El Tinglado Étnico
Versión facsimilar de nota impresa
García se refirió a los “documentos firmados, que después se niegan por órdenes internacionales y financiamientos externos”.
Cuando las fumarolas recién se disipaban en Bagua y el país no salía de su asombro, el presidente Alan García aprovechó la ceremonia por el Día de la Bandera, el domingo 7, para rebatir duramente el argumento principal contra el gobierno en el episodio de los decretos legislativos rechazados por los nativos amazónicos.
“Claro que ha habido diálogo”, exclamó. “Cincuenta y cinco días de mesas abandonadas, de tableros pateados, de documentos firmados, que después se niegan por órdenes internacionales y financiamientos externos”.
La teoría de la conspiración extranjera ha reaparecido a lo largo de las protestas amazónicas por los decretos legislativos originados en la implementación del TLC con Estados Unidos y el concepto presidencial acuñado sobre el “Perro del Hortelano”.
El ex premier Jorge del Castillo se cuenta entre quienes han insistido en esa posibilidad. Pero según otros puntos de vista la protesta amazónica es un fenómeno orgánico que no necesita de intromisión foránea para ser atizada.
Es inevitable vincular el debate con el asilo que Nicaragua otorgó al líder de Aidesep, Alberto Pizango. La opción se abrió paso luego que los contactos con Bolivia, Francia, EE.UU. y España no obtuvieran respuestas favorables.
Para el ex candidato presidencial de Venezuela, Alejandro Peña Esclusa, “lo que ocurre en el Perú es un fenómeno idéntico a lo que ocurrió en Ecuador en contra de Jamil Mahuad y en Bolivia con Gonzalo Sánchez de Lozada. Son movimientos que en realidad no defienden a los indígenas y los utilizan como carne de cañón para llegar al poder”.
De igual opinión fue el presidente de la Comisión de Constitución de Bolivia, Luis Vásquez Villamar, que llegó a Lima para “desagraviar” al gobierno peruano por las constantes declaraciones hostiles hechas por Evo Morales. En La Paz, Isaac Ávalos, diputado suplente del oficialismo que trajo la carta de la “segunda independencia” enviada por Evo Morales al reciente Congreso Indígena Continental celebrado en Puno, declaró que “Alan García ya no sabe qué hacer con su neoliberalismo y por eso nos quiere vincular a los bolivianos. Allá los hermanos peruanos denunciaron los decretos. Hoy hemos empezado en Bolivia y en los próximos días empezarán mítines en todas las embajadas peruanas de otros países. Eso es lo que hemos decidido en Puno. Pronto Ecuador, Guatemala y otros países tomarán las mismas medidas”.
Peña Esclusa también viajó hasta aquí para “promover una investigación” sobre los vínculos de Pizango con el llamado Foro de Sao Paulo, vigente desde 1990, al que considera la plataforma que Hugo Chávez utiliza para imponer a sus candidatos en la región.
Añade que basta una mirada a la televisión chavista en Caracas para comprobar que la animadversión contra el gobierno de García es constante y se ha recrudecido luego de los hechos del viernes 5. Al revisar la Agencia Bolivariana de Noticias se observa que García es llamado el “Pizarro Criollo” por el episodio de Bagua, y las cifras de muertos entre los indígenas son distorsionadas hasta la estratosfera.
Peña Esclusa advierte que “los decretos legislativos pueden convertirse para el Perú en lo que fue la iniciativa para exportar gas en Bolivia. Ollanta Humala es el ala política de Chávez, que juega a varios caballos en la misma carrera. Y el asilo de Pizango fue planificado con Morales y Chávez. Nicaragua recibe millones de apoyo chavista a través de Petrocaribe”.
Los hilos internacionales se pueden mover tras bastidores, pero los locales son bien visibles. Dirigentes amazónicos confirmaron que el jueves 11 comenzarán un paro indefinido que desafiará el toque de queda y el estado de emergencia impuesto en varias localidades. La carretera Yurimaguas-Tarapoto continúa tomada a la altura del kilómetro 4.5 y se anunció que solo será abierta una vez por semana durante cuatro horas. Asimismo, los indígenas tienen tomados cinco puertos sobre los ríos Shanusi, Paranapuri y Huallaga.
Para acompañar el paro, el mismo jueves la CGTP y el Partido Nacionalista convocaron a una jornada nacional de protesta en la que pretenden marchar a Palacio de Gobierno para entregar un petitorio en el que se exige derogar los decretos de la Amazonía, la renuncia del gabinete Simon y el presidente Alan García. Moisés Vega Romero, secretario general de la central sindical, dijo a CARETAS que la movilización se iniciará al mediodía en la plaza Dos de Mayo. Participan Aidesep, Conacami, Caoi y la Coordinadora Política y Social.
Mientras tanto, la mayoría de congresistas de otras bancadas llegaron a un acuerdo para suspender el decreto legislativo 1090 (ley forestal), y probablemente también el 1064 (régimen de aprovechamiento de tierras). Como lo explicó Keiko Fujimori, para evitar el vacío legal, las leyes anteriores entrarán en vigencia durante 90 días. En ese período una comisión de alto nivel, con participación de las comunidades amazónicas, elaborará una nueva legislación. Cabe señalar que los fujimoristas reculan así sobre su posición del 19 de mayo en la comisión de Constitución, donde votaron por la derogatoria.
Es probable que esa nueva comisión tenga como base el proyecto de Ley 2691 presentado por Róger Nájar (UPP) y aprobado por dictamen el 18 de diciembre en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología. Entre las diferencias que establece con la ley 1090, que considera dentro del patrimonio forestal sólo a los bosques de protección, también incluye a los bosques de producción y a las tierras con capacidad de uso mayor con cobertura boscosa y sin ella. También limita las posibilidades de concesión a iniciativa privada, pues recorta la discreción del funcionario forestal para aceptarla.
Consultados, los congresistas nacionalistas Daniel Abugattas, Janet Cajahuanca y Marisol Espinoza reiteraron su apoyo a la derogatoria para que luego se forme, en palabras del primero, “una comisión de concertación integrada por representantes de la Defensoría del Pueblo, comunidades campesinas y universidades para elaborar una ley que recoja el sentir de la Amazonía. La reconciliación del Estado con los indígenas tiene que estar acompañada con inversión en salud, educación y agua potable, porque ven pasar el desarrollo y siguen sumidos en la misería”.
Cajahuanca, por cierto, será investigada en la Comisión de Ética por ayudar a Pizango a fugar, a pesar de que una orden de captura había sido emitida en su contra.
La gran paradoja consiste en que Pizango sea asilado por el régimen del nicaragüense Daniel Ortega, que durante su primer período al frente del sandinismo persiguió y diezmó al pueblo indígena miskito. Esta etnia, acusada por Ortega de “contrarrevolucionaria”, fue desplazada de sus territorios hacia una especie de campos de concentración, donde se llegaron a contar 20 mil. Otros 25 mil huyeron a Honduras. Los primeros acuerdos de paz, luego de casi diez años de conflicto, fueron firmados por el entonces ministro del Interior Tomás Borge, actual embajador en Lima. Entevistado por el diario Correo, el líder miskito Adán Artola acusó a Borge de “masacrar a los pueblos indígenas”.
Los riesgos de auparse políticamente en una plataforma indígena son latentes. No solo recuerdan el caso cercano de Bolivia y el discurso plurinacional impulsado en la reciente cumbre de pueblos en Puno, sino también el desastre de países africanos como Angola y Sudán, enfrascados en infernales guerras civiles que produjeron 500 mil y 300 mil muertos, respectivamente. En ambos casos fue devastador el cóctel de influencia política exterior, conflictos étnicos y luchas por el control de los recursos naturales.
Aidesep recibió US$ 4.3 millones de cooperación contabilizada entre el 2006 y el 2008. ¿Qué pensarán, por ejemplo, los directivos de la organización noruega Rainforest, que contribuyó con casi US$ 2 millones? La reticencia de Pizango a dialogar con un primer ministro que le abrió todas las puertas y prometió “matar” los decretos nocivos para los indígenas contribuyó a precipitar la muerte, esa sí verdadera, de al menos 34 peruanos en la selva que esas organizaciones prometieron proteger
Versión facsimilar de nota impresa
García se refirió a los “documentos firmados, que después se niegan por órdenes internacionales y financiamientos externos”.
Cuando las fumarolas recién se disipaban en Bagua y el país no salía de su asombro, el presidente Alan García aprovechó la ceremonia por el Día de la Bandera, el domingo 7, para rebatir duramente el argumento principal contra el gobierno en el episodio de los decretos legislativos rechazados por los nativos amazónicos.
“Claro que ha habido diálogo”, exclamó. “Cincuenta y cinco días de mesas abandonadas, de tableros pateados, de documentos firmados, que después se niegan por órdenes internacionales y financiamientos externos”.
La teoría de la conspiración extranjera ha reaparecido a lo largo de las protestas amazónicas por los decretos legislativos originados en la implementación del TLC con Estados Unidos y el concepto presidencial acuñado sobre el “Perro del Hortelano”.
El ex premier Jorge del Castillo se cuenta entre quienes han insistido en esa posibilidad. Pero según otros puntos de vista la protesta amazónica es un fenómeno orgánico que no necesita de intromisión foránea para ser atizada.
Es inevitable vincular el debate con el asilo que Nicaragua otorgó al líder de Aidesep, Alberto Pizango. La opción se abrió paso luego que los contactos con Bolivia, Francia, EE.UU. y España no obtuvieran respuestas favorables.
Para el ex candidato presidencial de Venezuela, Alejandro Peña Esclusa, “lo que ocurre en el Perú es un fenómeno idéntico a lo que ocurrió en Ecuador en contra de Jamil Mahuad y en Bolivia con Gonzalo Sánchez de Lozada. Son movimientos que en realidad no defienden a los indígenas y los utilizan como carne de cañón para llegar al poder”.
De igual opinión fue el presidente de la Comisión de Constitución de Bolivia, Luis Vásquez Villamar, que llegó a Lima para “desagraviar” al gobierno peruano por las constantes declaraciones hostiles hechas por Evo Morales. En La Paz, Isaac Ávalos, diputado suplente del oficialismo que trajo la carta de la “segunda independencia” enviada por Evo Morales al reciente Congreso Indígena Continental celebrado en Puno, declaró que “Alan García ya no sabe qué hacer con su neoliberalismo y por eso nos quiere vincular a los bolivianos. Allá los hermanos peruanos denunciaron los decretos. Hoy hemos empezado en Bolivia y en los próximos días empezarán mítines en todas las embajadas peruanas de otros países. Eso es lo que hemos decidido en Puno. Pronto Ecuador, Guatemala y otros países tomarán las mismas medidas”.
Peña Esclusa también viajó hasta aquí para “promover una investigación” sobre los vínculos de Pizango con el llamado Foro de Sao Paulo, vigente desde 1990, al que considera la plataforma que Hugo Chávez utiliza para imponer a sus candidatos en la región.
Añade que basta una mirada a la televisión chavista en Caracas para comprobar que la animadversión contra el gobierno de García es constante y se ha recrudecido luego de los hechos del viernes 5. Al revisar la Agencia Bolivariana de Noticias se observa que García es llamado el “Pizarro Criollo” por el episodio de Bagua, y las cifras de muertos entre los indígenas son distorsionadas hasta la estratosfera.
Peña Esclusa advierte que “los decretos legislativos pueden convertirse para el Perú en lo que fue la iniciativa para exportar gas en Bolivia. Ollanta Humala es el ala política de Chávez, que juega a varios caballos en la misma carrera. Y el asilo de Pizango fue planificado con Morales y Chávez. Nicaragua recibe millones de apoyo chavista a través de Petrocaribe”.
Los hilos internacionales se pueden mover tras bastidores, pero los locales son bien visibles. Dirigentes amazónicos confirmaron que el jueves 11 comenzarán un paro indefinido que desafiará el toque de queda y el estado de emergencia impuesto en varias localidades. La carretera Yurimaguas-Tarapoto continúa tomada a la altura del kilómetro 4.5 y se anunció que solo será abierta una vez por semana durante cuatro horas. Asimismo, los indígenas tienen tomados cinco puertos sobre los ríos Shanusi, Paranapuri y Huallaga.
Para acompañar el paro, el mismo jueves la CGTP y el Partido Nacionalista convocaron a una jornada nacional de protesta en la que pretenden marchar a Palacio de Gobierno para entregar un petitorio en el que se exige derogar los decretos de la Amazonía, la renuncia del gabinete Simon y el presidente Alan García. Moisés Vega Romero, secretario general de la central sindical, dijo a CARETAS que la movilización se iniciará al mediodía en la plaza Dos de Mayo. Participan Aidesep, Conacami, Caoi y la Coordinadora Política y Social.
Mientras tanto, la mayoría de congresistas de otras bancadas llegaron a un acuerdo para suspender el decreto legislativo 1090 (ley forestal), y probablemente también el 1064 (régimen de aprovechamiento de tierras). Como lo explicó Keiko Fujimori, para evitar el vacío legal, las leyes anteriores entrarán en vigencia durante 90 días. En ese período una comisión de alto nivel, con participación de las comunidades amazónicas, elaborará una nueva legislación. Cabe señalar que los fujimoristas reculan así sobre su posición del 19 de mayo en la comisión de Constitución, donde votaron por la derogatoria.
Es probable que esa nueva comisión tenga como base el proyecto de Ley 2691 presentado por Róger Nájar (UPP) y aprobado por dictamen el 18 de diciembre en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología. Entre las diferencias que establece con la ley 1090, que considera dentro del patrimonio forestal sólo a los bosques de protección, también incluye a los bosques de producción y a las tierras con capacidad de uso mayor con cobertura boscosa y sin ella. También limita las posibilidades de concesión a iniciativa privada, pues recorta la discreción del funcionario forestal para aceptarla.
Consultados, los congresistas nacionalistas Daniel Abugattas, Janet Cajahuanca y Marisol Espinoza reiteraron su apoyo a la derogatoria para que luego se forme, en palabras del primero, “una comisión de concertación integrada por representantes de la Defensoría del Pueblo, comunidades campesinas y universidades para elaborar una ley que recoja el sentir de la Amazonía. La reconciliación del Estado con los indígenas tiene que estar acompañada con inversión en salud, educación y agua potable, porque ven pasar el desarrollo y siguen sumidos en la misería”.
Cajahuanca, por cierto, será investigada en la Comisión de Ética por ayudar a Pizango a fugar, a pesar de que una orden de captura había sido emitida en su contra.
La gran paradoja consiste en que Pizango sea asilado por el régimen del nicaragüense Daniel Ortega, que durante su primer período al frente del sandinismo persiguió y diezmó al pueblo indígena miskito. Esta etnia, acusada por Ortega de “contrarrevolucionaria”, fue desplazada de sus territorios hacia una especie de campos de concentración, donde se llegaron a contar 20 mil. Otros 25 mil huyeron a Honduras. Los primeros acuerdos de paz, luego de casi diez años de conflicto, fueron firmados por el entonces ministro del Interior Tomás Borge, actual embajador en Lima. Entevistado por el diario Correo, el líder miskito Adán Artola acusó a Borge de “masacrar a los pueblos indígenas”.
Los riesgos de auparse políticamente en una plataforma indígena son latentes. No solo recuerdan el caso cercano de Bolivia y el discurso plurinacional impulsado en la reciente cumbre de pueblos en Puno, sino también el desastre de países africanos como Angola y Sudán, enfrascados en infernales guerras civiles que produjeron 500 mil y 300 mil muertos, respectivamente. En ambos casos fue devastador el cóctel de influencia política exterior, conflictos étnicos y luchas por el control de los recursos naturales.
Aidesep recibió US$ 4.3 millones de cooperación contabilizada entre el 2006 y el 2008. ¿Qué pensarán, por ejemplo, los directivos de la organización noruega Rainforest, que contribuyó con casi US$ 2 millones? La reticencia de Pizango a dialogar con un primer ministro que le abrió todas las puertas y prometió “matar” los decretos nocivos para los indígenas contribuyó a precipitar la muerte, esa sí verdadera, de al menos 34 peruanos en la selva que esas organizaciones prometieron proteger
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