Inversión descentralizada: La primera reforma del Estado. econ. Humberto Campodonico
El gobierno acaba de anunciar, mostrando enormes cheques, que se transferirán S/. 4,254 millones de canon minero a varias regiones, siendo las más importantes Áncash, Tacna, Cajamarca, Moquegua, Pasco, La Libertad, Cusco, Lima y Arequipa, que suman el 92% del total. Este monto es, efectivamente, 143% y 38% mayor al transferido en el 2005 y el 2006, lo que se explica por el alto precio de los minerales y se traduce en un mayor monto de impuesto a la renta pagado por las empresas mineras.Se debe puntualizar, de un lado, que el canon es producto de las luchas sociales de los años 70 (en el caso del petróleo, para Tumbes, Piura, Loreto y Ucayali), lo que se hizo extensivo en la década del 80 al canon minero. La Constitución de 1979 acogió el Canon (Art. 121) y lo mismo se plasmó en la Constitución de 1993.De otro lado, es el Estado el que paga el canon, y no las empresas mineras. En efecto, las empresas mineras pagan 30% de impuesto a la renta (IR, como lo pagan todas las empresas en el Perú). Por ley, el Estado destina la mitad de esa recaudación al canon minero, que es lo que se entrega a las Regiones. Así, el gobierno, simplemente, ha cumplido con las leyes vigentes.Dicho esto, lo principal es que se va entendiendo que la inversión descentralizada es la más importante reforma del Estado (junto con la reforma tributaria, que este gobierno no realizó). Pareciera que mucho ha influido el resultado de las recientes encuestas que muestran una caída en la aprobación al Presidente y a algunos de sus ministros. Recordemos que Fujimori destruyó al INP y la descentralización, usando aparatos centralistas (Foncodes, Pronamachcs, Infes) para sacar adelante sus inversiones de caudillo neoliberal. Y, también, que el gobierno de Toledo (que restauró la descentralización en el 2002) disminuyó la inversión pública a niveles ínfimos (2.8% del PBI) para lograr las metas de reducción del déficit fiscal. Esas políticas desarmaron al Estado y llevaron al fracaso del "shock" de inversiones en los meses pasados. Hoy es indispensable la capacitación de los gobiernos regionales y locales, la eliminación de las trabas burocráticas, la participación ciudadana en los presupuestos concertados y la adecuada priorización de las inversiones. Se necesitan planes de desarrollo regional (que en la mayoría de los casos están en pañales), articulados a un plan de desarrollo nacional (que brilla por su ausencia porque no se quiere implementar el CEPLAN). También es necesario elaborar planes de desarrollo interregionales (por ejemplo, entre Arequipa, Puno, Cusco, Moquegua y Tacna para enfrentar el desafío y las oportunidades de la carretera Interoceánica). Pero también se necesita introducir criterios de equidad en el canon minero, que solo se destina a las regiones que tienen recursos naturales. Así, Lambayeque, Ayacucho, Apurímac, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Amazonas reciben cantidades ínfimas. Esto tiene solución si se avanza en la verdadera descentralización fiscal, es decir, en la transferencia del impuesto a la renta, IGV y selectivo al consumo a las regiones en que éste se recauda. Dos temas adicionales. Primero, no existe transparencia sobre los montos recaudados, pues no se sabe cuánto tributó cada empresa; simplemente se informa el monto a transferir. Aquí el gobierno arrastra los pies pues no se implementa la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas, organismo internacional del cual aún no somos miembros plenos. Además, la ley del canon no prevé un análisis del impacto económico y social de las inversiones que se realicen, algo indispensable para evaluar la buena (o mala) marcha de las mismas, corrigiendo los errores que pudieran cometerse. Finalmente: para que esta iniciativa no se convierta en un búmeran contra las regiones, insistimos en la necesaria capacitación de los gobiernos regionales y locales con el apoyo del gobierno central. Y no debe olvidarse que en el 2006 las utilidades totales del sector minero fueron S/. 22,000 millones (12,000 millones más que en el 2005). Si esta sobreganancia de S/. 10,000 millones se hubiera repartido 50-50 entre el Estado y las mineras se hubieran recaudado S/. 5,000 millones (10 veces más de los S/. 500 millones que representa el vergonzoso óbolo minero), lo que hubiera permitido el prepago de la deuda externa y, también, la compensación a quienes no reciben canon.
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