Este articulo lo saque de la revista caretas de la edicion del jueves 28/06/2007 y va para los compañeros de la FDDCCPP de la UNASAM espero comentarios
César Landa no es adepto a las entrevistas. Pero el fuego graneado que recibe el Tribunal Constitucional, organismo que preside, lo obliga a salir al frente. Las trincheras se multiplicaron en cuestión de días: la abortada elección de los nuevos miembros en el Congreso, un proyecto de ley que pretende desaparecer al TC, el encontronazo con el Jurado Nacional de Elecciones y el coro de críticos insospechados, como Ántero Flores Aráoz y Mauricio Mulder. Landa defiende sus fueros. “La democracia exige pesos y contrapesos”, explica, “pero para evitar la ingobernabilidad alguien tiene que tener la última palabra”
–¿Dónde debe estar el límite en una elección que proviene de un ente político como el Congreso y la independencia de los magistrados?–
En muchos países democráticos la elección proviene del Congreso porque representa la pluralidad de tendencias y ha sido democráticamente elegido. Un Tribunal Constitucional debe ser la correa de transmisión de esa pluralidad. Eso no significa que la decisión sea política. Es jurídica. Pero si el Parlamento nombra a los magistrados la preselección de los mismos podría estudiarse en un organismo técnico. Así el Congreso recibiría la lista depurada y tendría más limitaciones.
–¿La frustrada elección de los magistrados se quiere aprovechar para torpedear al TC?–
Hace casi 200 años que existen los poderes del Estado y siempre que aparece un nuevo órgano encargado de control resulta un poco incómodo. Ha habido etapas muy grises, otras de control del poder. Pero en los últimos años el TC ha demostrado lo que puede hacer en materia de proteger los derechos y garantizar la gobernabilidad del país en democracia. El TC viene afinando decisiones de Estado. Por ejemplo, en materia de legislación terrorista, en el sentido que los juicios deben mantener ciertos estándares nacionales e internacionales y que no hay ninguna excarcelación no obstante ello. En el caso de la legislación de tragamonedas y casinos, el TC puso orden cuando hubo un desarme del sistema jurídico, restringiendo y evadiendo las competencias del Ejecutivo por medio de amparos.
–Eso puede disgustarles a algunos sectores.
–Definitivamente. Choca con algunas decisiones del Congreso, el Poder Judicial o el Jurado Nacional de Elecciones. Cuando dictamos sentencia en el caso de la ley Wolfenson (que impidió la excarcelación de los propietarios de los diarios adictos a Montesinos) se levantó la controversia.
–A Antero Flores Aráoz no le gustó. Y ahora los critica.
En efecto, él fue una de las personas que no estuvo muy de acuerdo con esa sentencia. Al ir poniendo en orden el Estado de Derecho en el marco de la Constitución a veces se encuentra resistencia. El TC tiene que avanzar sin prisas y sin pausas. El país reclama decisiones judiciales que permitan garantizar derechos económicos, laborales y previsionales. Incluso hasta dónde son válidas las autonomías regionales, como la sentencia que dictamos sobre el contrabando en Tacna, lo que no podía ser soslayado por el gobierno regional.
–¿Qué tan importante ya es para ustedes esa dimensión de conflicto regional?–
Ya se ha presentado el caso de la hoja de coca, que fue declarada de libre cultivo en una zona de Cusco y en Huánuco. Después de una demanda del Ejecutivo el TC resolvió que era potestad de este establecer esos límites de las políticas nacionales. Busca garantizar no solamente la separación de poderes sino también el balance y equilibrio entre ellos, fundamental en una democracia.
–Sus opositores dicen que se están llenando de trabajo y quieren coparlo todo.
–Hemos dictado, desde el año 96, más de 39 mil sentencias. Es cierto que el tribunal no puede absorber toda esa carga. Por eso ha establecido autolimitaciones. En materia laboral solo puede ver los aspectos estrictamente constitucionales y no los aspectos por agravios en los conflictos laborales. Allí y en materia previsional está aproximadamente el 70% de los casos. En el 96 el TC recibió como 600 demandas. El año pasado recibió 11 mil. Y el año pasado resolvimos 10 mil. Estamos elevando la productividad con el mismo personal, buscando mecanismos de resolución técnica más que cuantitativa. Se propuso al Congreso incorporar la figura del certiorari, es decir pese a lo decidido, con lo cual el TC podría agrupar las causas más relevantes para formar jurisprudencia y antecedentes vinculantes. La labor del TC es clasificar y racionalizar los conflictos.
–¿Cuál podría ser un buen número de causas atendidas al año?
–Diría que no más de mil. Hace un mes vino un magistrado norteamericano y comentaba que expedían 250 sentencias al año. Y recibían también como 9 mil. En España resuelven como 400 y reciben 12 mil.
–¿Por qué el JNE siente que le pisan el poncho?
–Nadie más que el JNE va a ser el que califique quién es el ganador, el partido que se inscribe, la lista y los candidatos. Lo que el TC hace es que corrige alguna afectación de un derecho fundamental sin alterar de ninguna manera el calendario electoral. El desarrollo institucional lleva a la creación de instituciones como la Defensoría del Pueblo o separar a la ONPE del Jurado. Esa modernización trae tensión. Hay dos visiones del derecho detrás de esto. Una visión conservadora que asume la separación de poderes de manera absoluta, que era propia del S. XIX y XX, y una visión moderna que supone la interrelación, la coordinación y el control de balance.
–¿Sienten presiones políticas?
–Es evidente que dados estos casos hay presiones políticas, económicas, mediáticas, de grupos de interés y opinión. En consecuencia hay medios de comunicación muy caracterizados que ejercen esta presión.
–¿Identificados con Fujimori?–
Claro. Porque el Tribunal ha puesto orden en la lucha anticorrupción y ha golpeado a ciertos sectores que están detrás de algunos medios.
–¿Cómo recibe las críticas de la presidenta del Congreso?
–En democracia hay discrepancias y se resuelven de manera institucional. No es novedoso. Pero en Ecuador o Bolivia han destituido a magistrados.
–¿Cuáles son los riesgos de pasar el TC a la Corte Suprema?
–El Perú ha vivido casi 200 años con Poder Judicial y en el 79 recién aparece un TC. En la etapa anterior el PJ no supo aplicar la Constitución y defender los intereses ciudadanos. Se planteó la necesidad de un órgano constitucional por fuera de lo que Javier Valle Riestra llamó la quincena. Es decir, los jueces en el siglo pasado estuvieron más interesados por las remuneraciones y los presupuestos que en los problemas nacionales de la Justicia. La aparición del TC ha sido una necesidad y hoy es indicador de un Estado democrático. Su desaparición sería un retroceso. (Enrique Chávez)
nota aparte
Ricardo Beaumont, la mejor nota pero sombra en el currículum.Al cierre de esta edición, el señor Ricardo Beaumont Callirgos, quien alcanzó la más alta calificación en las evaluaciones, era voceado como candidato de consenso en la nueva elección de miembros del TC. En el currículum presentado por el doctor Beaumont se omite su desempeño como miembro del Consejo del Notariado en 1997. Esta dependencia del Ministerio de Justicia, cuyo titular entonces era Carlos Hermoza Moya, fue cuestionada por el Decreto Legislativo 26741. Según denuncias ventiladas en la prensa, el DL firmado por Alberto Fujimori y el entonces premier Alberto Pandolfi permitió que el gobierno manipulara la elección de nuevos notarios. El martes 25 por la noche fuentes de la bancada de Unidad Nacional exigían la aclaración de este episodio. Se esperaba que el miércoles 26 el pleno del Congreso eligiera por lo menos a uno o dos nuevos magistrados del Tribunal Constitucional.
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