EN BAGUA SE DISPARO CONTRA LA DEMOCRACIA

La relación entre la ley y la justicia está distanciándose hasta niveles peligrosos. La gente se ve a diario acosada por la ley y abandonada por la justicia. Esta dicotomía perversa conduce a otra: autoritarismo y rebeldía y en ese contexto la ley puede no hacer justicia.Dice bien Henry Pease: “la ley sólo tiene legitimidad cuando se construye en público”, debatiéndola, frente a los implicados y a los interesados, por eso la “Ley de la selva” que no fue consultada, no es legítima. El gobierno estaba dispuesto a hacer cumplir la ley, pero no a implementar la justicia, que dialoga y respeta la pluralidad cultural de nuestros pueblos, por eso quiso obligar a los nativos con violencia a someterse a leyes que no les fueron consultadas y que no respetan el Convenio 169 que firmamos con la OIT. Por ese olvido Bagua llora hoy más de treinta muertos.¿Por qué el gobierno no consultó con los nativos, el 28 de junio de 2008, la promulgación de los decretos legislativos más conocidos como la “Ley de la selva”? Pues porque el gran negocio de vender enormes extensiones de tierra en la selva a capitalistas transnacionales es más rentable. ¿Para quién?Si el Congreso derogó el 22 de setiembre pasado los decretos legislativos 1015 y 1073, ¿por qué no conversó con los nativos en busca de una solución consensuada? Y ¿por qué desairó las cartas de Aidesep del 12 de marzo del 2009, dirigidas al Congreso y al presidente del Consejo de Ministros exigiendo una mesa de diálogo? Este descuido propició en abril el llamado a una huelga general indefinida y a la agudización del conflicto.El 20 de abril, Yehude Simon se reunió con Aidesep para formar una comisión multisectorial, pero no se logró consenso y el clima político se siguió deteriorando. El dirigente Alberto Pizango llamó a la insurgencia y días después se retractó. El 4 de junio, con el voto de la mayoría aprista, el Congreso suspendió el debate de la derogatoria de los decretos 1064 y 1090 y la Defensoría del Pueblo presentó una demanda de inconstitucionalidad contra el DL 1064 porque vulnera los derechos constitucionales de propiedad de la tierra y de consulta previa de los pueblos indígenas.Se terminó así la larga paciencia de los dirigentes nativos y la altanería gubernamental renunció al diálogo y optó por la represión. Los resultados están a la vista: muertos y heridos, gobierno arrinconado, renuncias en el gabinete, pérdida de credibilidad exterior, más rabia e incredulidad en la democracia por los nativos y hoy las organizaciones populares inician una jornada de movilizaciones en varios lugares del país. Todos perdemos, menos Alan García que, en vez de asumir su responsabilidad, va a reemplazar, en el escudo peruano, el cuerno de la abundancia por la hamaca, para seguir meciendo de acuerdo a ley.