sábado, 22 de diciembre de 2007

Ministra pide al Jurado Electoral acatar referéndum para fonavistas


Ministra pide al Jurado Electoral acatar referéndum para fonavistas
Dice que el JNE no tiene competencia para revisar fallos del TC. Rosario Fernández señala también que Fujimori es culpable y espera que lo condenen. No apoya publicar relación de procesados por terrorismo.

Romina Mella.


Respaldo. Rosario Fernández no ha temido dar la razón al TC cuando dispone realizar el referéndum para los fonavistas. (Foto: Yanina Patricio)


Posición. Fernández no ha ocultado su punto de vista sobre el caso Fujimori. (Foto: Poder Judicial)

Sin ambigüedades. A menos de veinticuatro horas de haber asumido el cargo de ministra de Justicia, Rosario Fernández manifestó que el ex dictador Alberto Fujimori es responsable de los delitos que se le imputan en materia de corrupción y violaciones a los derechos humanos y corrupción.

"Creo que Fujimori es culpable. Yo aspiro y espero que sea condenado con todo el rigor de la ley", aseguró Fernández a una radio local ayer por la mañana. Horas más tarde, al término de la ceremonia de transferencia de mando en la sede de su portafolio, la nueva ministra dijo que luego de haber escuchado los argumentos de la Procuraduría y la posición de la Fiscalía, está clara la responsabilidad del ex dictador.

"Todos los alegatos me llevan a pensar en una responsabilidad (de Fujimori), aunque no puedo emitir un juicio de valor sobre el grado de responsabilidad y el nivel de la condena probable", enfatizó Rosario Fernández, quien luego se dio licencia para opinar sobre JNE y referéndum fonavista.

REFERÉNDUM FONAVISTA

Fue así como criticó sin dudas al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por no querer acatar la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que aprobó el pedido de convocatoria a un referéndum para definir si se devuelven o no los aportes del Fonavi.

Al respecto, Fernández sostuvo que el ente electoral no tiene competencias para revisar fallos del TC, y añadió que "el país debe aprender que una sentencia, buena o mala, debe cumplirse".

DIFIERE CON EL EJECUTIVO

La ministra tampoco tuvo reparos en reiterar su rechazo a la propuesta del presidente de la República, Alan García, de publicar la relación de procesados por terrorismo.

"Esas listas no deben publicarse. El Estado debe respetar las decisiones judiciales y desplegar las herramientas legítimas para vivir vigilantes, pero no podemos privar de derechos a quienes ya purgaron condena. Debe respetarse su dignidad, y parte de ello, es su derecho a reinsertarse. Esta debe ser una democracia responsable", enfatizó.

Asimismo, Rosario Fernández informó que, llegado el momento, conversará con el mandatario para exponer su punto de vista sobre ese controvertido tema.

La ministra se pronunció también a favor de una Asamblea Constituyente para elaborar una nueva Constitución.

"NO ES INCONSTITUCIONAL"

En otro momento de sus declaraciones, la nueva titular de Justicia anunció que ya tiene en su poder el informe de la Procuraduría sobre el caso de Gino Ríos, abogado del Estado que ha sido acusado de hacer mal uso de los recursos públicos al utilizar abogados de su despacho para fines personales, como realizar los trámites de su divorcio.

Fernández sostuvo que luego de analizar el documento, lo remitirá al jefe del Estado para que decida la permanencia o salida de Gino Ríos como procurador, luego de que este pusiera su cargo a disposición hace dos semanas.

De otro lado, la reconocida abogada e hija de un viejo militante aprista, que también fue ministro de Justicia, dijo que, según su parecer, la Ley de Pérdida de Domino, cuestionada por congresistas de la oposición, no es inconstitucional y argumentó que "existen garantías para que se realicen los debidos procesos".

DATOS

A privatizar. La ministra de Justicia informó que es indispensable que todos los penales sean dados en concesión. Asimismo, refirió que es necesario que se habiliten los centros penitenciarios de Challapalca y Yanamayo.

Evaluación. Además, anunció que los procuradores y funcionarios del sistema anticorrupción serán sometidos a una severa evaluación con la finalidad de saber qué actividades se han desarrollado hasta el momento

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