10 de julio del 2008
Tal como hoy lo informa la prensa local, el día de ayer renunció el Presidente del Tribunal Constitucional (en adelante TC) César Landa Arroyo (La República y El Comercio, 10/07/08). Aun cuando el cargo de Presidente concluía en diciembre de este año, este magistrado se ha visto obligado a renunciar a la Presidencia, según expresó, por "motivos personales".
La nota de prensa del TC, aparecida en su portal, es escueta y el ahora ex Presidente del TC ha callado las razones de esta súbita e inesperada renuncia. Sin embargo, ¿qué motivos personales habrían obligado a renunciar a este especialista en derecho constitucional y experimentado profesor universitario? Al respecto, se manejan dos hipótesis que el nuevo Presidente del TC debería descartar: el aparente copamiento del TC por el partido de gobierno y el recurso de queja declarado fundado en el caso de la Matanza de El Frontón.
En relación con lo primero, según información recibida, se estarían produciendo cambios importantes y claves, tanto en el equipo de asesores como en el aparato administrativo (Secretaría General, Coordinación General, Relatoría, Director de la Oficina de Personal y Abastecimiento), desplazándose a funcionarios antiguos. Estos cambios tendrían como objetivo, el fortalecimiento de la presencia del partido de gobierno en el TC.
A ello se sumaría el hecho de que el APRA ya cuenta con dos magistrados: Carlos Mesía Ramírez, hasta ayer vicepresidente y el magistrado Fernando Alberto Calle Hayen. Estos últimos son profesores de la Universidad San Martín de Porres y el ex rector de esta casa de estudios ocupa hoy el cargo de Ministro de Educación.
La otra razón tiene que ver con el caso de la Matanza de El Frontón. Como lo informamos en su momento en el portal web de Justicia Viva, el TC declaró fundado el Recurso de Queja presentado en representación de las víctimas de dichos sucesos, contra la resolución en segunda instancia en el proceso de hábeas corpus interpuesto por uno de los inculpados de la Matanza de El Frontón. La finalidad de dicha demanda era evidente: que se archive el caso. En dicha resolución, la Tercera Sala Especializada en lo Penal para Procesos con reos libres de Lima, dispuso el archivamiento de la denuncia fiscal, lo que equivalía en los hechos a cerrar el caso de la Matanza de El Frontón, invocando para ello, entre otras razones, la prescripción de la acción penal, no obstante estar ante un caso de delito de lesa humanidad.
Aclaramos que esta denuncia fiscal en controversia no comprende ni al Presidente Alan García ni a su primer vicepresidente Luis Giampietri, sino sólo a los supuestos autores materiales y directos. Por ende, no entendemos cómo esta decisión del TC podría haber incomodado al gobierno.
Por lo demás, la reapertura de la investigación penal y el procesamiento judicial de los responsables de la Matanza de El Frontón no tiene su origen en una decisión del TC, sino en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH, Caso Durand y Ugarte vs. Perú). En otras palabras, con o sin participación del TC, este caso no podía cerrarse, pues estamos ante una sentencia que debe ser cumplida, esté o no de acuerdo con ella el gobierno.
Otro hecho que preocupa, y respecto del cual hay que estar alertas es el siguiente: no es un secreto que el flamante Presidente del TC, Carlos Mesía, es un militante aprista, aunque con afiliación suspendida (El Comercio, 10/07/08). Ciertamente el problema no es su militancia político partidaria pues Víctor García Toma, también militante del partido aprista, desempeñó un buen papel como presidente del TC y supo defender la independencia y autonomía funcional del Tribunal por encima de su militancia, como correspondía. El problema se da cuando subordinan la Constitución a los intereses políticos partidarios. Por ello debemos estar atentos y vigilantes.
En todo caso, tienen Carlos Mesía y el conjunto de magistrados del Tribunal Constitucional la oportunidad de demostrar que no se está "apristizando", y esa oportunidad se dará cuando resuelvan el fondo del recurso de queja. Lo que ha hecho el TC al declarar fundado el Recurso de Queja es ordenar a la Sala del Poder Judicial, antes referida, que le envíe los actuados. Falta el pronunciamiento sobre el fondo. Si la desestiman, se echaría un gran manto de sospecha de copamiento del partido del gobierno del Tribunal, lo que sin duda debilitaría a una de las instituciones que mejor han estado funcionando en el país. (Juan Carlos Ruiz Molleda)
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