EDITORIAL
Doe Run: No a la irresponsabilidad empresarial
Llama a suspicacia el sorpresivo cambio de actitud de los directivos de Doe Run, que antes se oponían firmemente a una eventual intervención de Indecopi y luego la solicitan casi con urgencia.
En el fondo, esto parece obedecer al mismo talante de irresponsabilidad, informalidad y dado a criolladas de la empresa, que una y otra vez se burla de la ley y de los acuerdos.
Doe Run Perú no solo ha incumplido su compromiso de capitalizar más de 156 millones de dólares de deuda que tiene con su matriz, sino que se niega a colocar sus acciones en garantía. Para todo ello utiliza y manipula a sus trabajadores, a quienes ilusiona con la idea de mantenerlos en planilla y los obliga a apoyar cualquier decisión, por más irreal o descabellada que sea, por ejemplo para presionar por la indefinida postergación del PAMA.
Y, si algo sale mal, finalmente le traslada, con total frescura e irresponsabilidad, toda la carga del problema al Gobierno, que no puede ignorar las enormes repercusiones laborales y sociales de un eventual cierre de la empresa para la población y entorno circundante.
En las actuales circunstancias, el anunciado proceso de reestructuración a cargo del Indecopi se presentaba como la única salida, tal como ha sido aceptado incluso por la mayoría de acreedores, a los que se les debe más de 120 millones de dólares.
El reto del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual es determinar la real situación financiera y económica de Doe Run, implementar un plan realista que no pueda ser objeto de nuevas jugarretas por parte de la empresa y asegurar, dentro de lo posible, que se mantenga su operatividad mientras se constituye la junta de acreedores. Se ha mencionado la implementación de un plan especial, en el que se procese solo metales menos contaminantes, pero aún esta opción tiene que ser exhaustivamente estudiada.
Ha hecho bien el Gobierno en insistir con firmeza en el cumplimiento del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) por parte de una compañía con esta trayectoria y credenciales. Y no solo por los ya insoportables niveles de contaminación de La Oroya que afectan la salud, la integridad y la vida de miles de ciudadanos, sino también por una cuestión de principio.
La ley es para todos: Sería un nefasto precedente que Doe Run se saliera con la suya cuando, al mismo tiempo, se exige a todas las empresas que cumplan la ley y asuman su responsabilidad social y el compromiso de preservar el ambiente.
El Estado no debe ceder. La situación es muy compleja y demanda un manejo fino pero firme de las autoridades en todos los aspectos. Hay que advertir que cualquier solución no puede incluir como acreedores a los propios dueños y accionistas de la matriz de Doe Run, lo cual sería inmoral y pernicioso.
A propósito de esto último, parece una exageración que se señale como agitadores a quienes, como el obispo de Huancayo, Pedro Barreto Jimeno, coordinador de la mesa de diálogo ambiental de la región Junín, no han hecho más que denunciar los excesos de la empresa con cifras y hechos contundentes.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario