Las concesiones mineras y los conflictos
En los últimos conflictos sociales que se han registrado en el país, el tema de las concesiones mineras ha aparecido como uno de los puntos en las demandas de las poblaciones. Ha sido el caso de las movilizaciones en Canchis y Chumbivilcas, en el Cusco; la de Andahuaylas, en Apurímac; y también la de los Awajun-Huampuis, en Bagua, Amazonas.
¿Qué ha estado pasando? Como se puede apreciar en el gráfico, las concesiones mineras han estado creciendo de manera sostenida y acelerada en los últimos años: entre el 2002 y junio 2009, prácticamente se han multiplicado por 2.6.¿El avance de las concesiones es un dato relevante a tomar en cuenta? Sin duda. No se hubiese podido entender lo que pasó en la minería peruana en la década del 90, si no se analizaban –entre otros datos– la evolución de las concesiones. Lo mismo ha ocurrido en la presente década.
La evolución de las concesiones permite identificar las tendencias de una etapa tan importante en la minería como es la exploración. El dato de las concesiones representa el momento en el que las empresas llegan con derechos otorgados por el Estado. Esos derechos comienzan a competir con los títulos de propiedad de las comunidades y es la fase inicial de una relación que, como hemos comprobado, es sumamente compleja.
Otorgar una concesión es un procedimiento tremendamente simple; es un trámite casi automático que se hace en Lima y, por ejemplo, no tiene en cuenta si bajo la concesión hay una población. Además, no hay mecanismo de comunicación con el gobierno local de manera previa al otorgamiento de la concesión, pasando por alto si en el mismo territorio hay un plan de desarrollo previo y un proceso de ordenamiento territorial. Menos aun se coordina o informa a los propietarios individuales o colectivos de los terrenos.
Las comunidades y poblaciones locales cuestionan esta estrategia de hechos consumados, donde primero se entrega la concesión y después habrá que ver cómo se arreglan las partes en disputa. Exigen el derecho que tienen todos de estar oportunamente informados.
Por su parte, las empresas señalan que la relación entre concesión minera y actividad efectivamente desarrollada es mínima. Algunos hablan que, de 100 proyectos de exploración, solamente uno termina en mina. Por supuesto, se deben manejar los datos con responsabilidad: si bien no se puede afirmar que los 19 millones de hectáreas de derechos mineros vigentes otorgados se vayan a convertir en una gran mina, también es cierto que las empresas no esperan que los proyectos maduren para, por ejemplo, adquirir tierras y modificar el panorama previo de propiedad y acceso a recursos. En muchos casos lo hacen desde un inicio: allí está como ejemplo lo ocurrido en un inicio en la zona de influencia de Yanacocha; también en La Granja y las consecuencias de las adquisiciones de tierras y reubicaciones efectuadas por el primer dueño del proyecto; el caso de Espinar en el Cusco y muchos otros. Así el proyecto no llegue a la etapa de mina, el impacto puede ser importante y debe ser manejado adecuadamente.
No se trata de crear pánico, sino de informar Es conveniente para el Estado, las empresas, las poblaciones y sus autoridades, que se acceda de manera oportuna a toda la información disponible. ¿Por qué no mejorar el actual procedimiento? Nadie debería inquietarse por ello y seguramente las relaciones en las zonas de influencia de actividades mineras y de hidrocarburos mejorarían.
Este artículo también lo puede leer en http://aeperu.blogspot.com/
En los últimos conflictos sociales que se han registrado en el país, el tema de las concesiones mineras ha aparecido como uno de los puntos en las demandas de las poblaciones. Ha sido el caso de las movilizaciones en Canchis y Chumbivilcas, en el Cusco; la de Andahuaylas, en Apurímac; y también la de los Awajun-Huampuis, en Bagua, Amazonas.
¿Qué ha estado pasando? Como se puede apreciar en el gráfico, las concesiones mineras han estado creciendo de manera sostenida y acelerada en los últimos años: entre el 2002 y junio 2009, prácticamente se han multiplicado por 2.6.¿El avance de las concesiones es un dato relevante a tomar en cuenta? Sin duda. No se hubiese podido entender lo que pasó en la minería peruana en la década del 90, si no se analizaban –entre otros datos– la evolución de las concesiones. Lo mismo ha ocurrido en la presente década.
La evolución de las concesiones permite identificar las tendencias de una etapa tan importante en la minería como es la exploración. El dato de las concesiones representa el momento en el que las empresas llegan con derechos otorgados por el Estado. Esos derechos comienzan a competir con los títulos de propiedad de las comunidades y es la fase inicial de una relación que, como hemos comprobado, es sumamente compleja.
Otorgar una concesión es un procedimiento tremendamente simple; es un trámite casi automático que se hace en Lima y, por ejemplo, no tiene en cuenta si bajo la concesión hay una población. Además, no hay mecanismo de comunicación con el gobierno local de manera previa al otorgamiento de la concesión, pasando por alto si en el mismo territorio hay un plan de desarrollo previo y un proceso de ordenamiento territorial. Menos aun se coordina o informa a los propietarios individuales o colectivos de los terrenos.
Las comunidades y poblaciones locales cuestionan esta estrategia de hechos consumados, donde primero se entrega la concesión y después habrá que ver cómo se arreglan las partes en disputa. Exigen el derecho que tienen todos de estar oportunamente informados.
Por su parte, las empresas señalan que la relación entre concesión minera y actividad efectivamente desarrollada es mínima. Algunos hablan que, de 100 proyectos de exploración, solamente uno termina en mina. Por supuesto, se deben manejar los datos con responsabilidad: si bien no se puede afirmar que los 19 millones de hectáreas de derechos mineros vigentes otorgados se vayan a convertir en una gran mina, también es cierto que las empresas no esperan que los proyectos maduren para, por ejemplo, adquirir tierras y modificar el panorama previo de propiedad y acceso a recursos. En muchos casos lo hacen desde un inicio: allí está como ejemplo lo ocurrido en un inicio en la zona de influencia de Yanacocha; también en La Granja y las consecuencias de las adquisiciones de tierras y reubicaciones efectuadas por el primer dueño del proyecto; el caso de Espinar en el Cusco y muchos otros. Así el proyecto no llegue a la etapa de mina, el impacto puede ser importante y debe ser manejado adecuadamente.
No se trata de crear pánico, sino de informar Es conveniente para el Estado, las empresas, las poblaciones y sus autoridades, que se acceda de manera oportuna a toda la información disponible. ¿Por qué no mejorar el actual procedimiento? Nadie debería inquietarse por ello y seguramente las relaciones en las zonas de influencia de actividades mineras y de hidrocarburos mejorarían.
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