció de riendas. El primer ministro puso en marcha una mesa de diálogo mientras que en el Congreso corría en paralelo el debate que buscaba derogar de un solo tajo los decretos. ¿Para qué se iba a sentar Pizango a discutir modificaciones si un sector del Parlamento secundaba la opción maximalista de eliminar la legislación?
Los parlamentarios de la comisión de Constitución pudieron ser directamente integrados a la mesa de diálogo. Aunque no lo parezca a la sombra de los cadáveres de Bagua, lo que hizo el Parlamento el jueves 4, al “patear” la votación hasta que la mesa obtuviera resultados, tenía lógica. Además, ceder bajo la presión de toma de carreteras y ciudades que comenzaban a ser estranguladas por la carestía y el racionamiento eléctrico significaba romper con la máxima de no negociar bajo presión. A pesar de todo, la voluntad concertadora de Simon fue permanente. A cambio recibió un trágico portazo y el inevitable escenario de cambio en el gabinete. Luego de la renuncia de la ministra de la Mujer Carmen Vildoso, criticada por la cúpula aprista y que sería reemplazada por la titular de Vivienda, Nidia Vílchez, se abre la baraja del relevo de un buen número de carteras, que no debería producirse más allá del 28 de julio. Y ya corren las especulaciones sobre el posible adelanto de esa coyuntura. Comentarios como el del ministro de Defensa, Ántero Flores, quien ante las circunstancias lamentó que el corrupto Servicio de Inteligencia Nacional hubiera sido desmontado, no hacen más que confirmar la necesidad de nuevos
Sangre y Caras Duras
Versión facsimilar de nota impresa
Pizango fue encumbrado en lugar de neutralizarlo con liderazgos menos radicales.
Todo salió mal. La masacre de policías fue el resultado de un operativo errado desde su planificación. El número oficial de efectivos que acudieron a desalojar el tramo de la Carretera Fernando Belaunde es de 550, aunque versiones informadas señalan que pudieron ser menos.
Para el contraste sirve el recuerdo de operaciones emblemáticas. En el desalojo del mercado de Santa Anita, ocurrido en mayo del 2007 sin un solo tiro, intervinieron unos siete mil efectivos. El desalojo del puente de Corral Quemado en agosto del 2008, objetivo recurrente de los nativos amazónicos, utilizó a más de mil efectivos. Tampoco se disparó ni una bomba lacrimógena.
Esa vez el puente estaba ocupado por unos 1,500 manifestantes y se hizo una intensa tarea previa de disuasión. La semana pasada, en cambio, el contingente policial debió enfrentarse a una turba de unas cuatro mil personas.
¿Cómo se explica la cadena de errores que desembocó al escenario más delicado enfrentado por el gobierno hasta ahora?
El martes último la ministra del Interior Mercedes Cabanillas se reunió con los generales del Comando Policial en su despacho y negó los rumores de su renuncia. Exigió “replantear las cosas para evitar nuevas fallas”.
Los presentes notaron que en la reunión no estuvo el jefe de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin), general PNP (r) Abdul Abed Rosas.
Trascendió que Abed evalúa presentar su dimisión. El domingo último, en el programa ‘El Perro del Hortelano’, de César Hildebrandt, Cabanillas negó que la Digimin la hubiera alertado dos semanas antes de lo que podía ocurrir en Bagua, como lo aseguró el diario El Comercio. Sostuvo que los presuntos informes “nunca han estado en el despacho ministerial, ni en el Comando policial, ni en la Dirección General, ni en la Dirección de Operaciones Especiales”.
Abed Rosas había asumido el cargo el 22 de marzo. La Digimin es considerada el organismo de inteligencia más poderoso del país. Recibe apoyo logístico de la Embajada de Estados Unidos y genera inteligencia estratégica en todos los campos.
Abed venía supervisando una situación extrema. El pasado 9 de abril, 38 policías que custodiaban la Estación No 6 del Oleoducto Nor Peruano de Petroperú, en Imasita, Bagua, Amazonas fueron “retenidos” por centenares de indígenas en protesta contra el gobierno.
Al menos tres equipos de la Digimin fueron enviados a Amazonas para profundizar en las pesquisas. Las notas diarias de inteligencia describían un escalado clima de violencia y recomendaban el inmediato envío de refuerzos. Según la información recabada por CARETAS, la primera semana de mayo Abed envió un primer documento a Cabanillas, pero no fue atendido por la ministra.
El informe cayó en manos del entonces director de la Policía, general Mauro Remicio, quien se comunicó con el jefe de la Región Policial Amazonas, general Javier Uribe. Éste le dijo que urgía intervenir.
Remicio convocó al director ejecutivo de Operaciones, general Bernabé Garavito, y se formuló el primer plan de operaciones. Garavito recomendó una “operación masiva” para causar impacto psicológico e infundir temor disuasivo.
Pero, según un oficial de alta graduación, nuevamente Cabanillas se opuso a intervenir alegando que “no era el momento oportuno”.
Las semanas previas al operativo fueron de confusión en el alto mando. El general Miguel Hidalgo, que dirigía la Dirandro, pasó a la Inspectoría de la Institución el 13 de mayo. Apenas 18 días después, el 31 de mayo, fue designado en la jefatura de Estado Mayor. Ese mismo día, en un evento enteramente previsible, Remicio pasó al retiro por límite de edad. Su puesto fue asumido por el general PNP José Sánchez Farfán, que se desempeñaba como jefe de Estado Mayor. Hidalgo dejó la Inspectoría para relevarlo.
El lunes 1 el general Abed le recomendó a Sánchez reiterarle a Cabanillas la gravedad de la situación en Bagua.
La carretera Belaunde Terry llevaba bloqueada un mes y 38 policías seguían en calidad de rehenes. A las 8 de la noche del martes 2, Cabanillas se reunió en su despacho con los generales Sánchez y Garavito. Aprobó el ‘desbloqueo’, para el viernes 5, pero exigió que el número de policías sea el menor posible.
El presidente Alan García le llamó la atención a Cabanillas en el Consejo de Ministros del miércoles 3 por lo que consideró la inacción del sector. En los días anteriores, la agenda de la ministra estuvo ocupada por eventos como la conferencia de prensa en la que devolvió la falsa banderola de la trinchera norte de Universitario de Deportes. El general Luis Muruguza, secundado por el general Uribe, fue el encargado de ejecutar la intervención. Muruguza no se comunicó con Abed y nada indica que hubiera utilizado como insumos las notas de la Digimin.
Luego de tantas dilaciones, el momento fue sumamente desafortunado. Apenas un día antes el pleno del Congreso había decidido postergar la votación para derogar los decretos legislativos de la controversia y los ánimos se encontraban más calientes que nunca.
Las preguntas sobre Imasita se escriben solas: ¿cómo la Policía dejó que la retención de los efectivos desarmados se prolongara durante dos meses? ¿Y por qué cuando se monta un operativo para desalojar la cercana carretera no se tomó en cuenta el riesgo de muerte que corrían esos policías? ¿No debió primero recuperarse el control de la estación?
Ahora la ministra Cabanillas sostiene que tampoco autorizó la operación de desalojo. El viceministro del Interior, general PNP (r) Wilson Hernández declaró a CARETAS en Bagua que la intervención “fue una decisión exclusiva del Comando Policial que jefatura el general Farfán”. Añadió que Inspectoría de la PNP, por orden de la ministra, inició una investigación que llegará “a lo más alto” del escalafón policial.
El premier Yehude Simon no podrá ser acusado por ignorar el hervidero de la selva. Desde hacía varias semanas consideraba el problema como su prioridad.
Pero es obvio que no bastaron las buenas intenciones y el intenso trabajo para llevar a buen puerto la negociación.
Primero están las reiteradas críticas del congresista Javier Bedoya por “encumbrar” al líder indígena Alberto Pizango. Sin entrar a discutir los méritos y deficiencias de los decretos legislativos, el gobierno aprista se ha caracterizado por dividir para vencer.
El caso más emblemático es el del liderazgo cocalero. Una amenaza palpable fue relativamente neutralizada con el contrapeso de otras facciones.
El mismo Pizango se vio debilitado en la primera tanda de protestas, culminadas en agosto pasado, cuando se trajo a la mesa a otras tendencias indígenas menos radicales.
En segundo lugar, el proceso de negociación careció de riendas. El primer ministro puso en marcha una mesa de diálogo mientras que en el Congreso corría en paralelo el debate que buscaba derogar de un solo tajo los decretos. ¿Para qué se iba a sentar Pizango a discutir modificaciones si un sector del Parlamento secundaba la opción maximalista de eliminar la legislación?
Los parlamentarios de la comisión de Constitución pudieron ser directamente integrados a la mesa de diálogo. Aunque no lo parezca a la sombra de los cadáveres de Bagua, lo que hizo el Parlamento el jueves 4, al “patear” la votación hasta que la mesa obtuviera resultados, tenía lógica. Además, ceder bajo la presión de toma de carreteras y ciudades que comenzaban a ser estranguladas por la carestía y el racionamiento eléctrico significaba romper con la máxima de no negociar bajo presión. A pesar de todo, la voluntad concertadora de Simon fue permanente. A cambio recibió un trágico portazo y el inevitable escenario de cambio en el gabinete. Luego de la renuncia de la ministra de la Mujer Carmen Vildoso, criticada por la cúpula aprista y que sería reemplazada por la titular de Vivienda, Nidia Vílchez, se abre la baraja del relevo de un buen número de carteras, que no debería producirse más allá del 28 de julio. Y ya corren las especulaciones sobre el posible adelanto de esa coyuntura. Comentarios como el del ministro de Defensa, Ántero Flores, quien ante las circunstancias lamentó que el corrupto Servicio de Inteligencia Nacional hubiera sido desmontado, no hacen más que confirmar la necesidad de nuevos
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