Al cumplirse un año de la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal, nuestras máximas autoridades judiciales se reunieron en Huaura, cuya Corte Superior ha sido pionera en la reforma. Allí estuvieron Francisco Távara, presidente del PJ y de la Corte Suprema, y Adelaida Bolívar, fiscal de la Nación. Correspondió al magistrado Moisés Solórzano, presidente de la Corte Superior de Huaura, hacer un balance del año transcurrido.
Este balance es en conjunto favorable. Se resolvieron en total 1, 264 expedientes con las nuevas reglas procesales penales. De ellos, el 54.91% de los casos quedaron resueltos por terminación anticipada y la mayoría de los procesos duraron 45 días en promedio, lo que constituye una diferencia abismal respecto de lo que suelen durar los procesos seguidos con el antiguo Código Procesal Penal, todavía vigente en la mayor parte de los distritos judiciales del país.
Es que el nuevo Código Procesal Penal cambia completamente la estructura medieval de nuestros procedimientos judiciales, que exigían que todo se diera por escrito y en fases sucesivas, acumulándose así montañas de papel en expedientes de nunca acabar. Nada de eso ocurre en Huaura, donde los procesos se realizan en audiencias orales y públicas, en las cuales se aportan los elementos de prueba, debatidos de inmediato por las partes en presencia del juez. La justicia ingresa a la modernidad.
Esta revolución procesal es un instrumento decisivo para evitar que el 77% de los más de 38,000 peruanos que conforman nuestra población carcelaria permanezcan tras las rejas sin haber sido sentenciados, situación sublevante denunciada año tras año sin que se haga nada para hacerla cambiar. Es verdad que por ahora la experiencia es limitada, puesto que la implantación del nuevo código será paulatina y tardará un decenio, teniendo por el momento como únicos beneficiarios a Huaura y La Libertad.
En efecto, se había anunciado la implantación adelantada del Código Procesal Penal en Lima y Callao, hecho gravitante pues ambos distritos judiciales contienen más de la mitad de los 38,000 internos, pero el Ejecutivo se encargó de enfriar los avances, al anunciar hace poco que la reforma se postergaba hasta el 2013 para la capital "por falta de dinero", una razón que empantana y vuelve impracticable la reforma judicial. Es que, claro, mejorar la justicia y sacarla del ritmo de tortuga que es el suyo hace siglos cuesta dinero. Pero todo lo que se haga por agilizar los procesos es dinero bien invertido, porque de ello depende el futuro de muchos seres humanos. Por eso lo de Huaura está bien, pero será espléndida noticia cuando abarque otros distritos judiciales.
Este balance es en conjunto favorable. Se resolvieron en total 1, 264 expedientes con las nuevas reglas procesales penales. De ellos, el 54.91% de los casos quedaron resueltos por terminación anticipada y la mayoría de los procesos duraron 45 días en promedio, lo que constituye una diferencia abismal respecto de lo que suelen durar los procesos seguidos con el antiguo Código Procesal Penal, todavía vigente en la mayor parte de los distritos judiciales del país.
Es que el nuevo Código Procesal Penal cambia completamente la estructura medieval de nuestros procedimientos judiciales, que exigían que todo se diera por escrito y en fases sucesivas, acumulándose así montañas de papel en expedientes de nunca acabar. Nada de eso ocurre en Huaura, donde los procesos se realizan en audiencias orales y públicas, en las cuales se aportan los elementos de prueba, debatidos de inmediato por las partes en presencia del juez. La justicia ingresa a la modernidad.
Esta revolución procesal es un instrumento decisivo para evitar que el 77% de los más de 38,000 peruanos que conforman nuestra población carcelaria permanezcan tras las rejas sin haber sido sentenciados, situación sublevante denunciada año tras año sin que se haga nada para hacerla cambiar. Es verdad que por ahora la experiencia es limitada, puesto que la implantación del nuevo código será paulatina y tardará un decenio, teniendo por el momento como únicos beneficiarios a Huaura y La Libertad.
En efecto, se había anunciado la implantación adelantada del Código Procesal Penal en Lima y Callao, hecho gravitante pues ambos distritos judiciales contienen más de la mitad de los 38,000 internos, pero el Ejecutivo se encargó de enfriar los avances, al anunciar hace poco que la reforma se postergaba hasta el 2013 para la capital "por falta de dinero", una razón que empantana y vuelve impracticable la reforma judicial. Es que, claro, mejorar la justicia y sacarla del ritmo de tortuga que es el suyo hace siglos cuesta dinero. Pero todo lo que se haga por agilizar los procesos es dinero bien invertido, porque de ello depende el futuro de muchos seres humanos. Por eso lo de Huaura está bien, pero será espléndida noticia cuando abarque otros distritos judiciales.
muy interesante página señor Castillo, pero déjeme referirle que las palabras debieran ser: "globalizacion","vez" del adverbio derivado del latin: vicis, o turno,"hecho"-del verbo hacer. Sin contar con los sensible errores de composición textual y puntuación. Eso por cuanto la presentación, luego el texto del artículo esta bien hecho, sin duda; pero sería bueno evitar frases como "acumulándose así montañas de papel en expedientes de nunca acabar" las cuales entorpecen una lectura ágil del mensaje. Sin otro particular. Jesus De la Cruz
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