Joven demanda al Estado ante NNUU
Por negarse, a través del Minsa, a hacerle aborto terapéutico oportuno. Cuando tenía 13 años intentó el suicidio por abusos sexuales que padecía. Operación hubiera permitido que hoy no estuviera cuadrapléjica.
Redacción La República.
Una adolescente de 16 años demandó ayer al Estado peruano ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas (CEDAW, por su sigla en inglés) por no permitirle someterse a un aborto terapéutico en el 2007 que hubiera impedido su invalidez permanente.
La menor, identificada por sus iniciales L.C., intentó suicidarse en 2007, cuando tenía 13 años, saltando desde un edificio debido a los constantes abusos sexuales que sufría. Como consecuencia de la caída sufrió el desprendimiento de la sexta cervical y un desplazamiento de la médula espinal. De inmediato fue trasladada al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao donde se descubrió que estaba embarazada.
Una decisión fatal
“Los médicos después de examinar su estado su salud y diagnosticar que urgentemente se le hiciera una intervención quirúrgica a su columna, para asegurarse de que las heridas pudieran ser sanadas y que el daño causado no sea permanente, decidieron no hacer esta intervención porque estaba gestando”, dijo Lilian Sepúlveda, representante del Centro de Derechos Reproductivos. L.C. tuvo poco después un aborto espontáneo producto de las lesiones y fue operada de la espina dorsal, pero los médicos le comunicaron que quedaría parapléjica.
Sepúlveda subrayó que, como resultado de la negativa del Estado a interrumpir su embarazo, L.C. “no va a poder volver a caminar y depende por completo de la ayuda de su familia y personas cercanas para poder sobrevivir”.
El aborto terapéutico, al que se somete una mujer cuando su embarazo pone en riesgo su vida o su salud física o mental, es legal en Perú desde 1924, aunque aún no se ha aprobado un protocolo que lo regule.
Demanda internacional
Por ello, L.C. llevó el caso ante la instancia internacional para que se le reconozca la violación de sus derechos humanos básicos, se le indemnice por los daños físicos y mentales ocasionados como consecuencia de la negativa de los médicos a interrumpir su embarazo y se promulgue una reglamentación sobre el aborto terapéutico, explicó Sepúlveda.
En ese sentido, Susana Chávez, directora del Centro de Defensa y Promoción de los Derechos Sexuales y Reproductivos, indicó que esta demanda busca además que L.C. goce de las condiciones necesarias para rehabilitarse, pues requiere de servicios de educación y asistencia médica para resarcir un proyecto de vida prácticamente anulado.
La demanda, aunque no es el punto central de lo exigido, incluye la sanción a los médicos involucrados en el caso. “Pero no vamos contra las personas sino que el punto central es la deficiencia del sistema sanitario”, añadió.El violador de L.C, Jonnhy Cosme Ramírez (35), se encuentra preso en el penal Sarita Colonia y la Fiscalía pidió una pena de 35 años.
Claves
Fatal. El abogado de la familia, Valerio Palacios, indicó que el Colegio Médico, en su momento, emitió un informe en el que concluía que la salud física y mental de la joven estaba en grave riesgo si no se interrumpía el embarazo.
Caso. El de L.C. es el segundo caso en Perú que se lleva a una instancia internacional.
Hubo un caso similar
1] El caso de L.C. es la segunda demanda en Perú a nivel internacional. El primero fue el de K.L. (17), que fue obligada a llevar el embarazo de un feto sin cerebro, que se prolongó casi 10 meses, y fue forzada a alimentar a la criatura durante los cuatro días que vivió, lo que originó a la madre una severa depresión.
2] El caso fue llevado al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que resolvió que Perú debía indemnizarla y, además, reformar sus políticas. El UNHRC estableció que negarle el acceso al aborto legal violaba sus derechos básicos, haciendo referencia al dolor físico y sufrimiento moral. Era la primera vez que un organismo de DDHH responsabilizaba a un gobierno de asegurar el acceso a servicios para un aborto legal. El Ejecutivo aún no cumple el dictamen de la UNHRC. (Edición impresa La República)
Por negarse, a través del Minsa, a hacerle aborto terapéutico oportuno. Cuando tenía 13 años intentó el suicidio por abusos sexuales que padecía. Operación hubiera permitido que hoy no estuviera cuadrapléjica.
Redacción La República.
Una adolescente de 16 años demandó ayer al Estado peruano ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas (CEDAW, por su sigla en inglés) por no permitirle someterse a un aborto terapéutico en el 2007 que hubiera impedido su invalidez permanente.
La menor, identificada por sus iniciales L.C., intentó suicidarse en 2007, cuando tenía 13 años, saltando desde un edificio debido a los constantes abusos sexuales que sufría. Como consecuencia de la caída sufrió el desprendimiento de la sexta cervical y un desplazamiento de la médula espinal. De inmediato fue trasladada al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao donde se descubrió que estaba embarazada.
Una decisión fatal
“Los médicos después de examinar su estado su salud y diagnosticar que urgentemente se le hiciera una intervención quirúrgica a su columna, para asegurarse de que las heridas pudieran ser sanadas y que el daño causado no sea permanente, decidieron no hacer esta intervención porque estaba gestando”, dijo Lilian Sepúlveda, representante del Centro de Derechos Reproductivos. L.C. tuvo poco después un aborto espontáneo producto de las lesiones y fue operada de la espina dorsal, pero los médicos le comunicaron que quedaría parapléjica.
Sepúlveda subrayó que, como resultado de la negativa del Estado a interrumpir su embarazo, L.C. “no va a poder volver a caminar y depende por completo de la ayuda de su familia y personas cercanas para poder sobrevivir”.
El aborto terapéutico, al que se somete una mujer cuando su embarazo pone en riesgo su vida o su salud física o mental, es legal en Perú desde 1924, aunque aún no se ha aprobado un protocolo que lo regule.
Demanda internacional
Por ello, L.C. llevó el caso ante la instancia internacional para que se le reconozca la violación de sus derechos humanos básicos, se le indemnice por los daños físicos y mentales ocasionados como consecuencia de la negativa de los médicos a interrumpir su embarazo y se promulgue una reglamentación sobre el aborto terapéutico, explicó Sepúlveda.
En ese sentido, Susana Chávez, directora del Centro de Defensa y Promoción de los Derechos Sexuales y Reproductivos, indicó que esta demanda busca además que L.C. goce de las condiciones necesarias para rehabilitarse, pues requiere de servicios de educación y asistencia médica para resarcir un proyecto de vida prácticamente anulado.
La demanda, aunque no es el punto central de lo exigido, incluye la sanción a los médicos involucrados en el caso. “Pero no vamos contra las personas sino que el punto central es la deficiencia del sistema sanitario”, añadió.El violador de L.C, Jonnhy Cosme Ramírez (35), se encuentra preso en el penal Sarita Colonia y la Fiscalía pidió una pena de 35 años.
Claves
Fatal. El abogado de la familia, Valerio Palacios, indicó que el Colegio Médico, en su momento, emitió un informe en el que concluía que la salud física y mental de la joven estaba en grave riesgo si no se interrumpía el embarazo.
Caso. El de L.C. es el segundo caso en Perú que se lleva a una instancia internacional.
Hubo un caso similar
1] El caso de L.C. es la segunda demanda en Perú a nivel internacional. El primero fue el de K.L. (17), que fue obligada a llevar el embarazo de un feto sin cerebro, que se prolongó casi 10 meses, y fue forzada a alimentar a la criatura durante los cuatro días que vivió, lo que originó a la madre una severa depresión.
2] El caso fue llevado al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que resolvió que Perú debía indemnizarla y, además, reformar sus políticas. El UNHRC estableció que negarle el acceso al aborto legal violaba sus derechos básicos, haciendo referencia al dolor físico y sufrimiento moral. Era la primera vez que un organismo de DDHH responsabilizaba a un gobierno de asegurar el acceso a servicios para un aborto legal. El Ejecutivo aún no cumple el dictamen de la UNHRC. (Edición impresa La República)
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